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La Justicia boliviana cerró el camino a una nueva candidatura de Evo Morales

¿Lawfare y proscripción en Bolivia? Se trata de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que bloquea de manera definitiva la posibilidad de que el líder boliviano y ex presidente pueda postularse para tener un nuevo mandato.

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El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia ratificó este viernes la imposibilidad de que el expresidente Evo Morales (2006-2019) se postule nuevamente a la presidencia, en cumplimiento con los límites impuestos por la Constitución Política del Estado. La decisión se formalizó mediante el auto constitucional 0083/2024 ECA, en respuesta a una solicitud de enmienda de la sentencia 1010/2023-S4 del 28 de diciembre, que establecía límites claros a los mandatos en cargos nacionales, departamentales y municipales.

Un fallo definitivo

La resolución del TCP se emitió tras la petición de aclaración presentada por el diputado José Carlos Gutiérrez Vargas, quien solicitó precisar el alcance de la sentencia que impedía a Morales postularse nuevamente. El fallo se dictó en el marco de una acción de amparo constitucional que había interpuesto el abogado Miguel Ángel Balcázar Ruiz contra el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca.

El Tribunal fue contundente en su interpretación, señalando: «El periodo de mandato de los representantes nacionales se sujetará a las reglas constitucionales señaladas, permitiendo el ejercicio de dicho mandato en los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial por dos periodos similares, sean estos continuos o discontinuos, sin posibilidad de ampliarse a un tercer mandato». Así, el TCP subrayó la limitación establecida en la Constitución para quienes ya ocuparon estos cargos.

Impacto en la política boliviana

La decisión no solo cierra la puerta a Morales, quien gobernó Bolivia por casi 14 años, sino que también restringe las aspiraciones de otros políticos que ya ocuparon puestos electivos. Morales, tras dejar la presidencia en 2019, buscó múltiples estrategias para regresar al poder, apoyado por sus seguidores y diversas movilizaciones populares, incluyendo un bloqueo de carreteras que duró 24 días.

El diputado opositor José Carlos Gutiérrez calificó la resolución como “histórica”, argumentando que marca un límite claro al poder. “Este fallo es una reafirmación de la voluntad popular y de los límites establecidos en la Constitución”, declaró.

Un camino marcado por la Constitución

El Tribunal Constitucional Plurinacional también se refirió a los intentos de modificar estos límites. La sentencia reafirma la vigencia de los principios establecidos en la Constitución de Bolivia, que en su artículo 168 estipula que las autoridades nacionales, incluidas las del Poder Ejecutivo, no pueden ejercer más de dos mandatos consecutivos o discontinuos. Esto representa un hito en la historia de la democracia boliviana, que ha visto cómo diversos sectores políticos buscan prolongar su influencia en el poder.

Para Morales y sus simpatizantes, el fallo significa un revés definitivo, mientras que para la oposición representa una victoria en su lucha por impedir que el expresidente vuelva a candidatearse. La figura de Morales ha polarizado al país en las últimas dos décadas, con sus seguidores defendiendo su continuidad en el poder y sus críticos insistiendo en la necesidad de limitar sus aspiraciones.

América Latina

Aviones militares a Bolivia: la oposición acusa a Milei de encubrir represión y exige explicaciones

Diputados de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el envío de dos aviones Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira, en medio de una escalada de violencia estatal contra manifestantes que reclaman su renuncia. El antecedente del envío de armas de Macri a la dictadura de Áñez en 2019 tiñe de sospechas la operación.

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La oposición exige que el gobierno explique qué transportaron los aviones militares enviados a Bolivia

★ Un numeroso grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), encabezados por Juan Marino, presentó este lunes un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional por el envío de dos aviones militares Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente violencia estatal en Bolivia contra las manifestaciones populares que exigen la renuncia del mandatario, y reactualiza el fantasma del episodio más oscuro de la relación bilateral reciente: el envío de armamento represivo por parte del gobierno de Mauricio Macri al régimen de facto de Jeanine Áñez en noviembre de 2019.

