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Un abogado cercano a Milei admite que la ONU puede abrir la revisión de la condena de Cristina

Francisco Oneto, letrado identificado con el oficialismo, contradijo a los analistas que minimizan el alcance del proceso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y sostuvo que un dictamen favorable a Cristina Fernández de Kirchner habilitaría invocar el artículo 366 del Código Procesal Penal Federal para pedir la revisión de la sentencia firme en la causa Vialidad.

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El Argentino Diario-Cristina Fernández de Kirchner.
El art. 366 del CPPF y la estrategia ante la ONU: por qué la cosa juzgada no es un muro infranqueable.

La estrategia internacional de Cristina Fernández de Kirchner generó un debate jurídico que cruzó todas las líneas partidarias. El martes 29 de julio, el abogado Francisco Oneto, identificado con el oficialismo y cercano al presidente Javier Milei, publicó en la red social X una afirmación que sorprendió por su origen: un dictamen favorable del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas podría abrir la puerta a la revisión judicial de la condena de la expresidenta, incluso siendo una sentencia firme.

«Sorprende el desconocimiento de los ‘especialistas’ que aseguran que un dictamen favorable a CFK del Comité de DDHH de la ONU no tendría efectos en su condena ‘porque está firme’. Falso», escribió Oneto en una publicación que al día siguiente superó las 571.000 visualizaciones.

La publicación adquirió una dimensión política singular: fue un letrado del propio espacio gobernante el que refutó a quienes, desde sectores afines al Gobierno, intentaron reducir el impacto institucional del recurso internacional presentado por la defensa de la expresidenta.

El fundamento legal: el artículo 366 del CPPF

Oneto fundamentó su postura en el derecho procesal penal vigente. Señaló que el artículo 366, inciso f, del Código Procesal Penal Federal habilita la revisión de una sentencia firme cuando un órgano de aplicación de un tratado internacional se pronuncia en una comunicación individual. Según explicó, el Comité de Derechos Humanos de la ONU encuadra exactamente en esa categoría: los artículos 28 y siguientes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), combinados con el artículo 1 del Protocolo Facultativo de 1966, otorgan al organismo competencia para recibir denuncias de individuos, mientras que el artículo 5 del mismo protocolo lo faculta a emitir dictamen.

«Traducción: un dictamen favorable habilitaría la acción de revisión. La cosa juzgada no es el muro que dicen», concluyó Oneto en su publicación.

La tesis de Oneto coincide en lo sustancial con la estrategia procesal que el propio abogado defensor Carlos Beraldi anticipó en conferencia de prensa: ante un pronunciamiento favorable del Comité, la defensa invocaría ese mismo artículo 366 ante la Cámara Federal de Casación Penal para solicitar la reapertura del caso. Lo notable es que el argumento llegó también desde el campo opositor al kirchnerismo.

Lo que la defensa llevó a Ginebra

La comunicación individual presentada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, no plantea una nueva discusión sobre los hechos del caso ni sobre la culpabilidad de la expresidenta. El eje del planteo son las violaciones a garantías procesales fundamentales: el derecho al debido proceso, la independencia e imparcialidad del tribunal, la presunción de inocencia y el derecho a contar con tiempo y medios adecuados para preparar la defensa.

El equipo legal, integrado por Beraldi, el jurista brasileño Rafael Valim y el ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Javier Borrego, denunció además la presunción de culpabilidad que operó sobre el proceso, señalando declaraciones públicas tanto del expresidente Mauricio Macri como del actual mandatario Javier Milei como evidencia de un «ambiente hostil de persecución» que quedó consignado en la presentación.

La comunicación también incluyó pedidos cautelares. El más urgente es la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la sanción que la defensa considera «la pena principal» y que impide a Fernández de Kirchner participar en competencias electorales. Según el abogado Javier Borrego, esa cautelar podría resolverse en octubre de 2026. La revisión de fondo de la sentencia, en cambio, podría demorar varios años.

Un debate jurídico abierto: vinculante o no

El alcance real de un eventual dictamen favorable del Comité no está exento de polémica entre los especialistas. El constitucionalista Pablo Manili advirtió que la obligatoriedad no es automática: «Hay que ver qué dice la Corte. Sí reconoce la obligatoriedad de la Corte Interamericana, pero esto es un comité. No es un órgano jurisdiccional». La Corte Suprema argentina reconoció el carácter vinculante de algunos pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no de todos, y no existen antecedentes directos con el sistema de Naciones Unidas en este tipo de casos.

