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Uganda promulga polémica ley que castiga las relaciones homosexuales
La ley, fustigada por la ONU y países como Estados Unidos, se aprobó el 21 de marzo en el Parlamento y fue defendida por los legisladores con el pretexto de que estas medidas protegen la cultura nacional y sus valores.
El presidente de Uganda promulgó este lunes una controvertida ley contra la comunidad LGBTIQ+, que penaliza incluso con la muerte a las relaciones entre personas del mismo sexo, lo que desató críticas por parte de organizaciones humanitarias, gobiernos occidentales y fue calificada como una de las más represivas del mundo.
«El presidente aprobó el proyecto de ley contra la homosexualidad 2023«, anunció el despacho del mandatario, Yoweri Museveni, en un breve comunicado en su cuenta de Twitter.
La ley, fustigada por la ONU y países como Estados Unidos, se aprobó el 21 de marzo en el Parlamento y fue defendida por los legisladores con el pretexto de que estas medidas protegen la cultura nacional y sus valores.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó el texto como «discriminatorio» y expresó su «consternación» por la promulgación de esta legislación «draconiana».
Asimismo, Türk afirmó que la ley se opone «a la Constitución y los tratados internacionales» y abre vías para que haya «violaciones sistemáticas de los derechos de las personas LGBTIQ+».
A fines de abril, el presidente Museveni pidió a los parlamentarios que volvieran a examinar el texto, instándolos a precisar que no es un crimen «ser homosexual», pero que sí están penalizadas las relaciones entre personas del mismo género, es decir, que no será delito la orientación sexual, pero sí los «actos», que pueden ser castigados con prisión perpetua.
La nueva ley permite la pena de muerte por la «homosexualidad agravada», para casos de relaciones sexuales que involucren a personas infectadas con VIH y menores; y castiga con una pena de hasta 14 años de prisión por el cargo de «intento de homosexualidad agravada».
La homosexualidad está penalizada en el país del este africano como un «crimen en contra del orden de la naturaleza», desde las leyes que rigieron durante la colonización, pero desde la independencia en 1962 nunca ha habido una condena por actos sexuales consentidos entre personas del mismo género.
La legislación cuenta con un amplio apoyo de la opinión pública en Uganda, un país mayoritariamente cristiano, donde las personas son muy religiosas y la comunidad LGBTIQ+ sufre mucha discriminación.
El debate de la ley en el Parlamento estuvo marcado por el uso de insultos homofóbicos y el propio presidente se refirió a las personas que sienten atracción por otras de su mismo género como «pervertidas», informó la agencia de noticias AFP.
«Como Parlamento de Uganda, tomamos en cuenta las preocupaciones de nuestro pueblo y legislamos para proteger el carácter sagrado de la familia (…). Nos mantuvimos firmes para defender la cultura, los valores y las aspiraciones de nuestro pueblo», afirmó la presidenta del Parlamento, Anita Among.
Las organizaciones que sean acusadas de incentivar las relaciones entre personas del mismo sexo pueden ser prohibidas durante diez años, según la norma.
Las reacciones de la sociedad civil fueron silenciadas en un país donde Museveni gobierna con mano de hierro desde 1986.
A nivel internacional, el proyecto de ley provocó indignación.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo hoy que la ley constituye una «trágica violación» de los derechos humanos y debe derogarse.
Un comunicado de la Casa Blanca detalló que Biden pidió al Consejo de Seguridad Nacional que analice «los compromisos de Estados Unidos con Uganda en todos sus aspectos», entre ellos, la asistencia a la lucha contra el sida y otras ayudas e inversiones.
Washington estudiará la posibilidad de imponer sanciones a Uganda y restringir la entrada en Estados Unidos de ugandeses implicados en abusos contra los derechos humanos o corrupción, según detalla el comunicado.
La ley también fue condenada por la Unión Europea (UE) y el Reino Unido, y criticada durante su debate por Amnistía Internacional, que la calificó como «profundamente represiva».
Organizaciones humanitarias ven con preocupación a la nueva norma, sobre todo en términos de cuidados de salud.
«El progreso de Uganda en su lucha contra el VIH está seriamente comprometido», afirmaron en un comunicado el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la tuberculosis y el paludismo y la agencia estadounidense Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (Usaid, por sus siglas en inglés).
En el comunicado se advertía sobre la injerencia de la ley sobre la educación y el acceso a los servicios de salud y de prevención contra el Sida.
En África, la homosexualidad es un delito en más de 30 de los 54 países del continente.
Economía 💲
Histórico en la OIT: el mundo reconoció que los repartidores son trabajadores y tienen derechos
¿Que garantiza el nuevo convenio?. La delegación argentina, encabezada por dirigentes de la CGT y la CATT, participó activamente del debate y presentó denuncias contra el gobierno de Milei por violaciones a la libertad sindical.
En la histórica 114ª Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra, los 187 países miembros de la OIT adoptaron por amplia mayoría un convenio vinculante que garantiza salario mínimo, seguridad social, libertad sindical y transparencia algorítmica para repartidores, conductores y trabajadores de aplicaciones.
La delegación argentina, encabezada por dirigentes de la CGT y la CATT, participó activamente del debate y presentó denuncias contra el gobierno de Milei por violaciones a la libertad sindical.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó este viernes, en el cierre de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, el primer convenio global destinado a garantizar derechos laborales básicos para los trabajadores de la economía de plataformas digitales. El texto, resultado de dos años de negociaciones tripartitas entre gobiernos, empleadores y organizaciones sindicales, se adoptó por 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones en la asamblea anual del organismo, presidida por el ministro de Trabajo y Seguridad Social del Uruguay, Juan Castillo.
