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Piden en las redes por la libertad de Assange en el tercer aniversario de su arresto

El australiano de 50 años fue arrestado desde la Embajada de Ecuador en Londres el 11 de abril de 2019 para enfrentar la justicia estadounidense por cargos de espionaje por la publicación de WikiLeaks de registros militares y cables diplomáticos estadounidenses confidenciales.

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El tercer aniversario del arresto del ciberactivista y fundador de WikiLeaks, Julian Assange, impulsa los reclamos y campañas en redes para impedir su extradición a Estados Unidos, mientras su equipo de defensa señaló que continuarán luchando para evitar que «enfrente cargos penales por publicar información veraz».

El australiano de 50 años fue arrestado desde la Embajada de Ecuador en Londres el 11 de abril de 2019 para enfrentar la justicia estadounidense por cargos de espionaje por la publicación de WikiLeaks de registros militares y cables diplomáticos estadounidenses confidenciales.

Desde entonces se encuentra recluido en una prisión de alta seguridad en Belmarsh, al sureste de Londres, y el mes pasado se casó con la abogada y pareja a largo plazo Stella Moris desde dentro de los muros.

Hoy, tres años después, la Alianza de Medios, Entretenimiento y Artes de Australia solicitó al Gobierno federal -ahora interino antes de las elecciones del 21 de mayo-, que utilice sus vínculos con Washington y Londres para poner fin a la extradición y retirar los 18 cargos contra a él.

El sindicato, del cual Assange es miembro desde 2009, señala que el alcance de los cargos estadounidenses pondrá en peligro a cualquier periodista del mundo que escriba sobre su Gobierno.

«El trabajo de Julian Assange con WikiLeaks fue importante y de interés público: exponer evidencia de crímenes de guerra y otras acciones vergonzosas de soldados estadounidenses en Irak y Afganistán», dijo hoy la presidenta federal de MEAA Media, Karen Percy.

«Las historias publicadas por WikiLeaks y sus principales socios de medios hace más de una década fueron recogidas por medios de comunicación de todo el mundo. Los cargos contra Assange son una afrenta para los periodistas de todo el mundo y una amenaza para la libertad de prensa.

«El Gobierno de Estados Unidos debe entrar en razón y retirar estos cargos, y el gobierno australiano debería hacer todo lo posible para representar los intereses de un ciudadano australiano», indicó.

En tanto, se potencian en redes las campañas #GreeAssangeNow (Liberen ya a Assange) una semana después de que Wikileaks informara que la Corte de Magistrados de Westminster, en Reino Unido, emitirá una orden de extradición a Estados Unidos contra el ciberactivista.

«Próxima audiencia: Corte de Magistrados de Westminster, miércoles 20 de abril, por la mañana. El magistrado dictará la orden de extradición de Julian Assange a Estados Unidos», escribió el 2 de abril WikiLeaks en su cuenta de la red social Twitter.

La orden se enviará luego a la ministra del Interior británica, Priti Patel, para su aprobación, indicó el mensaje.

«La defensa de Assange va a presentar sus argumentos ante Patel, con la fecha límite del 18 de mayo», añadió.

En diciembre, el Tribunal Superior del Reino Unido anuló un fallo que dictaminaba que el editor no debería ser extraditado a los EEUU, ya que sus problemas de salud mental significaban que correría el riesgo de suicidarse.

Su esposa, Stella Moris, con quien contrajo matrimonio en prisión el último 23 de marzo, denuncia que a Assange -que no fue visto por el público en tres años- no se le ha permitido estar en la corte para sus propias audiencias y que en octubre sufrió un ataque isquémico transitorio (AIT), o mini-ictus.

«La forma en que está siendo tratado es cruel e inhumana, y al público no le gusta. Así que las autoridades lo ocultan del público» denunció repetidamente la mujer en redes sociales.

«Julian está siendo desaparecido porque su encarcelamiento es una desgracia nacional, una vergüenza para el estado británico y un movimiento vicioso y autoritario», agregó.