Beraldi, por su parte, sostuvo que «aunque lo que emita se llame dictamen, es una decisión que debe respetar el Estado argentino». La resolución definitiva sobre el peso jurídico del pronunciamiento, si llegara a producirse, quedará en manos de la propia Corte Suprema argentina, el mismo tribunal que confirmó la condena en 2025.

Lo que el pronunciamiento de Oneto puso en evidencia es que el debate ya no puede reducirse a un cálculo político: la herramienta procesal existe en el derecho argentino vigente, y su activación dependería de un órgano internacional que Argentina reconoce como parte de sus obligaciones convencionales. Que esa constatación haya llegado desde el propio espacio oficialista revela la solidez del andamiaje jurídico construido por la defensa de la expresidenta.

Puntos clave

  • El abogado Francisco Oneto, cercano al oficialismo, afirmó que un dictamen favorable del Comité de DDHH de la ONU habilitaría la revisión de la sentencia firme contra Cristina Fernández de Kirchner.
  • El fundamento legal es el artículo 366, inciso f, del Código Procesal Penal Federal, que permite revisar una sentencia firme ante un pronunciamiento de un órgano de aplicación de un tratado internacional.
  • La defensa de la expresidenta solicitó una cautelar ante la ONU para suspender la inhabilitación perpetua que le impide presentarse a elecciones; podría resolverse en octubre de 2026.
  • El alcance vinculante de un eventual dictamen favorable del Comité aún es objeto de debate jurídico y dependerá, en última instancia, de la Corte Suprema argentina.
  • La presentación denuncia un «ambiente hostil de persecución» y señala declaraciones de Macri y Milei como evidencia de una presunción de culpabilidad sobre el proceso.

DDHH

“El mal existe y debe ser sometido por la fuerza”: Milei reivindicó la represión y negó los crímenes de la dictadura en el acto por San Martín

En la ceremonia por el 176° aniversario de la muerte del Libertador, el presidente ensayó un discurso negacionista sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura cívico-militar, ponderó el rol represivo de las fuerzas de seguridad y llamó a «someter por la fuerza» a quienes «eligen el mal», sin mencionar las reiteradas represiones a jubilados y organizaciones sociales que ocurren cada miércoles bajo su propio gobierno.

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El Argentino Diario-Javier Milei.
Del prócer al garrote: cómo Milei convirtió el homenaje a San Martín en una reivindicación de la represión y el negacionismo.

Javier Milei encabezó este lunes el acto oficial por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín en el Monumento al Libertador de la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro. Junto a él, la cúpula de su gabinete y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Lo que comenzó como una ceremonia de homenaje al prócer fundacional de la Nación derivó en uno de los discursos más reveladores, y más inquietantes, de su gestión.

Negacionismo en el Monumento al Libertador

El punto más grave del discurso presidencial fue el que pasó más inadvertido en la cobertura oficial. Milei aseguró que el «instrumento militar» del país «fue demonizado y desfinanciado por demasiado tiempo» y afirmó que ese «camino fue equivocado». La declaración, pronunciada frente a la plana mayor de las Fuerzas Armadas, no contiene ningún matiz ni contexto: borra de un plumazo los 30.000 detenidos desaparecidos, los vuelos de la muerte, los centros clandestinos de detención y los bebés robados que motivaron precisamente ese proceso de revisión crítica sobre el rol militar. Los juicios por crímenes de lesa humanidad, que continúan siendo sustanciados en los tribunales federales de todo el país, no merecieron ni una mención.

En ese mismo marco, el presidente reclamó «unas Fuerzas Armadas equipadas y bien formadas», en sintonía con la política de rearmado y rejerarquización castrense que su gobierno viene impulsando desde el primer día de gestión, incluyendo decretos de aumento salarial diferencial para las fuerzas y la firma de acuerdos de cooperación militar con los Estados Unidos.

