Casi 26 años después de que el Gobierno de Alberto Fujimori lanzara su controvertida política de planificación familiar en Perú, más de 8.000 mujeres que afirman que se las esterilizó sin permiso empezaron esta semana la recta final de su lucha por justicia.

No será, empero, un camino fácil ni rápido, según anticipó Sigfredo Florián, abogado de algunas de las denunciantes: se requerirá de más de 2.000 diligencias en un proceso maratónico, que comenzó el jueves pasado, incluidas las que se tendrán que hacer ante Chile para que se pueda procesar a Fujimori.

Durante un conversatorio en el que participaron abogados y denunciantes y al que tuvo acceso Télam, Florián descartó que se cumplan los plazos dispuestos por los jueces –que hablan inicialmente de ocho meses- y anticipó dificultades para, por ejemplo, contactarse con las afectadas.

Entre las diligencias anunciadas, una que ha generado rechazo, pero que al parecer es ineludible, será la práctica de exámenes médicos invasivos para confirmar que hubo esterilización, incluso en casos que ya se consideran plenamente confirmados.

Aun así, para las mujeres que iniciaron su lucha en 2001, un año después de la caída del régimen fujimorista, el arranque del juicio es un paso decisivo en su lucha por “verdad, justicia y reparación”.

El de Sabina Huilca, campesina del departamento de Cusco que participó en el conversatorio, es un testimonio emblemático: después de dar a luz en 1996, los médicos le propusieron esterilizarla, pero ella se negó. Entonces le dijeron que necesitaban “limpiarla”, la anestesiaron y simplemente procedieron.

“Ya no tendrás más hijos como cuyes, como chanchos”, cuenta Huilca que le dijeron los médicos cuando despertó. Según los diversos testimonios, ese fue el modus operandi en centenares de casos.

Parecido le ocurrió a María Elena Carbajal, presidenta de la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas, a quien le practicaron el procedimiento sin permiso en Lima. En su caso, narrado a Télam, los del hospital ni siquiera le confirmaron lo que le habían hecho y ella tardó 21 años en saber que desde ese día ya no podía tener más hijos.

La política de esterilización masiva fue aplicada en la última parte del Gobierno autoritario de derecha de Fujimori para reducir el número de nacimientos en las clases pobres, en especial entre campesinos quechuahablantes de provincias andinas, aunque también hubo casos en Lima y otras zonas.

LOS DATOS

Según datos del Ministerio de Salud, de 270.000 a 300.000 mujeres fueron sometidas a esa práctica entre 1996 y 2000. Teóricamente siempre se debía tener autorización, pero los testimonios y las investigaciones dan cuenta de que, en un porcentaje imposible de precisar, el personal médico recurrió a engaños, presiones o simplemente a la fuerza.

“Decían que era para acabar con la pobreza, pero era para acabar con los pobres, que es distinto”, dijo a Télam María Esther Mogollón, comunicadora que, como portavoz de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por Esterilizaciones Forzadas, ha dedicado más de 20 años a la lucha.

Desde 2001, cuando 12 pioneras decidieron buscar justicia con apoyo de activistas como Mogollón, el Estado ha respondido con lentitud y desinterés. Según la portavoz, esa ha sido una constante de todos los gobiernos, incluido el actual, aunque la primera ministra de la Mujer de Pedro Castillo, Anahí Durand, sí mostró empeño.

Fueron casi 20 años marcados por dilaciones, hasta que en 2021 las diligencias comenzaron a tomar mayor ritmo para llegar a la fase actual. En esos últimos meses se recogieron cientos de testimonios a pesar de las dificultades generadas por el hecho de que la mayoría de víctimas vive en poblados remotos y sin servicios de internet.

En principio, son 1.320 las mujeres que denuncian, aunque los casos documentados pasan de 8.000 en por los menos 10 departamentos.

Florián, de la ONG Instituto de Defensa Legal, confía en que esas mujeres se puedan ir sumando, aunque lamentó dificultades como la de que apenas un 10% de las 1.320 pioneras cuenten con abogado.

Los principales acusados son Fujimori y sus ministros de Salud de esos años: Alejandro Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong. A ellos se les acusa de estar al frente de este proceso de violación a los derechos humanos.

En el caso de Fujimori, quien desde 2007 paga 25 años de cárcel por 25 asesinatos y dos secuestros, antes de incorporarlo al juicio se debe obtener permiso de Chile, pues el caso no figura entre aquellos por los que Santiago autorizó su extradición. En concepto de Florián, ese proceso tomará entre un año y medio y dos años.

Los tres ex ministros fueron citados por los jueces para ser interrogados el jueves pasado, en una de las primeras diligencias, pero solo se presentó Yong, un médico que está ahora dedicado exclusivamente al ejercicio de su profesión.

Aguinaga, uno de los líderes del partido Fuerza Popular, alegó que no podía asistir por ser para él día laborable, pero al parecer no en su función de congresista, sino como médico de cabecera de Fujimori, pues fue visto junto al exmandatario en una de sus continuas crisis de salud. Costa, abogado y empresario, ni siquiera presentó al parecer justificación para su ausencia.

Las consecuencias para las mujeres esterilizadas sin permiso han sido múltiples. Muchas presentaron complicaciones de salud, cuadros permanentes de depresión, rupturas familiares y rechazo por parte de sus comunidades, que culturalmente desean más hijos como fuerza de trabajo.

Las palabras claves para las denunciantes son “verdad”, para que se conozca lo que ocurrió; “justicia”, para que Fujimori, sus ministros y los que resultaran responsables paguen culpas; y “reparación”, para que el Estado responda con dinero y servicios, según estándares internacionales, por los daños causados.

Para Mogollón, el de las esterilizaciones forzadas “es un caso único en la historia de la humanidad para vergüenza nuestra (de los peruanos)”, por lo que los tribunales tendrán el reto de impartir justicia en medio de las dificultades.