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Entrevista

Crisis en Colombia: «La voz fundamental a escuchar es la de los muchachos que pelean en las calles»

Entrevista de Carlos Aznárez a Magaly Pino, integrante del Equipo Nacional de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos de Colombia. A lo largo del diálogo abordan la actual situación social y política en su país, la cruda represión y las luchas populares.

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El-Argentino-Protestas en Colombia

Entrevista del periodista Carlos Aznárez a Magaly Pino, integrante del Equipo Nacional de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos de Colombia. A lo largo del diálogo abordan la actual situación social y política de su país, la cruda represión y las luchas populares.

Por Carlos Aznárez*

Hablar con Magaly Pino es abrevar en una fuente informativa fundamental a la hora de saber cómo y por qué Cali se está movilizando con la fuerza que lo hace y también cuáles son las razones de que el sistema opresor gubernamental ha puesto en la mira a esa región del Valle del Cauca.

Magaly es integrante del Equipo Nacional de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos y también del Coordinador Agrario. Estas son sus opiniones sobre la actual situación de lucha popular en toda Colombia.

Magaly, te pido una primera reflexión sobre la actual situación.

Antes que nada quiero agradecer a la comunidad internacional que nos permitió dar a conocer todo lo que esta ocurriendo en nuestro país y sobre todo la violación tan grande de derechos humanos en este momento. Me refiero a la ciudad de Cali y otras ciudades donde la protesta, la movilización y la vulnerabilidad de derechos, que se han venido cometiendo, es más contundente. Es muy grande la cantidad de violaciones a los derechos humanos; contamos desaparecidos y personas asesinadas con tiros certeros, Por eso, decimos que todo esto que ocurre es parte de ese escenario genocida que venimos arrastrando históricamente. Ahora se traslada a las ciudades, pero nosotros en otro contexto ya manejábamos idénticas situaciones en el sector rural.

En Cali se ha generado una durísima represión, se bloquean comunicaciones, se hace desaparecer a muchos de sus habitantes. ¿El gobierno uribista quiere disciplinar y sentar ejemplo de terror?

Tendríamos que hablar de un contexto que proviene desde las grandes protestas del 21 de noviembre del 2019. Pensamos que estas expresiones que se han volcado en los últimos 10 días a las calles no sólo son el acumulado de los trabajos organizativos de los distintos procesos sino la sumatoria de indignación y desesperanza que genera el mal gobierno. La población colombiana ya hablaba de inconformidad con las políticas de gobierno encabezadas por Iván Duque, y que por fin se manifestaron en noviembre de 2019 con la toma de las calles. Movimientos con más protagonismo se dieron en la ciudad de Bogotá, convirtiendo a la fecha en un hito de las movilizaciones en la última década. Allí, también nos sorprendió un virus que amenazaba de muerte, y entonces el gobierno nacional desplegó una serie de medidas como contingencia al Covid, que no resultaron ser las más eficientes. Por el contrario, se ampliaron las brechas de desigualdad socioeconómica, el empobrecimiento de la clase media y los trabajadores. Se profundizaron condiciones de inconformidad o reinvención, que históricamente se las conoce aquí como “el rebusque”.

O sea que el Covid vino a ampliar la brecha de desigualdades y a poner en claro que el discurso neoliberal de Duque se resquebrajaba. ¿Frente a ello, ustedes siguieron movilizadxs?

El año de la pandemia puso en juego un caldero lleno de indignación que solo se intensificó con las medidas asumidas por el gobierno nacional y los diferentes gobiernos locales para afrontar el virus, cuarentenas excesivas, toque de queda, desalojos forzados, etc . Medidas que afectaron al pueblo colombiano económicamente y por supuesto a Cali.

Por esos días se dio el asesinato del abogado Javier Ordoñez que crispó aún más la situación.

