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Bolsonaro repudió al nazismo y aprovechó para criminalizar al comunismo

El mandatario brasileño se metió en la polémica que causa revuelo en todo el país vecino, que involucra a un conocido influencer y conductor llamado Monark y al diputado neoliberal Kim Kataguiri, y de paso apoyó el proyecto de su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, para hacer ilegal a los partidos que profesen las ideas de Carl Marx.

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El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, defendió la criminalización legal del comunismo, al repudiar la apología del nazismo realizada esta semana en un famoso programa de las plataformas digitales por el conductor y el diputado neoliberal Kim Kataguiri, un ex bolsonarista aliado al ex juez y candidato presidencial Sérgio Moro.

Bolsonaro demoró dos días en intervenir en la polémica nacional involucrando a Kataguiri y al conductor, conocido como Monark, del programa Flow, quienes defendieron que Brasil deba tener un partido nazi legalizado como parte de la libertad de expresión, incluso pese a que su presencia implicaría una amenaza para la comunidad judía.

El mandatario aprovechó la condena al nazismo para compararla con el comunismo, una de las ideologías con las que se enfrentó en la Segunda Guerra Mundial, y apoyar el proyecto de su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, para hacer ilegal al comunismo en Brasil y a los partidos que usan ese nombre.

«Es nuestro deseo que otras organizaciones que promueven ideologías que defienden el antisemitismo, la división de personas en razas o clases y que también diezmaron millones de inocentes en todo el mundo, como el comunismo, sea alcanzada y combatida por nuetras leyes», dijo Bolsonaro en un texto divulgado por sus redes sociales.

Bolsonaro dijo que el nazismo «debe ser repudiado en forma irrestrica, permantente y sin reparos que permitan su reflorecimiento, así como cualquiera otra ideología totalitaria que ponga en riesgo derechos fundamentales como el derecho a la vida y la libertad».

El mandatario de ultraderecha tuvo funcionarios acusados de nazis, como Mario Alvim, secretario de Cultura que debió renunciar luego de hacer un video inspirado en el ministro de Propaganda nazi, Joeph Goebbels.

O el caso del asesor en asuntos externos Filipe Martins, quien fue acusado de hacer un gesto a favor de supremacistas blancos estadoundinses durante una audiencia en el Senado que estaba siendo televisada.

La agenda de ultraderecha de Bolsonaro y sus aliados vencedores en las elecciones de 2018 han permitido la irrupción de sectores que eran marginales del submundo de la política, identificados con el expresidente estadounidense Donald Trump y su estratega político Stephen Bannon.

Bolsonaro posee un discurso anticomunista desde antes de su elección, y durante la pandemia vinculó a esa ideología a las cuarentenas para combatir la transmisión del coronavirus.

El escándalo del presentador Monark le valió que le levantaran el programa y que perdiera todos sus patrocinadoras en el show que se transmite por la exitosa plataforma digital Flow.

Tanto Monark como el diputado Kataguiri están siendo investigados por apología del nazismo por la fiscalía general.

Un pedido para destituirlo por falta de decoro en el Congreso fue presentado por Eduardo Bolsonaro, el oficialista Partido Progresista (PP) y el opositor Partido de los Trabajadores (PT).

El ex presidente Luiz Inácio Lula da SIlva, favorito para las elecciones del 2 de octubre, vinculó el escándalo de la reivindicación del nazismo a la negación de la política que ha sido parte del discurso bolsonarista.

«En toda la historia de la humanidad, cuando se niega la política, lo que viene después es siempre peor. Diseminaron desconfianza en todos los dirigentes y eligieron alguien que era diputado hacía 28 años y se vendió como que no era un político. El resultado lo estamos viendo», afirmó el líder del PT.

Según la encuesta Quest divulgada ayer, Lula tiene 45% de intención de voto y Bolsonaro 23 por ciento.

Como todos los rivales llegan al 42 por ciento en total, aumentan las chances de Lula vencer en primera vuelta, algo que ocurrió en la historia del Brasil post Constitución de 1998, solo en 1994 y 1998, cuando el vencedor sin necesidad de balojate fue Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).

América Latina

Aviones militares a Bolivia: la oposición acusa a Milei de encubrir represión y exige explicaciones

Diputados de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el envío de dos aviones Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira, en medio de una escalada de violencia estatal contra manifestantes que reclaman su renuncia. El antecedente del envío de armas de Macri a la dictadura de Áñez en 2019 tiñe de sospechas la operación.

