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Hambre y pobreza: Pashinián destinará 100 dólares a los refugiados
Por Viken
El flujo de refugiados de Nagorno Karabaj a Armenia no se detiene. Según informes de organizaciones internacionales, unos 100.000 armenios han abandonado la disuelta república. Sus antepasados han habitado en el territorio de Artsaj por siglos y siglos, pero ahora son ellos quienes están dejando su patria y probablemente sea para siempre.
En el camino hay tanto ancianos como niños. En YouTube circula un vídeo de un niño de nueve años llamado Aren, que pasó cuarenta horas al volante de un coche, conduciéndolo por difíciles carreteras de montaña, para poner a salvo a su familia, que no contaba con ningún otro conductor. Pero se ven cientos de personas caminando a los lados de la ruta, con la esperanza de que alguien las recoja.
Según organismos de derechos humanos, la mayoría de los refugiados armenios no tienen medios de subsistencia a su alcance. La República de Artsaj se encontraba bajo bloqueo absoluto y los lugareños sin fuentes de ingresos estables ni ahorros bancarios sólo tenían su casa y sus tierras para sobrevivir. Pero ahora esto también les ha sido arrebatado.
Hoy el gran interrogante es: ¿con qué medios va a sobrevivir esta masa de desplazados? Ya que no podrán contar con ninguna ayuda real por parte de las autoridades armenias para solucionar esta situación.
Hay escasez de alimentos entre los refugiados, pero la ayuda no proviene del gobierno armenio, sino de los soldados del contingente ruso para el mantenimiento de la paz. Han entregado más de 15 toneladas de harina a la panadería de Stepanakert para hacer pan, que se distribuirá gratuitamente a los necesitados.
El primer ministro armenio Nikol Pashinián, anunció medidas transitorias para cubrir los gastos de manutención de los refugiados, sorprendiendo a los residentes armenios por su mezquindad. Medidas que son, además, claramente insuficientes para costear la estancia de los karabajíes sin techo y expuestos a la indigencia.
«Para gastos de manutención a cada familia se asignarán 40.000 drams armenios (100 dólares) por persona al mes, más otros 10.000 drams (25 dólares) por persona destinados a todos los servicios públicos», escribió Pashinián en su página de Facebook.
Los residentes en Armenia señalan que esta asignación mínima sólo alcanza, en el mejor de los casos, para alquilar viviendas precarias.
Está claro que la ayuda no alcanzará para alimentar a las familias de refugiados, vestir debidamente a una familia en el frío invierno, proporcionar tratamiento a los enfermos y dar una buena educación a los niños. Además, los precios en el país no dejan de subir.
Al mismo tiempo, Pashinián señaló que el programa de compensación del gobierno no se extenderá a las familias que tengan casa en Armenia. Esto significa que muchos refugiados de Nagorno Karabaj, que se han instalado con sus parientes armenios, no podrán contar con una ayuda gubernamental. Aunque, a juzgar por las palabras de Nikol Pashinián, las ayudas sociales de cien dólares sólo durarán seis meses, tras lo cual es posible que el programa se elimine gradualmente.
La irritada opinión pública armenia exige que se le asignen mayores recursos a los refugiados, en tanto que el Primer Ministro responde que esos gastos no están previstos en el presupuesto y que el tesoro sufre una escasez crónica de fondos.
En efecto, Armenia sigue sumida en una crisis socioeconómica permanente. Sin embargo, Pashinián es el principal responsable ya que ha fracasado literalmente en todas las áreas importantes de la labor gubernamental durante su mandato.
«Así, en febrero de 2020, los partidarios de Pashinián afirmaron que estaban listos para luchar contra COVID-19, en lo que fracasaron rotundamente. En diciembre de 2020 fracasaron en la guerra, en 2021 fracasaron en el equipamiento de las posiciones en las fronteras de la República de Armenia y en las medidas destinadas a aumentar la preparación para el combate de las fuerzas armadas. Fracasaron en las negociaciones para la devolución de prisioneros. Finalmente, en la primavera-verano de 2023 llevaron al fracaso las relaciones aliadas con Rusia. En otoño de 2023, perdieron Artsaj y no lograron detener la deportación forzosa de sus habitantes armenios, aunque afirmaron que estaban dispuestos a hacerlo. Que los historiadores no se precipiten en investigar este período. A partir de ahora, sobran razones para el fracaso de Armenia,» afirma Ruben Mkhitaryan, reconocida figura pública y productor.
