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Fuerte repudio de Bolivia a Milei por dichos «ofensivos» sobre su soberanía y modelo económico

La Cancillería boliviana calificó las declaraciones del presidente argentino como una «intromisión» y un «atentado» a la integración regional, tras críticas al sistema político y económico del país vecino. La tensión diplomática escala en un contexto de realineamiento ideológico en Sudamérica.

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El gobierno de Bolivia, encabezado por Luis Arce, manifestó su «más enérgico repudio» a los comentarios que consideró «ofensivos» del presidente argentino, Javier Milei. A través de un comunicado oficial de su Ministerio de Relaciones Exteriores, La Paz denunció una «intromisión a la soberanía y la dignidad nacional», marcando un nuevo punto de fricción en las relaciones bilaterales y regionales.

Las declaraciones que encendieron la polémica

El malestar boliviano se originó por declaraciones atribuidas a Milei durante su participación en el IEFA Latam Forum en Buenos Aires a fines de marzo de 2024, evento al que asistieron figuras internacionales como el subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Jay Shambaugh (y no Scott Bessent como mencionaron algunas versiones iniciales, quien es un gestor de fondos y potencial asesor externo). Según trascendió y fue recogido por diversos medios, Milei afirmó que ciertos modelos políticos habían dejado países «destrozados».

«Producto de políticas socialistas escondidas bajo un nacionalismo meramente retórico, muchos de esos países terminaron destrozados (…), como Bolivia, que también ha encontrado el límite material de su modelo socialista y paulatinamente se está deteriorando», fue la frase específica que resonó con fuerza en el Estado Plurinacional. Estas palabras se inscriben en la línea discursiva de Milei, crítica de los modelos económicos que define genéricamente como «socialistas» o «colectivistas» en la región.

La respuesta contundente desde La Paz

La Cancillería boliviana no tardó en responder. En su comunicado, divulgado a través de redes sociales y replicado por la Agencia Boliviana de Información (ABI), el gobierno de Arce consideró que las afirmaciones de Milei «constituyen un atentado al proceso de fortalecimiento de la integración regional latinoamericana y caribeña». Este punto es sensible, dado el giro en la política exterior argentina bajo Milei, que incluyó el retiro del país del bloque televisivo TeleSUR y un distanciamiento de foros como la CELAC, priorizando alianzas con Estados Unidos e Israel.

El comunicado boliviano también lanzó una crítica velada a la situación interna argentina: «Es paradójico que quienes emiten calificativos sobre otros países omitan referirse a las profundas crisis sociales, la creciente desigualdad y la violencia institucional que existen en sus propios territorios». Finalmente, reafirmó el compromiso de Bolivia con su modelo «elegido soberanamente», que, según defienden, «ha demostrado que genera excedentes y distribuye riqueza para beneficio de las inmensas mayorías». Si bien Bolivia enfrenta desafíos económicos actuales, como la disminución de reservas de gas y presiones sobre sus reservas internacionales, el gobierno de Arce reivindica los logros sociales y la reducción de la pobreza alcanzados durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

Repercusiones sociales y antecedentes de tensión

Las críticas de Milei no solo generaron una respuesta oficial. Adalberto Ticona, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), una organización de fuerte peso político y social en el país, interpretó las palabras del mandatario argentino como una expresión de «odio de que los pobres puedan tomar decisiones». En declaraciones recogidas por la agencia Sputnik, Ticona enfatizó: «Nada tiene que opinar ni fundamentar respecto al modelo económico y el sistema político de un país. La soberanía de un país se respeta».

Este episodio se suma a otros roces. Previamente, existieron tensiones por declaraciones cruzadas entre funcionarios y, más recientemente, por la decisión del Ministerio de Seguridad argentino de instalar un alambrado de unos 200 metros en el paso fronterizo no habilitado que une Aguas Blancas (Argentina) con Bermejo (Bolivia), una medida justificada por Argentina para combatir el contrabando pero vista con recelo desde el lado boliviano. El incidente actual profundiza las diferencias ideológicas y políticas entre ambos gobiernos, reflejando un panorama regional cada vez más polarizado.

Puntos clave:

  • Repudio Oficial: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia emitió un comunicado repudiando enérgicamente los comentarios de Javier Milei por considerarlos «ofensivos» y una «intromisión».
  • Críticas de Milei: Se atribuye a Milei haber afirmado que Bolivia está «destrozada» y su modelo socialista «deteriorándose», en el marco de una crítica general a gobiernos de izquierda en la región.
  • Defensa de la Soberanía: Bolivia defendió su modelo político y económico como una decisión soberana y acusó a Milei de atentar contra la integración latinoamericana.
  • Reacción Social: Organizaciones campesinas bolivianas, como la CSUTCB, también condenaron las declaraciones, calificándolas como una falta de respeto a la soberanía nacional.
  • Contexto Regional: El incidente se enmarca en un clima de tensión ideológica y realineamiento de alianzas en Sudamérica, con antecedentes de roces entre ambos países.

