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Región

Ecuador decide entre Noboa y González en medio de crisis de seguridad y económica

La violencia y la economía son temas centrales en la campaña, con un aumento histórico de homicidios y una recesión económica en 2024.

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Este domingo, Ecuador celebra elecciones presidenciales para determinar los dos candidatos que competirán en una eventual segunda vuelta. Los principales contendientes son el actual presidente, Daniel Noboa, quien busca la reelección, y la candidata de izquierda, Luisa González.

Inicio de la jornada electoral

La ceremonia de apertura de las Elecciones Generales 2025 estuvo marcada por la ausencia del presidente y candidato Daniel Noboa, quien delegó su representación al ministro de Gobierno, José de la Gasca. De la Gasca lamentó el incumplimiento del silencio electoral y expresó su confianza en que las autoridades tomarán las medidas necesarias para hacer respetar la normativa.

Contexto politico y antecedentes

Noboa y González ya se enfrentaron en la segunda vuelta de 2023, en unos comicios adelantados tras la dimisión del anterior presidente, Guillermo Lasso. Las encuestas actuales sugieren un escenario nuevamente favorable para ambos. Si alguno de los dos logra la mayoría absoluta, no habrá necesidad de una segunda votación.

Seguridad y economía: temas centrales

Durante la presidencia de Noboa, la violencia ha sido un desafío constante. Aunque implementó medidas como el despliegue del Ejército en las calles, los resultados no fueron los esperados. En enero de este año, se registró la mayor cantidad de homicidios en la historia del país. Además, los ciudadanos enfrentan extorsiones por parte de pandillas, convirtiéndose en un problema endémico. La economía también preocupa a los ecuatorianos, con una recesión del 0,4% en 2024 y un 28% de la población viviendo en pobreza.

Preparativos electorales

El Consejo Nacional Electoral entregó ayer los paquetes electorales a los 4.349 recintos de votación en las 24 provincias de Ecuador. «Con el resguardo de las Fuerzas Armadas, se distribuyeron 40.617 paquetes electorales para el sufragio de 13,2 millones de electores», señaló la autoridad electoral.

Encuestas y proyecciones

Las encuestas reflejan una contienda reñida. Según Comunicaliza, Noboa lidera con un 32,6% de intención de voto, seguido por González con un 29,9%, una diferencia de 2,7 puntos porcentuales. La crisis energética y los apagones prolongados han afectado la popularidad de Noboa, mientras que González ha mantenido una base de apoyo estable.

América Latina

Aviones militares a Bolivia: la oposición acusa a Milei de encubrir represión y exige explicaciones

Diputados de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el envío de dos aviones Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira, en medio de una escalada de violencia estatal contra manifestantes que reclaman su renuncia. El antecedente del envío de armas de Macri a la dictadura de Áñez en 2019 tiñe de sospechas la operación.

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La oposición exige que el gobierno explique qué transportaron los aviones militares enviados a Bolivia

★ Un numeroso grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), encabezados por Juan Marino, presentó este lunes un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional por el envío de dos aviones militares Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente violencia estatal en Bolivia contra las manifestaciones populares que exigen la renuncia del mandatario, y reactualiza el fantasma del episodio más oscuro de la relación bilateral reciente: el envío de armamento represivo por parte del gobierno de Mauricio Macri al régimen de facto de Jeanine Áñez en noviembre de 2019.

El pedido de informes y sus ejes centrales

El proyecto presentado por la bancada opositora exige que el Gobierno de Javier Milei detalle la carga transportada por los aeronaves, el personal embarcado, los acuerdos militares vigentes con Bolivia y con el denominado «Escudo de las Américas», el esquema de seguridad regional impulsado por la administración de Donald Trump, y el estado procesal actual de la causa judicial abierta por el envío de armas y munición antitumulto del macrismo al gobierno de facto de Áñez.

«Es indispensable que el Congreso tenga garantías de que esta operación no se va a usar para reprimir al pueblo boliviano. La sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza», declaró Marino ante la agencia. El legislador, referente del Partido Piquetero y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro impulsado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, fue categórico: «No se puede tolerar que el Estado argentino respalde la represión».

El pedido de informes lleva la firma, entre otros, del jefe de la bancada de UxP en Diputados, Germán Martínez, de la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y de los legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés.

La voz boliviana y la sospecha sobre la carga

La iniciativa parlamentaria recoge las denuncias públicas del diputado nacional de la oposición boliviana Rolando Pacheco, quien afirmó que los aviones Hércules no transportan ayuda humanitaria sino material destinado a «reprimir» las movilizaciones en curso. La versión extraoficial, que el Gobierno argentino no desmintió con datos concretos, alimenta la desconfianza opositora.

«Hay elementos suficientes como para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria sino ante un respaldo material a la represión. El gobierno de Milei tiene que dar explicaciones precisas para despejar cualquier duda», sostuvo Marino, al tiempo que cuestionó el encuadre oficial de las protestas bolivianas: «Es falso que las manifestaciones sean desestabilizadoras, como han planteado Milei y el gobierno estadounidense. Romper el Estado de Derecho es masacrar las manifestaciones e impedir el ejercicio del derecho a la protesta».

Una resolución en defensa de la protesta popular

En paralelo al pedido de informes, Marino presentó un proyecto de resolución en defensa del derecho a la protesta social, que rechaza toda forma de represión estatal, criminalización de las movilizaciones populares e injerencia externa en los asuntos internos de Bolivia. La iniciativa reafirma que «el derecho a la protesta, a la huelga, a la libre expresión y a la libre asociación son pilares fundamentales de todo orden democrático».

El proyecto plantea, además, que la Cámara de Diputados debe diferenciarse de la posición asumida por el Poder Ejecutivo Nacional, que se alineó con comunicados regionales y del Departamento de Estado de los Estados Unidos que, según la oposición, omiten toda referencia a la represión y a las violaciones de derechos humanos denunciadas en territorio boliviano. «Exigimos que ningún recurso del Estado argentino sea utilizado para reprimir la rebelión popular del pueblo boliviano», insistió Marino.

El peso del antecedente: Macri, Áñez y las armas de 2019

El episodio de noviembre de 2019 opera como telón de fondo ineludible de toda esta discusión. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina envió material represivo, incluyendo munición antitumulto, al régimen de facto instaurado tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y colocó a Jeanine Áñez en la presidencia de Bolivia. Ese material fue utilizado en la represión de manifestaciones que dejó decenas de muertos y heridos. La causa judicial por ese envío permanece abierta en la justicia federal argentina y constituye uno de los antecedentes que la bancada de UxP invocan para reclamar transparencia sobre la actual operación.

Para Marino, «frente a la protesta social, la respuesta no puede ser la criminalización ni la represión: debe ser el respeto irrestricto al derecho a la protesta y a la autodeterminación de los pueblos». La Argentina, advirtió, «no puede repetir el antecedente gravísimo de 2019, cuando un gobierno argentino envió material represivo al régimen de facto de Áñez».

Puntos clave

  • Diputados de UxP presentaron un pedido de informes por el envío de dos Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira.
  • La oposición exige saber qué carga transportan los aviones y si existe vinculación con el «Escudo de las Américas» de Trump.
  • El diputado boliviano Rolando Pacheco denunció que los aviones no llevan ayuda humanitaria sino material represivo.
  • El proyecto lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.
  • La bancada opositora alertó sobre la repetición del antecedente de 2019, cuando Macri envió armamento al régimen de facto de Áñez.
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