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Lawfare

Cristina recibió al editor de WikiLeaks, que pide libertad de Assange

«Esta es una cuestión de vida y muerte. Julian es una víctima del ‘lawfare’ donde cada regla en los procedimientos legales fue rota», cuestionó Hrafnsson.

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La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió este lunes a dos de los integrantes de WikiLeaks, quienes le pidieron que reclame por la libertad del periodista, programador y activista de Internet australiano Julian Assange, quien se encuentra encarcelado y con pedido de extradición a los Estados Unidos por presunto espionaje.

«Acabamos de tener una reunión con Cristina, quien nos dio todo su apoyo en la causa y ahora vamos a ir a ver al presidente Alberto Fernández para que su voz sea oída también», aseguró el editor general de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson.

El periodista describió al encuentro con la Vicepresidenta como «cálido y comprensivo» y señaló que Fernández de Kirchner «sigue el caso hace mucho y entiende perfectamente su esencia».

Hrafnsson formuló estos conceptos durante una conferencia de prensa que brindó en el Salón Provincias de la Cámara de Senadores de la Nación, acompañado por el embajador de WikiLeaks, Joseph Farrell.

En tanto, la Vicepresidenta publicó en su cuenta de Twitter: «Recibí hoy a Kristinn Hrafnsson, editor general, y a Joseph Farrell, embajador de WikiLeaks. Están realizando una gira latinoamericana para reclamar la libertad de Julian Assange». El texto fue acompañado por una foto de la reunión en el Senado.

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Hrafnsson afirmó que Argentina era su tercer destino en América Latina, luego de entrevistarse con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. y con el mandatario electo de Brasil, Luiz Inazio «Lula» Da Silva.

La gira, según argumentaron los voceros del periodista, busca poner en el centro de la discusión el debate por la libertad de expresión y el derecho a la información en la región, así como hablar sobre las importantes acciones que los gobiernos pueden hacer para ayudar a Assange ante su inminente extradición a Estados Unidos. 

«En estos encuentros hemos visto un apoyo absoluto», aseveró Hrafnsson y agregó que «esta es una venganza contra un individuo, un periodista premiado, por exponer los secretos oscuros del imperio».

«Quieren enviar el mensaje y arriesgar la seguridad de todos los periodistas en el mundo», añadió.

Hrafnsson enfatizó que estaba en «una misión importante: la de salvar la vida de mi amigo Julian Assange y la libertad de prensa en este mundo».

«El caso contra Assange es la más grande amenaza a la libertad de prensa en el mundo. El tiempo se acaba», insistió.

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Además, advirtió que si el periodista de origen australiano, preso en Inglaterra y acusado de dos presuntos abusos sexuales en Suecia, así como de espionaje contra los Estados Unidos, es extraditado, «tiene menos posibilidades de un juicio justo y puede esperar una condena de hasta 165 años de prisión».

«Esta es una cuestión de vida y muerte. Julian es una víctima del ‘lawfare’ donde cada regla en los procedimientos legales fue rota», cuestionó Hrafnsson.

El defensor de Assange evaluó que «es hora de apelar a las fuerzas políticas para que alcen sus voces y le insten a (el presidente de los Estados Unidos, Joe) Biden para que cumpla con sus propios principios que prohíben demandar la extradición de un individuo basado en ofensas políticas».

«Assange está enjuiciado por ofensas políticas. A través del uso de la Ley de Espionaje, la administración de Biden está persiguiéndolo», subrayó.

Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Assange ayudó a una analista de nombre Chelsea Manning (quien en 2013 fue condenada a 35 años de cárcel e indultada cuatro años después por el expresidente Barak Obama) a descifrar una contraseña necesaria para entrar en computadoras del departamento de Defensa conectadas a una red del gobierno de Estados Unidos utilizada para documentos y comunicaciones clasificadas.

De hecho, las autoridades estadounidenses argumentan que las acciones de Assange y Manning comprometieron la seguridad de Estados Unidos y pusieron en peligro la vida de sus soldados, agentes y colaboradores.

En cambio, tanto Assange como su portal, WikiLeaks, insisten en que se trata de un caso de libertad de expresión y que la filtración, en definitiva, ayudó a exponer crímenes de guerra.

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Assange fundó en 2006 la plataforma WikiLeaks, que publica de forma anónima documentos sensibles de interés público. A partir de 2010, la plataforma publicó más de 700.000 documentos confidenciales sobre actividades militares y diplomáticas de Estados Unidos, especialmente en Irak y Afganistán.

Lawfare

México rompió relaciones con Ecuador tras la “invasión” de su Embajada en Quito

La policía ecuatoriana entró por la fuerza a la sede diplomática mexicana para capturar al ex vicepresidente Jorge Glas, quien tenía asilo político. En el cuerpo de la nota las imágenes es del forcejeó de las fuerzas de seguridad con el embajador mexicano, en medio de un fuerte operativo.

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Autoridades de Ecuador entraron por la fuerza a la Embajada de México en Quito y se llevaron detenido al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien es víctima del lawfare en su país y estaba refugiado desde diciembre pasado, eludiendo una orden de captura tras ser condenado por supuestos casos de corrupción y malversación de fondos.

“El Gobierno Nacional informa a la ciudadanía que Jorge Glas Espinel, condenado a pena privativa de libertad por la justicia ecuatoriana, ha sido detenido esta noche y puesto a órdenes de las autoridades competentes”, comunicaron desde la administración ecuatoriana.

Violando y desconociendo todos los tratados internacionales, Ecuador señaló que “toda Embajada tiene una sola finalidad: servir como un espacio diplomático con el objetivo de estrechar las relaciones entre los países”.

Además, desconoció el asilo político concedido, al argumentar de manera falaz que “ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político. Jorge Glas ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes”.

Glas, exvicepresidente del exmandatario Lenin Moreno, es víctima de lawfare, acusado supuestamente por desviar fondos públicos destinados a la reconstrucción de poblados costeros tras el devastador terremoto en 2016.

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Con una legalidad difusa y una división de poderes poco claras, el gobierno ecuatoriano consideró el asilo a Glas como un “acto ilícito”, ya que es requerido por presunto peculado y las convenciones internacionales dictan que esa figura no aplica para delitos comunes, según un comunicado. Pero en realidad, el ex funcionario es víctima de una persecución política, ideológica y judicial, denunciada en varias oportunidades por el ex presidente Rafael Correa.

Glas se encuentra ahora en una comisaría, conocida en Ecuador como Unidad de Flagrancia, ubicada en el centro-norte de Quito.

Tras lo ocurrido, México anunció “el inmediato rompimiento” de las relaciones diplomáticas con Ecuador.

“Ante la flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador”, anunció la canciller Alicia Bárcena.

Por su parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), advirtió: “Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual le he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre este hecho autoritario, proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador”.

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