América Latina

Aviones militares a Bolivia: la oposición acusa a Milei de encubrir represión y exige explicaciones

Diputados de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el envío de dos aviones Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira, en medio de una escalada de violencia estatal contra manifestantes que reclaman su renuncia. El antecedente del envío de armas de Macri a la dictadura de Áñez en 2019 tiñe de sospechas la operación.

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La oposición exige que el gobierno explique qué transportaron los aviones militares enviados a Bolivia

★ Un numeroso grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), encabezados por Juan Marino, presentó este lunes un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional por el envío de dos aviones militares Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente violencia estatal en Bolivia contra las manifestaciones populares que exigen la renuncia del mandatario, y reactualiza el fantasma del episodio más oscuro de la relación bilateral reciente: el envío de armamento represivo por parte del gobierno de Mauricio Macri al régimen de facto de Jeanine Áñez en noviembre de 2019.

El pedido de informes y sus ejes centrales

El proyecto presentado por la bancada opositora exige que el Gobierno de Javier Milei detalle la carga transportada por los aeronaves, el personal embarcado, los acuerdos militares vigentes con Bolivia y con el denominado «Escudo de las Américas», el esquema de seguridad regional impulsado por la administración de Donald Trump, y el estado procesal actual de la causa judicial abierta por el envío de armas y munición antitumulto del macrismo al gobierno de facto de Áñez.

«Es indispensable que el Congreso tenga garantías de que esta operación no se va a usar para reprimir al pueblo boliviano. La sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza», declaró Marino ante la agencia. El legislador, referente del Partido Piquetero y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro impulsado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, fue categórico: «No se puede tolerar que el Estado argentino respalde la represión».

El pedido de informes lleva la firma, entre otros, del jefe de la bancada de UxP en Diputados, Germán Martínez, de la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y de los legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés.

La voz boliviana y la sospecha sobre la carga

La iniciativa parlamentaria recoge las denuncias públicas del diputado nacional de la oposición boliviana Rolando Pacheco, quien afirmó que los aviones Hércules no transportan ayuda humanitaria sino material destinado a «reprimir» las movilizaciones en curso. La versión extraoficial, que el Gobierno argentino no desmintió con datos concretos, alimenta la desconfianza opositora.

«Hay elementos suficientes como para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria sino ante un respaldo material a la represión. El gobierno de Milei tiene que dar explicaciones precisas para despejar cualquier duda», sostuvo Marino, al tiempo que cuestionó el encuadre oficial de las protestas bolivianas: «Es falso que las manifestaciones sean desestabilizadoras, como han planteado Milei y el gobierno estadounidense. Romper el Estado de Derecho es masacrar las manifestaciones e impedir el ejercicio del derecho a la protesta».

Una resolución en defensa de la protesta popular

En paralelo al pedido de informes, Marino presentó un proyecto de resolución en defensa del derecho a la protesta social, que rechaza toda forma de represión estatal, criminalización de las movilizaciones populares e injerencia externa en los asuntos internos de Bolivia. La iniciativa reafirma que «el derecho a la protesta, a la huelga, a la libre expresión y a la libre asociación son pilares fundamentales de todo orden democrático».

El proyecto plantea, además, que la Cámara de Diputados debe diferenciarse de la posición asumida por el Poder Ejecutivo Nacional, que se alineó con comunicados regionales y del Departamento de Estado de los Estados Unidos que, según la oposición, omiten toda referencia a la represión y a las violaciones de derechos humanos denunciadas en territorio boliviano. «Exigimos que ningún recurso del Estado argentino sea utilizado para reprimir la rebelión popular del pueblo boliviano», insistió Marino.

El peso del antecedente: Macri, Áñez y las armas de 2019

El episodio de noviembre de 2019 opera como telón de fondo ineludible de toda esta discusión. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina envió material represivo, incluyendo munición antitumulto, al régimen de facto instaurado tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y colocó a Jeanine Áñez en la presidencia de Bolivia. Ese material fue utilizado en la represión de manifestaciones que dejó decenas de muertos y heridos. La causa judicial por ese envío permanece abierta en la justicia federal argentina y constituye uno de los antecedentes que la bancada de UxP invocan para reclamar transparencia sobre la actual operación.

Para Marino, «frente a la protesta social, la respuesta no puede ser la criminalización ni la represión: debe ser el respeto irrestricto al derecho a la protesta y a la autodeterminación de los pueblos». La Argentina, advirtió, «no puede repetir el antecedente gravísimo de 2019, cuando un gobierno argentino envió material represivo al régimen de facto de Áñez».

Puntos clave

  • Diputados de UxP presentaron un pedido de informes por el envío de dos Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira.
  • La oposición exige saber qué carga transportan los aviones y si existe vinculación con el «Escudo de las Américas» de Trump.
  • El diputado boliviano Rolando Pacheco denunció que los aviones no llevan ayuda humanitaria sino material represivo.
  • El proyecto lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.
  • La bancada opositora alertó sobre la repetición del antecedente de 2019, cuando Macri envió armamento al régimen de facto de Áñez.
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