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Assange camino a su libertad: escala en Tailandia previa a su llegada a territorio estadounidense

Luego de comparecer ante el Tribunal de Saipan, la capital de las Islas Marianas del Norte, una comunidad estadounidense en el Pacífico occidental, arribará a Australia.

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El avión que transporta a Julian Assange, preso desde hace más de cinco años en Londres luego de permanecer otros siete refugiado en una embajada en la misma ciudad, llegó este martes a Bangkok para repostar combustible y seguir viaje a un territorio estadounidense en el Pacífico occidental, donde firmará un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos que lo liberará definitivamente.

El fundador del sitio informativo Wikileaks partió en la noche del lunes del aeropuerto Stansted de Londres y aterrizó en el aeropuerto internacional Don Mueang de Bangkok luego de llegar a un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos, confirmó a Somos Télam Aitor Martínez, abogado del activista australiano.

Se espera que Assange sea sentenciado a los cinco años que ya pasó en la prisión británica mientras luchaba contra la extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos, un proceso que se desarrolló en una serie de audiencias en Londres. 

El escritor Santiago O’Donnell, integrante de un grupo argentino por la libertad de Assange, aseguró que el periodista deberá hacer una declaración de culpabilidad previa a su arribo a su tierra natal, Australia. 

Funcionarios del aeropuerto dijeron este martes a la agencia de noticias Associated Press (AP) que el avión estaba programado para partir este martes hacia Saipan, la capital de las Islas Marianas del Norte, una comunidad estadounidense en el Pacífico occidental donde comparecerá ante el tribunal este miércoles por la mañana.

Se prevé que el activista, de 52 años, se declarará culpable de un cargo contemplado en la Ley de Espionaje por conspirar para obtener y difundir ilegalmente información clasificada de defensa nacional, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. 

La audiencia se llevará a cabo en Saipan debido a la oposición de Assange a viajar al territorio continental de Estados Unidos y la proximidad del tribunal a su país de origen, dijeron los fiscales, citó AP en su portal público de noticias.

La declaración de culpabilidad, que debe ser aprobada por un juez, pone fin abruptamente a un caso penal de intriga internacional y a la persecución de más de una década por parte del gobierno de Estados Unidos de un editor cuyo popular sitio web para compartir secretos lo convirtió en una causa célebre entre muchos defensores de la libertad de prensa. 

Assange siempre se defendió afirmando que había actuado como periodista para exponer las irregularidades militares estadounidenses, pero los investigadores aseguraron repetidamente que sus acciones violaron leyes destinadas a proteger información confidencial y pusieron en riesgo la seguridad nacional estadounidense.

Las dudas sobre el acuerdo

Stella Assange, abogada y esposa del australiano, con quien se casó en 2022 en prisión, le dijo a la cadena BBC desde Australia que durante las últimas 72 horas se había dudado sobre si el acuerdo se llevaría a cabo, pero que se sentía “eufórica” con la noticia, y aclaró que los detalles se harían públicos una vez que el juez lo aprobara.

“Será un hombre libre una vez que un juez lo apruebe”, dijo, y agregó que el vuelo le estaba costando a Assange 500.000 dólares, por lo que prevén iniciar una campaña de recaudación de fondos para ayudar a pagarlo.

Kristinn Hrafnsson, editora en jefe de WikiLeaks, dijo que el acuerdo para Assange se produjo después de la creciente participación en el caso del primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Este es el resultado de un proceso muy, muy largo que lleva ya algún tiempo. Ha sido una batalla dura, pero ahora la atención se centra en que Julian se reúna con su familia”, dijo Hrafnsson.

Se espera que Assange sea sentenciado a los cinco años que ya pasó en la prisión británica mientras luchaba contra la extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos, un proceso que se desarrolló en una serie de audiencias en Londres. 

Los cargos contra Assange

Assange ha sido aclamado por muchos en todo el mundo como un héroe que sacó a la luz las irregularidades militares de Washington en Irak y Afganistán. Entre los archivos publicados por WikiLeaks se encontraba un video de un ataque con helicóptero Apache en 2007 por parte de las fuerzas estadounidenses en Bagdad que mató a 11 personas, incluidos dos periodistas de la agencia de noticias Reuters.

