La otra cara del “orden”: desalojaron a feriantes en Mar del Plata

El operativo que desmanteló la feria “La Saladita” en la zona de Playa Bristol, en Mar del Plata, dejó al descubierto algo más que un conflicto por la legalidad del comercio: expuso la fragilidad de más de 200 familias que, de un día para el otro, quedaron sin ingresos. A más de diez días del desalojo, los trabajadores se movilizaron frente al municipio para exigir lo que hasta ahora no llegó: una respuesta.

El Estado que llega con topadoras

La intervención se realizó bajo el argumento de combatir la venta ilegal y la violación de marcas. El municipio recuperó el predio, pero no ofreció alternativas. La escena se repite: presencia estatal para desalojar, ausencia para contener.

Walter Rivero, del Sindicato de Vendedores Ambulantes, sintetizó el reclamo: “No somos delincuentes, somos trabajadores que quedaron afuera del sistema”. La frase no es nueva, pero vuelve a tomar fuerza en un contexto donde la informalidad no es elección sino única salida.

Once días sin ingresos

Desde el operativo, los feriantes aseguran que no hubo instancias de diálogo. Denuncian promesas incumplidas y una situación que se agrava con el correr de los días. “Hay familias que no tienen para comer”, advirtieron durante la protesta.

El impacto no es abstracto. Son vendedores de ropa, alimentos, productos básicos. Redes de subsistencia que, sin ese espacio, se desarman. La feria funcionaba como un sostén colectivo frente a un mercado laboral cada vez más excluyente.

Miedo a que la historia se repita

El conflicto no quedó limitado a Playa Bristol. Trabajadores de otras ferias, como la de Plaza Rocha, expresaron temor ante posibles desalojos. La incertidumbre se expande y refuerza una sensación compartida: la de estar siempre al borde.

“Queremos trabajar”, repiten. No hay eufemismos ni vueltas. El pedido es concreto: una mesa de diálogo y una alternativa real.

Silencio oficial

Hasta el momento, la gestión del intendente Neme no dio respuestas públicas que atiendan el reclamo de fondo. Sin propuestas de reubicación ni políticas de contención, el conflicto sigue abierto.

En el medio, más de 200 familias sostienen la espera como pueden.