El 13 del mes pasado, la Corte Suprema del Reino Unido había rechazado un pedido de Assange de apelar contra la decisión de un tribunal de extraditarlo.

La Corte dijo que denegó el pedido porque «no constituía una cuestión legal discutible».

Esa decisión legal prácticamente agotó las vías legales de Assange dentro del Reino Unido para evitar un juicio en tribunales estadounidenses.

Washington reclama la extradición del periodista, editor e informático australiano para juzgarlo por 17 presuntos delitos en violación de la ley de Espionaje de 1917 y uno de intromisión informática.

Las imputaciones, que se penalizan con hasta 175 años en prisión, se relacionan con el acceso y la publicación de partes militares de Irak y Afganistán, sobre la base de Guantánamo e informes diplomáticos, que desvelan crímenes de guerra y otros abusos de oficiales y autoridades estadounidenses.

Antes de eso, pasó siete años encerrado en la Embajada de Ecuador en Londres, donde buscó protección en 2012 para evitar la extradición a Suecia para enfrentar acusaciones de violación y agresión sexual.

Suecia abandonó las investigaciones de delitos sexuales en noviembre de 2019 porque había transcurrido mucho tiempo.

Los fiscales estadounidenses dicen que Assange ayudó ilegalmente a la analista de inteligencia del Ejército de Estados Unidos Chelsea Manning a robar cables diplomáticos clasificados y archivos militares que WikiLeaks publicó más tarde, poniendo vidas en peligro.

Los abogados de Assange argumentan que su cliente no debería haber sido acusado porque actuaba como periodista y está protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que garantiza la libertad de prensa.

WikiLeaks recibió el premio Walkley a la contribución más destacada al periodismo en 2011, uno de los premios de medios más prestigiosos de Australia.

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Chat Control: la ley europea que convierte tu celular en un testigo

El Parlamento Europeo debate una normativa que obligaría a escanear mensajes privados para detectar abuso sexual infantil, incluso en aplicaciones con cifrado de extremo a extremo. El debate enfrenta la protección de la infancia contra el derecho a la privacidad de millones de usuarios y pone en cuestión el futuro de las comunicaciones digitales.

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La propuesta "Chat Control 2.0" plantea extender ese escaneo a servicios con cifrado de extremo a extremo, lo que implicaría revisar mensajes en el dispositivo del usuario antes de que sean enviados.

Millones de conversaciones privadas, fotos, audios y textos intercambiados a diario en aplicaciones como WhatsApp o Signal podrían ser escaneados automáticamente antes de llegar a su destinatario. Eso es lo que prevé la normativa conocida como «Chat Control», una propuesta legislativa en debate en el Parlamento Europeo que divide a juristas, activistas digitales, gobiernos y organizaciones de derechos humanos en toda la Unión Europea.

La regulación apunta a detectar contenido de explotación sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés) en las comunicaciones digitales. En su versión vigente, una normativa temporal prorrogada hasta 2028 permite a las plataformas identificar de manera voluntaria ese tipo de material en mensajes privados, imágenes y videos. Pero la propuesta de largo plazo, denominada «Chat Control 2.0», plantea extender esa capacidad de detección también a los servicios con cifrado de extremo a extremo, lo que representa un salto cualitativo de enorme magnitud en términos de vigilancia digital masiva.

Un escudo que también puede convertirse en una red de arrastre

El cifrado de extremo a extremo, tal como funciona hoy en aplicaciones como Signal o WhatsApp, impide que ni siquiera el proveedor del servicio pueda leer los mensajes en tránsito. Es, en términos prácticos, el equivalente digital del secreto postal. Cualquier sistema de detección que pretenda operar sobre mensajes cifrados tendría que actuar antes de que ese escudo se active, es decir, en el dispositivo del usuario, justo antes de que el mensaje sea enviado. Esta técnica se denomina «client-side scanning» y consiste en examinar el contenido mientras aún es legible, antes de que se aplique el cifrado.

