DDHH
La presión social obligó a renunciar a Alvarito en Morón y desnudó la crisis en la gestión Ghi
Un nombramiento polémico, una renuncia forzada y una gestión municipal bajo la lupa por su alejamiento de las políticas de derechos humanos.
Por Santiago Rojas
Como adelanto este diario, el intendente de Morón, Lucas Ghi, designó el 3 de febrero a Rodolfo Alejandro Alvarito como subsecretario en área clave de Seguridad, un exagente de inteligencia con un historial de discursos misóginos, homófobos y antikirchneristas en redes sociales. Su perfil pseudoacadémico, vinculado a la criminología y la ciberseguridad, ocultaba posturas que desataron el rechazo de organismos de derechos humanos y feministas. “Sus manifestaciones constituyen una afrenta gravísima contra la sociedad”, denunció la Asociación Seré por la Memoria y la Vida.
Según reveló El Argentino, Alvarito había defendido en 2013 a un enfermero absuelto de acoso laboral, argumentando que «los conflictos laborales no deben judicializarse», una postura que anticipaba su enfoque en seguridad. Además, minimizó el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner y elogió figuras de la ultraderecha como Patricia Bullrich y Agustín Laje.
El insólito talón de Aquiles de un espía: las redes sociales
Las publicaciones de Alvarito en redes fueron clave para develar la impronta de odio del polémico personaje, ya que el ex agente de inteligencia tildaba al feminismo de «feminazi» y afirmaba que «la violencia no tiene género», en sintonía con el Gobierno libertario, lo que obligó a Ghi a rectificar su decisión, presionado por la preocupación manifestada por la Asociación Seré y otros sectores sociales.
Fuentes municipales justificaron la convocatoria a Alvarito diciendo que “desconocían” su pasado personal. “Es un odiador serial, un activista libertario”, reconocieron. Sin embargo, la incongruencia entre su designación y las políticas progresistas históricas de Morón, pionero en abordar violencias de género, evidencia una fractura ideológica difícil de tapar con una o dos renuncias, luego de al menos media docena de contrataciones polémicas.

Todo esto implosiona tras una purga sin precedentes de dirigentes de Nuevo Encuentro, que se desempeñaban como funcionarios del Municipio, pero que Ghi removió sin una justificación verdaderamente seria, solo contraponiedo de manera simplista “militancia” versus “profesionales” supuestamente idóneos, aunque se sabe que el trasfondo político tiene que ver con la ruptura sin vueltas atrás entre el intendente y Martín Sabbatella.
La renuncia y el costo político
Alvarito presentó su dimisión el 8 de febrero, alegando no querer «empañar la DINÁMICA DE CAMBIO» de Ghi (les suena esto del “cambio”). Su salida se sumó a la de Federico Pellegrini, otro funcionario que renunció por incompatibilidad con su puesto en el Banco Provincia. Si bien estos “errores” tuvieron veladas autocríticas, apuntan a la “falta de rigor” en los controles previos a las designaciones, pero la realidad es que existe un claro viraje del intendente hacia una “tecnocracia autoritaria” con más dolores de cabeza que buenos resultados.
Este episodio profundizó la crisis interna en el oficialismo. Martín Sabbatella, líder de Nuevo Encuentro, partido al que Ghi aún no renunció, acusó al intendente de «derechizar» la gestión y prepara una interna electoral para recuperar la línea histórica. Aunque el escándalo podría afectar las elecciones de medio término de 2025, donde Morón es un distrito clave en el conurbano bonaerense, pero también permeable a este tipo de crisis.
El escándalo que pone en jaque la gestión de Lucas Ghi
- Retroceso en derechos humanos: Organismos locales vinculan el caso con el despido de Andrea Casamento, referente en políticas penitenciarias y de género, y el desmantelamiento de programas de inclusión.
- Patrón libertario: El giro conservador en Morón refleja tensiones en la Argentina, donde líderes municipales y nacionales adoptan discursos de «mano dura», en sintonía con el Gobierno de Javier Milei.
- Impacto electoral: La “alianza” de Ghi con Axel Kicillof se resquebraja, mientras sectores progresistas exigen coherencia con las banderas históricas del peronismo.
Puntos clave del caso Alvarito, un nombramiento que encendió las alarmas:
- La designación de Alvarito expuso la falta de transparencia en los procesos de selección de funcionarios y un giro ideológico en Morón.
- El repudio de organismos de derechos humanos resaltó el riesgo de retrocesos en políticas de género y seguridad ciudadana.
- La renuncia forzada debilita a Lucas Ghi ante las elecciones de medio término y profundiza su fractura con el sabbatellismo de manera casi irreconciliable.