Así es, en septiembre de 2020, la movilización social se activó como respuesta violenta al asesinato del abogado Ordoñez en un CAI (Centro de Atención Inmediata) de la Policía de Bogotá. Ordoñez muere producto de la brutalidad policial, que agudizó la represión en diversas ciudades, principalmente en la Capital. Empezamos a ver que muchos CAI fueron incendiados después de ser ocupados por jóvenes que respondían de esa manera a esos “escenarios de guerra” y repudiaban el asesinato del abogado, quien fue torturado y sometido a muchos vejámenes, que deterioraron rápidamente su salud, hasta su muerte. En homenaje a él los CAI se han convertido en varios sitios, en bibliotecas populares, en lugares de encuentros de formación. Aunque las protestas del actual paro nacional tienen otros elementos y actores importantes, no se puede ocultar la relación de estos antecedentes inmediatos con lo que sucede en la actualidad.

¿Crees que en estas luchas actuales está surgiendo un nuevo sujeto social, curtido en las calles y enfrentamientos con la policía?

Pensamos que esta organización es un momento que debe apuntarle a la construcción de poder popular. La cultura caleña, es decir el aleteo (baile típico de los jóvenes), la berraquera y la terquedad prendieron fuego a las calles. Ahí se hizo protagonista el barrio, y los pelados (jóvenes)que no tienen nada que perder, aquellos que no aceptan nada y ya no creen en promesas. Es decir, estos pelados, históricamente han sido abandonados y no tienen ninguna oportunidad económica fruto del desplazamiento y abandono histórico del sistema y sus políticas de guerra. Los muchachos no tienen oportunidad de estudiar y su costo para la inserción laboral es dificultosa.

Estos son los que crean, en la lucha callejera contra el Esmad, los escudos para protegerse, que atacan y se defienden con piedras, es la voz del movimiento popular que propone y legitima confrontar a las autoridades del gobierno, aún sabiendo que su más evidente estrategia es callarnos a balazos. Esos muchachos y muchachas no temen perder. Nos decían a nosotros cuando entrábamos como organizaciones de derechos humanos a interlocutar: «Hemos perdido todo que ya no nos importa perder la vida, estamos dispuestos a todo» . Hoy el «pedazo», el barrio, como le llaman ellos, cuenta con una “primera línea” dispuesta a morir en la barricada. Cuenta con la colectividad humana que cocina, canta, pinta y cura.

Alrededor de estos ejercicios de resistencia, es el barrio el que permite curar los heridos, atenderlos y cuidarlos, asumiendo esa responsabilidad. Incluso en el momento de la confrontación, proveer del agua con bicarbonato o la leche para repeler los gases, es la comunidad la que asume esta responsabilidad. Entonces, aunque ellos no tengan una propuesta política, hacen un llamado a cambiar el país. Es claro que a la política de la muerte la enfrentamos con la política del cuidado, con que siempre hemos intentado construir el mundo, en el cual tenemos el cuerpo y trabajo, y a otros para tejer. Allí, entonces, se han edificado unas conversas y relaciones entre vecinos que ha permitido reconocerse como individuos víctimas de la política de Estado.

¿La calle actúa como escuela y universidad para estas luchas?

Como proceso organizado debemos tomarnos el tiempo de analizar la situación, los actores y el contexto. Es claro que suele desbordar nuestros análisis y está bien que así suceda. Pensamos que la calle es y siempre será nuestra escuela, y esta nos enseña que la solidaridad es la práctica en que los barrios y comunidades construyen lazos sólidos. Que la política de la muerte los fortalece. Que los pelados comen mejor en el piquete y la barricada que en la casa. Las ollas comunitarias se arman en un dos por tres que los jóvenes están cansados de las injusticias y la exclusión. Es nuestro análisis cuando visitamos esos puntos de resistencia, donde los mal llamados “vándalos” son estigmatizados. Ahí comprobamos que aunque ellos no tengan suficientes estudios o un doctorado, nos enseñan todos los días en que los cruzamos en las calles.

Actualmente, las violaciones de derechos humanos se repiten incesantemente y la confrontación y esa rabia se da en las calles. Eso significa que durante el día no ocurren grandes enfrentamientos, se mantienen los puntos de resistencia, se conversa e intercambia entre los vecinos, se realizan actos culturales e incluso la gente aprovecha para conocerse ya que hace años que viven en un barrio pero no han llegado a intercambiar entre ellos. Así hablan de los males que los aquejan, ya no solo como integrantes de una familia o un barrio, sino también de una comuna y un país.