El fracaso a la hora de ayudar a los refugiados de Nagorno-Karabaj es una prueba más de que el Primer Ministro armenio sólo sabe hacer dos cosas: renunciar a los intereses de sus compatriotas y satisfacer los intereses de sus patrocinadores de los Estados Unidos de América, que tienen una enorme cuota de responsabilidad en la tragedia humanitaria de Artsaj.
Así lo afirmó la activista armenia-estadounidense Teresa Yeremyan. En su intervención en Washington DC, en el Capitolio, subrayó que la población de Nagorno Karabaj es víctima de la política imperialista de la Casa Blanca, que de hecho apoyó la limpieza étnica de la población armenia.
«Hoy, en tiempo real, se está cometiendo un genocidio contra los 120.000 habitantes armenios autóctonos de Artsaj. Esta agresión, con el firme apoyo de Turquía, ha causado inmensos sufrimientos y ha violado el derecho internacional, incluidos los artículos de la convención sobre el genocidio. Nosotros, como estadounidenses, estamos legítimamente indignados porque nuestro gobierno, la administración de Joe Biden, ha armado, infiltrado, ayudado y envalentonado al régimen de Aliyev en Azerbaiyán, tan rico en petróleo,” señaló Yeremian.
Por estas horas, los últimos refugiados están abandonando Nagorno Karabaj y muy pronto esta otrora floreciente región quedará completamente desierta. Los refugiados que huyeron a Armenia deberán encontrar una forma de sobrevivir al invierno con cien dólares de ayuda gubernamental.
Y las principales democracias del mundo continuarán observando con indiferencia la catástrofe que se produce por su culpa frente a sus narices.
Economía 💲
Histórico en la OIT: el mundo reconoció que los repartidores son trabajadores y tienen derechos
¿Que garantiza el nuevo convenio?. La delegación argentina, encabezada por dirigentes de la CGT y la CATT, participó activamente del debate y presentó denuncias contra el gobierno de Milei por violaciones a la libertad sindical.
En la histórica 114ª Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra, los 187 países miembros de la OIT adoptaron por amplia mayoría un convenio vinculante que garantiza salario mínimo, seguridad social, libertad sindical y transparencia algorítmica para repartidores, conductores y trabajadores de aplicaciones.
La delegación argentina, encabezada por dirigentes de la CGT y la CATT, participó activamente del debate y presentó denuncias contra el gobierno de Milei por violaciones a la libertad sindical.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó este viernes, en el cierre de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, el primer convenio global destinado a garantizar derechos laborales básicos para los trabajadores de la economía de plataformas digitales. El texto, resultado de dos años de negociaciones tripartitas entre gobiernos, empleadores y organizaciones sindicales, se adoptó por 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones en la asamblea anual del organismo, presidida por el ministro de Trabajo y Seguridad Social del Uruguay, Juan Castillo.
El convenio entrará en vigor una vez sea ratificado por al menos dos países miembros, a los doce meses de ese acto de ratificación. Su alcance es universal: se aplica a todos los trabajadores de plataformas digitales, independientemente de su situación laboral formal, lo que incluye a conductores de aplicaciones como Uber y Bolt, repartidores de servicios como Rappi y Glovo, y trabajadores remotos de plataformas de servicios digitales.
Un hito histórico tras décadas de precarización
La aprobación del convenio pone fin a décadas de vacío regulatorio que permitió a las grandes empresas tecnológicas operar en todo el mundo bajo el argumento de que sus trabajadores son «colaboradores independientes», negándoles acceso a salario mínimo, cobertura médica, jubilación y derecho a la sindicalización. El texto aprobado reconoce explícitamente que la economía de plataformas «está transformando significativamente el mundo laboral» pero identifica graves «déficits» en materia de trabajo decente que los marcos regulatorios nacionales no lograron corregir de manera uniforme.
