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Diversidad

«No podíamos creer que éramos libres», dijo una refugiada LGBT+ que se casó en Argentina

«Cuando en enero nuestro avión llegó a la Argentina, Anna y yo comenzamos a llorar. No podíamos creer que éramos libres», dijo Anastasia, para quien la Ley de Matrimonio Igualitario, que este viernes cumple su doceavo aniversario, es «una oportunidad maravillosa».

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Anastasia y Anna son una pareja de mujeres rusas que llegó a la Argentina en enero de este año para pedir asilo por pertenecer al colectivo LGBT+, perseguido en su país que, al igual que John y Richard, provenientes de Jamaica, hace pocos meses lograron casarse bajo la Ley de Matrimonio Igualitario, que garantiza este derecho desde hace 12 años en el país y también a extranjeros.

«Cuando en enero nuestro avión llegó a la Argentina, Anna y yo comenzamos a llorar. No podíamos creer que éramos libres», dijo Anastasia, para quien la Ley de Matrimonio Igualitario, que este viernes cumple su doceavo aniversario, es «una oportunidad maravillosa».

Anna (33) y Anastasia (44) llevan el mismo apellido, Domini, para hacerse pasar por hermanas en su país natal.

«Nos conocimos en 2009, cuando yo era una activista LGBT y abogada de la organización LGBT ‘Krug Karelia’ -que ya no existe- en mi oficina a partir de un evento donde miramos y debatimos la película ‘Rainbow families'», contó Anastasia.

En marzo del año siguiente formaron pareja y en 2016 tuvieron su primer par de hijos mellizos, Mikhail y Aksinia, y en 2019 nacieron sus hijas menores, Agata y Uma.

«En ese entonces, la situación LGBT+ en Rusia se volvió más difícil. Desde el 2013, cuando el Gobierno aceptó la ley que prohíbe la propaganda LGTB, en efecto significaba que nos teníamos que olvidar de decirle a nuestros hijos que éramos una familia. Conocimos casos donde los chicos fueron tomados de familias LGBT+ y puestos en custodia. Comenzamos a tener miedo, y el miedo aumentó día a día», explicó Anastasia.

La última situación crítica que vivieron fue en 2021, cuando la policía visitó su casa para preguntarle a Anastasia con quién vivía y quién criaba a sus hijas menores.

«Cuatro meses después de esto, vendimos nuestro departamento, todas nuestras cosas, renunciamos al trabajo y nos fuimos de Rusia», contó.

Anastasia y Anna siempre quisieron casarse, y para ellas es importante tener todos sus derechos «como familia, como pareja y como dos mamás».

«Aceptación, respeto y derechos jurídicos es lo que necesitamos. Cuando supimos que en Argentina se nos podía proporcionar esas cosas decidimos venir», relató.

En enero de este año llegaron a la Argentina y el 11 de marzo se casaron.

«Fue el casamiento que soñamos. Nuestros amigos rusos y argentinos, hermosos vestidos, todos felices», dijo Anastasia.

Luego de la celebración, pidieron asilo en el país: «Sabemos que la gente en Rusia que nos conoce saben que dejamos el país por ser una familia lesbiana, y nuestros amigos nos dicen que es mejor para nosotras no volver. Igualmente no queremos hacerlo».

La Ley de Matrimonio Igualitario logró un antes y un después en sus vidas.

«Es una maravillosa oportunidad para que familias absolutamente diferentes puedan tener derechos y garantías de que son visibles, son aceptadas y son importantes», sostuvo Anastasia.

Desde enero de 2010 hasta junio de 2020, 43 personas obtuvieron efectivamente la protección del Estado argentino en calidad de refugiados, según los últimos datos de la la Comisión Nacional de Refugiados (Conare).

«En general vienen a solicitar refugio, y al estar acá se enteran que se pueden casar y muchos deciden hacerlo, sabiendo que pueden acceder a ese derecho en este país», explicó Maribe Sgariglia, integrante de la Federación Argentina LGBT y la Defensoría LGBT, perteneciente a la Defensoría del Pueblo porteña.

Las razones para pedir asilo, dijo Sgariglia, «tiene que ver con la situación de persecución que hay en sus países de origen debido a su orientación sexual o identidad de género que hace que las personas se vean en la necesidad de huir. En este caso fue venir a la Argentina a solicitar refugio para pedir la protección de parte del Estado argentino».

Según la última actualización del Informe de «Homofobia de Estado», de ILGA World, de diciembre de 2020, 67 Estados Miembros de Naciones Unidas presentan disposiciones que penalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo.

Seis de ellos lo hacen con la pena de muerte (Arabia Saudita, Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria (en doce Estados del norte del país) y Yemen, y en otros cinco «ciertas fuentes indican que podría potencialmente imponerse la pena de muerte»: Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Qatar y Somalia.

También, según indica el informe, hay al menos 42 Estados Miembros de Naciones Unidas con restricciones jurídicas a la libertad de expresión en cuestiones vinculadas con la diversidad sexual y de género.

John Mogent (34) y Richard Hillary (31) llegaron a la Argentina en 2017 desde Jamaica, uno de los países que penaliza los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo, a través de la Ley de Delitos contra las Personas, de 1864, cuya última reforma fue en 2009.

«Nos amenazaron, fuimos discriminados y la razón por la que vinimos aquí fue para comenzar una nueva vida, un nuevo capítulo para ver un cambio en nuestra vida», dijo John, que está en pareja con Richard desde hace seis años.