Frente a este escenario popular, el gobierno comienza a aplicar otra modalidad y forma de conflicto, como el tratamiento de guerra y atropellamiento total cuando ingresa la policía con todos sus aparatos antiterroristas. Utilización de armamento pesado contra piedras y palos. Esto lo hemos visto porque nosotros caminamos los terrenos, saliendo desde muy temprano para posibilitar el encuentro entre jóvenes y permitiendo que tengan atención. En ese recorrido se dan escenas que vimos en ciudades con muchísima confrontación, donde las misiones médicas se arman en una esquina, en un garaje, en la caseta comunal, o la gente nos abre las casas para atender a la misión médica.

De parte del Estado también se ilegalizan la represión, en un país donde el paramilitarismo campa a sus anchas.

La violación de Derechos Internacionales es asumida con total impunidad por el Estado. Los “escuadrones de la muerte” salen en las noches con camionetas blindadas, armas de corto y largo alcance. Lesionan, hieren y asesinan a las personas. También encontramos un aparato judicial lento en acelerar investigaciones, comprometidos con el esclarecimiento de la verdad de decirnos qué es lo que está pasando y porque esos escuadrones y sus camionetas circulan con legalidad e impunidad en una ciudad como Cali, donde en cada cuadra hay policías y militares desplegados. Ellos actúan a diario, matan a nuestros jóvenes y nunca son apresados. Está claro que estos grupos están estrechamente relacionados con la fuerza pública.

Un ejemplo claro lo tuvimos estos días cuando sale el Estrato 7, los barrios donde viven los industriales, los dueños de la economía y atacan a tiros a la comunidad organizada, a la minga indígena. Pero no es cualquier cosa, esta gente está más armada que la escuela sicarial, con fusiles, pistolas, camionetas blindadas. Disparan entonces a diestra y siniestra, y se puede ver en las imágenes que están acompañados por la policía. De allí, que sea urgente que la comunidad internacional, frente al silencio de los grandes medios de comunicación cooptados por el Estado, se hagan cargo de nuestras denuncias y llamados para este acompañamiento. Si bien es cierto, que los militares no están oficialmente en el poder como en una dictadura, sí están accionando. Tenemos al Ministro de Defensa dando órdenes de arrasamiento total en contra de una población civil desarmada.

Hablabas de la gente que se moviliza en las calles, incluso pasando por encima de las organizaciones tradicionales como ha ocurrido en Chile en similar situación, demostrando el cansancio no solamente del neoliberalismo sino el hartazgo frente a la politiquería burguesa. Sin embargo, al calor de esta lucha, empiezan a aparecer los oportunistas de los partidos tradicionales que tratan de llevar agua para su molino en el sentido electoralista ¿Cómo están viendo esas actitudes desde la calle, y más concretamente, desde la militancia en el Congreso de los Pueblos?

Esto que se da en Colombia no es espontáneo. Sabemos que el modelo se reagrupa y se prepara, no solo desde el 2019, sino que se está cumpliendo con un libreto donde el capital desarrolla esa trama. Sensibilidades como esas frente al oportunismo que hay de la oligarquía, que muestra a los partidos políticos como los salvadores de esta situación que estamos pasando ahora. Pero los muchachos rechazan todas estas maniobras porque nunca se han sentido incluidos dentro de estas políticas. Otro tema candente es el desgaste que genera la guerra. Hay que recordar que nosotros llevamos, en el Valle del Cauca, desde el 28 de abril hasta hoy 98 desaparecidos en este solo departamento. Pensamos que es una forma acelerada, que ni siquiera se dio en una dictadura. Por otro lado, se hicieron las cifras y ya tenemos 500 desaparecidos en el país.

El Gobierno habla de diálogo pero sigue metiendo bala. ¿Es posible dialogar en lo inmediato?

