Denuncia
Caza de brujas: Twitter etiquetó a todos los periodistas a los que cree pro rusos
Profesionales que escriben para medios rusos o que la red social considera que lo hacen, fueron discriminados con la etiqueta: «Medios afiliados al gobierno, Rusia». Especialistas discuten los criterios detrás de una decisión que expone una implícita «caza de brujas».
Por Ana Clara Pérez Cotten
La invasión rusa a Ucrania impactó en pocas horas en el mundo de la información y las redes sociales, al punto de que Twitter decidió etiquetar algunas cuentas personales de periodistas que colaboran en los medios Russia Today y Sputnik con una leyenda que reza «medios afiliados al gobierno» debajo de su nombre, una medida que la compañía defiende como una estrategia para «ofrecer más contexto y transparencia» pero que hace peligrar la pluralidad de voces en las redes, estigmatiza a periodistas y devela una «línea editorial» de la plataforma ante el conflicto bélico.
¿El «etiquetado frontal» de periodistas en las redes es una garantía de transparencia o afecta la libertad de expresión? ¿Es otro “efecto colateral” de la guerra o una medida extralimitada? ¿Tiene sentido que, a los fines de garantizar transparencia, Twitter asimile a los periodistas con el medio en el que trabajan o es estigmatizante? ¿Cómo es el sistema de decisiones que lleva a etiquetar individuos y en qué se basa?
Días después de que los tanques rusos cruzaran la frontera con Ucrania, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla ampliado. El 28 de febrero, varios periodistas colaboradores, part time o full time, de Russia Today (RT) y Sputnik en Europa y Latinoamérica amanecieron con la noticia de que Twitter había añadido la leyenda de “medios afiliados al gobierno ruso” en su biografía de la red social para, supuestamente, “proteger la conversación”.
“Twitter comenzó a etiquetar las cuentas operadas por medios de comunicación afiliados al gobierno a fin de obtener más contexto transparencia. Identificamos tu cuenta como afiliada a un gobierno y le aplicamos una etiqueta. Si tenés preguntas sobre esta etiqueta enviá un correo electrónico”, fue el mensaje que recibió el periodista y sociólogo Marco Teruggi, colaborador en Página 12, Crisis y Sputnik en Argentina.
El periodista uruguayo Sergio Pintado, colaborador de Sputnik en su país, recibió el mismo alerta y etiquetado. “Trabajo para Sputnik. Sin embargo, eso de ninguna manera quiere decir que mi cuenta personal esté al servicio del gobierno ruso y mucho menos que comparta todas las políticas de mi empleador. Etiquetar periodistas por el medio en el que trabajan es antidemocrático y violento”, sostuvo en un descargo.
Lo mismo le sucedió a la periodista Esther Yáñez de España. La leyenda de “medios afiliados al gobierno ruso” también se multiplicó en los timelines cada vez que un trabajador de prensa compartió un link de esos medios para citarlos como fuente.

La jefa de redacción de RT en Uruguay, Patricia Lee, contó que reportaron casos en Latinoamérica y en España. Según explicó, a diferencia de otros medios y cadenas de información, RT no tiene una política sobre cómo se deben presentar los periodistas en las redes. “Cada uno hace uso de su cuenta como individuo, a su gusto. El que quiere pone dónde trabaja pero no es algo que RT les pida”, sostuvo, en una aclaración que dice mucho sobre hasta qué punto aquellos “etiquetados” están por fuera del alcance del criterio editorial y organizacional del medio.
Para el investigador del Conicet y profesor de la Universidad de Quilmes y la Universidad de Buenos Aires Martín Becerra, el etiquetado de todos los tuits de esos periodistas no aporta contexto ni transparencia: “Al revés: confunde a los usuarios, es abusivo con periodistas al asimilarlos a medios, es sesgado y opaco -como mínimo- en el etiquetado de algunos sí y otros no, y es una peligrosa marca para posibles agresiones”.