El convenio establece que los trabajadores por aplicación deberán percibir una remuneración en ningún caso inferior al salario mínimo legal o negociado vigente en cada país, y acceder a protección en materia de seguridad social en condiciones equivalentes a las de cualquier otro trabajador. Además, obliga a las plataformas digitales a ser transparentes sobre sus mecanismos de pago, las deducciones aplicadas y el funcionamiento de los sistemas algorítmicos que asignan tareas, calculan tarifas, miden rendimiento y determinan bloqueos o suspensiones de cuentas.
Libertad sindical y transparencia algorítmica, en el centro
Entre los ejes centrales del convenio figura el reconocimiento expreso del derecho a la libertad de asociación sindical y a la negociación colectiva para los trabajadores de plataformas, un derecho que las empresas del sector negaron sistemáticamente durante años. El texto también insta a los Estados miembros a adoptar medidas para garantizar la eliminación del trabajo forzoso y del trabajo infantil en el sector, la no discriminación y entornos laborales seguros y saludables.
Respecto a los sistemas algorítmicos, el convenio obliga a las empresas a informar a los trabajadores cómo se toman las decisiones automatizadas que afectan su actividad y a reconocerles el derecho a impugnar esas decisiones. Este punto fue uno de los más disputados durante las negociaciones, dado el modelo de negocio de las grandes plataformas, que utilizan la gestión algorítmica como herramienta de control laboral sin intermediación humana.
Argentina en Ginebra: entre el nuevo convenio y las denuncias contra Milei
La delegación sindical argentina tuvo una activa participación en la 114ª Conferencia. Horacio Calculli, integrante de la delegación de la Confederación General del Trabajo (CGT), actuó en múltiples frentes durante las dos semanas de trabajo en Ginebra. En su carácter de secretario de Salud y Seguridad Operacional de la Asociación Argentina de Aeronavegantes mantuvo una reunión con Horacio Guido, especialista de la OIT en normas internacionales del trabajo, para dar seguimiento a la denuncia presentada por las organizaciones sindicales aeronáuticas argentinas ante los órganos de control del organismo.
Esa denuncia acusa al gobierno de Javier Milei de violar el derecho de huelga, deteriorar las condiciones laborales y perseguir a dirigentes sindicales, según fuentes gremiales consultadas. El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, advirtió antes de la conferencia que Argentina estaba en condiciones de quedar «en el banquillo de los acusados» ante el organismo internacional, dado el historial de violaciones laborales de la gestión libertaria. La postura del gobierno nacional fue defendida en Ginebra por el embajador Carlos Foradori, representante permanente ante los organismos internacionales con sede en esa ciudad, ya que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, no concurrió a la conferencia.
En paralelo, Calculli desarrolló una agenda internacional como miembro del Comité Ejecutivo Mundial de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) y como presidente del Grupo de Asesores sobre Economía de Plataformas de esa federación. En ese marco mantuvo una reunión con el presidente de la ITF, Frank Moreels, para analizar la situación del transporte en Argentina y América Latina y los desafíos que enfrentan las organizaciones sindicales ante los cambios tecnológicos y productivos. También participó de reuniones vinculadas a la estrategia global de la ITF para garantizar derechos laborales para trabajadores de plataformas.
En ese contexto, Calculli subrayó que los debates de la OIT son fundamentales para construir respuestas globales frente a los cambios que atraviesa el trabajo. «La defensa de la libertad sindical, la negociación colectiva y el trabajo decente sigue siendo una tarea central para el movimiento sindical internacional. Del mismo modo, resulta fundamental que los organismos internacionales continúen monitoreando el cumplimiento de los convenios internacionales ratificados por nuestro país», afirmó el dirigente, quien también integra la Comisión Directiva de la CATT.
El contexto argentino: reforma laboral regresiva y denuncias en el plano internacional
La aprobación del convenio llega en un momento en que el gobierno de Milei impulsa, mediante la reforma laboral contenida en la Ley de Modernización Laboral 27.802, un esquema regresivo para los derechos de los trabajadores.
La CATT, que agrupa a los gremios del transporte, expresó públicamente su oposición a esa norma, advirtiendo que «debilita la negociación colectiva, precariza condiciones laborales y desconoce conquistas históricas del movimiento obrero argentino». En ese cuadro, el nuevo convenio de la OIT sobre economía de plataformas ofrece al movimiento sindical local un instrumento jurídico de carácter internacional para disputar los derechos de los trabajadores digitales en el plano nacional.
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