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Meloni busca eliminar el subsidio de desempleo
La llamada «Renta Ciudadana» fue uno de los temas centrales de debate en la campaña para las elecciones italianas que en 2022 permitieron la llegada de Meloni al gobierno, liderando una coalición de partidos de derecha y ultraderecha. La decisión desató reclamos en el país, donde el desempleo se mantiene por encima de la media europea.
Pese a las críticas y a las protestas iniciadas en varias ciudades del país, el Gobierno ultraderechista italiano avanza con la eliminación de la «renta de ciudadanía«, un subsidio de desempleo de hasta 780 euros que a partir del mes que viene cambiará de nombre y solo alcanzará a familias que tengan a cargo menores de edad, mayores de 60 años o personas discapacitadas sin posibilidades de acceder a un empleo.
«Se desperdiciaron 25.000 millones de euros con la renta de ciudadanía. Hoy, quien quiere trabajo lo encuentra», planteó esta semana en declaraciones a la prensa la ministra de Trabajo, Marina Calderone, vocera de la eliminación del subsidio para casi 160.000 beneficiarios dispuesta por el Gobierno desde fines de julio, que provocó una fuerte reacción por el fondo y por las formas de la decisión.
A fines del mes pasado, el Gobierno que encabeza Giorgia Meloni comenzó a enviar mensajes de texto y correos electrónicos en los que anunció a unos 159.000 grupos familiares que habían cobrado ya siete meses del subsidio que dejarán de recibirlo a partir del mes que viene, como había prometido la premier en la campaña electoral que la llevó al Ejecutivo en 2022.
Según datos del instituto de la Seguridad Social italiana, el INPS, 895.000 familias recibieron la renta básica en junio.
El principal argumento del Gobierno es que las personas consideradas «ocupables», entre los 18 y los 59 años y sin discapacidades, podrían encontrar trabajo si lo desean y no necesitan una renta.
Los datos oficiales, de todos modos, muestran que, si bien la desocupación bajó en junio al 7,4%, se mantiene por encima de la media europea del 5,9%.
«Cabe recordar que frente a 112.000 hogares que perciben una renta básica con un componente de edad laboral considerada empleable, en Italia, en estos momentos, se prevé la contratación de 1,5 millones de trabajadores, de los cuales el 48% son difíciles de encontrar», buscó argumentar Calderone en esa decisión.
Medidas complementarias
La eliminación de la renta de ciudadanía, que se otorga a una persona por núcleo familiar, busca ser compensada con la introducción de dos nuevas medidas.
Por un lado, las personas que el Gobierno llama «ocupables» que no tengan empleo recibirán 350 euros a través del denominado Apoyo para la Capacitación y el Trabajo.
Entre las mayores novedades, este programa durará 12 meses en vez de los 18 de la renta de ciudadanía, a la vez que será asignado a las personas y no a los grupos familiares. Así, solo en una familia con tres o más desocupados entre 18 y 59 años será más conveniente la nueva herramienta, según aduce el Gobierno.
La nueva medida incluye además otros requisitos como tener ingresos declarados anuales menores a 6.000 euros por familia y ser ciudadano europeo, titular de un permiso de trabajo o familiar.
La otra medida con que el Gobierno quiere reemplazar la renta de ciudadanía es el denominado «subsidio de inclusión», que entrará en vigor a partir de enero para las familias que el Gobierno considera «no ocupables», o sea mayores de 60, menores de 18 o con discapacidad.
El nuevo subsidio dará entre 480 y 560 euros mensuales a los beneficiarios, más un complemento para alquiler de hasta 3.360 euros al año, que se pagarán a partir del 1 de enero de 2024 a través de una tarjeta ad hoc que será emitida por el Gobierno.
Al igual que la renta de ciudadanía que busca reemplazar, el nuevo subsidio durará 18 meses, con la posibilidad de renovarlo por otro año si hay una pausa de un mes en la asignación.
Entre los requisitos, similares a los de la medida anterior, el Gobierno introdujo elementos patrimoniales como no tener autos o motos de gran cilindrada, al tiempo que tampoco serán aceptados quienes tengan una propiedad con valor fiscal mayor a 150.000 euros.
El Ingreso ayudó durante la pandemia a que un millón de personas no cayeran en la pobreza.
Instituido en 2018 durante el Gobierno del entonces premier Giuseppe Conte, la renta de ciudadanía otorga hasta 780 euros al mes a desocupados, en medio de una escala variable según la edad y el núcleo familiar, y establece la inscripción en un registro nacional para recibir ofertas de trabajo, de las que el beneficiario solo puede rechazar una vez para no perder el beneficio.
