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Covid en China: 60.000 muertes en un mes

Luego de tres años de estricto control sanitario, Beijing levantó la mayoría de las restricciones en diciembre, en medio de unas multitudinarias protestas en contra de las medidas.

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El Gobierno chino informó hoy que unas 60.000 personas murieron por coronavirus o enfermedades asociadas al virus desde el levantamiento de las restricciones sanitarias el 8 de diciembre pasado.

Luego de tres años de estricto control sanitario, Beijing levantó la mayoría de las restricciones en diciembre, en medio de unas multitudinarias protestas en contra de las medidas.

Desde entonces el número de pacientes aumentó considerablemente y los hospitales y los crematorios se vieron desbordados.

Sin embargo, las autoridades solo habían informado un pequeño número de muertos, lo que valió críticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su falta de transparencia.

Beijing cambió su metodología para contabilizar las muertes por Covid-19 en diciembre y ahora solo se incluyen en las estadísticas las personas que fallecieron directamente de insuficiencia respiratoria relacionada con el coronavirus.

Esto implica que un gran número de muertes dejaron de ser registradas como directamente causadas por el virus, aunque figuran en las estadísticas como asociadas.

En medio de esas críticas, la Comisión Nacional de Salud dio hoy su primer balance de la pandemia desde el levantamiento de las restricciones sanitarias el mes pasado.

«Un total de 59.938» muertes relacionadas con el Covid-19 se registraron «entre el 8 de diciembre de 2022 y el 12 de enero de 2023», declaró en conferencia de prensa Jiao Yahui, jefa de la oficina de administración médica de la Comisión Nacional de Salud de China.

De estas muertes, 5.503 fueron causadas directamente por insuficiencia respiratoria relacionada con la Covid-19, señaló, según recogió la agencia de noticias AFP.

Además, 54.435 fallecimientos se debieron a enfermedades subyacentes asociadas al virus, informó la misma fuente.

Agregó que la ola de contagios parece haber alcanzado su pico y que el número de hospitalizaciones descendió durante los últimos días «tanto en las ciudades como en las zonas rurales», según las declaraciones que reproduce la agencia de noticias Europa Press.

La edad media de los fallecidos es de 80,3 años y nueve de cada 10 fallecidos tenían 65 años de edad o más, de acuerdo con el balance, presentado por Jiao y consignado por el South China Morning Post.

Esta cifra, que no tiene en cuenta los fallecimientos fuera del sistema hospitalario, está probablemente subestimada.

La OMS expresó varias veces sus dudas sobre los datos epidemiológicos brindados por el gigante asiático y hoy pidió información más detallada sobre la situación.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, solicitó «un desglose cronológico más detallado de los datos por provincia», en una conversación telefónica con Ma Xiaowei, director de la Comisión Nacional de Salud de China, según un comunicado de la organización internacional.

«Tedros también reiteró la importancia de una mayor cooperación y transparencia por parte de China», ya que la información «permite comprender mejor la situación epidemiológica y el impacto de esta ola» de la enfermedad en el país asiático, señaló el documento.

La OMS está «analizando esta información» y pide que «este tipo de información detallada se siga compartiendo con nosotros y con el público», indicó el comunicado.

Antes las críticas del organismo internacional, el Gobierno chino pidió a la OMS que adopte una postura «imparcial» sobre la pandemia.

El miércoles pasado, las autoridades sanitarias chinas afirmaron que por el momento «no era necesario» centrarse en el número exacto de muertes relacionadas con el virus, sino en «tratar a los pacientes».

El epidemiólogo Liang Wannian, que es jefe del grupo de expertos en covid en China para la Comisión Nacional de Salud, también subrayó que no existe un consenso internacional sobre cómo clasificar una muerte relacionada con covid.

Si «no se puede llegar a un consenso, cada país hará una clasificación según su propia situación», dijo Liang.

Economía 💲

Histórico en la OIT: el mundo reconoció que los repartidores son trabajadores y tienen derechos

¿Que garantiza el nuevo convenio?. La delegación argentina, encabezada por dirigentes de la CGT y la CATT, participó activamente del debate y presentó denuncias contra el gobierno de Milei por violaciones a la libertad sindical.

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En la histórica 114ª Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra, los 187 países miembros de la OIT adoptaron por amplia mayoría un convenio vinculante que garantiza salario mínimo, seguridad social, libertad sindical y transparencia algorítmica para repartidores, conductores y trabajadores de aplicaciones.

La delegación argentina, encabezada por dirigentes de la CGT y la CATT, participó activamente del debate y presentó denuncias contra el gobierno de Milei por violaciones a la libertad sindical.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó este viernes, en el cierre de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, el primer convenio global destinado a garantizar derechos laborales básicos para los trabajadores de la economía de plataformas digitales. El texto, resultado de dos años de negociaciones tripartitas entre gobiernos, empleadores y organizaciones sindicales, se adoptó por 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones en la asamblea anual del organismo, presidida por el ministro de Trabajo y Seguridad Social del Uruguay, Juan Castillo.

El convenio entrará en vigor una vez sea ratificado por al menos dos países miembros, a los doce meses de ese acto de ratificación. Su alcance es universal: se aplica a todos los trabajadores de plataformas digitales, independientemente de su situación laboral formal, lo que incluye a conductores de aplicaciones como Uber y Bolt, repartidores de servicios como Rappi y Glovo, y trabajadores remotos de plataformas de servicios digitales.

