Los restos óseos encontrados hace dos semanas en un batallón militar en el departamento uruguayo de Canelones corresponden a una mujer detenida desaparecida de la última dictadura, informaron hoy organismos oficiales que trabajan en la búsqueda, que anticiparon que el material genético será analizado en Argentina para determinar su identidad.

Durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos en Montevideo, Alicia Lusiardo, la jefa del equipo de antropólogos que trabaja junto a la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) en las excavaciones, explicó que el sexo fue determinado a través de estudios en la pelvis y en el cráneo.

«Para complementar estas observaciones se ve todo el esqueleto, se miden longitudes de varios huesos claves, en este caso no teníamos longitudes porque están dañados los extremos de los huesos largos, pero otras mediciones tienen que ver con las circunferencias de los huesos largos o con determinadas medidas cercanas a los extremos», detalló la antropóloga.

«Compilamos toda esa información y todas ellas arrojan la predicción de que el sexo del individuo es femenino», aseguró a la prensa desde la sede de la organización, junto al director de Indhh, Wilder Tayler, y familiares de detenidos desaparecidos, sobre los restos encontrados el pasado 6 de junio en el Batallón 14, ubicado en la ciudad de Toledo, en el departamento de Canelones.

Dos días después de su hallazgo, los restos fueron enviados a un laboratorio de antropología forense para su estudio, donde se determinó el sexo de la víctima.

El paso siguiente es enviar la muestra de ADN a Córdoba, en Argentina, donde será analizada por el Laboratorio de Genética Forense perteneciente al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), para determinar la identidad, comparando la muestra con su banco de datos de familiares de las víctimas de detenidos desaparecidos uruguayos, la causa de la muerte y la edad de esta persona al momento de su fallecimiento.

«Las muestras serán enviadas a la brevedad, pero por un protocolo de acreditación tenemos que cumplir con todos los papeleos para poder salir del país. No sabemos cuánto pueden demorar los resultados», adelantó Lusiardo.

Sin embargo, agregó que en el caso del militante comunista Eduardo Bleier Horovitz, desaparecido en 1975 y cuyos restos fueron hallados en 2019 en el Batallón 13 y enviados a Argentina para su análisis, los resultados estuvieron un mes después de que EAAF recibiera la muestra.

«No nos queda duda de que es un enterramiento de un detenido desaparecido», aseguró la antropóloga de Uruguay, que desde 1973 hasta 1985 estuvo bajo la dictadura militar y fue integrante del Plan Cóndor junto con Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay.

Este plan sistemático transnacional que empezó a operar en 1975 permitía a las dictaduras apuntar contra personas exiliadas, familiares de desaparecidos y refugiados que habían dejado de ser políticamente activas, a través del intercambio de información entre al menos dos países, el de origen de las víctimas buscadas y el lugar donde se encontraban, operativos conjuntos por grupos de trabajo internacionales y traslados clandestinos.

«Es un enterramiento clandestino porque ocurre en un lugar donde no se puede hacer un enterramiento legal, estamos hablando de un predio militar. Es un cuerpo que recibió un tratamiento que tiene que ver con una posición al ser depositado y con evidentes intenciones de ocultamiento, agregándole cal y sumándole todavía la losa que agrega necesidad de ocultamiento de cuerpo», profundizó la especialista uruguaya.

El área había sido excavada en 2006, luego de que el Gobierno de Tabaré Vázquez recibiera información de que en ese centro militar estaban enterrados los restos de la argentina María Claudia García de Gelman y anunciara que ingresaría a los cuarteles para la búsqueda de desaparecidos.

El hallazgo se realizó a unos 130 metros de donde se había realizado la excavación en aquel momento y a ocho metros de la antigua Bodega Vidiella, que todavía mantiene algunos muros a la vista, precisó Lusiardo, que sostuvo que, a diferencia de 2006, cuando fue parcialmente excavada la fosa, «ahora fue totalmente excavada en la construcción en sí».

Por su parte, Graciela Montes de Oca, hija de Otermín Laureano Montes de Oca, que desapareció en 1975, pidió no especular sobre quién podría ser hasta no tener la identidad.

«Ellos nunca nos dieron la información de qué hicieron con nuestros familiares, así que nosotros buscamos a 40 compañeras de nuestros núcleos familiares. Sabemos que hubo traslados de compañeros de Argentina hacia Uruguay, de Uruguay a Paraguay y Chile, pero no sabemos dónde fueron llevados. Hay muchas compañeras en Argentina, por lo tanto puede ser una de ellas, por eso nosotros no podemos poner un nombre hasta que no sea identificada», expresó.

Tras el fin de la dictadura, en 1986, en Uruguay se aprobó la denominada Ley de Caducidad, refrendada por la ciudadanía en las urnas en 1989 y 2009, que brindó durante años una amnistía a militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura y delegaba en el Gobierno la decisión de qué casos podían ser juzgados.

Con la llegada del Frente Amplio al poder en 2005, se buscaron excepciones a la ley para iniciar varios juicios a militares y políticos por su rol en esa época y, finalmente, una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2011 permitió ampliar los procesos, que llegaron a producir condenas de cárcel de hasta 30 años.

Consultados sobre si los restos pueden ser utilizados como pruebas en procesos judiciales, el director de Indhh respondió que «hay procesos judiciales en curso para todos los detenidos desaparecidos y que probablemente se puede utilizar», pero advirtió que «eso lo tendrá que decir el fiscal» una vez que se cuente con toda la información relativa al hallazgo y que «en este momento puede ser muy prematuro como para afirmarlo categóricamente».

En el Batallón 14, centro de detención y tortura durante la dictadura, y señalizado sitio de memoria por la Ley 19.641, también se encontraron en 2012 los restos del periodista y pedagogo Julio Castro, secuestrado y desaparecido en agosto de 1977, y del trabajador Ricardo Blanco, secuestrado en enero de 1978.