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La oposición exige que el gobierno explique qué transportaron los aviones militares enviados a Bolivia

★ Un numeroso grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), encabezados por Juan Marino, presentó este lunes un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional por el envío de dos aviones militares Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente violencia estatal en Bolivia contra las manifestaciones populares que exigen la renuncia del mandatario, y reactualiza el fantasma del episodio más oscuro de la relación bilateral reciente: el envío de armamento represivo por parte del gobierno de Mauricio Macri al régimen de facto de Jeanine Áñez en noviembre de 2019.

El pedido de informes y sus ejes centrales

El proyecto presentado por la bancada opositora exige que el Gobierno de Javier Milei detalle la carga transportada por los aeronaves, el personal embarcado, los acuerdos militares vigentes con Bolivia y con el denominado «Escudo de las Américas», el esquema de seguridad regional impulsado por la administración de Donald Trump, y el estado procesal actual de la causa judicial abierta por el envío de armas y munición antitumulto del macrismo al gobierno de facto de Áñez.

«Es indispensable que el Congreso tenga garantías de que esta operación no se va a usar para reprimir al pueblo boliviano. La sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza», declaró Marino ante la agencia. El legislador, referente del Partido Piquetero y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro impulsado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, fue categórico: «No se puede tolerar que el Estado argentino respalde la represión».

El pedido de informes lleva la firma, entre otros, del jefe de la bancada de UxP en Diputados, Germán Martínez, de la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y de los legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés.

La voz boliviana y la sospecha sobre la carga

La iniciativa parlamentaria recoge las denuncias públicas del diputado nacional de la oposición boliviana Rolando Pacheco, quien afirmó que los aviones Hércules no transportan ayuda humanitaria sino material destinado a «reprimir» las movilizaciones en curso. La versión extraoficial, que el Gobierno argentino no desmintió con datos concretos, alimenta la desconfianza opositora.

«Hay elementos suficientes como para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria sino ante un respaldo material a la represión. El gobierno de Milei tiene que dar explicaciones precisas para despejar cualquier duda», sostuvo Marino, al tiempo que cuestionó el encuadre oficial de las protestas bolivianas: «Es falso que las manifestaciones sean desestabilizadoras, como han planteado Milei y el gobierno estadounidense. Romper el Estado de Derecho es masacrar las manifestaciones e impedir el ejercicio del derecho a la protesta».

Una resolución en defensa de la protesta popular

En paralelo al pedido de informes, Marino presentó un proyecto de resolución en defensa del derecho a la protesta social, que rechaza toda forma de represión estatal, criminalización de las movilizaciones populares e injerencia externa en los asuntos internos de Bolivia. La iniciativa reafirma que «el derecho a la protesta, a la huelga, a la libre expresión y a la libre asociación son pilares fundamentales de todo orden democrático».

El proyecto plantea, además, que la Cámara de Diputados debe diferenciarse de la posición asumida por el Poder Ejecutivo Nacional, que se alineó con comunicados regionales y del Departamento de Estado de los Estados Unidos que, según la oposición, omiten toda referencia a la represión y a las violaciones de derechos humanos denunciadas en territorio boliviano. «Exigimos que ningún recurso del Estado argentino sea utilizado para reprimir la rebelión popular del pueblo boliviano», insistió Marino.

El peso del antecedente: Macri, Áñez y las armas de 2019

El episodio de noviembre de 2019 opera como telón de fondo ineludible de toda esta discusión. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina envió material represivo, incluyendo munición antitumulto, al régimen de facto instaurado tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y colocó a Jeanine Áñez en la presidencia de Bolivia. Ese material fue utilizado en la represión de manifestaciones que dejó decenas de muertos y heridos. La causa judicial por ese envío permanece abierta en la justicia federal argentina y constituye uno de los antecedentes que la bancada de UxP invocan para reclamar transparencia sobre la actual operación.

Para Marino, «frente a la protesta social, la respuesta no puede ser la criminalización ni la represión: debe ser el respeto irrestricto al derecho a la protesta y a la autodeterminación de los pueblos». La Argentina, advirtió, «no puede repetir el antecedente gravísimo de 2019, cuando un gobierno argentino envió material represivo al régimen de facto de Áñez».

Puntos clave

  • Diputados de UxP presentaron un pedido de informes por el envío de dos Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira.
  • La oposición exige saber qué carga transportan los aviones y si existe vinculación con el «Escudo de las Américas» de Trump.
  • El diputado boliviano Rolando Pacheco denunció que los aviones no llevan ayuda humanitaria sino material represivo.
  • El proyecto lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.
  • La bancada opositora alertó sobre la repetición del antecedente de 2019, cuando Macri envió armamento al régimen de facto de Áñez.
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