Economía 💲
Latinoamérica intercede ante Biden y el FMI por la deuda macrista
Lula, Petro y AMLO -entre otros- le pidieron al presidente de EEUU que intervenga en la deuda ilegítima que Argentina mantiene con el FMI.
La Argentina envió al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, una carta firmada por los Jefes de Estado de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, México y Paraguay para que interceda ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la búsqueda de una salida al «sobreendeudamiento» provocado por el «excepcional» préstamo» de 47 mil millones de dólares que el organismo multilateral de crédito otorgó al gobierno de Mauricio Macri.
La misiva firmada, entre otros, por los mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Andrés Manuel López Obrador (México), remarca el «denodado» trabajo que viene realizando el gobierno argentino para hacer frente a la «excepcional deuda» contraída con el FMI.
Además le recuerda al organismo que preside Kristalina Georgieva que aquel crédito «muy superior» a la cuota que correspondía a la Argentina contó con el aval de sus principales accionistas» y le reclama «respuestas extraordinarias», ante las «circunstancias extraordinarias» que atraviesa la Argentina producto de la pandemia, la guerra en Ucrania y la reciente sequía que vivió el país y que complico sus exportaciones agropecuarias.
Fuentes de la Cancillería indicaron a Télam que la cartera encabezada por Santiago Cafiero «hizo el trabajo de hablar con los gobiernos de las seis economías más importantes de la región» para lograr que, en el contexto de las negociaciones encaradas por el ministro de Economía, Sergio Massa, con el FMI, Estados Unidos se «involucre no solo porque es un tema relevante sino también justo».
El presidente Alberto Fernández agradeció «profundamente» la misiva enviada a Biden que fue rubricada también por los presidentes Luis Arce (Bolivia), Gabriel Boric (Chile) y Mario Abdo Benítez (Paraguay).
«Es otra muestra de la fuerza que tenemos como región si trabajamos en unidad», escribió el mandatario en sus redes sociales.
«Los países de la región seguimos con atención la situación que atraviesa la Argentina, producto del efecto combinado del sobreendeudamiento en la anterior administración, la pandemia, el impacto de la guerra en Ucrania y las consecuencias de la mayor sequía que el país haya padecido en el último siglo», señala la misiva para describir el escenario mundial y local en el que el país debe hacer frente a los futuros vencimientos con el FMI.
A renglón seguido, los mandatarios de América Latina remarcan que «el gobierno argentino ha estado trabajando de manera denodada para hacer frente a la excepcional deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI)» la que definió como el «mayor crédito otorgado en la historia del organismo».
La carta -que fue publicada por la Cancillería argentina en su cuenta oficial en Twitter- recuerda también que el crédito otorgado al gobierno de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) «contó con el aval de sus principales accionistas, por un monto superior al 1.000 por ciento de su cuota», es decir de la cuota parte correspondiente a la Argentina como socia del FMI.
Y subraya que «sin perjuicio de la excepcionalidad antes mencionada, la voluntad de la Argentina por honrar sus compromisos multilaterales ha sido indudable».
En esa línea, pondera que «desde la aprobación del nuevo programa con el FMI que oportunamente fuera aprobado por el Congreso Nacional, la Argentina cumplió las metas acordadas y consolidó un proceso de crecimiento, generación de empleo y ordenamiento fiscal».
A renglón seguido, la misiva expone las razones exógenas a la voluntad de la administración de Alberto Fernández que dificultan el cumplimiento de los compromisos asumidos con el FMI en los términos del acuerdo sellado por el entonces ministro de Economía Martín Guzmán.
«El choque exógeno que supone la sequía -por definición completamente ajeno a la voluntad del gobierno argentino y su pueblo- ha originado una pérdida de divisas superior al 20% de las exportaciones del país, con un efecto severo en las reservas internacionales que ha complicado el normal funcionamiento del mercado cambiario, reducido los recursos tributarios y repercutido en la inflación», indicaron los presidentes.
Ante ese escenario, pidieron, entonces, que «circunstancias extraordinarias ameritan respuestas extraordinarias, tan extraordinarias como el sobreendeudamiento provocado por el préstamo del FMI que es una de las principales causas de la situación actual» que vive la economía argentina.
Los mandatarios de la región señalaron a Biden: «Buscamos una solución que permita el crecimiento de la Argentina, la generación de empleo y el aumento de sus exportaciones. Todas ellas condiciones necesarias para que el país, a su turno, pueda afrontar los vencimientos del mencionado préstamo».
«La Argentina ha solicitado al FMI una revisión que permita sortear las dificultades que presenta este año atípico y que sirva como puente hasta tanto maduren varios proyectos en curso, en particular los referidos a energía y minería, que tendrán un impacto significativo en la balanza de pagos del país», remarca el escrito.
Y agrega: «Los mandatarios de la región creemos que es posible encontrar una salida consensuada que le permita a la Argentina transitar la coyuntura en la que se encuentra».
«No resulta viable y tampoco deseable que las exigencias que no consideran debidamente el cambio de las circunstancias sumerjan a la Argentina en una crisis innecesaria que interrumpa la recuperación en curso», evaluaron los jefes de Estado, al tiempo que rechazaron «la inflexibilidad del FMI para revisar los parámetros del acuerdo en el contexto de la sequía descripta» y señala que esa postura del organismo hace que el país corra «el riesgo de convertir un problema de liquidez en uno de solvencia».
