El equipo legal de Cristina Fernández de Kirchner trabaja con un horizonte temporal concreto: la medida cautelar presentada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas podría resolverse antes de que finalice 2026. Así lo confirmó Rafael Valim, el jurista brasileño que asumió la representación de la expresidenta ante ese organismo internacional, en declaraciones recientes en las que se mostró con amplia confianza en el resultado.

«Estamos muy confiados y muy seguros de que vamos a cambiar el destino de esta causa. Vamos a tener reconocidas las violaciones de los derechos humanos de Cristina», afirmó Valim. El abogado precisó que la instancia cautelar, orientada específicamente a levantar la inhabilitación que le impide ejercer cargos públicos y participar en elecciones, tramitará con mayor celeridad que la revisión de fondo, cuyo plazo estimó entre dos y tres años.

«La proscripción está ya contemplada en un pedido cautelar. Probablemente será analizado de una manera más breve, más rápida. Y en la materia de fondo se trata de las violaciones a los derechos de Cristina», explicó el letrado, quien tiene un antecedente directo en este tipo de estrategia internacional: fue el mismo abogado que representó al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en su disputa ante organismos similares durante el proceso judicial que lo mantuvo inhabilitado y preso entre 2018 y 2019.

El argumento central: una «barbaridad jurídica»

Más allá del calendario procesal, Valim realizó una crítica contundente a la arquitectura jurídica sobre la que descansa la condena de la expresidenta en la causa Vialidad, ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para el jurista brasileño, el núcleo del problema no radica en tecnicismos procedimentales sino en la base misma del razonamiento condenatorio.

«Hay muchos problemas en términos de parcialidad de los jueces, muchos problemas técnicos graves», reconoció, pero eligió concentrarse en lo que calificó como el vicio más profundo de la sentencia: «Quiero destacar uno que es la base de la condena. Dicen que tenía una responsabilidad por actos de corrupción ocurridos en contratos firmados por una provincia, la de Santa Cruz, que firmó un convenio con un ente autárquico».

El argumento refiere a la imputación de responsabilidad a Fernández de Kirchner, en su carácter de presidenta de la Nación, por irregularidades registradas en contratos de obra pública ejecutados bajo jurisdicción provincial y administrados por la empresa estatal Vialidad Nacional. Para Valim, esa cadena de atribución carece de sustento: «Atribuir a una presidenta la responsabilidad por esos contratos o por problemas de esos contratos, desde el punto de vista jurídico, es una barbaridad». Y amplió la advertencia hacia sus consecuencias lógicas: «Si tomamos en serio ese criterio, ningún presidente va a quedar en libertad. Porque atribuir al presidente responsabilidad por todos los contratos de Argentina es una locura».

La conclusión del abogado no dejó margen para la ambigüedad: «Desde el punto de vista jurídico, la condena de Cristina no tiene ningún fundamento. Y te lo digo de manera clara y sincera. Cualquier jurista que analice la condena, que la quiera tratar seriamente, va a llegar a esta conclusión».

El carácter vinculante del fallo: la lección del caso Lula

Una pregunta recurrente en el debate político y jurídico argentino es si una eventual resolución favorable del Comité de Derechos Humanos de la ONU obligaría al Gobierno de Javier Milei a acatar lo dispuesto. Valim respondió con una posición tajante, apoyada en un argumento constitucional de peso.

«En Brasil fue lo mismo. Fue la misma discusión, de si es vinculante o no», recordó el letrado en referencia al proceso que siguió Lula da Silva. «Es cierto que es vinculante. No debemos olvidar que el pacto internacional y el protocolo facultativo de ese pacto, que es de donde se extrae la posibilidad de acudir al comité, estos dos instrumentos son norma constitucional en Argentina», señaló.

La precisión es relevante: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo tienen jerarquía constitucional en Argentina desde la reforma de 1994, según lo establece el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. Eso significa, en la interpretación de Valim, que un pronunciamiento del Comité no es una mera recomendación diplomática sino una obligación jurídica de rango constitucional que el Estado argentino no puede ignorar sin incurrir en una violación de su propia ley fundamental.

El precedente Lula y la estrategia kirchnerista

La incorporación de Valim al equipo de defensa de Cristina no es casual. Su experiencia en el caso Lula da Silva lo convierte en una referencia directa para la estrategia que el kirchnerismo busca replicar. En aquel proceso, la justicia brasileña condenó a Lula en el marco de la operación Lava Jato y lo mantuvo inhabilitado para competir en las elecciones presidenciales de 2018. Años después, el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló esas condenas por considerar que el juez Sergio Moro, que las dictó, actuó con parcialidad al colaborar con la fiscalía. Lula recuperó sus derechos políticos y ganó las elecciones presidenciales de 2022.

El paralelismo que el kirchnerismo traza entre ambos casos es una pieza central de su argumentación pública. La estrategia ante la ONU busca instalar en el plano internacional la narrativa del lawfare, es decir, el uso del sistema judicial como instrumento de persecución política, y obtener un respaldo institucional que complique la postura del Gobierno argentino ante la comunidad internacional.

Fernández de Kirchner permanece detenida bajo el régimen de prisión domiciliaria, cumpliendo la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta por el Tribunal Oral Federal 2 y confirmada por la Corte Suprema en la causa Vialidad, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz durante sus presidencias.

Puntos clave

• El abogado Rafael Valim estimó que la medida cautelar ante la ONU que podría permitir la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner se resolvería en el segundo semestre de 2026.
• Valim calificó de «barbaridad jurídica» atribuir a la expresidenta responsabilidad penal por contratos de obra pública ejecutados bajo jurisdicción provincial.
• El jurista sostuvo que cualquier abogado que analice «seriamente» la condena en la causa Vialidad concluirá que carece de fundamento jurídico.
• Para Valim, una resolución favorable del Comité de Derechos Humanos de la ONU sería vinculante para la Argentina, con rango constitucional según el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.
• El letrado tiene antecedentes directos en este tipo de estrategia: integró el equipo que representó a Lula da Silva ante instancias similares durante el proceso Lava Jato en Brasil.