Convertida en bandera electoral del hoy opositor Movimiento Cinco Estrellas que encabeza Conte, la renta de ciudadanía ya alcanzó a más de 1,2 millones de familias en 2023 y fue uno de los temas principales del debate durante la campaña para las elecciones que en 2022 permitieron la llegada de Meloni al Gobierno al frente de una coalición de partidos de derecha y ultraderecha.

Más allá de las críticas de buena parte del sistema político, el Ingreso ayudó durante la pandemia a que un millón de personas no cayeran en la pobreza, según publicó en julio de 2022 el instituto oficial de estadísticas Istat. Así, la medida se convirtió en una fuente de ingreso central para casi cuatro millones y medio de personas, con apenas un 0.28% de irregularidades.
Críticas desde diversos sectores
La llegada de los mensajes con la suspensión de la renta de ciudadanía, anunciada a inicios de año, provocó una serie de protestas en varias ciudades del país, especialmente en el postergado sur, donde se concentraron los recortes al programa.
A nivel político, la oposición de centroizquierda liderada por Conte afirmó que suprimir la renta básica es desencadenar «una guerra ideológica con la piel de los pobres».
Desde la unión sindical CGIL, el secretario general Maurizio Landini denunció que «el Gobierno recorta los ingresos de 159.000 familias y al mismo tiempo sigue haciendo amnistías fiscales en un país donde uno es pobre mientras trabaja y donde la mitad del país lucha llegar a fin de mes».
En la principal fuerza de centroizquierda, el Partido Democrática, la secretaria general y diputada Elly Schlein rechazó que «a 159.000 familias con dificultades para comer se les avisó que ya no recibirán apoyo contra la pobreza con un SMS. Es brutal«.
Desde la Iglesia, en tanto, el director de Caritas de Italia Marco Pagniello advirtió que la supresión de la renta podría significar «la exclusión de una porción de los pobres«.
Para Pagniello, más allá de algunas irregularidades puntuales en beneficiarios mal asignados, «la renta de ciudadanía seguía representando una medida universal de apoyo a las personas en situación de pobreza, como lo son todas las rentas mínimas en los países europeos. Y ahora existe el riesgo de que alguien se quede fuera y eso nos sigue preocupando», planteó al diario de la conferencia episcopal Avvenire.
Economía 💲
Histórico en la OIT: el mundo reconoció que los repartidores son trabajadores y tienen derechos
¿Que garantiza el nuevo convenio?. La delegación argentina, encabezada por dirigentes de la CGT y la CATT, participó activamente del debate y presentó denuncias contra el gobierno de Milei por violaciones a la libertad sindical.
En la histórica 114ª Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra, los 187 países miembros de la OIT adoptaron por amplia mayoría un convenio vinculante que garantiza salario mínimo, seguridad social, libertad sindical y transparencia algorítmica para repartidores, conductores y trabajadores de aplicaciones.
La delegación argentina, encabezada por dirigentes de la CGT y la CATT, participó activamente del debate y presentó denuncias contra el gobierno de Milei por violaciones a la libertad sindical.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó este viernes, en el cierre de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, el primer convenio global destinado a garantizar derechos laborales básicos para los trabajadores de la economía de plataformas digitales. El texto, resultado de dos años de negociaciones tripartitas entre gobiernos, empleadores y organizaciones sindicales, se adoptó por 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones en la asamblea anual del organismo, presidida por el ministro de Trabajo y Seguridad Social del Uruguay, Juan Castillo.
El convenio entrará en vigor una vez sea ratificado por al menos dos países miembros, a los doce meses de ese acto de ratificación. Su alcance es universal: se aplica a todos los trabajadores de plataformas digitales, independientemente de su situación laboral formal, lo que incluye a conductores de aplicaciones como Uber y Bolt, repartidores de servicios como Rappi y Glovo, y trabajadores remotos de plataformas de servicios digitales.
Un hito histórico tras décadas de precarización
La aprobación del convenio pone fin a décadas de vacío regulatorio que permitió a las grandes empresas tecnológicas operar en todo el mundo bajo el argumento de que sus trabajadores son «colaboradores independientes», negándoles acceso a salario mínimo, cobertura médica, jubilación y derecho a la sindicalización. El texto aprobado reconoce explícitamente que la economía de plataformas «está transformando significativamente el mundo laboral» pero identifica graves «déficits» en materia de trabajo decente que los marcos regulatorios nacionales no lograron corregir de manera uniforme.