Las herramientas técnicas propuestas funcionan transformando cada archivo en una especie de huella digital que se compara con bases de datos de material ilegal ya identificado. Además, utilizan modelos de aprendizaje automático capaces de reconocer contenido nuevo o modificado y analizan los textos en busca de patrones lingüísticos asociados al grooming o acoso sexual a menores.

El fallo humano en la cadena de verificación

En plataformas sin cifrado, cuando un sistema automático detecta una coincidencia, la alerta es enviada a revisores humanos expertos que examinan el material antes de informarlo a las autoridades. Empresas como Google sostienen que este proceso garantiza una verificación responsable. Sin embargo, según señaló el ex eurodiputado alemán Patrick Breyer, jurista y activista por los derechos digitales, es precisamente en esa etapa de verificación donde el sistema comienza a fallar cuando se utiliza a gran escala.

Los empleados encargados de revisar las alertas aplican criterios legales diversos, no siempre logran discernir la intención detrás del contenido y, con frecuencia, confunden situaciones de sexting consensuado entre jóvenes o imágenes enviadas como bromas en chats grupales. En muchos casos, los adolescentes involucrados nunca tuvieron intención de enviar ni recibir material ilegal, simplemente reenviaron un archivo dentro de una conversación diferente.

Breyer no se opone a la detección en sí misma. Su argumento es más preciso: el escaneo debería permitirse solo cuando un tribunal independiente confirme que hay motivos razonables para sospechar de una persona específica, tal como ocurre con una orden judicial para revisar la correspondencia de un ciudadano. Extender ese control a toda la población «por si acaso» representa, en sus términos, un tipo de intervención de naturaleza completamente diferente.

Una regulación que depende de la app que uses

Por el momento, lo que sucede con un mensaje depende enteramente de la aplicación que se use. En servicios sin cifrado, el contenido puede recibir una identificación digital o ser examinado por algoritmos antes o justo después de ser enviado, revisado luego por expertos y comunicado a las autoridades ante una coincidencia confirmada. En servicios con cifrado de extremo a extremo, la legislación europea actual no se aplica de la misma forma y el contenido permanece inaccesible para los proveedores.

Esa asimetría está en el centro del debate parlamentario. Si «Chat Control 2.0» finalmente incluye a los servicios cifrados, la arquitectura de privacidad digital que millones de personas dan por garantizada quedaría radicalmente transformada. La pregunta que el Parlamento Europeo no puede eludir es hasta dónde está dispuesta la sociedad a ceder privacidad en nombre de la seguridad, y si esa cesión puede hacerse sin abrir una puerta que, una vez abierta, sea prácticamente imposible cerrar.

El debate no es solo técnico. Es político, filosófico y tiene implicancias directas para las nuevas generaciones que crecen en un entorno donde la comunicación digital es constitutiva de su identidad. La decisión que tome Europa en los próximos años marcará un precedente global sobre los límites del Estado en las comunicaciones privadas.

Lo que tenés que saber

  • La normativa «Chat Control» vigente, prorrogada hasta 2028, permite a las plataformas detectar voluntariamente contenido de abuso sexual infantil en mensajes privados.
  • La propuesta «Chat Control 2.0» plantea extender ese escaneo a servicios con cifrado de extremo a extremo, lo que implicaría revisar mensajes en el dispositivo del usuario antes de que sean enviados.
  • El ex eurodiputado Patrick Breyer advierte que el sistema falla a gran escala y que el escaneo solo debería habilitarse con orden judicial previa, no de manera masiva e indiscriminada.
  • Las herramientas de detección combinan huellas digitales de archivos conocidos, inteligencia artificial para contenido nuevo y análisis de patrones lingüísticos vinculados al grooming.
  • La decisión del Parlamento Europeo sobre si incluir o no a los servicios cifrados en la regulación definitiva tendrá impacto global en el futuro de la privacidad digital.
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