Economía 💲
Latinoamérica intercede ante Biden y el FMI por la deuda macrista
Lula, Petro y AMLO -entre otros- le pidieron al presidente de EEUU que intervenga en la deuda ilegítima que Argentina mantiene con el FMI.
La Argentina envió al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, una carta firmada por los Jefes de Estado de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, México y Paraguay para que interceda ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la búsqueda de una salida al «sobreendeudamiento» provocado por el «excepcional» préstamo» de 47 mil millones de dólares que el organismo multilateral de crédito otorgó al gobierno de Mauricio Macri.
La misiva firmada, entre otros, por los mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Andrés Manuel López Obrador (México), remarca el «denodado» trabajo que viene realizando el gobierno argentino para hacer frente a la «excepcional deuda» contraída con el FMI.
Además le recuerda al organismo que preside Kristalina Georgieva que aquel crédito «muy superior» a la cuota que correspondía a la Argentina contó con el aval de sus principales accionistas» y le reclama «respuestas extraordinarias», ante las «circunstancias extraordinarias» que atraviesa la Argentina producto de la pandemia, la guerra en Ucrania y la reciente sequía que vivió el país y que complico sus exportaciones agropecuarias.
Fuentes de la Cancillería indicaron a Télam que la cartera encabezada por Santiago Cafiero «hizo el trabajo de hablar con los gobiernos de las seis economías más importantes de la región» para lograr que, en el contexto de las negociaciones encaradas por el ministro de Economía, Sergio Massa, con el FMI, Estados Unidos se «involucre no solo porque es un tema relevante sino también justo».
El presidente Alberto Fernández agradeció «profundamente» la misiva enviada a Biden que fue rubricada también por los presidentes Luis Arce (Bolivia), Gabriel Boric (Chile) y Mario Abdo Benítez (Paraguay).
«Es otra muestra de la fuerza que tenemos como región si trabajamos en unidad», escribió el mandatario en sus redes sociales.
«Los países de la región seguimos con atención la situación que atraviesa la Argentina, producto del efecto combinado del sobreendeudamiento en la anterior administración, la pandemia, el impacto de la guerra en Ucrania y las consecuencias de la mayor sequía que el país haya padecido en el último siglo», señala la misiva para describir el escenario mundial y local en el que el país debe hacer frente a los futuros vencimientos con el FMI.
A renglón seguido, los mandatarios de América Latina remarcan que «el gobierno argentino ha estado trabajando de manera denodada para hacer frente a la excepcional deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI)» la que definió como el «mayor crédito otorgado en la historia del organismo».
La carta -que fue publicada por la Cancillería argentina en su cuenta oficial en Twitter- recuerda también que el crédito otorgado al gobierno de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) «contó con el aval de sus principales accionistas, por un monto superior al 1.000 por ciento de su cuota», es decir de la cuota parte correspondiente a la Argentina como socia del FMI.
Y subraya que «sin perjuicio de la excepcionalidad antes mencionada, la voluntad de la Argentina por honrar sus compromisos multilaterales ha sido indudable».
En esa línea, pondera que «desde la aprobación del nuevo programa con el FMI que oportunamente fuera aprobado por el Congreso Nacional, la Argentina cumplió las metas acordadas y consolidó un proceso de crecimiento, generación de empleo y ordenamiento fiscal».
A renglón seguido, la misiva expone las razones exógenas a la voluntad de la administración de Alberto Fernández que dificultan el cumplimiento de los compromisos asumidos con el FMI en los términos del acuerdo sellado por el entonces ministro de Economía Martín Guzmán.
«El choque exógeno que supone la sequía -por definición completamente ajeno a la voluntad del gobierno argentino y su pueblo- ha originado una pérdida de divisas superior al 20% de las exportaciones del país, con un efecto severo en las reservas internacionales que ha complicado el normal funcionamiento del mercado cambiario, reducido los recursos tributarios y repercutido en la inflación», indicaron los presidentes.
Ante ese escenario, pidieron, entonces, que «circunstancias extraordinarias ameritan respuestas extraordinarias, tan extraordinarias como el sobreendeudamiento provocado por el préstamo del FMI que es una de las principales causas de la situación actual» que vive la economía argentina.
Los mandatarios de la región señalaron a Biden: «Buscamos una solución que permita el crecimiento de la Argentina, la generación de empleo y el aumento de sus exportaciones. Todas ellas condiciones necesarias para que el país, a su turno, pueda afrontar los vencimientos del mencionado préstamo».
«La Argentina ha solicitado al FMI una revisión que permita sortear las dificultades que presenta este año atípico y que sirva como puente hasta tanto maduren varios proyectos en curso, en particular los referidos a energía y minería, que tendrán un impacto significativo en la balanza de pagos del país», remarca el escrito.
Y agrega: «Los mandatarios de la región creemos que es posible encontrar una salida consensuada que le permita a la Argentina transitar la coyuntura en la que se encuentra».
«No resulta viable y tampoco deseable que las exigencias que no consideran debidamente el cambio de las circunstancias sumerjan a la Argentina en una crisis innecesaria que interrumpa la recuperación en curso», evaluaron los jefes de Estado, al tiempo que rechazaron «la inflexibilidad del FMI para revisar los parámetros del acuerdo en el contexto de la sequía descripta» y señala que esa postura del organismo hace que el país corra «el riesgo de convertir un problema de liquidez en uno de solvencia».