DDHH
Murió Patricia Walsh, la diputada que impulsó anular las “leyes de impunidad”
Hija de Rodolfo Walsh y hermana de Vicky, tenía 74 años. Su proyecto abrió el camino a la Ley 25.779, que anuló el Punto Final y la Obediencia Debida y permitió reabrir los juicios por crímenes de la dictadura.
Patricia Walsh, la exdiputada que presentó el proyecto para anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, murió este jueves a los 74 años. Estaba internada en la clínica Suizo Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, donde había sido operada de una afección pulmonar; según la información difundida, su cuadro se complicó con una neumonía. Sus allegados no informaron todavía dónde será despedida.
Hija del escritor y periodista Rodolfo Walsh, desaparecido por la dictadura, y hermana de María Victoria “Vicky” Walsh, asesinada en el operativo de la calle Corro, dedicó su vida a la lucha por Memoria, Verdad y Justicia. Hasta sus últimos meses fue querellante en el juicio por la muerte de su hermana.
La ley que reabrió los juicios
Walsh llegó a la Cámara de Diputados en 2001, electa por la Ciudad de Buenos Aires al frente de la lista de Izquierda Unida. A principios de 2002 presentó el primer proyecto para declarar nulas las leyes de impunidad, que no consiguió quórum hasta agosto de 2003, cuando Néstor Kirchner ordenó al bloque justicialista habilitar el tratamiento.
El 12 de agosto de 2003 Diputados aprobó la nulidad y el 21 de agosto el Senado sancionó la Ley 25.779, que declaró “insanablemente nulas” las leyes 23.492 y 23.521. Kirchner la promulgó el 2 de septiembre y, en junio de 2005, la Corte Suprema declaró inconstitucionales ambas leyes y validó su nulidad, lo que permitió reabrir los juicios a cientos de represores.
En su paso por Diputados presentó 23 proyectos. El último, en septiembre de 2005, buscó declarar persona no grata al entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, por “su responsabilidad en el sufrimiento que padece el pueblo de Irak”.
Una militancia que empezó en los 70
Nacida en Buenos Aires en 1952, estudió en la Universidad Nacional de La Plata durante la dictadura de Juan Carlos Onganía y militó en la Juventud Trabajadora Peronista y la Agrupación Evita. Trabajó como periodista desde los 17 años y, tras el triunfo de Héctor Cámpora, se sumó al diario Noticias, ligado a Montoneros, donde su padre dirigía la sección Policiales.
Después del cierre de ese diario trabajó en el área de prensa del INTI, donde fue delegada gremial. La dictadura la despidió en 1976 y fue reincorporada en 1984. El 29 de septiembre de 1976, su hermana Vicky murió en el operativo de la calle Corro, en Villa Luro, donde fueron asesinados cinco integrantes de Montoneros. En marzo de 1977, un día después de difundir su Carta Abierta a la Junta Militar, Rodolfo Walsh fue emboscado por un grupo de tareas de la ESMA y permanece desaparecido.
Con la democracia denunció ante la Conadep la desaparición de su padre y se involucró en la causa ESMA, de cuya megacausa fue querellante. En los años 90 se sumó a la agrupación HIJOS.
Candidata y legisladora
En 1999 fue candidata a presidenta por Izquierda Unida y en 2000 se postuló a jefa de Gobierno porteño. En 2007 fue electa legisladora de la Ciudad y ejerció el cargo hasta 2010; más tarde integró Proyecto Sur y el Frente Camino Popular.
Su último testimonio
El juicio por la masacre de la calle Corro empezó el 18 de marzo ante el Tribunal Oral Federal 7, con seis exintegrantes del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 del Ejército como acusados. En mayo, Walsh declaró ante el tribunal. Según su testimonio difundido por la prensa, dijo: “El operativo fue tan ilegal que entregaron el cuerpo de mi hermana sin autopsia. Todo era ilegal: la dictadura, el operativo, todo. No solo eran asesinos; también eran ladrones. Sacarle el anillo a una muchacha muerta o arrancarle un collar del cuello es algo difícil de comprender”.
“Mi hermana fue asesinada. Amaba ser mamá. Sabía, sin embargo, que corría el riesgo de ser torturada, igual que su hija Tolita, si era detenida. Estoy orgullosa de mi hermana y de mi padre porque lucharon contra la dictadura”, agregó. Y cerró: “Un país sin justicia, es un país sin futuro”.
Lo que tenés que saber:
- Patricia Walsh murió a los 74 años en la clínica Suizo Argentina.
- Presentó el proyecto que derivó en la Ley 25.779, que anuló el Punto Final y la Obediencia Debida.
- Diputados aprobó la nulidad el 12 de agosto de 2003 y el Senado la sancionó el 21 de agosto.
- Era hija de Rodolfo Walsh y hermana de Vicky, asesinada en la calle Corro en 1976.
- En mayo declaró como querellante en el juicio por la masacre de la calle Corro.
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