Este año decidieron casarse, lo que consideran «una gran oportunidad porque no muchos países tienen esa opción para las personas LGBT».

«Nos alegramos de hacerlo, la pasamos muy bien, disfrutamos. Debemos decir a las personas que lucharon por conseguir esta ley por los derechos de las personas LGBT para poder casarse que sepan que lo apreciamos y fue una gran oportunidad casarnos aquí en Argentina», concluyó.

CABA

Macri prohibió la Marcha del Orgullo por el Papa y luego dio marcha atrás

El Gobierno de la Ciudad prohibió eventos públicos en Buenos Aires entre el 6 y el 13 de noviembre por la visita del papa León XIV, lo que dejó en suspenso la 35.ª Marcha del Orgullo prevista para el 7 de noviembre. Ante el rechazo del colectivo LGBT+ y la polémica generada, Jorge Macri dio marcha atrás y anticipó un acuerdo para postergar la movilización, aunque las negociaciones siguen abiertas.

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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prohibió por Decreto la realización de eventos en el espacio público porteno entre el 6 y el 13 de noviembre, en el marco de los preparativos para la visita del papa León XIV.

La medida cayó directamente sobre la 35.ª Marcha del Orgullo, que estaba convocada para el sábado 7 de noviembre, un día antes de la llegada del Sumo Pontífice al país. Frente al rechazo del colectivo LGBTIQ+ y el escandalo público que despertó, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, dio marcha atrás y este martes anticipó un acuerdo con los organizadores para posponer la movilización.

“Esta es una Ciudad de diversidad y todos podemos hacer un poco de esfuerzo”, declaró Macri, aunque aclaró que las negociaciones aún continúan. La postura representó un giro notable: apenas 24 horas antes, la cuenta oficial del Gobierno porteno había descartado públicamente cualquier tipo de postergación.

La prohibición, el rechazo y el giro de Macri

La resolución del Gobierno porteno que veda los eventos públicos entre el 6 y el 13 de noviembre fue la chispa del conflicto. Los organizadores de la Marcha del Orgullo respondieron con dureza: “Comprendemos la relevancia institucional de la visita de un jefe de Estado y máximo representante de la Iglesia Católica. Lo que no comprendemos es que esa circunstancia sea presentada como una razón suficiente para plantear la suspensión de uno de los acontecimientos públicos más importantes, históricos y multitudinarios de la ciudad, aún más teniendo en cuenta que el papa llega a nuestro país recién al día siguiente”, sostuvieron en un comunicado. Los organizadores ratificaron la marcha para el 7 de noviembre y advirtieron que no aceptarían una cancelación unilateral.

La presión dio resultado. Macri, que días atrás había celebrado la visita papal con declaraciones efusivas, giró hacia un discurso de “convivencia” y anunció que existía un entendimiento en camino para acordar una nueva fecha con los organizadores, aunque el acuerdo definitivo todavía no está cerrado.

La visita papal y el operativo que condiciona la ciudad

El papa León XIV llegará a Argentina el 8 de noviembre, en el marco de su primera gira sudamericana, que también incluye Uruguay y Perú, y se extenderá hasta el 11 de noviembre. Será la primera visita de un pontífice al país en 39 años, desde que Juan Pablo II recorrió la Argentina en abril de 1987. Su agenda contempla actos multitudinarios en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El Gobierno nacional calificó la llegada del Papa de “visita histórica para todos los argentinos” y anunció “el operativo de seguridad más grande de la historia” para garantizarla. Ese contexto de excepcionalidad fue el argumento esgrimido por la alcaldía portena para justificar la prohibición de eventos públicos en la semana de la visita, una decisión que el colectivo LGBT+ entendió como una discriminación encubierta bajo el manto del protocolo.

Un derecho que no se negocia por decreto

La Marcha del Orgullo de Buenos Aires es uno de los eventos masivos más convocantes de América Latina, con una historia de más de tres décadas de movilización por los derechos de la comunidad LGBT+. Que una resolución administrative pueda suspenderla, aunque sea bajo el argumento de la logística papal, instala un precedente peligroso sobre el ejercicio del derecho a manifestarse en el espacio público. El giro de Macri no fue un reconocimiento de ese derecho, sino una reacción a la presión: primero prohibió, luego negó que hubiera marcha atrás, y finalmente anunció un acuerdo que aún no es tal.

La situación deja en evidencia la tensión entre la institucionalidad religiosa y los derechos de diversidad conquistados en décadas de lucha, una tensión que ningún discurso de “convivencia” puede resolver con una postergación de fecha.

Lo que tenés que saber

  • El Gobierno de la Ciudad prohibió eventos públicos en Buenos Aires entre el 6 y el 13 de noviembre por la visita del papa León XIV, afectando directamente la 35.ª Marcha del Orgullo convocada para el 7 de noviembre.
  • Los organizadores de la Marcha rechazaron la suspensión y advirtieron que el Papa llega al país recién el 8 de noviembre, un día después de la movilización.
  • El jefe de Gobierno Jorge Macri anunció este martes que existe un acuerdo en camino para posponer la Marcha, aunque las negociaciones aún continúan.
  • Apenas 24 horas antes, la cuenta oficial del Gobierno porteno había descartado cualquier postergación.
  • León XIV llegará a Argentina el 8 de noviembre, en su primera visita papal al país en 39 años, con una agenda que incluye Buenos Aires, Córdoba y Luján.
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