La denuncia en su contra del Departamento de Justicia, revelada recién en 2019, acusó a Assange de alentar y ayudar a la analista de inteligencia del ejército estadounidense Chelsea Manning a robar cables diplomáticos y archivos militares que WikiLeaks publicó en 2010. Los fiscales habían acusado a Assange de dañar la seguridad nacional al publicar documentos que perjudicaban a Estados Unidos y sus aliados y ayudó a sus adversarios.

El caso fue criticado por defensores de la prensa y partidarios de Assange. Los fiscales federales lo defendieron porque apuntaba a una conducta que iba mucho más allá de la de un periodista recopilando información, lo que equivalía a un intento de solicitar, robar y publicar indiscriminadamente documentos gubernamentales clasificados.

El papel de Biden en el desenlace de la situación del periodista

El acuerdo de culpabilidad se produce meses después de que el presidente Joe Biden dijera que estaba considerando una solicitud de Australia para abandonar el intento de Estados Unidos de procesar a Assange. La Casa Blanca no participó en la decisión de resolver el caso de Assange, según un funcionario de la Casa Blanca que habló bajo condición de anonimato.

La familia y los partidarios de Assange han dicho que su salud física y mental se ha visto afectada durante más de una década de batallas legales.

Assange se refugió en la embajada de Ecuador en Londres en 2012 y se le concedió asilo político después de que los tribunales de Inglaterra dictaminaran que debía ser extraditado a Suecia como parte de una investigación por violación en el país escandinavo. Fue arrestado por la policía británica después de que el gobierno de Ecuador le retirara su estatus de asilo en 2019 y luego encarcelado por saltarse la libertad bajo fianza cuando se refugió por primera vez dentro de la embajada.

Aunque Suecia finalmente abandonó su investigación de delitos sexuales porque había transcurrido mucho tiempo, Assange permaneció en la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Londres durante la batalla de extradición con Estados Unidos.

La liberación de Assange fue celebrada por líderes mundiales, entre quienes se encuentran el presidente colombiano, Gustavo Petro; el saliente mexicano Andrés López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum, el cubano Miguel Díaz-Canel, el venezolano Nicolás Maduro y el líder laborista británico Jeremy Corbyn.

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien le dio a Assange asilo político en la embajada en Londres, se sumó hoy a la euforia en diálogo con la cadena Rusia Today (RT) al considerar que “hoy el mundo es un poco menos injusto”, aunque señaló que “esto nunca debió haber ocurrido: le robaron 12 años a un periodista por decir la verdad”. 

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ARCA sumo nueva denuncia contra la AFA, mientras el titular del organismo es investigado por lavado y evasión

La agencia fiscal presentó una segunda causa penal que recae sobre Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la institución. El fiscal Claudio Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal. En simultáneo, el propio titular de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades millonarias no declaradas en Miami.

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La ARCA sumó una nueva denuncia contra la AFA mientras el titular del organismo también es investigado por evasión

★ La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): el presidente Claudio «Chiqui» Tapia y el tesorero Pablo Toviggino volvieron a quedar en el centro de una causa por delitos tributarios. Esta vez, el organismo recaudador denunció el uso de facturas apócrifas por un monto superior a los $916 millones correspondientes a servicios que, según el fisco, nunca se prestaron.

La nueva causa y el fiscal que la lleva

El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial resolvió abrir una investigación a partir de la ampliación de denuncia que ARCA presentó ante la Justicia. Según fuentes judiciales, el fiscal ya solicitó al juez Diego Amarante las primeras medidas de prueba. La pesquisa apunta a los delitos de evasión agravada mediante la utilización de facturas ideológica o materialmente falsas, y asociación ilícita fiscal.

En el dictamen que fundamentó la apertura de la causa, Navas Rial señaló que «las actuaciones administrativas darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito, en el marco de la actividad habitual de la contribuyente Asociación del Fútbol Argentino, en atención a haberse detectado erogaciones, salidas de dinero cuyo respaldo documental es inconsistente, presumiéndose, de los elementos aportados en el marco de las tareas de fiscalización propias del organismo de control, su apocrificidad». El fiscal también resaltó que se trataría de conductas «considerables en su volumen, y reiteradas y sostenidas por un lapso ininterrumpido de tiempo».