El convenio establece que los trabajadores por aplicación deberán percibir una remuneración en ningún caso inferior al salario mínimo legal o negociado vigente en cada país, y acceder a protección en materia de seguridad social en condiciones equivalentes a las de cualquier otro trabajador. Además, obliga a las plataformas digitales a ser transparentes sobre sus mecanismos de pago, las deducciones aplicadas y el funcionamiento de los sistemas algorítmicos que asignan tareas, calculan tarifas, miden rendimiento y determinan bloqueos o suspensiones de cuentas.
Libertad sindical y transparencia algorítmica, en el centro
Entre los ejes centrales del convenio figura el reconocimiento expreso del derecho a la libertad de asociación sindical y a la negociación colectiva para los trabajadores de plataformas, un derecho que las empresas del sector negaron sistemáticamente durante años. El texto también insta a los Estados miembros a adoptar medidas para garantizar la eliminación del trabajo forzoso y del trabajo infantil en el sector, la no discriminación y entornos laborales seguros y saludables.
Respecto a los sistemas algorítmicos, el convenio obliga a las empresas a informar a los trabajadores cómo se toman las decisiones automatizadas que afectan su actividad y a reconocerles el derecho a impugnar esas decisiones. Este punto fue uno de los más disputados durante las negociaciones, dado el modelo de negocio de las grandes plataformas, que utilizan la gestión algorítmica como herramienta de control laboral sin intermediación humana.
Argentina en Ginebra: entre el nuevo convenio y las denuncias contra Milei
La delegación sindical argentina tuvo una activa participación en la 114ª Conferencia. Horacio Calculli, integrante de la delegación de la Confederación General del Trabajo (CGT), actuó en múltiples frentes durante las dos semanas de trabajo en Ginebra. En su carácter de secretario de Salud y Seguridad Operacional de la Asociación Argentina de Aeronavegantes mantuvo una reunión con Horacio Guido, especialista de la OIT en normas internacionales del trabajo, para dar seguimiento a la denuncia presentada por las organizaciones sindicales aeronáuticas argentinas ante los órganos de control del organismo.
Esa denuncia acusa al gobierno de Javier Milei de violar el derecho de huelga, deteriorar las condiciones laborales y perseguir a dirigentes sindicales, según fuentes gremiales consultadas. El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, advirtió antes de la conferencia que Argentina estaba en condiciones de quedar «en el banquillo de los acusados» ante el organismo internacional, dado el historial de violaciones laborales de la gestión libertaria. La postura del gobierno nacional fue defendida en Ginebra por el embajador Carlos Foradori, representante permanente ante los organismos internacionales con sede en esa ciudad, ya que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, no concurrió a la conferencia.
En paralelo, Calculli desarrolló una agenda internacional como miembro del Comité Ejecutivo Mundial de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) y como presidente del Grupo de Asesores sobre Economía de Plataformas de esa federación. En ese marco mantuvo una reunión con el presidente de la ITF, Frank Moreels, para analizar la situación del transporte en Argentina y América Latina y los desafíos que enfrentan las organizaciones sindicales ante los cambios tecnológicos y productivos. También participó de reuniones vinculadas a la estrategia global de la ITF para garantizar derechos laborales para trabajadores de plataformas.
En ese contexto, Calculli subrayó que los debates de la OIT son fundamentales para construir respuestas globales frente a los cambios que atraviesa el trabajo. «La defensa de la libertad sindical, la negociación colectiva y el trabajo decente sigue siendo una tarea central para el movimiento sindical internacional. Del mismo modo, resulta fundamental que los organismos internacionales continúen monitoreando el cumplimiento de los convenios internacionales ratificados por nuestro país», afirmó el dirigente, quien también integra la Comisión Directiva de la CATT.
El contexto argentino: reforma laboral regresiva y denuncias en el plano internacional
La aprobación del convenio llega en un momento en que el gobierno de Milei impulsa, mediante la reforma laboral contenida en la Ley de Modernización Laboral 27.802, un esquema regresivo para los derechos de los trabajadores.
La CATT, que agrupa a los gremios del transporte, expresó públicamente su oposición a esa norma, advirtiendo que «debilita la negociación colectiva, precariza condiciones laborales y desconoce conquistas históricas del movimiento obrero argentino». En ese cuadro, el nuevo convenio de la OIT sobre economía de plataformas ofrece al movimiento sindical local un instrumento jurídico de carácter internacional para disputar los derechos de los trabajadores digitales en el plano nacional.
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