Fake News
Brasil endureció las penas a las fake news en las campañas electorales
La nueva resolución prevé una responsabilidad penal más severa para quienes promuevan la desinformación, con prisión de hasta 4 años.
Las elecciones generales de Brasil de este año se harán bajo nuevas normas que aprobó el Tribunal Superior Electoral (TSE) sobre la propaganda electoral, entre ellas el endurecimiento de las penas a la circulación de información falsa sobre candidatos y partidos, informó este domingo la prensa local.
Esa conducta ya estaba prohibida por el Tribunal Electoral, pero la nueva resolución prevé una responsabilidad penal más severa para quienes promuevan la desinformación. Quien difunda noticias falsas sobre candidatos y partidos, por ejemplo, en la campaña proselitista ahora está sujeto a una pena de prisión de dos meses a un año, además de una multa.
La misma sanción se aplica a cualquiera que produzca, ofrezca o venda videos con contenido falso sobre un partido o candidato. El castigo se incrementa en un tercio si la conducta se practica a través de radio, televisión o redes sociales, reportó la estatal Agencia Brasil.
Se prevé una pena aún mayor -de dos a cuatro años de prisión- y multa de 15.000 a 50.000 reales (2.600 a 8.800 dólares) para quienes contraten a terceros con el propósito de enviar mensajes o comentarios en internet para ofender el honor o desacreditar la imagen del partido o la alianza de un candidato.
La resolución del TSE también hace explícito que se prohíbe la divulgación y el intercambio de hechos que se sepa que son falsos o que estén gravemente fuera de contexto y que afectan la integridad del proceso electoral.
«Esto significa que cualquier mentira difundida intencionalmente para socavar los procesos de votación, recuento y totalización de votos puede ser sancionada con base en responsabilidad penal, abuso de poder y mal uso de los medios», advirtió el Tribunal, que trabajó todo diciembre en la definición de esta nueva normativa.
Como en anteriores elecciones, también se prohíbe la difusión masiva de comunicados a través de aplicaciones de mensajería instantánea, aunque sí está habilitada la contratación de promoción de contenidos en internet, siempre que el servicio sea hecho por empresas previamente registradas en el TSE.
También se prohíbe la realización, presencial o virtual, de los denominados «showmics», eventos culturales que en realidad promocionan a un candidato o a un partido, pero sí pueden realizarse recitales o eventos para recaudar recursos de campaña, siempre que no exista solicitud de voto.
El inicio de año marcó en Brasil también el comienzo del cronograma electoral que desembocará en las elecciones presidenciales del 2 de octubre, cuando, muy probablemente, se enfrentarán el presidente Jair Bolsonaro, el exmandatario Lula Da Silva y el exjuez y exministro Sérgio Moro, entre otros.
Junto a esa primera vuelta, el 2 de octubre se elegirán también gobernadores y diputados y senadores nacionales y estaduales. Del 3 de marzo al 1 de abril se abre la «ventana» para los legisladores, el único período en el que pueden cambiar de partido libremente, sin correr el riesgo de perder su mandato.
Y el 2 de abril, exactamente seis meses antes de las elecciones, vence el plazo para que todos los candidatos estén afiliados a los partidos por los que pretenden postularse. Del 20 de julio al 5 de agosto deben llevarse a cabo las convenciones y congresos de los partidos para oficializar a sus candidatos.
Y la campaña propiamente dicha, con actos, distribución de material gráfico, publicidad en internet y caminatas comenzará el 16 de agosto. Del 26 de ese mes al 29 de septiembre puede haber publicidad en radio y TV. El 11 de julio el TSE debe revelar cuántos ciudadanos están habilitados para votar, un número importante porque es la base sobre la que se fijan los gastos de campaña.
Fake News
Pensiones “truchas” y videos falsos: la ofensiva de LLA contra la discapacidad
Santiago Caputo afirmó sin pruebas que el 60% de las pensiones por invalidez son falsas, la diputada Gabriela Flores acusó de mentir a quienes marchan el 15 de octubre y un sitio libertario reflotó un video ya desmentido. Todo mientras se discute la prórroga de la Emergencia y el Presupuesto 2027.
“Aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez son truchas”. La frase, sin un solo dato que la respalde, la escribió el asesor presidencial Santiago Caputo en su cuenta de X, y el presidente Javier Milei la reposteó, como es su costumbre. Fue la primera piedra de una nueva oleada de estigmatización contra las personas con discapacidad, lanzada justo cuando el Congreso discute cuántos recursos tendrá el sector en el Presupuesto 2027 y si se prorroga la Ley de Emergencia.
Caputo repitió además un argumento que el oficialismo ya había ensayado en tiempos de Manuel Adorni como vocero: «Tenemos más pensiones por invalidez que un país que haya sufrido una guerra». Después llegaron la diputada libertaria salteña Gabriela Flores, con acusaciones directas contra las familias que convocan a movilizarse, y el portal militante La Derecha Diario, que volvió a difundir un video que había sido desmentido el año pasado.
