Diversidad
«No podíamos creer que éramos libres», dijo una refugiada LGBT+ que se casó en Argentina
«Cuando en enero nuestro avión llegó a la Argentina, Anna y yo comenzamos a llorar. No podíamos creer que éramos libres», dijo Anastasia, para quien la Ley de Matrimonio Igualitario, que este viernes cumple su doceavo aniversario, es «una oportunidad maravillosa».
Anastasia y Anna son una pareja de mujeres rusas que llegó a la Argentina en enero de este año para pedir asilo por pertenecer al colectivo LGBT+, perseguido en su país que, al igual que John y Richard, provenientes de Jamaica, hace pocos meses lograron casarse bajo la Ley de Matrimonio Igualitario, que garantiza este derecho desde hace 12 años en el país y también a extranjeros.
«Cuando en enero nuestro avión llegó a la Argentina, Anna y yo comenzamos a llorar. No podíamos creer que éramos libres», dijo Anastasia, para quien la Ley de Matrimonio Igualitario, que este viernes cumple su doceavo aniversario, es «una oportunidad maravillosa».
Anna (33) y Anastasia (44) llevan el mismo apellido, Domini, para hacerse pasar por hermanas en su país natal.
«Nos conocimos en 2009, cuando yo era una activista LGBT y abogada de la organización LGBT ‘Krug Karelia’ -que ya no existe- en mi oficina a partir de un evento donde miramos y debatimos la película ‘Rainbow families'», contó Anastasia.
En marzo del año siguiente formaron pareja y en 2016 tuvieron su primer par de hijos mellizos, Mikhail y Aksinia, y en 2019 nacieron sus hijas menores, Agata y Uma.
«En ese entonces, la situación LGBT+ en Rusia se volvió más difícil. Desde el 2013, cuando el Gobierno aceptó la ley que prohíbe la propaganda LGTB, en efecto significaba que nos teníamos que olvidar de decirle a nuestros hijos que éramos una familia. Conocimos casos donde los chicos fueron tomados de familias LGBT+ y puestos en custodia. Comenzamos a tener miedo, y el miedo aumentó día a día», explicó Anastasia.
La última situación crítica que vivieron fue en 2021, cuando la policía visitó su casa para preguntarle a Anastasia con quién vivía y quién criaba a sus hijas menores.
«Cuatro meses después de esto, vendimos nuestro departamento, todas nuestras cosas, renunciamos al trabajo y nos fuimos de Rusia», contó.
Anastasia y Anna siempre quisieron casarse, y para ellas es importante tener todos sus derechos «como familia, como pareja y como dos mamás».
«Aceptación, respeto y derechos jurídicos es lo que necesitamos. Cuando supimos que en Argentina se nos podía proporcionar esas cosas decidimos venir», relató.
En enero de este año llegaron a la Argentina y el 11 de marzo se casaron.
«Fue el casamiento que soñamos. Nuestros amigos rusos y argentinos, hermosos vestidos, todos felices», dijo Anastasia.
Luego de la celebración, pidieron asilo en el país: «Sabemos que la gente en Rusia que nos conoce saben que dejamos el país por ser una familia lesbiana, y nuestros amigos nos dicen que es mejor para nosotras no volver. Igualmente no queremos hacerlo».
La Ley de Matrimonio Igualitario logró un antes y un después en sus vidas.
«Es una maravillosa oportunidad para que familias absolutamente diferentes puedan tener derechos y garantías de que son visibles, son aceptadas y son importantes», sostuvo Anastasia.
Desde enero de 2010 hasta junio de 2020, 43 personas obtuvieron efectivamente la protección del Estado argentino en calidad de refugiados, según los últimos datos de la la Comisión Nacional de Refugiados (Conare).
«En general vienen a solicitar refugio, y al estar acá se enteran que se pueden casar y muchos deciden hacerlo, sabiendo que pueden acceder a ese derecho en este país», explicó Maribe Sgariglia, integrante de la Federación Argentina LGBT y la Defensoría LGBT, perteneciente a la Defensoría del Pueblo porteña.
Las razones para pedir asilo, dijo Sgariglia, «tiene que ver con la situación de persecución que hay en sus países de origen debido a su orientación sexual o identidad de género que hace que las personas se vean en la necesidad de huir. En este caso fue venir a la Argentina a solicitar refugio para pedir la protección de parte del Estado argentino».
Según la última actualización del Informe de «Homofobia de Estado», de ILGA World, de diciembre de 2020, 67 Estados Miembros de Naciones Unidas presentan disposiciones que penalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo.
Seis de ellos lo hacen con la pena de muerte (Arabia Saudita, Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria (en doce Estados del norte del país) y Yemen, y en otros cinco «ciertas fuentes indican que podría potencialmente imponerse la pena de muerte»: Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Qatar y Somalia.
También, según indica el informe, hay al menos 42 Estados Miembros de Naciones Unidas con restricciones jurídicas a la libertad de expresión en cuestiones vinculadas con la diversidad sexual y de género.
John Mogent (34) y Richard Hillary (31) llegaron a la Argentina en 2017 desde Jamaica, uno de los países que penaliza los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo, a través de la Ley de Delitos contra las Personas, de 1864, cuya última reforma fue en 2009.
«Nos amenazaron, fuimos discriminados y la razón por la que vinimos aquí fue para comenzar una nueva vida, un nuevo capítulo para ver un cambio en nuestra vida», dijo John, que está en pareja con Richard desde hace seis años.
Este año decidieron casarse, lo que consideran «una gran oportunidad porque no muchos países tienen esa opción para las personas LGBT».
