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Perú: Boluarte instaló gabinete de crisis, ratificaron detención a Castillo y no ceden las protestas

Dina Boluarte, instaló un “gabinete de crisis” con el objeto de “promover la paz social”.

Publicado hace

3 años

13.12.2022

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, instaló un “gabinete de crisis” con el objeto de “promover la paz social” en el contexto de las protestas iniciadas hace seis días tras la destitución del entonces mandatario Pedro Castillo, y no descartaba decretar para todo el país el estado de sitio que ya regía en la región de Apurímac y hoy se extendió a la de Arequipa, informó la prensa local.

Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo aclaró que en el contexto de esas protestas murieron seis personas y no siete, como había reportado anoche, y un juez supremo ratificó la prisión preventiva de Castillo hasta mañana, al rechazar una apelación.

Boluarte precisó que el gabinete de crisis está integrado por el primer ministro, Pedro Angulo; los ministros de Interior, de Defensa, de Transportes y Comunicaciones y de Desarrollo e Inclusión Social, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

La mandataria anticipó que junto a esos funcionarios y a los miembros de los estados mayores de las Fuerzas Armadas evaluaría esta tarde “la instalación del estado de emergencia a nivel nacional”, aunque aclaró que esperaba que no hiciera falta “llegar a estos extremos”, según la agencia de noticias Andina.

La jefa del Estado decretó ayer el estado de emergencia (sitio) por 60 días en el departamento Apurímac -donde se registraron cinco de las seis víctimas fatales- y hoy lo extendió a la región de Arequipa, en este caso por 30 días, anunció el ministro de Defensa, Alberto Otárola.

El estado de emergencia implica la suspensión de garantías constitucionales tales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, según el decreto publicado en el diario oficial El Peruano.

Asimismo, Boluarte adelantó que esta noche se reuniría el Consejo de Estado, un organismo no oficial pero usual en el país, que nuclea a las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a las de los organismos autónomos tales como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General, entre otros.

El ministro del Interior, César Cervantes, dijo anoche que se debía “evaluar” la “presencia física” de las Fuerzas Armadas en la contención de los disturbios.

Por otra parte, el jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Oscar Arriola, aseguró que miembros del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef, considerado una organización de fachada de Sendero Luminoso) tenían “una actividad incesante” en las manifestaciones.

Las protestas se mantenían hoy en gran parte del país, incluida Lima, donde la PNP desplegó más de 5.000 efectivos solo para custodiar el centro histórico de la ciudad, informó el jefe de la Región Policial Lima, general Víctor Zanabria, quien además reportó 32 agentes heridos y 11 manifestantes detenidos en la capital.

Zanabria advirtió que a partir de hoy la PNP aumentaría la capacidad de respuesta con el uso de perdigones de goma, “porque ya los actos de violencia hacia el personal policial elevan el nivel de riesgo y están causando lesiones graves, y posiblemente en algunos casos la muerte”.

Hasta esta tarde, sin embargo, no se había informado sobre nuevas víctimas fatales e incluso la Defensoría del Pueblo corrigió su informe de anoche y precisó que los fallecidos en el contexto de las protestas eran seis -dos el domingo y cuatro ayer, cinco en Apurímac y uno en Arequipa- y no siete, según el diario limeño La República.

También se mantenían suspendidas las clases presenciales en varias regiones, entre ellas Cusco, Ica, La Libertad y Lima Provincias. Solo en algunas provincias de La Libertad estaba previsto retomarlas entre hoy y mañana, mientras en las demás áreas la cancelación no tenía fecha límite.

Mientras tanto, el juez supremo César San Martín -el mismo que en 2009 condenó al expresidente Alberto Fujimori- rechazó el recurso interpuesto por la defensa de Castillo y ratificó la prisión provisional ordenada el miércoles pasado con vigencia hasta mañana.

En la audiencia, Castillo reiteró que “jamás” renunciará a la jefatura del Estado, tal como lo había expresado ayer en una carta manuscrita.

En ese contexto, los gobernadores regionales exhortaron al Congreso a aprobar este mes y ratificar “el primer día hábil” de enero la reforma constitucional necesaria para posibilitar el adelanto a 2024 de las elecciones generales previstas para 2026, para lo cual Boluarte envió ayer un proyecto de ley al parlamento.