Cuatro titulares y una sola consigna
La ofensiva discursiva coincide con un nuevo cambio de mando en el área. El Gobierno designó a Diego Masaragian, hasta ahora administrador nacional de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), como cuarto responsable de discapacidad desde el inicio de la gestión libertaria. Reemplaza a Pablo Di Liscia, quien había asumido tras la salida de Alejandro Vilches, a su vez sucesor de Diego Spagnuolo, desplazado en medio del escándalo de corrupción en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Al anunciar el nombramiento, el Ministerio de Salud fijó como prioridad profundizar los controles y las auditorías. En paralelo, el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, que prevé un reempadronamiento total de los titulares en un plazo de 90 días. La rotación de funcionarios cambia los nombres, pero la orientación sigue intacta: sospechar primero de los beneficiarios y ajustar después.
El Foro Permanente Discapacidad, que nuclea a organizaciones del sector, salió al cruce de los dichos de Caputo: «Exigimos que presente la documentación y las pruebas que las respalden». Y advirtió: «Las declaraciones que estigmatizan a las personas con discapacidad generan dudas y desvían el foco de lo urgente: garantizar los derechos, los apoyos y las prestaciones que necesitan quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad».
«Hemos recibido solo palos de este gobierno»
Flores apuntó contra quienes convocan a la marcha de este 15 de octubre. «Mentir es de cobardes. Y esto va para todo ese colectivo de actrices y defensores de personas con discapacidad que están llamando a una marcha el 15 de octubre. Te están mintiendo», afirmó la legisladora de La Libertad Avanza, que sostiene que el dictamen impulsado por su bloque supera a la Ley de Emergencia vigente.
La respuesta llegó de la actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo y una de las referentas más visibles de la lucha del sector. Le reclamó que, antes de acusar, explique por qué votó a favor de derogar la Ley de Emergencia, y cuestionó que el dictamen libertario sea superador. Según Bassi, ese texto «se hizo a espaldas de las personas con discapacidad y muchas instituciones, transportistas, familiares y personas con discapacidad están llamando a los aliados para reunirse, indicándoles que hay puntos que sí o sí tienen que incorporarse a ese nuevo dictamen para que podamos salir de la emergencia».
«No está bueno, diputada, que ataquen a las personas y sus familiares justo cuando en teoría se está haciendo una ley para garantizar sus derechos (…) Estamos colapsados. Necesitamos que se nos escuche. Hemos recibido solo palos de este gobierno», le dijo Bassi a Flores.
El trasfondo es la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso en 2025 pese a la resistencia del Ejecutivo, que la vetó y debió aceptar que ambas cámaras insistieran con la norma. La emergencia rige hasta el 31 de diciembre de 2026 y puede prorrogarse un año más, una decisión que hoy está en disputa en el Parlamento.
El video desmentido que volvió a circular
La Derecha Diario se sumó a la ofensiva con un video de un hombre que sale con muletas de hacer un trámite y luego camina con normalidad, al que acusó de simular una discapacidad para cobrar una pensión. La versión ya había sido desmentida: la organización de verificación Chequeado retomó la constatación de Ruido, integrante de la Red Federal de Periodismo e Innovación, según la cual las imágenes fueron filmadas en la sucursal del Banco Nación de Río Tercero, en Córdoba.
El hombre es José, un jubilado de 67 años con enfermedad de Parkinson, según aseguró su hija, Verónica Navarro, quien además presentó el Certificado Único de Discapacidad (CUD) de su padre. El Parkinson explica que por momentos camine con dificultad y por momentos no; la difamación, en cambio, no tiene explicación médica. La reaparición del video ocurre mientras los pacientes con esa enfermedad expresan preocupación por la continuidad del acceso a su medicación.
Un método repetido
La estrategia no es nueva. Cuando todavía era vocero presidencial, Adorni mostró una radiografía de un perro para acusar a una persona de haber cobrado una pensión con documentación falsa, aunque ese beneficio nunca se otorgó a nadie con esa radiografía. Adorni llegó luego a la Jefatura de Gabinete, cargo al que renunció en junio de este año en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
El patrón se repite: frente a cada discusión presupuestaria, el oficialismo instala la sospecha generalizada sobre un colectivo vulnerable para justificar recortes que, de otro modo, serían políticamente indefendibles. Mientras tanto, la única corrupción comprobada en el área sigue siendo la que estalló dentro del propio Gobierno.
Lo que tenés que saber:
- Santiago Caputo afirmó en X que «aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez son truchas», sin presentar pruebas; Milei reposteó el mensaje.
- El Foro Permanente Discapacidad le exigió que presente la documentación que respalde esa cifra.
- La diputada Gabriela Flores acusó de mentir a quienes convocan a la marcha del 15 de octubre; Valentina Bassi le respondió que el sector recibió «solo palos de este gobierno».
- La Derecha Diario reflotó un video desmentido: el hombre señalado es un jubilado de 67 años con Parkinson y tiene CUD.
- Diego Masaragian es el cuarto responsable del área de discapacidad en la gestión de Milei.
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