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Diversidad

«No podíamos creer que éramos libres», dijo una refugiada LGBT+ que se casó en Argentina

«Cuando en enero nuestro avión llegó a la Argentina, Anna y yo comenzamos a llorar. No podíamos creer que éramos libres», dijo Anastasia, para quien la Ley de Matrimonio Igualitario, que este viernes cumple su doceavo aniversario, es «una oportunidad maravillosa».

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Anastasia y Anna son una pareja de mujeres rusas que llegó a la Argentina en enero de este año para pedir asilo por pertenecer al colectivo LGBT+, perseguido en su país que, al igual que John y Richard, provenientes de Jamaica, hace pocos meses lograron casarse bajo la Ley de Matrimonio Igualitario, que garantiza este derecho desde hace 12 años en el país y también a extranjeros.

«Cuando en enero nuestro avión llegó a la Argentina, Anna y yo comenzamos a llorar. No podíamos creer que éramos libres», dijo Anastasia, para quien la Ley de Matrimonio Igualitario, que este viernes cumple su doceavo aniversario, es «una oportunidad maravillosa».

Anna (33) y Anastasia (44) llevan el mismo apellido, Domini, para hacerse pasar por hermanas en su país natal.

«Nos conocimos en 2009, cuando yo era una activista LGBT y abogada de la organización LGBT ‘Krug Karelia’ -que ya no existe- en mi oficina a partir de un evento donde miramos y debatimos la película ‘Rainbow families'», contó Anastasia.

En marzo del año siguiente formaron pareja y en 2016 tuvieron su primer par de hijos mellizos, Mikhail y Aksinia, y en 2019 nacieron sus hijas menores, Agata y Uma.

«En ese entonces, la situación LGBT+ en Rusia se volvió más difícil. Desde el 2013, cuando el Gobierno aceptó la ley que prohíbe la propaganda LGTB, en efecto significaba que nos teníamos que olvidar de decirle a nuestros hijos que éramos una familia. Conocimos casos donde los chicos fueron tomados de familias LGBT+ y puestos en custodia. Comenzamos a tener miedo, y el miedo aumentó día a día», explicó Anastasia.

La última situación crítica que vivieron fue en 2021, cuando la policía visitó su casa para preguntarle a Anastasia con quién vivía y quién criaba a sus hijas menores.

«Cuatro meses después de esto, vendimos nuestro departamento, todas nuestras cosas, renunciamos al trabajo y nos fuimos de Rusia», contó.

Anastasia y Anna siempre quisieron casarse, y para ellas es importante tener todos sus derechos «como familia, como pareja y como dos mamás».

«Aceptación, respeto y derechos jurídicos es lo que necesitamos. Cuando supimos que en Argentina se nos podía proporcionar esas cosas decidimos venir», relató.

En enero de este año llegaron a la Argentina y el 11 de marzo se casaron.

«Fue el casamiento que soñamos. Nuestros amigos rusos y argentinos, hermosos vestidos, todos felices», dijo Anastasia.

Luego de la celebración, pidieron asilo en el país: «Sabemos que la gente en Rusia que nos conoce saben que dejamos el país por ser una familia lesbiana, y nuestros amigos nos dicen que es mejor para nosotras no volver. Igualmente no queremos hacerlo».

La Ley de Matrimonio Igualitario logró un antes y un después en sus vidas.

«Es una maravillosa oportunidad para que familias absolutamente diferentes puedan tener derechos y garantías de que son visibles, son aceptadas y son importantes», sostuvo Anastasia.

Desde enero de 2010 hasta junio de 2020, 43 personas obtuvieron efectivamente la protección del Estado argentino en calidad de refugiados, según los últimos datos de la la Comisión Nacional de Refugiados (Conare).

«En general vienen a solicitar refugio, y al estar acá se enteran que se pueden casar y muchos deciden hacerlo, sabiendo que pueden acceder a ese derecho en este país», explicó Maribe Sgariglia, integrante de la Federación Argentina LGBT y la Defensoría LGBT, perteneciente a la Defensoría del Pueblo porteña.

Las razones para pedir asilo, dijo Sgariglia, «tiene que ver con la situación de persecución que hay en sus países de origen debido a su orientación sexual o identidad de género que hace que las personas se vean en la necesidad de huir. En este caso fue venir a la Argentina a solicitar refugio para pedir la protección de parte del Estado argentino».

Según la última actualización del Informe de «Homofobia de Estado», de ILGA World, de diciembre de 2020, 67 Estados Miembros de Naciones Unidas presentan disposiciones que penalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo.

Seis de ellos lo hacen con la pena de muerte (Arabia Saudita, Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria (en doce Estados del norte del país) y Yemen, y en otros cinco «ciertas fuentes indican que podría potencialmente imponerse la pena de muerte»: Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Qatar y Somalia.

También, según indica el informe, hay al menos 42 Estados Miembros de Naciones Unidas con restricciones jurídicas a la libertad de expresión en cuestiones vinculadas con la diversidad sexual y de género.

John Mogent (34) y Richard Hillary (31) llegaron a la Argentina en 2017 desde Jamaica, uno de los países que penaliza los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo, a través de la Ley de Delitos contra las Personas, de 1864, cuya última reforma fue en 2009.

«Nos amenazaron, fuimos discriminados y la razón por la que vinimos aquí fue para comenzar una nueva vida, un nuevo capítulo para ver un cambio en nuestra vida», dijo John, que está en pareja con Richard desde hace seis años.

Este año decidieron casarse, lo que consideran «una gran oportunidad porque no muchos países tienen esa opción para las personas LGBT».

«Nos alegramos de hacerlo, la pasamos muy bien, disfrutamos. Debemos decir a las personas que lucharon por conseguir esta ley por los derechos de las personas LGBT para poder casarse que sepan que lo apreciamos y fue una gran oportunidad casarnos aquí en Argentina», concluyó.