«El mal existe y debe ser sometido por la fuerza»

Hacia el cierre de su alocución, Milei pronunció la frase que sintetiza su visión sobre el orden público: «Un pueblo libre también requiere de fuerzas de seguridad capacitadas y provistas de las herramientas necesarias para proteger lo más preciado que tenemos, pues el mal existe y quienes eligen ese camino deben ser sometidos por la fuerza.» La formulación no es casual ni inocente: coloca a las fuerzas de seguridad como árbitras del bien y el mal, y habilita la fuerza como respuesta legítima ante cualquier conducta que el poder de turno clasifique como transgresora.

El presidente completó ese razonamiento con una equiparación que merece ser leída con atención: «El ladrón es también un tirano del prójimo y defender la libertad de Argentina es oponerse con toda la fuerza pública a los criminales.» En un gobierno que ha aplicado gases lacrimógenos, balas de goma y detenciones a jubilados que reclaman por sus haberes frente al Congreso, la retórica sobre «criminales» y «fuerza pública» adquiere un significado político concreto y documentado.

El silencio sobre los miércoles de represión

Milei no hizo ninguna referencia a las represiones sistemáticas que las fuerzas de seguridad llevan a cabo cada miércoles frente al Congreso Nacional, donde jubilados, pensionados y organizaciones sociales protestan por el ajuste previsional y la destrucción del poder adquisitivo de sus haberes. Esos episodios, documentados semana a semana con imágenes de personas mayores siendo derribadas por policías con escudos, forman parte del registro público y periodístico de su gestión. Pedir más capacitación y herramientas para las fuerzas de seguridad, mientras esas mismas fuerzas reprimen a jubilados, configura una contradicción que el discurso presidencial ni siquiera intenta resolver.

La «batalla cultural» como sustituto de la política económica

En el único pasaje en que Milei reconoció la existencia de malestar social, lo hizo para instrumentalizarlo políticamente. «Internamente, la libertad para sobrevivir requiere de un pueblo próspero y pujante, pues los intentos de los tiranos de turno de sofocar la llama de la libertad siempre se apoyan en el descontento y la pobreza para romper con el orden», sostuvo. El reconocimiento implícito de que su gobierno no resolvió la pobreza ni el descontento no derivó en ningún anuncio de medidas concretas. Milei convocó, en cambio, a «dar la batalla cultural para explicar, una y otra vez, cómo esta prosperidad está basada y depende de los valores que nos hicieron grandes.»

También dejó en claro que para su visión política la necesidad económica del trabajador o del Estado no justifica ningún tipo de reclamo redistributivo: «Ellos nos quieren hacer creer que el pecado es justo y la justicia es pecado, y que el robo está justificado si es por un supuesto bien superior, sea este la necesidad económica del pobre o la necesidad fiscal del Estado.» En esa lógica, cualquier reclamo social queda subsumido en la categoría de amenaza a la libertad, habilitando la respuesta represiva que el propio discurso reivindicó minutos después.

Geopolítica, fronteras y el silencio sobre Huawei

El presidente también anunció la necesidad de «retomar la protección de nuestras fronteras, de elegir bien nuestras alianzas geopolíticas, de luchar contra todas las formas de terrorismo y de pararnos siempre del lado de la democracia.» Las palabras llegaron en un momento en que Milei mantiene un llamativo silencio sobre las presiones ejercidas por funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina para que una cooperativa neuquina deje de contratar servicios de la empresa china Huawei, una señal que compromete la soberanía tecnológica y las capacidades industriales del país. El «buen posicionamiento geopolítico» que pregona el discurso y la subordinación a los intereses norteamericanos en materia de telecomunicaciones plantean, al menos, una pregunta incómoda.

Puntos clave

  • Milei afirmó que las Fuerzas Armadas fueron «demonizadas» por «demasiado tiempo», sin mencionar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
  • Llamó a «someter por la fuerza» a quienes «eligen el mal», en un discurso que pondera la represión como herramienta de gobierno.
  • No hizo ninguna referencia a las represiones semanales a jubilados frente al Congreso, documentadas a lo largo de toda su gestión.
  • Presentó la «batalla cultural» como respuesta al descontento social, sin anunciar medidas económicas concretas para revertir la pobreza y la caída del poder adquisitivo.
  • Guardó silencio sobre las presiones de la Embajada de Estados Unidos contra la contratación de Huawei por parte de una cooperativa neuquina.
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