Judiciales ⚖️
Comenzó el último alegato en la Causa Vialidad
Con la finalización de este alegato se ingresará en la etapa de réplicas, si es que la fiscalía solicita realizarlas y luego la de últimas palabras para llegar al veredicto.
El juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 se reanudó este martes con el último de los alegatos de las defensas a cargo del abogado Miguel Arce Ageo, quien representa a dos de los 13 acusados, los exfuncionarios de Vialidad Juan Carlos Villafañe y Raúl Santibañez.
La fiscalía «hizo una construcción errónea» de las acusaciones en su «frondoso alegato», comenzó Arce Ageo en la audiencia iniciada pasadas las 9.30 ante el Tribunal Oral Federal 2.
El letrado, junto a Villafañe y Santibañez, acudieron de manera presencial a los tribunales federales de Retiro, en la sala de audiencias en la que también estaban los integrantes del Tribunal Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.
Las restantes partes seguían el debate por videoconferencia y con la finalización de este alegato se ingresará en la etapa de réplicas, si es que la fiscalía solicita realizarlas y luego la de últimas palabras para llegar al veredicto.
Arce Ageo anticipó que pedirá la absolución de sus dos representados y consideró que «el error más grave» de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola fue que «confundieron los ámbitos de imputación» al «poner el perro delante de los caballos», graficó.
«Es un error de praxis, tengo que primero acreditar que el delito objetivamente se cometió«, dijo el abogado.
La fiscalía pidió seis años de prisión para Villafañe, expresidente de la Administración General de Vialidad de la provincia de Santa Cruz (AGVP), como supuesto autor de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública
Para Santibañez, quien tuvo el mismo cargo, solicitó cuatro años de cárcel. La defensa consideró que los fiscales «no pudieron acreditar bajo ningún punto de vista» que haya habido perjuicio al erario del Estado Nacional. «Ningún presidente de la AGVP manejó fondos nacionales, nunca», advirtió.
En el juicio se debate el supuesto direccionamiento en la adjudicación a empresas del también acusado Lázaro Báez de 51 obras públicas nacionales en Santa Cruz, presuntos sobreprecios e incumplimientos.
En la causa es juzgada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien la fiscalía pidió condenar a 12 años de prisión mientras que su defensa reclamó ya la absolución en su alegato final.
Además se juzga a Báez, al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al exsecretario de Obra Pública José López, entre otros.
Denuncia
La ruta del efectivo: Adorni pagó US$ 245 mil “en mano” por su casa de lujo en el country Indio Cuá
El contratista de su casa en el country Indio Cuá confirmó ante la Justicia que recibió esa suma «en mano». Las sospechas por enriquecimiento ilícito se agravan ante la magnitud del gasto no bancarizado.
Cash, country y arquitectura: el contratista de Adorni confirmó pagos por US$ 245.000 en efectivo
★ La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio un giro dramático este lunes tras la declaración testimonial de Matías Tabar, el contratista a cargo de las reformas en la propiedad del funcionario en el country Indio Cuá, de Exaltación de la Cruz. Ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, Tabar reveló que el funcionario le pagó la suma de 245.000 dólares en efectivo en concepto de refacciones, un monto que profundiza las sospechas sobre el origen de los fondos y la consistencia del patrimonio del vocero presidencial.
El flujo de billetes en el country Indio Cuá
Tabar, socio del grupo Alta Arquitectura, fue citado a declarar en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que investiga cómo el funcionario financió un nivel de vida y adquisiciones inmobiliarias que superan ampliamente sus ingresos registrados. Según pudo confirmar este medio a través de fuentes judiciales, el profesional confirmó que el pago por las obras de renovación se realizó de manera directa y en billetes estadounidenses, una modalidad que elude los controles del sistema bancario y complica la justificación ante la Ley de Ética Pública.
Esta revelación se suma a las inconsistencias ya detectadas por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) respecto a los valores de las propiedades del funcionario. La cifra de 245.000 dólares solo por refacciones resulta especialmente sensible si se considera que Adorni adquirió la finca a fines de 2024 y que, en paralelo, mantiene deudas hipotecarias sospechosas con jubiladas por su departamento en el barrio de Caballito.
Un patrimonio bajo sospecha sistémica
El testimonio del arquitecto contradice el discurso de transparencia que el jefe de Gabinete intentó sostener este mediodía en la Casa Rosada, donde evitó dar detalles sobre sus activos. Los investigadores judiciales ahora buscan contrastar este flujo de efectivo con las declaraciones juradas del funcionario. Se investiga si esos dólares estaban declarados previamente o si forman parte de una evolución patrimonial injustificada desde que Adorni asumió funciones públicas en diciembre de 2023.
La causa, que también rastrea gastos por más de 9 millones de pesos en viajes familiares a Bariloche y otros traslados al exterior, sumará nuevos testimonios el miércoles con la presencia de Leandro Miano. La Justicia busca determinar si el entramado de propiedades y remodelaciones de lujo responde a una ingeniería de testaferros o a la recepción de fondos no declarados mientras el funcionario encabeza el área de comunicación y coordinación de la presidencia de Javier Milei.
Puntos clave:
- El contratista Matías Tabar confirmó el cobro de 245.000 dólares en efectivo por parte de Adorni.
- Las refacciones se realizaron en la propiedad del funcionario en el country Indio Cuá.
- El pago no bancarizado complica la situación de Adorni ante la Oficina Anticorrupción.
- El monto por las obras casi iguala el valor de mercado de otras propiedades del jefe de ministros.
- La fiscalía de Gerardo Pollicita investiga si el dinero fue omitido en las declaraciones juradas oficiales.
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