Hay que entender que hay un desgaste frente a la confrontación, y que las organizaciones sociales y de derechos humanos, también dialogamos e insistimos en que hay que cuidar la vida, pero no llamamos a desistir de la lucha. Hay una decisión de los barrios e incluso de la clase media, que han salido en marchas multitudinarias históricamente y de respaldo al paro. Por eso, tenemos que pensar en cual va a ser la mejor forma de continuar en este ejercicio, esto no puede ser eterno y hay que imaginar qué vamos a hacer después de esto, cómo vamos a decirle a los muchachos qué hacer, cuando son ellos quienes están poniendo su cuota más alta en la lucha.

Por otro lado, como organizaciones de derechos humanos, nosotros también hemos sido atacados. A la misión de 10 compañeros que estábamos en una misión médica nos acorralaron y nos recibieron a punta de plomo. Entonces, ahora se han comenzado a hacer asambleas populares en los barrios y llamando a los muchachos, aunque tenemos claro que no representamos a esos muchachos. Aquí no hay que hacer suplantaciones, son esas comunidades que tienen que llegar a una gran mesa de diálogo nacional pero que no sea el comando nacional del paro el que venga a decir paramos hoy o iniciamos este diálogo, sin tener en cuenta esas necesidades que los muchachos de los territorios y a través de asambleas populares van a construir como propuesta. Son ellos la voz fundamental a escuchar, los que nos dicen, sí, la reforma tributaria fue retirada pero nos preguntan: qué pasa con la salud, queremos estudiar, queremos trabajo, no queremos terminar en las escuelas de sicarios, no queremos terminar en la delincuencia.

Por eso decimos que son ellos los principales protagonistas y no otros, que nunca han estado, que nunca los han incluido, pero que los visitan para acumulación electoral.

*Carlos Aznárez es un periodista de larga trayectoria en medios de prensa escrita y digital, radio y televisión. Tiene escritos varios libros, principalmente de temas de política internacional. Es el creador y director del periódico Resumen Latinoamericano. Además, en Venezuela es coordinador de las Cátedras Bolivarianas, ámbito de reflexión y debate sobre América Latina y el Tercer Mundo.

Entrevista

“Rezamos cada mañana para no dormir en la calle”: huyó de la violencia machista en Argentina y denuncia abandono en España

Valeria De Bernardinis habló con El Argentino sobre la violencia que la obligó a huir del país junto a sus hijos. Hace siete años viven en España entre la precariedad, las secuelas psicológicas y el temor de quedar en la calle, mientras reclaman ayuda urgente del consulado argentino y que la Justicia los reconozca como víctimas para acceder a derechos básicos.

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Vivimos el día a día, prácticamente no tenemos para comer. Rezamos cada mañana para no dormir en la calle esa misma noche”. La frase sale de la boca de Valeria De Bernardinis, pero atraviesa a toda la familia. «Hace 7 años y 145 días» vive en España junto a sus dos hijos menores -hoy 16 y 19 años-, uno de ellos con autismo severo y el otro diagnosticado con trastorno por estrés postraumático. Escaparon de Argentina después de años de violencia extrema, amenazas y denuncias que -asegura- nunca lograron protegerlos del todo.

Hoy, lejos de encontrar tranquilidad, dice sentirse nuevamente abandonada. “El consulado argentino nos ha abandonado literalmente”, denuncia, al tiempo que reclama una vivienda urgente, la restitución de la pensión por discapacidad de uno de sus hijos -suspendida desde febrero- y que la Justicia española finalmente los reconozca a los tres como víctimas de violencia machista, condición que les permitiría acceder a asistencia económica, programas habitacionales y derechos básicos. 

Un botón antipánico y 148 denuncias

La historia que hoy la tiene al borde de quedar en la calle comenzó mucho antes de España. Valeria ya era madre de un hijo de 11 años de un matrimonio anterior cuando conoció a Dionisio Ruiz Díaz a comienzos de los 2000. “Él lo quería más que a sus propios hijos”, recuerda con angustia.