Un hito histórico tras décadas de precarización

La aprobación del convenio pone fin a décadas de vacío regulatorio que permitió a las grandes empresas tecnológicas operar en todo el mundo bajo el argumento de que sus trabajadores son «colaboradores independientes», negándoles acceso a salario mínimo, cobertura médica, jubilación y derecho a la sindicalización. El texto aprobado reconoce explícitamente que la economía de plataformas «está transformando significativamente el mundo laboral» pero identifica graves «déficits» en materia de trabajo decente que los marcos regulatorios nacionales no lograron corregir de manera uniforme.

El convenio establece que los trabajadores por aplicación deberán percibir una remuneración en ningún caso inferior al salario mínimo legal o negociado vigente en cada país, y acceder a protección en materia de seguridad social en condiciones equivalentes a las de cualquier otro trabajador. Además, obliga a las plataformas digitales a ser transparentes sobre sus mecanismos de pago, las deducciones aplicadas y el funcionamiento de los sistemas algorítmicos que asignan tareas, calculan tarifas, miden rendimiento y determinan bloqueos o suspensiones de cuentas.

Libertad sindical y transparencia algorítmica, en el centro

Entre los ejes centrales del convenio figura el reconocimiento expreso del derecho a la libertad de asociación sindical y a la negociación colectiva para los trabajadores de plataformas, un derecho que las empresas del sector negaron sistemáticamente durante años. El texto también insta a los Estados miembros a adoptar medidas para garantizar la eliminación del trabajo forzoso y del trabajo infantil en el sector, la no discriminación y entornos laborales seguros y saludables.

Respecto a los sistemas algorítmicos, el convenio obliga a las empresas a informar a los trabajadores cómo se toman las decisiones automatizadas que afectan su actividad y a reconocerles el derecho a impugnar esas decisiones. Este punto fue uno de los más disputados durante las negociaciones, dado el modelo de negocio de las grandes plataformas, que utilizan la gestión algorítmica como herramienta de control laboral sin intermediación humana.

Argentina en Ginebra: entre el nuevo convenio y las denuncias contra Milei

La delegación sindical argentina tuvo una activa participación en la 114ª Conferencia. Horacio Calculli, integrante de la delegación de la Confederación General del Trabajo (CGT), actuó en múltiples frentes durante las dos semanas de trabajo en Ginebra. En su carácter de secretario de Salud y Seguridad Operacional de la Asociación Argentina de Aeronavegantes mantuvo una reunión con Horacio Guido, especialista de la OIT en normas internacionales del trabajo, para dar seguimiento a la denuncia presentada por las organizaciones sindicales aeronáuticas argentinas ante los órganos de control del organismo.

Esa denuncia acusa al gobierno de Javier Milei de violar el derecho de huelga, deteriorar las condiciones laborales y perseguir a dirigentes sindicales, según fuentes gremiales consultadas. El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, advirtió antes de la conferencia que Argentina estaba en condiciones de quedar «en el banquillo de los acusados» ante el organismo internacional, dado el historial de violaciones laborales de la gestión libertaria. La postura del gobierno nacional fue defendida en Ginebra por el embajador Carlos Foradori, representante permanente ante los organismos internacionales con sede en esa ciudad, ya que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, no concurrió a la conferencia.

En paralelo, Calculli desarrolló una agenda internacional como miembro del Comité Ejecutivo Mundial de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) y como presidente del Grupo de Asesores sobre Economía de Plataformas de esa federación. En ese marco mantuvo una reunión con el presidente de la ITF, Frank Moreels, para analizar la situación del transporte en Argentina y América Latina y los desafíos que enfrentan las organizaciones sindicales ante los cambios tecnológicos y productivos. También participó de reuniones vinculadas a la estrategia global de la ITF para garantizar derechos laborales para trabajadores de plataformas.

En ese contexto, Calculli subrayó que los debates de la OIT son fundamentales para construir respuestas globales frente a los cambios que atraviesa el trabajo. «La defensa de la libertad sindical, la negociación colectiva y el trabajo decente sigue siendo una tarea central para el movimiento sindical internacional. Del mismo modo, resulta fundamental que los organismos internacionales continúen monitoreando el cumplimiento de los convenios internacionales ratificados por nuestro país», afirmó el dirigente, quien también integra la Comisión Directiva de la CATT.

El contexto argentino: reforma laboral regresiva y denuncias en el plano internacional

La aprobación del convenio llega en un momento en que el gobierno de Milei impulsa, mediante la reforma laboral contenida en la Ley de Modernización Laboral 27.802, un esquema regresivo para los derechos de los trabajadores.

La CATT, que agrupa a los gremios del transporte, expresó públicamente su oposición a esa norma, advirtiendo que «debilita la negociación colectiva, precariza condiciones laborales y desconoce conquistas históricas del movimiento obrero argentino». En ese cuadro, el nuevo convenio de la OIT sobre economía de plataformas ofrece al movimiento sindical local un instrumento jurídico de carácter internacional para disputar los derechos de los trabajadores digitales en el plano nacional.

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