A 22 años, familiares de las 38 víctimas y sobrevivientes de la represión que el Gobierno de Fernando de La Rúa ejerció durante el estallido social que determinó su caída en diciembre de 2001 continúan «sin encontrar justicia» y recordaron que, desde mayo del 2022, están pendientes de ratificación las condenas efectivas de los principales funcionarios que entonces ocupaban el Ministerio de Seguridad así como la Policía Federal.

De esta manera, se refirieron a Enrique Mathov (exsecretario de Seguridad); Rubén Santos (exjefe de la Policía Federal) y Norberto Gaudiero (exdirector general de Operaciones de la Policía Federal), cuyas responsabilidades fueron confirmadas por la Cámara Federal de Casación Penal el 13 de diciembre del 2021.

Hace 22 años, en la jornada del 19 de diciembre, De la Rúa declaró el estado de sitio en un discurso en el que ratificó su política económica y social lo que derivó, al día siguiente, en su renuncia a la Presidencia y su partida en helicóptero desde la Casa Rosada.

«Sigue pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia el tratamiento los recursos planteados por las defensas de los condenados Mathov, Santos y Gaudiero quienes discuten la asignación de responsabilidad y las penas que recibieron. El cuarto condenado, por responsabilidad jerárquica el comisario Andreosi falleció el año pasado» – Rodrigo Borda

Mientras esto sucedía, las protestas en las calles y en la Plaza de Mayo fueron reprimidas, produciéndose los hechos de mayor violencia en la intersección de la Avenida de Mayo y 9 de julio.

La represión se desató también en el interior del país y dejó un total de 38 muertos y decenas de heridos.

El abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Rodrigo Borda -que representa a las querellas de las familias de Gastón Riva y de Diego Lamagna, asesinado el 20 de diciembre en pleno centro porteño- dijo a Télam que «a 22 años de esos hechos no hubo justicia y hoy no hay ningún detenido«.

«Sigue pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia el tratamiento los recursos planteados por las defensas de los condenados Mathov, Santos y Gaudiero quienes discuten la asignación de responsabilidad y las penas que recibieron. El cuarto condenado, por responsabilidad jerárquica el comisario Andreosi falleció el año pasado», explicó.

«La causa está en la Corte desde mayo del 2022, hace más de un año, y entre las últimas novedades del caso es que en julio se le rechazó un pedido de sobreseimiento por prescripción que hicieron estos tres condenados y eso se acumuló con los otros tres planteos pendientes«, precisó el abogado.

En esa línea, consideró que «mientras se siga dilatando el trámite de esta causa que ya lleva más de 20 años sin ninguna justificación, los imputados y sus defensas seguirán presentando planteos dilatorios que continúan demorando la solución final por eso hacemos votos y en estos días vamos a presentar un pedido de pronto despacho para que la Corte Suprema resuelva definitivamente esta causa y Mathov, Santos y Gaudiero puedan cumplir las penas que les corresponden», anticipó Borda.

Los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma ratificaron en el 2021 la condena a 4 años y 3 meses de prisión para Mathov, más ocho años y seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos; y la sentencia de tres años y seis meses para Santos, con siete años de inhabilitación para ejercer como funcionario.

Esto se produjo luego de que las defensas de ambos funcionarios recurrieran a Casación para que se reconsideraran los montos de las penas por los homicidios de Riva, (Carlos) Almirón y Lamagna, además de las lesiones culposas sufridas por una veintena de manifestantes que salieron a las calles en esas jornadas.

En tanto, en julio de este año, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, con votos de Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, les rechazó a los condenados un pedido de sobreseimiento por prescripción y violación a la garantía de ser juzgados en un plazo razonable.

«A 22 años de los hechos ya no esperamos nada de la justicia y solo rogamos que no se vuelva a reprimir a la población civil» – Susana González

El fallo que rechazó la cámara en julio recuerda además que sigue pendiente desde 2020 el juicio ante el Tribunal Oral Federal 6 del subcomisario Ernesto Weber, el principal Fernando Villegas y el cabo Luis Rodríguez por el delito de vejaciones contra integrantes de Madres de Plaza de Mayo y otros manifestantes el 20 de diciembre de 2001 en Plaza de Mayo.

Por otra parte, desde el punto de vista parlamentario, tampoco tuvo éxito el proyecto de reparación histórica a las víctimas y a sus derechohabientes que si bien fue aprobado por unanimidad en el Senado, el 16 de noviembre del 2022, no tuvo tratamiento posterior en Diputados.

Se trata del proyecto de ley presentado originado en 2007 y presentado finalmente en 2021 por el Gobierno de Alberto Fernández cuando se cumplieron 20 años de la masacre de 2001.

La iniciativa establece un beneficio reparatorio en concepto de indemnización, con respecto a las personas que hubiesen fallecido o sufrido lesiones gravísimas como consecuencia de la represión desplegada por el Estado, en las manifestaciones de protesta ocurridas en todo el territorio nacional durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.

En marzo de este año, familiares de las víctimas lanzaron una campaña de firmas y adhesiones para la agilización del tratamiento pero sin mayores resultados.

En su primer artículo, el proyecto establecía que «las personas que resultaron víctimas de la represión con motivo de las jornadas de protesta y movilización de los días 19, 20 y 21 de diciembre de 2001, serán beneficiarias de las indemnizaciones que se establecen en la presente Ley por parte del Estado Nacional» y el segundo, estipulaba la «indemnización en los casos de muerte; lesiones gravísimas; y lesiones graves».

Entre los fundamentos, sostiene que «los días 19, 20 y 21 de diciembre del año 2001 representaron, desde la restauración de la democracia, la más violenta represión ejercida por el Estado sobre una movilización y protesta de ciudadanos en diferentes puntos de todo nuestro país» y que «la gravedad de lo ocurrido se centra tanto en las decisiones políticas tomadas, la represión en sí, y la respuesta institucional a los hechos».

Frente a este escenario, Susana González, amiga del joven fallecido Alberto Márquez y sobreviviente de la represión, dijo a esta agencia que «a 22 años de los hechos ya no esperamos nada de la justicia y solo rogamos que no se vuelva a reprimir a la población civil» y contó que mientras tanto los familiares realizan acciones para mantener viva la memoria.

Una de esas es iniciativa es la difusión de un documental sobre los hechos de diciembre de 2001, realizado por el Conicet dentro del programa Ciencia y Justicia, que se presentará el jueves próximo a las 20 en el Espacio Incaa ubicado en Moreno 2.654 de la ciudad de Buenos Aires.

La pieza ya fue emitida en el Cine Gaumont, en el Centro Cultural de Almirante Brown, en la Universidad Nacional de San Martín y en el Centro Cultural Haroldo Conti.