«Por estos motivos le solicitamos con respeto y afecto que apoye a la Argentina en las negociaciones que está llevando adelante con el mencionado organismo. Los principios comunes y compartidos en las Américas, en torno a la democracia, los derechos humanos y la inclusión social deben guiarnos al encuentro de una solución rápida y efectiva para la Argentina», concluye la carta.
Economía 💲
Vialidad Nacional: Milei profundiza el vaciamiento del Estado con una nueva ola de retiros voluntarios
El Gobierno activó la segunda etapa del retiro voluntario en la Dirección Nacional de Vialidad mediante la Resolución 1220/2026. La primera fase, que previó 900 adhesiones, cerró con 609. Ahora el esquema suma planes de pago en hasta 8 cuotas y una prohibición de cinco años para reingresar al Estado.
Con 609 agentes desvinculados en la primera vuelta y la promesa de una planta «acorde a las necesidades funcionales», el Gobierno de Javier Milei lanzó la segunda etapa del retiro voluntario en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el organismo que históricamente garantizó la planificación y ejecución de la infraestructura vial del país. La Resolución 1220/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, da continuidad a un proceso de achicamiento del Estado que, en este caso, apunta a uno de los organismos técnicos más sensibles para el desarrollo territorial argentino.
La nueva fase amplía el esquema iniciado mediante la Resolución 118/2026. El estimado inicial era de 900 adhesiones para aquella primera etapa; la cifra real quedó en 609, lo que indica que el organismo ya perdió más de dos tercios de su objetivo original de reducción, y el Gobierno insiste con una segunda convocatoria para seguir vaciando la estructura técnica de Vialidad.
Un retiro que excluye pero también condiciona a los que se quedan
La normativa fija condiciones de exclusión amplias: no pueden adherirse quienes estén procesados o condenados por delitos contra la administración pública, quienes enfrenten procedimientos disciplinarios, quienes hayan iniciado trámite jubilatorio o presentado renuncia, quienes superen los 64 años y quienes mantengan litigios laborales pendientes, salvo que desistan expresamente de ellos. Esta última cláusula es particularmente significativa: el Estado condiciona el acceso al beneficio económico a que el trabajador abandone cualquier reclamo judicial previo, lo que equivale a presionar sobre derechos adquiridos como requisito para cobrar una indemnización.
En el mismo sentido, los empleados con mandatos sindicales vigentes deben renunciar a su cargo gremial y a la tutela sindical para poder adherirse. El esquema penaliza, en la práctica, la organización sindical y el ejercicio del derecho a reclamar, dos pilares del derecho laboral que la administración libertaria viene erosionando de manera sistemática desde diciembre de 2023.
Las tres opciones y la lógica de la cuota
La gratificación extraordinaria de egreso se calcula sobre el haber bruto remunerativo del mes anterior a la entrada en vigencia del reglamento. El régimen ofrece tres alternativas. La Opción 1 otorga el 90% de un haber de egreso por cada año de antigüedad, con un tope de 24 años. La Opción 2 baja la alícuota al 85% pero suma un monto equivalente a 12 meses de aportes y contribuciones de Obra Social, apuntando a quienes priorizan la cobertura médica durante la transición. La Opción 3 es exclusiva para personal de 64 años o más sin los aportes jubilatorios necesarios y aplica el cálculo de la primera opción, con un tope reducido a 12 años de antigüedad.
El pago de la gratificación se escalona según el monto total: hasta 10 millones de pesos en una cuota única; entre 10 y 20 millones, en 3 cuotas; entre 20 y 30 millones, en 5 cuotas; y por encima de 30 millones, en 8 cuotas mensuales iguales y consecutivas. El esquema de cuotas, en un contexto inflacionario, implica que los montos más altos se licúan en términos reales con el paso de los meses, lo que en los hechos penaliza a los trabajadores de mayor antigüedad, que son precisamente quienes percibirían las gratificaciones más elevadas.
Cinco años fuera del Estado: la firma de la desvinculación
Los trabajadores aceptados suscribirán un acuerdo de desvinculación que incluye una prohibición de reingresar o prestar servicios en el Estado Nacional por el plazo de cinco años. La medida apunta a que la reducción de la planta sea irreversible en el corto y mediano plazo, independientemente de quién gobierne. Se trata, en términos concretos, de un mecanismo diseñado para consolidar el desguace institucional más allá del ciclo electoral, blindando la reducción de la estructura estatal contra eventuales cambios de gestión.
El Gobierno justificó la medida argumentando que «dicho esquema asegura y promueve la razonabilidad operativa y el uso eficiente de los recursos públicos». Sin embargo, la experiencia internacional y la historia argentina demuestran que la reducción abrupta de personal técnico especializado en organismos viales genera consecuencias de largo plazo sobre la capacidad estatal de planificar obras, controlar contratistas y mantener la infraestructura existente, un costo que habitualmente no aparece en los balances del ajuste pero sí en las rutas rotas y los puentes sin mantenimiento.
Lo que tenés que saber:
- El Gobierno lanzó la segunda etapa del retiro voluntario en Vialidad Nacional mediante la Resolución 1220/2026, publicada en el Boletín Oficial el 6 de octubre de 2026.
- La primera fase (Resolución 118/2026) registró 609 adhesiones sobre un estimado inicial de 900 agentes.
- El régimen prevé pagos en hasta 8 cuotas, lo que en contexto inflacionario erosiona el valor real de la gratificación para los agentes de mayor antigüedad.
- Los trabajadores deben renunciar a litigios laborales previos y, si tienen mandato sindical, también a su cargo gremial para poder adherirse.
- Quienes se acojan quedan inhabilitados para reingresar al Estado Nacional por cinco años.
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