“Creo que ese sería un buen primer paso para salir de este difícil momento que estamos viviendo en el país”, dijo el gobernador de Cusco y presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR), Jean Paul Benavente, a la radio RPP.

Paralelamente, las principales entidades gremiales de trabajadores y empresarios exhortaron a los ciudadanos a protestar de manera pacífica.

“Creemos que las manifestaciones, las movilizaciones y las protestas tienen que ser en forma pacífica”, afirmó el presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Luis Villanueva, en declaraciones a periodistas en las afueras del Palacio de Gobierno.

Villanueva agregó que había asistido a la sede del Ejecutivo para pedir medidas que atenúen la situación y sostuvo que el adelanto de las elecciones, no a 2024 sino a 2023, es “una condición” para que “la actual crisis política termine”.

En tanto, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Asociación de Exportadores (Adex) llamaron a la calma y a la paz social en un comunicado conjunto.

“Si bien el derecho de protesta está garantizado dentro de la Constitución, esta no debe derivar en acciones que atenten contra los derechos de los demás peruanos; no debe vulnerarse la seguridad, el libre tránsito, el orden público y la propiedad privada”, subrayó el documento.

Por otra parte, la Cancillería sostuvo en un comunicado que “las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó el expresidente Pedro Castillo (…) constituyen un golpe de estado”, en respuesta a un comunicado conjunto de los gobiernos de la Argentina, Bolivia, Colombia y México que cuestionó anoche la destitución del exmandatario y su sucesión por Boluarte.

Además, la canciller, Ana Gervasi, agradeció el respaldo del gobierno de Estados Unidos, expresado hoy en una visita de la embajadora Lisa Kenna a Boluarte.

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Milei envió aviones Hércules a Bolivia y Evo Morales y Juan Grabois denuncian injerencia militar

El canciller argentino confirmó el envío de al menos un avión del Ejército a Bolivia, en el marco de una gran crisis social y política contra el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, asediado por protestas masivas de campesinos, mineros, maestros y sectores rurales que exigen su renuncia.

Publicado hace

2 días

20.05.2026

ElArgentino.ar

Milei envió aviones del Ejército a Bolivia: ¿ayuda humanitaria o injerencia militar?

★ El gobierno argentino confirmó el envío de aviones Hércules a Bolivia en medio de la crisis política más grave que atraviesa el país vecino, desatando una polémica que dividió aguas en el plano regional: mientras el canciller Pablo Quirno lo encuadró como un gesto solidario, el expresidente Evo Morales y el diputado Juan Grabois acusaron al gobierno de Javier Milei de intervenir militarmente en un conflicto interno para sostener a un gobierno que, aseguran, reprime al pueblo boliviano.

El Gobierno justificó el operativo como «ayuda humanitaria»

El canciller argentino Pablo Quirno confirmó el envío de un avión Hércules a Bolivia en el marco de la crisis que sacude al gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira, asediado por protestas masivas de campesinos, mineros, maestros y sectores rurales que exigen su renuncia. «La Argentina ha contribuido con un avión Hércules para transportar alimentos, que son alimentos bolivianos, para saltar los bloqueos que están haciendo quienes simpatizan con Evo Morales», declaró Quirno en diálogo con Eduardo Feinmann en radio Mitre.

El canciller boliviano Fernando Aramayo también participó de esa conversación radial y agradeció públicamente el respaldo: «Le pido al canciller Quirno que a través suyo le haga llegar un agradecimiento del pueblo boliviano al presidente Milei, porque en momentos de tensión como los que estamos viviendo, el que Argentina haya puesto a disposición aviones Hércules para el transporte de alimentos y ayuda humanitaria, da cuenta de este nivel de alineamiento y de solidaridad», sostuvo Aramayo.

Quirno confirmó además la existencia de «un grupo muy consolidado de países que pensamos de manera similar» que respalda al gobierno boliviano, conformado por Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú.

Morales: «Han trasladado policías y militares en esos aviones»

La versión del gobierno argentino chocó de frente con las denuncias del expresidente boliviano Evo Morales, quien prófugo de la justicia de su país, acusó a Milei de haber ido mucho más allá de la asistencia humanitaria. «Han trasladado policías en aviones enviados por Milei. Militares también, a Santa Cruz, a Potosí. La policía no tenía material contra las movilizaciones y llegó desde la Argentina, en los Hércules enviados por Milei», aseguró Morales en declaraciones a Radio 10.