En un texto que publicó recientemente en su blog, Becerra explica que la decisión de la plataforma le parece, en principio, problemática: “En primer lugar, porque la metodología que emplea Twitter para sindicar `medios afiliados al gobierno´ es viscosa. La plataforma sólo etiqueta así a algunos medios de algunos gobiernos del mundo, no a todos (ni a la mayoría) de los medios estatales ni gubernamentales, tampoco a los que reciben la mayor parte de sus recursos de gobiernos para funcionar. Hay un obvio encuadre peyorativo en esa selección por conveniencia política”. Considera, además, que Twitter muestra su propia “línea editorial” en la gestión de contenidos, una rutina que camufla como “moderación de contenidos”.
Becerra también advierte que los periodistas etiquetados son “claramente estigmatizados” y que, en este contexto, eso supone un riesgo mayor: “Pueden ser objeto de campañas de agresión haciéndolos responsables de algo sobre lo que no tienen responsabilidad, la línea editorial de los medios en que trabajan”.
Para el especialista en medios y Tecnologías de la Información y la Comunicación, no sería extraño que el etiquetado llegue a los tribunales por el abuso y la injusticia cometida por Twitter. “No soy asertivo ni concluyente en esto. La palabra clave es `probable´, algo que deberán ponderar en Tribunales. Pero veo que la decisión de la plataforma afecta el derecho a la identidad, a la honra y a la propia imagen; el derecho del consumidor (Twitter abusa y altera sin aclaración previa ni ´derecho a defensa´ de los términos del servicio en estos casos); el derecho a la libertad de expresión de los etiquetados y también de sus audiencias/destinatarios, ya que alteran el encuadre de sus contenidos, su acceso y su visibilidad porque el algoritmo les resta visibilidad”, analizó.
Natalia Zuazo, especialista en política y tecnología y autora de «Los dueños de internet: Cómo nos dominan los gigantes de la tecnología y qué hacer para cambiarlo», explica que la política de Twitter es errática en cuanto al etiquetado: “Otras plataformas, con más ingresos y áreas de políticas públicas más importantes y desarrolladas, tienen más establecido cómo moderan contenido: desde lo algorítmico, reduciendo el alcance o con la censura, el caso más extremo. Twitter, en cambio, tiene una política muy errática. La censura a la cuenta de Donald Trump tras la toma del Capitolio se suma al banneo de publicidad política después del affaire de Cambridge Analityca. Porque en definitiva es muy complejo definir qué es político y qué no es político”. Considera que parte de la desproporción del etiquetado radica en cómo se instrumenta: “Si un robot busca `Sputnik´ y etiqueta sin mayor criterio, genera muchos problemas en la práctica. Por otra parte, más allá del cartel estigmatizante, la medida probablemente le baja el alcance a los mensajes de los periodistas, algo que tiene mucho impacto en un trabajo en general mal remunerado y que requiere de cierta exposición en redes”.
Más allá de los derechos afectados, Zuazo pone la lupa e indaga sobre qué hay detrás de la decisión de la plataforma. “¿Con qué criterios de transparencia y consistencia se toman estas decisiones? ¿Las definen las plataformas de forma unilateral? ¿Tienen una política detrás o nacen con excepciones y sesgos?”, indaga y sostiene que estas circunstancias de crisis desnudan que lo que falta es una moderación más democrática de contenidos. “Es necesario pensar en quiénes toman las decisiones y advertir que se deben tomar antes de las crisis. Las deliberaciones necesariamente tienen que tener sentados en la mesa a varios de los actores involucrados -plataformas, gobiernos y periodistas- para tener criterios más democráticos”, analiza.
Las razones del “etiquetado frontal” de periodistas en Twitter en medio de un conflicto bélico están, en gran medida, motivadas en las valoraciones de la plataforma. Zuazo explica que Twitter modera en función de la orientación de un Consejo de Seguridad y Confianza integrado por organizaciones que entienden en temas de de seguridad, abusos en línea, infancias o suicidio, pero que son muy pro occidentales y que claramente dejan una marca con ese sesgo.