«Por estos motivos le solicitamos con respeto y afecto que apoye a la Argentina en las negociaciones que está llevando adelante con el mencionado organismo. Los principios comunes y compartidos en las Américas, en torno a la democracia, los derechos humanos y la inclusión social deben guiarnos al encuentro de una solución rápida y efectiva para la Argentina», concluye la carta.
Seguridad social
Actualización mínima, pérdida real del 40%: la política de Milei frente al sistema de discapacidad
El Ministerio de Salud actualizó los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad un 2,10% para junio, atado al IPC de mayo. La medida coexiste con la negativa del Gobierno a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad y con una pérdida real acumulada que, según el propio sector, supera el 40%.
El Ministerio de Salud, a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad, publicó este viernes en el Boletín Oficial la Resolución 1297/2026: una actualización del 2,10% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, vigente desde junio y calculada sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo. La medida convive con una pérdida real acumulada que el propio sector estima en más del 40% respecto de los costos, y con la negativa sistemática del Gobierno de Javier Milei a dar plena vigencia a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La resolución, firmada por el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, establece un incremento parejo para todas las prestaciones del nomenclador, sin distinción por modalidad o tipo de servicio. La norma actualiza los valores aprobados por la Resolución 517/2026, que en mayo había dispuesto una suba del 2,6%. Para las provincias de la Patagonia, considerada zona desfavorable por sus condiciones geográficas y logísticas, se mantiene un adicional del 20% sobre el arancel básico.
Con los nuevos valores, una prestación de centro de día con jornada doble pasará a percibir $1.058.791,92, mientras que una jornada simple ascenderá a $563.272,78.
Números oficiales versus realidad del sector
La actualización mensual por IPC es el mecanismo que el Gobierno aplica de manera rutinaria, pero los prestadores advierten que ese esquema está lejos de compensar el deterioro acumulado. Según datos oficiales del propio sector, la pérdida real frente a los costos operativos supera el 40% en el período 2024-2025. El impacto es concreto: instituciones de referencia, como el Centro Alas de Rosario, con 38 años de trayectoria en la atención de personas con discapacidad, alertaron públicamente a mediados de mayo que no perciben fondos desde noviembre de 2025. El cuello de botella señalado es el crónico retraso en los pagos del programa federal Incluir Salud.
Una ley vigente que el Gobierno se niega a cumplir
El trasfondo de esta nota mensual de actualización es un conflicto político e institucional de mayor envergadura. El Congreso aprobó en julio de 2025 la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que declaraba la emergencia del sector hasta diciembre de 2026 y establecía, entre otros puntos, compensaciones para los prestadores por el desfasaje acumulado entre aranceles e IPC durante 2024, y la actualización mensual automática de los valores del nomenclador. Milei vetó la ley en agosto. El Senado revirtió el veto en septiembre de 2025 con 63 votos a favor y solo 7 en contra, forzando la promulgación de la norma.
Sin embargo, el Ejecutivo condicionó la aplicación de la ley a que el Congreso incluyera las partidas correspondientes en el Presupuesto 2026, invocando el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera. La Justicia intervino en reiteradas oportunidades. En diciembre de 2025, el Juzgado Federal de Campana declaró inválida la suspensión y fijó el 4 de febrero de 2026 como plazo máximo para la implementación plena. El Gobierno reglamentó parcialmente la norma mediante el Decreto 84/2026, pero continuó dilatando su aplicación integral.
En abril de 2026, la Cámara Federal de San Martín volvió a ordenar la aplicación de la ley. Ante ese fallo, el Gobierno ingresó ante la Corte Suprema un recurso extraordinario con efecto suspensivo, invocando un impacto fiscal de 3 billones de pesos (0,35% del PBI). En paralelo, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley alternativo que modifica sustancialmente la norma vigente: establece un reempadronamiento obligatorio de pensionados bajo amenaza de interrupción automática de pagos, y elimina la posibilidad de otorgar aumentos por zona geográfica desfavorable.
La ANDIS disuelta y la continuidad institucional bajo cuestionamiento
El contexto institucional agrava el panorama. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que administraba históricamente el sistema, fue disuelta por el Decreto 27/2026, tras el escándalo judicial que involucró a su ex titular Diego Spagnuolo en presuntas irregularidades con proveedores de medicamentos. Sus funciones quedaron absorbidas por el Ministerio de Salud, que es el organismo que ahora firma las resoluciones de actualización arancelaria. La continuidad de los servicios y la cadena de pagos a prestadores se desarrolla en ese marco de transición institucional.
Puntos clave
- La Resolución 1297/2026 establece una actualización del 2,10% en los aranceles del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad a partir de junio de 2026, calculada sobre el IPC de mayo.
- Las provincias patagónicas mantienen un adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable.
- El sector estima una pérdida real acumulada de más del 40% frente a los costos en 2024-2025; instituciones de referencia advierten que no perciben fondos desde noviembre de 2025.
- El Gobierno de Milei mantiene un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para frenar la aplicación plena de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, pese a que la Justicia ordenó su vigencia en múltiples instancias.
- La ANDIS fue disuelta por Decreto 27/2026 y sus funciones quedaron bajo la órbita del Ministerio de Salud.
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