«Nos alegramos de hacerlo, la pasamos muy bien, disfrutamos. Debemos decir a las personas que lucharon por conseguir esta ley por los derechos de las personas LGBT para poder casarse que sepan que lo apreciamos y fue una gran oportunidad casarnos aquí en Argentina», concluyó.
Denuncia
Cinco años sin Tehuel: un condenado con perpetua firme, pero su cuerpo sigue ausente
A cinco años de la desaparición y asesinato de Tehuel de la Torre, el joven varón trans de 21 años que salió a buscar trabajo y nunca regresó, la justicia confirmó la prisión perpetua para el principal condenado, pero su cuerpo sigue sin aparecer. La causa expone las condiciones de vulnerabilidad estructural que enfrentan las personas trans en el mercado laboral informal y la violencia que se ejerce contra su identidad, incluso después de la muerte.
★ El 11 de marzo de 2021, Tehuel de la Torre, de 21 años, varón trans, salió de su casa en el partido bonaerense de San Vicente para concurrir a una entrevista de trabajo. Le habían ofrecido un puesto de mozo en un evento. Nunca regresó. Cinco años después, su cuerpo sigue sin ser encontrado, pero quien lo mató ya tiene condena firme: prisión perpetua.
Una condena que tardó tres años en consolidarse
El 30 de agosto de 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata, integrado por los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Ramiro Fernández Lorenzo, declaró culpable a Luis Alberto Ramos, de 37 años, por el asesinato de Tehuel. El tribunal lo encontró responsable no solo del crimen sino también de la desaparición del cuerpo, y reconoció «el daño que eso provoca a sus seres queridos».
Esa condena fue confirmada el 11 de julio de 2025 por la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, que rechazó los recursos de apelación presentados por la defensa. Los jueces Daniel Carral y Ricardo Maidana ratificaron la pena máxima bajo el cargo de homicidio agravado por odio a la identidad de género y orientación sexual.
En los fundamentos de la resolución, el tribunal puso énfasis en la vulnerabilidad estructural de Tehuel como joven trans en situación de informalidad laboral: esa precariedad fue, según los jueces, la condición que Ramos aprovechó para atraerlo hasta su domicilio. El fallo también señaló que la desaparición del cuerpo y la quema de sus pertenencias constituyeron un acto simbólico de negación de su identidad, lo que reforzó la existencia de un móvil discriminatorio.
Las pruebas que sostuvieron la condena máxima
La investigación judicial acumuló una cadena de evidencias que desbarataron la versión de Ramos y del otro acusado, Oscar Montes. Entre los elementos determinantes figuran:
- Registros de cámaras de seguridad que ubicaron a Tehuel en el trayecto hacia la vivienda de Ramos.
- La tarjeta SUBE de la víctima, que rastreó sus movimientos.
- Geolocalización del celular de Tehuel, que lo situó en el domicilio de Ramos.
- Una fotografía tomada a las 20:42 hallada en el teléfono del propio Tehuel, que contradijo la versión inicial de los acusados.
- Restos calcinados de pertenencias de la víctima, hallados en un terreno.
- Análisis de manchas hemáticas con perfil genético coincidente con Tehuel, encontradas en las paredes de la casa de Ramos.
- La campera del joven, hallada prendida fuego.
- La conducta evasiva del imputado durante toda la investigación.
La denuncia había sido radicada el 13 de marzo de 2021 por Michelle, novia de Tehuel, en la Comisaría 1° de San Vicente, luego de dos días sin noticias. Fue entonces cuando la Policía geolocalizó el celular de la víctima en el domicilio de Ramos.
El caso Montes: todavía sin juicio
El destino judicial de Oscar Montes, el segundo acusado, permanece abierto. Se aguarda el inicio de su debate por jurados, una instancia que todavía no tiene fecha confirmada.
Ramos y Montes fueron detenidos originalmente bajo los cargos de encubrimiento, entorpecimiento de la investigación y falso testimonio. Ambos siempre negaron su participación en el crimen, pero las pruebas reunidas a lo largo de la investigación contradijeron sistemáticamente sus declaraciones.
El cuerpo que no aparece: una herida abierta
A cinco años del crimen, el cuerpo de Tehuel sigue sin ser encontrado. Esa ausencia no es solo una deuda con su familia y su comunidad: es también una dimensión específica del crimen, reconocida como tal por el propio tribunal.
El Ministerio de Seguridad Nacional estableció una recompensa de 5 millones de pesos para quienes aporten datos certeros sobre el paradero de la víctima. Hasta ahora, esa información no llegó.
Un crimen que es también un espejo
El caso de Tehuel de la Torre no es un episodio aislado. Es el reflejo de una violencia sistemática contra las personas trans, que en Argentina continúan siendo uno de los colectivos con menor acceso al mercado laboral formal, mayor exposición a la precariedad y mayor riesgo frente a la violencia. Salir a buscar trabajo, como hizo Tehuel, no debería ser un acto que cueste la vida.
La condena a Ramos es un paso institucional necesario. Pero cinco años después, sin cuerpo, sin juicio para Montes y con la estructura de desigualdad que hizo posible el crimen todavía intacta, la justicia para Tehuel sigue siendo incompleta.
Puntos clave
- Tehuel de la Torre, varón trans de 21 años, desapareció el 11 de marzo de 2021 en San Vicente, provincia de Buenos Aires.
- Luis Alberto Ramos fue condenado a prisión perpetua por homicidio agravado por odio a la identidad de género; la condena fue confirmada por Casación el 11 de julio de 2025.
- El tribunal reconoció que la desaparición del cuerpo y la quema de pertenencias constituyeron una negación simbólica de la identidad de Tehuel.
- El cuerpo de Tehuel no fue encontrado tras más de cuatro años de búsqueda.
- Oscar Montes, segundo acusado, aguarda el inicio de su juicio por jurados. ★
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