Al principio, la violencia fue silenciosa: “Me fue apartando de mis amistades, de todo mi entorno. Me hacía creer que sin él yo no era nadie”. Después llegaron los golpes: “Perdí cinco embarazos por las palizas”. Durante años ocultó la violencia incluso frente a médicos y conocidos. “Decía que me había caído o golpeado con una puerta”, y confiesa que sentía «vergüenza«. 

Valeria asegura que convivió durante años con miedo constante. En octubre de 2016 consiguió una perimetral y fue una de las primeras mujeres de Almirante Brown en recibir un botón antipánico. “A mí ese botón me salvó la vida”, asegura.

Pero ni las denuncias ni las restricciones alcanzaron para frenar a su agresor. Según relata, violentaba las órdenes de alejamiento y vigilaba la vivienda permanentemente. Valeria llegó a realizar “59 denuncias en lo civil y 89 en lo penal”. El episodio que terminó de quebrarlo todo ocurrió una semana antes de viajar a España. Según cuenta, su expareja intentó incendiar la casa familiar de Claypole mientras ella y los chicos estaban adentro: “Escondí a mis hijos debajo de la cama y pensé: ‘Que sea lo que Dios quiera’”. 

Asimismo, cuenta que la policía llegó después de la activación del botón antipánico y que el hombre «fue detenido con un bidón de combustible en la mano». Sin embargo, horas después recuperó la libertad: “Me dijeron que cuando llegara a mi casa avisara para poder soltarlo”.

Dormían todos juntos en el comedor mientras patrulleros vigilaban la casa durante la noche. Para llevar a su hijo a las terapias necesitaba custodia policial. “A cada hora me llamaban para ver si seguía viva”.

Cabe señalar que la historia de Valeria refleja una problemática estructural que se repite en muchos casos de violencia de género: mujeres que denuncian durante años y aun así continúan expuestas a situaciones extremas. Según el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, de La Casa del Encuentro, durante 2025 hubo 262 víctimas fatales de violencia de género en Argentina: un femicidio cada 33 horas. 

Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.

En esta misma línea, la Asociación Civil “Ahora que sí nos ven” registra que entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026 hubo 80 víctimas fatales de violencia de género: un femicidio cada 36 horas. Casi el 20% de esas mujeres había denunciado previamente y en el 70% de los casos los agresores eran parejas o exparejas.

“Hasta que no subí al avión no sabía si iba a seguir con vida”

Después de aquél episodio, escapar fue la única alternativa posible. Valeria consiguió la autorización del padre para sacar legalmente a los chicos del país, vendió su casa y armó las valijas de madrugada. “Hasta que no subí al avión no sabía si iba a seguir con vida”, confiesa.

El refugio apareció a través de Facebook. Una familia española le ofreció alojamiento después de conocer su historia. Pero cuando llegó, asegura, todo fue distinto: “Me usaron”.

Según relata, le quitaron dinero, contactos y documentación y, cuando “se acabó el dinero”, los echaron de la casa en plena pandemia. “Dormíamos en el piso y nos tapábamos con nuestra propia ropa”.

Durante estos años distintas asociaciones y personas particulares les brindaron ayuda. Pero con el tiempo -dice- muchos terminaron alejándose por el desgaste emocional y económico que implicaba sostener una situación tan prolongada. La sensación de haber cometido un error la acompañó desde el comienzo: “Sentí que había cometido el peor error de mi vida”.

El miedo siguió en España

Los hijos de Valeria llegaron a España siendo apenas chicos. Tenían 9 y 11 años. Atrás habían quedado las denuncias, los patrulleros y la violencia cotidiana. Pero el miedo -asegura- nunca desapareció del todo.

El menor fue diagnosticado con un grave trastorno por estrés postraumático. “El desarraigo es enorme. Mi hijo extraña a su hermano mayor, que se quedó en Argentina, y no puede con todo lo que vivimos”, cuenta.

Según relata, las secuelas psicológicas se profundizaron con los años. El menor atravesó situaciones de bullying y discriminación escolar que terminaron afectando seriamente su salud emocional.

