Lawfare
El TOF 2 rechazó las visitas sin restricciones para Cristina
Los jueces de la causa Viialidad endurecieron las condiciones de la domiciliaria contra CFK con un régimen de visitas limitado a un listado dividido por categorías. Solo podrán ingresar médicos, abogados, familiares y custodios, y el resto deberá contar con autorización especial.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) rechazó este lunes el pedido de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner para recibir visitas sin restricciones en su domicilio de Constitución. Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu establecieron un sistema limitado que solo permite el ingreso de personas encuadradas en cuatro categorías: médicos, representantes legales, familiares y personal de custodia.
La decisión fue adoptada tras el ingreso formal de la documentación presentada por su abogado, Carlos Beraldi, quien solicitó confidencialidad para el listado de visitas y la autorización para un régimen libre, argumentando que la expresidenta mantiene una “vida social activa”. Sin embargo, el tribunal resolvió no hacer lugar a la solicitud y determinó que toda persona fuera de los rubros admitidos —incluidos periodistas, dirigentes políticos, amistades o personal de confianza— deberá contar con una habilitación expresa.
Una lista cerrada y bajo control judicial
En la resolución, los magistrados especificaron que la nómina presentada deberá ser evaluada y cada ingreso autorizado de forma individual. Inclusive, los secretarios privados de la ex mandataria tendrán que aguardar la aprobación del TOF 2 antes de poder ingresar al departamento ubicado en la calle San José 1111.
El fallo se conoció el mismo día en que vencía el plazo legal de cinco días hábiles para que el tribunal se expidiera, aunque los jueces decidieron resolver de inmediato.
Argumentos constitucionales rechazados
En su presentación, Beraldi sostuvo que Cristina Kirchner conserva “todos los derechos civiles y políticos que no hayan sido afectados por la sentencia”. Citó el artículo 19 de la Constitución Nacional para subrayar que quienes cumplen condena en un domicilio particular “pueden desarrollar todas las actividades no prohibidas por la ley”.
“Más allá de la pena privativa de libertad y de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, nuestra asistida no ha perdido ninguno de los demás derechos inherentes a su condición humana”, expresó.
Aun así, el TOF 2 decidió limitar las visitas y mantener el control directo sobre el régimen de acceso al domicilio, al que se suma la vigilancia mediante tobillera electrónica, que Cristina Kirchner comenzó a utilizar el jueves pasado.
Una condena en disputa
Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en la causa “Vialidad” a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en un fallo que la propia expresidenta calificó como parte de una persecución política y judicial.
Aunque permanece en libertad domiciliaria a la espera de la revisión final de la Corte Suprema, la implementación del sistema de tobillera y el endurecimiento de las condiciones de su detención marcan un nuevo capítulo en el proceso.
Puntos clave:
- El TOF 2 rechazó el pedido de visitas sin restricciones para Cristina Kirchner.
- Solo podrán ingresar médicos, abogados, familiares y custodios.
- Cualquier otra persona deberá contar con una autorización especial.
- La defensa alegó que la expresidenta mantiene todos sus derechos civiles y políticos.
- El fallo se conoció el mismo día en que vencía el plazo legal para resolver.
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DDHH
La defensa de Maduro apuesta a desmantelar la acusación antes del juicio: la inmunidad soberana, el primer frente de batalla
La tercera audiencia preliminar ante el juez federal Alvin Hellerstein duró apenas 18 minutos y concluyó con la aprobación del cronograma conjunto propuesto por la Fiscalía y la defensa. Nicolás Maduro y Cilia Flores, detenidos en Brooklyn desde el 3 de enero, reiteraron su declaración de inocencia. La inmunidad soberana será el primer gran frente de batalla legal.
El Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York celebró este miércoles 22 de julio la tercera audiencia preliminar del proceso penal contra el ex presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La vista, que no superó los 18 minutos, tuvo un carácter estrictamente procesal: la Fiscalía y la defensa presentaron conjuntamente un cronograma que el juez Alvin Hellerstein aprobó, fijando el 1° de junio de 2027 como fecha tentativa de inicio del juicio oral. Ambos procesados, que permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn desde su captura el 3 de enero, volvieron a declararse no culpables.