Las cifras bajo la lupa fiscal

Según la denuncia de ARCA, la AFA habría registrado entre enero de 2023 y marzo de 2025 facturación por $916.527.614,05 sin abonar el impuesto a las Ganancias en concepto de salidas no documentadas. La evasión estimada asciende a $320.784.664,61, que con intereses escala a los $341 millones, a lo que se suma una multa de $125.792.579,86. El organismo también advirtió que la AFA emitió facturas a empresas con diversas irregularidades que hacen sospechar que se trata de gastos simulados.

Una segunda causa que se monta sobre la primera

Esta nueva presentación no surge del vacío. Se suma a una causa anterior impulsada también por ARCA, en la que el juez Diego Amarante citó a indagatoria en marzo pasado a Tapia y Toviggino por presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según fuentes judiciales, en ese expediente los mismos dirigentes ya están procesados por haber apropiado de manera ilícita unos $19.300 millones.

Además de Tapia y Toviggino, el fiscal Navas Rial extendió la investigación al gerente general Gustavo Lorenzo y a los secretarios generales, actual y ex, Cristian Malaspina y Víctor Blanco, respectivamente. Todos ellos estaban a cargo de la administración de la institución durante el período en que se habrían producido los hechos investigados.

La paradoja: el jefe del fisco también bajo investigación

El escenario adquiere un carácter paradójico que no puede soslayarse. En simultáneo con la ofensiva judicial que ARCA ejerce sobre la AFA, su propio director ejecutivo, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó que Vázquez habría adquirido tres propiedades en Miami por un total de 2,1 millones de dólares a través de sociedades offshore panameñas, sin declarar esos bienes ante el fisco ni ante la Oficina Anticorrupción. Las propiedades identificadas son una unidad en el Icon Brickell (USD 710.000), un departamento en la avenida Brickell 1060 (USD 400.000) y una suite en el Chateau Beach Residences de Sunny Isles (USD 980.000). La inconsistencia resulta llamativa: al momento de realizar esas compras, Vázquez declaraba ante la entonces AFIP activos líquidos de apenas 44.000 dólares.

El fiscal titular de la PIA, Sergio Rodríguez, solicitó su indagatoria ante el juez Martínez de Giorgi, quien habilitó una batería de medidas de prueba. También intervienen en la causa el fiscal federal Guillermo Marijuán y la PROCELAC, a cargo del fiscal Diego Velasco. El Gobierno, en la voz del asesor presidencial Santiago Caputo, intentó cerrar el debate argumentando sobreseimientos previos, pero los nuevos hallazgos de la PIA reabrieron la línea de investigación. El propio presidente Javier Milei defendió a Vázquez señalando que «es la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina», justificando así su permanencia en el cargo pese a las causas abiertas.

Doble estándar en la cima del fisco

La combinación de estos elementos configura un cuadro institucional de difícil sostenimiento: el organismo que persigue la evasión de la AFA está conducido por un funcionario al que la Justicia investiga por los mismos tipos de delitos que le imputa a los dirigentes del fútbol. En ese contexto, la credibilidad y la consistencia de la acción fiscal quedan expuestas a una contradicción que el Gobierno no parece dispuesto a resolver.

Puntos clave:

– ARCA presentó una nueva denuncia contra la AFA por facturas apócrifas por más de $916 millones correspondientes a servicios que no habrían existido.
– El fiscal Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal contra Tapia, Toviggino, Lorenzo, Malaspina y Blanco.
– La causa anterior, por retención indebida de $19.300 millones, ya tiene a Tapia y Toviggino con citación a indagatoria.
– El director ejecutivo de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades no declaradas en Miami valuadas en USD 2,1 millones.
– El Gobierno mantiene a Vázquez al frente de ARCA pese a las investigaciones por enriquecimiento ilícito, lavado y evasión.

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