Diversidad

Día Internacional del Orgullo: diversidad e igualdad, los enemigos de Milei

Cada 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT+, una jornada que reivindica la diversidad, la igualdad de derechos y la lucha contra la discriminación. La fecha recuerda los disturbios de Stonewall, considerados el punto de partida del movimiento moderno por los derechos del colectivo.

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Cada 28 de junio, millones de personas en todo el mundo conmemoran el Día Internacional del Orgullo LGBT+, una fecha que combina celebración, memoria y reivindicación. Más que un festejo, se trata de una jornada para visibilizar la diversidad de género, reclamar igualdad de derechos y denunciar las distintas formas de discriminación y violencia que aún afectan a lesbianas, gays, bisexuales, personas trans, intersexuales y otras identidades de la diversidad.

Las marchas, festivales y actividades que se realizan en decenas de ciudades del mundo tienen un mismo objetivo: promover sociedades más inclusivas, donde todas las personas puedan vivir con libertad, sin miedo y con pleno acceso a sus derechos.

¿Por qué el Día del Orgullo se celebra el 28 de junio?

La fecha recuerda los disturbios de Stonewall, ocurridos el 28 de junio de 1969 en el bar Stonewall Inn, ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village.

Aquella madrugada, una redada policial contra un espacio frecuentado por personas LGBT+ derivó en una respuesta inédita. Por primera vez, quienes sufrían persecución, detenciones arbitrarias y violencia institucional resistieron colectivamente los abusos policiales.

Las protestas se extendieron durante varios días y marcaron el nacimiento del movimiento moderno por los derechos LGBT+, impulsando la creación de organizaciones que comenzaron a reclamar igualdad legal y reconocimiento social en distintos países.

Una fecha para celebrar y también para reclamar

Con el paso de las décadas, el Día del Orgullo se transformó en un símbolo mundial de la lucha por los derechos humanos.

Si bien numerosos países avanzaron en el reconocimiento de derechos, como el matrimonio igualitario, las leyes de identidad de género y las normas contra la discriminación, organizaciones internacionales advierten que millones de personas LGBT+ continúan enfrentando violencia, discursos de odio, persecución y exclusión.

Por ese motivo, las movilizaciones del Orgullo mantienen un fuerte carácter reivindicativo y buscan visibilizar los desafíos pendientes en materia de igualdad.

Argentina, pionera en derechos

Argentina ocupa un lugar destacado en la región por los avances legislativos alcanzados en las últimas décadas.

En 2010 se convirtió en el primer país de América Latina en aprobar el Matrimonio Igualitario, garantizando a las parejas del mismo sexo los mismos derechos que a las parejas heterosexuales.

Dos años más tarde, en 2012, sancionó la Ley de Identidad de Género, considerada una de las más avanzadas del mundo por reconocer el derecho de toda persona a ser identificada de acuerdo con su identidad de género autopercibida, sin necesidad de intervenciones médicas ni autorizaciones judiciales.

A estos avances se sumaron políticas de inclusión, como el cupo laboral travesti-trans en el ámbito del Estado nacional y distintas normas destinadas a ampliar el acceso a derechos para el colectivo.

El significado de la bandera del orgullo

Uno de los símbolos más reconocidos de la jornada es la bandera arcoíris, creada en 1978 por el artista y activista Gilbert Baker.

Sus colores representan la diversidad y la convivencia de las distintas identidades y orientaciones sexuales, convirtiéndose con el tiempo en un emblema internacional de inclusión, respeto e igualdad.

Actualmente existen otras banderas que representan identidades específicas dentro del colectivo LGBT+, reflejando la pluralidad y la evolución del movimiento.

A más de medio siglo de Stonewall, el Día Internacional del Orgullo mantiene vigente su mensaje central: defender el derecho de todas las personas a vivir con dignidad, libertad e igualdad.

El rechazo a las políticas de género durante el gobierno de Milei

La conmemoración de este año encuentra a nuestro país en medio de un fuerte debate sobre las políticas públicas destinadas a garantizar los derechos de las personas LGBT+. Desde la asunción del presidente Javier Milei, organizaciones de derechos humanos, colectivos de la diversidad y organismos internacionales expresaron preocupación por decisiones oficiales que, según sostienen, implican un retroceso en materia de protección e inclusión.

Entre los principales cuestionamientos se encuentran el cierre y devastación de áreas estatales dedicadas a las políticas de género y diversidad, la eliminación de programas específicos, la eliminación de politicas del Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad (disuelto al inicio de la gestión) y el cuestionamiento de distintas políticas de acción afirmativa implementadas en años anteriores.

Además, distintas organizaciones denunciaron un incremento de los discursos estigmatizantes contra el colectivo LGBT+ por parte de funcionarios y referentes oficialistas.

En ese contexto, advirtieron que ese clima puede favorecer situaciones de discriminación y violencia, y reclamaron el cumplimiento efectivo de leyes como la de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género y el cupo laboral travesti-trans, entre otras normas vigentes.

Desde el Gobierno nacional, en tanto, sostienen que los derechos consagrados por esas leyes continúan plenamente vigentes y que las modificaciones impulsadas responden a una política de reducción del Estado y de eliminación de estructuras que consideran innecesarias, sin que ello implique desconocer las garantías reconocidas por la legislación.

En ese escenario, la Marcha del Orgullo y las actividades del 28 de junio volvieron a convertirse en un espacio de reivindicación no solo de los derechos conquistados, sino también de los reclamos para que las leyes aprobadas por el Congreso se implementen de manera efectiva y se sostengan las políticas públicas destinadas a prevenir la discriminación y garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas.

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