El pedido de informes y sus ejes centrales

El proyecto presentado por la bancada opositora exige que el Gobierno de Javier Milei detalle la carga transportada por los aeronaves, el personal embarcado, los acuerdos militares vigentes con Bolivia y con el denominado «Escudo de las Américas», el esquema de seguridad regional impulsado por la administración de Donald Trump, y el estado procesal actual de la causa judicial abierta por el envío de armas y munición antitumulto del macrismo al gobierno de facto de Áñez.

«Es indispensable que el Congreso tenga garantías de que esta operación no se va a usar para reprimir al pueblo boliviano. La sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza», declaró Marino ante la agencia. El legislador, referente del Partido Piquetero y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro impulsado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, fue categórico: «No se puede tolerar que el Estado argentino respalde la represión».

El pedido de informes lleva la firma, entre otros, del jefe de la bancada de UxP en Diputados, Germán Martínez, de la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y de los legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés.

La voz boliviana y la sospecha sobre la carga

La iniciativa parlamentaria recoge las denuncias públicas del diputado nacional de la oposición boliviana Rolando Pacheco, quien afirmó que los aviones Hércules no transportan ayuda humanitaria sino material destinado a «reprimir» las movilizaciones en curso. La versión extraoficial, que el Gobierno argentino no desmintió con datos concretos, alimenta la desconfianza opositora.

«Hay elementos suficientes como para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria sino ante un respaldo material a la represión. El gobierno de Milei tiene que dar explicaciones precisas para despejar cualquier duda», sostuvo Marino, al tiempo que cuestionó el encuadre oficial de las protestas bolivianas: «Es falso que las manifestaciones sean desestabilizadoras, como han planteado Milei y el gobierno estadounidense. Romper el Estado de Derecho es masacrar las manifestaciones e impedir el ejercicio del derecho a la protesta».

Una resolución en defensa de la protesta popular

En paralelo al pedido de informes, Marino presentó un proyecto de resolución en defensa del derecho a la protesta social, que rechaza toda forma de represión estatal, criminalización de las movilizaciones populares e injerencia externa en los asuntos internos de Bolivia. La iniciativa reafirma que «el derecho a la protesta, a la huelga, a la libre expresión y a la libre asociación son pilares fundamentales de todo orden democrático».

El proyecto plantea, además, que la Cámara de Diputados debe diferenciarse de la posición asumida por el Poder Ejecutivo Nacional, que se alineó con comunicados regionales y del Departamento de Estado de los Estados Unidos que, según la oposición, omiten toda referencia a la represión y a las violaciones de derechos humanos denunciadas en territorio boliviano. «Exigimos que ningún recurso del Estado argentino sea utilizado para reprimir la rebelión popular del pueblo boliviano», insistió Marino.

El peso del antecedente: Macri, Áñez y las armas de 2019

El episodio de noviembre de 2019 opera como telón de fondo ineludible de toda esta discusión. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina envió material represivo, incluyendo munición antitumulto, al régimen de facto instaurado tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y colocó a Jeanine Áñez en la presidencia de Bolivia. Ese material fue utilizado en la represión de manifestaciones que dejó decenas de muertos y heridos. La causa judicial por ese envío permanece abierta en la justicia federal argentina y constituye uno de los antecedentes que la bancada de UxP invocan para reclamar transparencia sobre la actual operación.

Para Marino, «frente a la protesta social, la respuesta no puede ser la criminalización ni la represión: debe ser el respeto irrestricto al derecho a la protesta y a la autodeterminación de los pueblos». La Argentina, advirtió, «no puede repetir el antecedente gravísimo de 2019, cuando un gobierno argentino envió material represivo al régimen de facto de Áñez».

Puntos clave

  • Diputados de UxP presentaron un pedido de informes por el envío de dos Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira.
  • La oposición exige saber qué carga transportan los aviones y si existe vinculación con el «Escudo de las Américas» de Trump.
  • El diputado boliviano Rolando Pacheco denunció que los aviones no llevan ayuda humanitaria sino material represivo.
  • El proyecto lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.
  • La bancada opositora alertó sobre la repetición del antecedente de 2019, cuando Macri envió armamento al régimen de facto de Áñez.
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