Un cronograma acordado entre partes
Antes de la audiencia, la Fiscalía y la defensa presentaron ante el tribunal un escrito conjunto con el calendario detallado del proceso. El documento establece dos rondas de mociones previas al juicio. La primera ronda deberá completarse el 2 de septiembre de 2026, e incluirá, entre otras presentaciones, el argumento de inmunidad soberana que el equipo defensor planea invocar a favor de Maduro. Según expuso el abogado principal de la defensa, Barry Pollack, si el juez acepta ese argumento, Maduro no tendría que someterse a la segunda ronda de mociones, en la que la Fiscalía incorporará el conjunto de las pruebas reunidas durante la investigación.
En cuanto al material probatorio, la Fiscalía prevé completar la entrega de pruebas no clasificadas el 22 de septiembre y las clasificadas el 15 de noviembre de 2026, aunque advirtió que esos plazos podrían variar en función de la disponibilidad de otras agencias del gobierno de Estados Unidos. La segunda ronda de mociones se extendería hasta el 11 de enero de 2027, y el juicio con jurado arrancaría en junio de 2027, siempre que el tribunal no haga lugar a ninguno de los planteos de la defensa antes de esa fecha.
La apuesta de la defensa: la inmunidad como escudo
El eje central de la estrategia defensiva, revelado por Barry Pollack durante la audiencia, es la moción de inmunidad soberana: el argumento de que Maduro ejercía como jefe de Estado en funciones al momento de su detención y que, por lo tanto, la justicia estadounidense carecería de jurisdicción para juzgarlo. Pollack también anticipó que la defensa impugnará la legalidad de la captura y del traslado a territorio estadounidense, obligando al juez a examinar cuestiones sobre soberanía, actuación militar en territorio extranjero y admisibilidad de las pruebas obtenidas durante la Operación Resolución Absoluta del 3 de enero.
La estrategia apunta a desmantelar la acusación antes de llegar al jurado, mediante una disputa jurídica de fondo que podría consumir gran parte del período de preparación. Si el juez desestimara las mociones de inmunidad, el caso avanzaría hacia el debate sobre los cargos sustantivos: conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, en el caso de Maduro; delitos relacionados con importación de drogas y posesión de armas, para Flores. Una condena en ambos cargos podría derivar en cadena perpetua.
El estado físico de los procesados y el contexto político
Presentes en la sala con uniforme de prisionero color caqui, tanto Maduro como Flores fueron descriptos por periodistas presentes en la audiencia como visiblemente más delgados que en comparecencias anteriores, aunque con un aspecto recuperado. Maduro llegó caminando con normalidad, sin el rastro de la cojera que había mostrado en sesiones previas, y siguió los procedimientos junto a sus abogados con auriculares de traducción. Flores llegó detrás de él, con el cabello recogido y gafas.
Desde Venezuela, el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del procesado, calificó el proceso de «injusto» y reclamó públicamente la liberación de su padre y de Cilia Flores. La audiencia estuvo enmarcada en un amplio dispositivo de seguridad del NYPD para el traslado de los detenidos desde Brooklyn hasta la sede del tribunal en Manhattan. Cabe recordar que la audiencia estaba originalmente prevista para el 30 de junio, pero fue postergada por cuestiones logísticas vinculadas, según trascendidos, a la realización del Mundial de Fútbol en suelo estadounidense.
Un caso sin precedentes en la historia judicial de Estados Unidos
El proceso contra Maduro y Flores no tiene antecedentes directos en la historia judicial estadounidense en cuanto a la condición de los procesados: ambos eran, al momento de su captura, el presidente en ejercicio y la primera dama de Venezuela, respectivamente. La Operación Resolución Absoluta, que los detuvo el 3 de enero de 2026 en Caracas mediante una intervención de fuerzas estadounidenses, abrió un debate jurídico internacional que la defensa ahora intenta trasladar al propio tribunal. El juez Hellerstein, de 91 años, presidirá un proceso que se proyecta como uno de los más complejos y políticamente sensibles que haya enfrentado la justicia federal norteamericana en décadas.
Puntos clave
- El juez Alvin Hellerstein fijó el 1° de junio de 2027 como fecha de inicio del juicio oral.
- La audiencia del 22 de julio duró apenas 18 minutos y tuvo carácter exclusivamente procesal.
- La defensa apelará a la inmunidad soberana como primera línea de ataque jurídico, con mociones a presentar el 2 de septiembre.
- Maduro enfrenta cargos de narcoterrorismo e importación de cocaína; Flores, de importación de drogas y posesión de armas.
- Ambos permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn desde el 3 de enero de 2026.
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