Pero lo peor volvió a ocurrir hace tres años. Valeria asegura que su expareja logró encontrarlos en España y secuestró durante varias horas a uno de sus hijos. “Creo que me desmayé cien veces en ese lapso”.

Todavía hoy recuerda esas horas como uno de los momentos más desesperantes de su vida. Para ella, hubo fallas graves que permitieron el ingreso de su agresor al país. “No falló el juez. Falló la policía”.

“No quiero dormir en la calle con mis hijos”

Siete años después de haber escapado de Argentina, Valeria asegura que volvió a sentir el mismo miedo: quedarse sola, sin protección y sin un lugar donde vivir. “La situación es cada vez peor. Vivimos el día a día. Prácticamente no tenemos para comer”, relata.

Hoy reclama que la Justicia española finalmente cierre el expediente y los reconozca formalmente como víctimas de violencia machista, algo que -según denuncia- permanece paralizado desde hace más de siete años en el Juzgado Nº3 de Sant Feliu de Guíxols.

En España, ese reconocimiento puede habilitar el acceso a asistencia económica, programas de vivienda, apoyo psicológico y otras ayudas sociales específicas. “Hasta que no nos reconozcan como víctimas, no podemos acceder a derechos básicos”, explica.

A eso se suma otra urgencia: desde febrero dejó de cobrar la pensión por discapacidad de uno de sus hijos. “Era lo único que me llegaba. Y hasta eso me sacaron”. Valeria asegura haber presentado toda la documentación requerida, incluida la fe de vida ante el consulado argentino en Barcelona, pero afirma que todavía no obtuvo respuestas.

La situación no es aislada. En distintos puntos de Argentina, familias vienen denunciando suspensiones de pensiones por discapacidad, demoras administrativas y falta de respuestas oficiales, en un contexto atravesado por auditorías impulsadas por el Gobierno nacional que alcanzaron a más de 110.000 beneficios durante el último año.

Pero detrás de los expedientes, las auditorías y las demoras administrativas, la urgencia de Valeria y sus hijos es mucho más simple y brutal: sobrevivir. Sin ingresos estables y con miedo constante a quedarse en la calle, intenta sostener a sus hijos como puede. “No quiero dormir en la calle con mis hijos”, repite.

Y aunque el miedo y el agotamiento parecen haber atravesado cada etapa de su vida, hay una ausencia que todavía le duele más que cualquier otra: la de su hijo mayor, que permanece en Argentina y al que no ve desde hace más de siete años. “¿Sabés lo que daría por un abrazo?”, dice con la voz quebrada.

Si queres colaborar con Valeria:

Banco BBVA a nombre de
María Valeria De Bernardinis

“Hoy no sé quién soy”

La historia de Valeria también atraviesa otra búsqueda: la de su identidad. En Argentina, Abuelas de Plaza de Mayo estima que todavía quedan alrededor de 300 hombres y mujeres que podrían haber sido apropiados durante la última dictadura militar y aún desconocen su verdadera identidad. “Yo siempre supe que era adoptada”, cuenta.

Según relata, fue criada por un matrimonio italiano y sufrió violencia durante toda su infancia. “Yo siento que me criaron mis secuestradores”.

Años después, mientras revisaba viejas valijas familiares, encontró partidas de nacimiento y comenzó a investigar sus orígenes. Así fue como Valeria logró descubrir quién era su madre biológica. Se llamaba Teresa Sandoval y trabajaba en una casa de Capital Federal.

Hay toda una historia oscura detrás”, que incluso la llevó a sospechar que pudo haber sido víctima de apropiación ilegal durante la última dictadura militar. “Cuando mi mamá dio a luz, el hijo de esa familia se fue a Israel y la abuela se suicidó. Hay muchas cosas que nunca pude entender”. Hoy, sigue buscando respuestas: “No sé quién soy”.

Línea 102
Si necesitas ayuda o conoces a alguien que esté expuesto a violencia, llamá al 102. Es un servicio gratuito y confidencial, de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Podés llamar ante una situación de vulneración de derechos. Si vivís una emergencia llama al 911.

 

 

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