El exmandatario boliviano sostuvo que el propio presidente Paz habría reconocido el operativo: «El propio presidente Rodríguez lo reconoce, ‘Gracias, Milei, por mandar aviones por razones humanitarias’, dice», apuntó Morales, y añadió que existen «información y fotografías que prueban que estos Hércules descargaron cajas con materiales antidisturbios, pero esos aviones sirven principalmente para mover a las tropas militares, policías, hacia la sede del gobierno».

Morales denunció además la existencia de un supuesto «Plan Cóndor 2026», que según afirmó, estaría impulsado por Donald Trump y ejecutado por gobiernos de derecha de la región, entre ellos el de Milei. En ese marco, calificó la situación boliviana como «una sublevación del pueblo» para defender la Constitución, los recursos naturales y los servicios básicos.

Grabois: «Ya vimos esta película en 2019»

Desde Argentina, el diputado Juan Grabois cruzó duramente al gobierno nacional a través de sus redes sociales y trazó un paralelismo directo con el envío de armamento que el gobierno de Mauricio Macri realizó durante la crisis boliviana de 2019. «Milei hambrea al pueblo argentino, pero manda aviones militares a sostener un gobierno que reprime al pueblo boliviano y lo llama ‘ayuda humanitaria'», escribió el legislador.

Grabois fue contundente al vincular ambos episodios: «Ya vimos esta película cuando el Gobierno de Macri mandó armas para el golpe de 2019». El diputado expresó además su solidaridad con el expresidente boliviano: «Solidaridad con el pueblo boliviano y con el hermano Evo Morales. La Patria Grande no se entrega».

Bolivia, en crisis: más de 100 detenidos y bloqueos en seis provincias

Bolivia atraviesa una de las coyunturas más graves desde que Rodrigo Paz Pereira asumió el gobierno. Las protestas, que escalaron con fuerza a comienzos de mayo de 2026, reúnen a mineros, maestros, campesinos, transportistas y sectores afines a Morales, quien permanece prófugo con una orden de arresto por cargos de tráfico de menores.

Los disturbios del lunes 19 de mayo dejaron más de 100 personas detenidas, incendios de vehículos policiales, destrozos en oficinas públicas y comercios, y agresiones a civiles y agentes. El 14 de mayo, mineros detonaron cartuchos de dinamita en las inmediaciones del palacio presidencial y un grupo intentó ingresar por la fuerza. La tensión se extendió también a la ciudad de El Alto, con bloqueos de carreteras en seis de los nueve departamentos bolivianos que provocaron un severo desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos.

Pese a la escalada, el Gobierno boliviano descartó el martes decretar el estado de excepción. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, fue categórico: «No hay posibilidad de un estado de excepción. No lo vamos a dictar», aunque advirtió que se aplicarán medidas «duras y estrictas» contra los responsables de los disturbios, atribuidos a grupos provenientes del Chapare, bastión político de Morales en el departamento de Cochabamba. El vocero presidencial José Luis Gálvez justificó la negativa al señalar que una medida de excepción podría «agravar el escenario» al darles argumentos a los sectores movilizados.

El antecedente de 2019 y el debate sobre soberanía regional

La polémica en torno al operativo Hércules no es nueva en la política exterior argentina. En noviembre de 2019, durante el gobierno de Macri, Argentina envió municiones antidisturbios a Bolivia en el contexto de la crisis que terminó con la renuncia de Evo Morales a la presidencia, episodio que el gobierno de Alberto Fernández calificó posteriormente como inapropiado y que derivó en investigaciones judiciales. El paralelismo señalado por Grabois instala una pregunta que el oficialismo no responde: si en 2019 el envío de material fue cuestionado como injerencia en un asunto interno, ¿qué cambia hoy en el encuadre político e ideológico, más allá de quién recibe el apoyo?

Lo que sí resulta verificable es que el gobierno de Milei tomó una postura activa en el conflicto boliviano, confirmó el operativo y lo enmarcó en una alianza regional con gobiernos de orientación ideológica afín. La narrativa humanitaria choca con las denuncias de Morales sobre el contenido y el propósito real de los vuelos, extremo que, según el exmandatario boliviano, está respaldado por documentación fotográfica aún no verificada de manera independiente.