“Si analizamos el comportamiento de Twitter, la línea editorial es responder a los intereses gubernamentales del Occidente blanco. Pero en definitiva, esa orientación perjudica a los mismos ciudadanos del occidente blanco; se puede considerar que la invasión de Rusia es abominable, pero hay un derecho de la prensa a informar y de los ciudadanos a informarse de una forma plural que está vulnerado”, analiza y reconoce que el etiquetado es otra de las formas en las que las plataformas ceden a las presiones gubernamentales. “Uno puede pensar que el gobierno de Rusia es responsable de una invasión a un país soberano, pero desconectar a Rusia del ecosistema de internet, considerado un derecho humano para la ONU, es por lo menos problemático”, reflexiona Zuazo sobre lo problemático que es trasladar y replicar el conflicto armado en las redes sociales y sobre el impacto -todavía imposible de calcular en parte por su falta de precedentes- que este tipo de medidas tendrán en el corto plazo.
Buenos Aires
El video se hizo viral y agresor está identificado pero la Justicia no actúa, mientras una mujer espera protección
Un video que muestra una paliza brutal a una mujer se viralizó en las últimas horas, el agresor ya fue identificado y la asociación civil Madres que rompen el silencio exigió medidas urgentes al Departamento Judicial de Azul, denunciando una peligrosa demora institucional ante pruebas audiovisuales contundentes.
Las imágenes son inequívocas: un hombre revisa el teléfono de su pareja, la confronta y le propina una brutal paliza mientras ella ruega que se detenga. El video, filmado en la localidad bonaerense de Tapalqué, se viralizó en las últimas horas y permitió identificar al agresor, presuntamente Rodrigo Carrica. Pese a la existencia de pruebas audiovisuales contundentes, la respuesta judicial tardó en llegar; una demora que organizaciones de mujeres calificaron como violencia institucional.
La asociación civil Madres que rompen el silencio, con sede en Río Negro, tomó conocimiento directo del caso y se constituyó en interlocutora ante las autoridades del Departamento Judicial de Azul, el fuero con competencia sobre Tapalqué. La organización presentó el material probatorio disponible, que incluye los registros fílmicos y fotográficos de la agresión, y exigió una respuesta estatal inmediata.
El reclamo: medidas urgentes ante la demora judicial
La entidad formalizó un reclamo ante el Departamento Judicial de Azul con tres exigencias centrales: la intervención urgente para revisar y agilizar el accionar de las dependencias judiciales y policiales locales; el dictado inmediato de medidas de protección y restricción perimetral eficaces para resguardar la integridad psicofísica de la víctima; y el cese absoluto de las dilaciones burocráticas frente a la existencia de pruebas audiovisuales explícitas.
«No se puede seguir tolerando que la burocracia judicial desampare a quienes denuncian», advirtió la organización, que también alertó sobre el riesgo concreto que implica cada hora de demora en casos donde la víctima convive o tiene contacto con su agresor. Madres que rompen el silencio comunicó que se mantendrá en estado de alerta comunitaria hasta que las garantías constitucionales y de seguridad sean cumplidas de manera efectiva.

Violencia institucional por omisión
La denuncia pone sobre la mesa un problema estructural del sistema judicial argentino frente a la violencia de género: la brecha entre la disponibilidad de prueba y la velocidad de la respuesta institucional. La organización usó una categoría precisa para nombrarlo: «la violencia institucional por omisión o demora también es una forma de violencia que perpetúa el peligro». En ese encuadre, la inacción no es un vacío neutral sino un acto que habilita la continuidad de la agresión.
El caso de Tapalqué no es un hecho aislado. La Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres establece con claridad el deber del Estado de actuar con la debida diligencia frente a situaciones de riesgo. El incumplimiento de ese mandato en contextos donde existe material probatorio disponible no solo representa una falla procesal, sino una responsabilidad estatal en los términos de los estándares internacionales de derechos humanos.
Lo que tenés que saber:
- Un video viral muestra a un hombre, presuntamente Rodrigo Carrica, golpear brutalmente a su pareja en Tapalqué, provincia de Buenos Aires.
- La asociación civil Madres que rompen el silencio denunció una alarmante demora de la Justicia local a pesar de contar con pruebas audiovisuales contundentes.
- La organización exigió al Departamento Judicial de Azul medidas urgentes de protección, restricción perimetral y cese de dilaciones burocráticas.
- La entidad advirtió que la omisión y la demora judicial son en sí mismas una forma de violencia institucional que prolonga el peligro para la víctima.
- La organización anunció que se mantendrá en estado de alerta hasta que se garantice efectivamente la seguridad de la mujer agredida.
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