El convenio entrará en vigor una vez sea ratificado por al menos dos países miembros, a los doce meses de ese acto de ratificación. Su alcance es universal: se aplica a todos los trabajadores de plataformas digitales, independientemente de su situación laboral formal, lo que incluye a conductores de aplicaciones como Uber y Bolt, repartidores de servicios como Rappi y Glovo, y trabajadores remotos de plataformas de servicios digitales.
Un hito histórico tras décadas de precarización
La aprobación del convenio pone fin a décadas de vacío regulatorio que permitió a las grandes empresas tecnológicas operar en todo el mundo bajo el argumento de que sus trabajadores son «colaboradores independientes», negándoles acceso a salario mínimo, cobertura médica, jubilación y derecho a la sindicalización. El texto aprobado reconoce explícitamente que la economía de plataformas «está transformando significativamente el mundo laboral» pero identifica graves «déficits» en materia de trabajo decente que los marcos regulatorios nacionales no lograron corregir de manera uniforme.
El convenio establece que los trabajadores por aplicación deberán percibir una remuneración en ningún caso inferior al salario mínimo legal o negociado vigente en cada país, y acceder a protección en materia de seguridad social en condiciones equivalentes a las de cualquier otro trabajador. Además, obliga a las plataformas digitales a ser transparentes sobre sus mecanismos de pago, las deducciones aplicadas y el funcionamiento de los sistemas algorítmicos que asignan tareas, calculan tarifas, miden rendimiento y determinan bloqueos o suspensiones de cuentas.
Libertad sindical y transparencia algorítmica, en el centro
Entre los ejes centrales del convenio figura el reconocimiento expreso del derecho a la libertad de asociación sindical y a la negociación colectiva para los trabajadores de plataformas, un derecho que las empresas del sector negaron sistemáticamente durante años. El texto también insta a los Estados miembros a adoptar medidas para garantizar la eliminación del trabajo forzoso y del trabajo infantil en el sector, la no discriminación y entornos laborales seguros y saludables.
Respecto a los sistemas algorítmicos, el convenio obliga a las empresas a informar a los trabajadores cómo se toman las decisiones automatizadas que afectan su actividad y a reconocerles el derecho a impugnar esas decisiones. Este punto fue uno de los más disputados durante las negociaciones, dado el modelo de negocio de las grandes plataformas, que utilizan la gestión algorítmica como herramienta de control laboral sin intermediación humana.
Argentina en Ginebra: entre el nuevo convenio y las denuncias contra Milei
La delegación sindical argentina tuvo una activa participación en la 114ª Conferencia. Horacio Calculli, integrante de la delegación de la Confederación General del Trabajo (CGT), actuó en múltiples frentes durante las dos semanas de trabajo en Ginebra. En su carácter de secretario de Salud y Seguridad Operacional de la Asociación Argentina de Aeronavegantes mantuvo una reunión con Horacio Guido, especialista de la OIT en normas internacionales del trabajo, para dar seguimiento a la denuncia presentada por las organizaciones sindicales aeronáuticas argentinas ante los órganos de control del organismo.
Esa denuncia acusa al gobierno de Javier Milei de violar el derecho de huelga, deteriorar las condiciones laborales y perseguir a dirigentes sindicales, según fuentes gremiales consultadas. El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, advirtió antes de la conferencia que Argentina estaba en condiciones de quedar «en el banquillo de los acusados» ante el organismo internacional, dado el historial de violaciones laborales de la gestión libertaria. La postura del gobierno nacional fue defendida en Ginebra por el embajador Carlos Foradori, representante permanente ante los organismos internacionales con sede en esa ciudad, ya que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, no concurrió a la conferencia.
En paralelo, Calculli desarrolló una agenda internacional como miembro del Comité Ejecutivo Mundial de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) y como presidente del Grupo de Asesores sobre Economía de Plataformas de esa federación. En ese marco mantuvo una reunión con el presidente de la ITF, Frank Moreels, para analizar la situación del transporte en Argentina y América Latina y los desafíos que enfrentan las organizaciones sindicales ante los cambios tecnológicos y productivos. También participó de reuniones vinculadas a la estrategia global de la ITF para garantizar derechos laborales para trabajadores de plataformas.
En ese contexto, Calculli subrayó que los debates de la OIT son fundamentales para construir respuestas globales frente a los cambios que atraviesa el trabajo. «La defensa de la libertad sindical, la negociación colectiva y el trabajo decente sigue siendo una tarea central para el movimiento sindical internacional. Del mismo modo, resulta fundamental que los organismos internacionales continúen monitoreando el cumplimiento de los convenios internacionales ratificados por nuestro país», afirmó el dirigente, quien también integra la Comisión Directiva de la CATT.
El contexto argentino: reforma laboral regresiva y denuncias en el plano internacional
La aprobación del convenio llega en un momento en que el gobierno de Milei impulsa, mediante la reforma laboral contenida en la Ley de Modernización Laboral 27.802, un esquema regresivo para los derechos de los trabajadores.
La CATT, que agrupa a los gremios del transporte, expresó públicamente su oposición a esa norma, advirtiendo que «debilita la negociación colectiva, precariza condiciones laborales y desconoce conquistas históricas del movimiento obrero argentino». En ese cuadro, el nuevo convenio de la OIT sobre economía de plataformas ofrece al movimiento sindical local un instrumento jurídico de carácter internacional para disputar los derechos de los trabajadores digitales en el plano nacional.
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