Denuncia
Cristina denunció cajoneamiento de causa $Libra y critica presencialidad en el caso Cuadernos
La ex presidenta cuestionó que el TOF 7 exija declaración presencial «para la foto» mientras acusó al fiscal Taiano de frenar la investigación sobre Milei. Vincularía el circo judicial con la crisis económica y la estafa de la criptomoneda.
★ Cristina Fernández de Kirchner cuestionó hoy la exigencia de presencialidad obligatoria para su declaración indagatoria del martes 17 de marzo ante el Tribunal Oral Federal Nro. 7 en la causa Cuadernos, y denunció que el fiscal Taiano mantiene cajoneadas las pruebas de la estafa de $Libra, investigación en la que está involucrado el presidente Javier Milei por un presunto pacto de 5 millones de dólares.
«Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo, el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo. No falla», escribió la titular del PJ en su cuenta de X, en un extenso posteo donde vinculó la reapertura de la causa judicial con una estrategia de distracción mediática ante la catástrofe social y económica del gobierno libertario.
La presencialidad como construcción mediática
La ex mandataria señaló que el TOF 7 «acató la exigencia mediática de presencialidad» en un juicio que se viene tramitando vía Zoom desde hace meses. «Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras en cuadraditos no da para tapa de diario ni videítos en la tele, y como ya se sabe, el show debe continuar», ironizó.
El tribunal, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, citó a Cristina Kirchner a indagatoria presencial en Comodoro Py para mañana martes a las 9 de la mañana, modificando la modalidad bimodal que venía utilizando durante las 13 audiencias anteriores.
Esta exigencia de presencialidad se produce días después de que el TOF 7 rechazara los pedidos de nulidad presentados por la defensa de Cristina Kirchner y otros imputados, que argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los arrepentidos.
La denuncia sobre la causa $Libra
En el mismo mensaje, la ex presidenta apuntó directamente contra el fiscal Taiano de Comodoro Py por mantener cajoneada la investigación sobre la estafa de $Libra. «Lo que tampoco van a poder ocultar, pese al cajoneo del Fiscal Taiano (Comodoro Py, ¡cuándo no!), son las pruebas de lo que fue la estafa de LIBRA por la que Milei, autor de la célebre frase ‘la moral como política de Estado’, habría pactado la módica suma de 5 millones de dólares», escribió.
La referencia irónica a la frase «la moral como política de Estado» que el propio Milei utilizó durante su campaña electoral contrasta con la acusación de pacto económico en una causa por fraude con criptomonedas.
El paisaje de la catástrofe económica
Cristina Kirchner contrapuso la construcción mediática del juicio con la realidad económica y social del país. «Las fotos en las tapas o los videos en la tele no van a alcanzar para ocultar (como le gustaría a la selecta minoría que se beneficia con las políticas de Milei) las postales del nuevo paisaje nacional generado por el economista experto en crecimiento con o sin dinero», señaló en tono sarcástico.
La ex mandataria enumeró una serie de indicadores de la crisis: «Fábricas cerradas o tomadas y obreros despedidos; locales sin alquilar y negocios vacíos; inflación superior a los dos puntos desde hace meses (pese a transitar desde hace más de dos años el ajuste económico más brutal que se recuerde); salarios en caída libre; familias endeudadas y moras bancarias que no se veían desde el final de la convertibilidad; comer carne, un lujo, y cada vez más gente en situación de calle».
Definió este escenario como «la catástrofe social y económica de este cuarto desgobierno neoliberal en la República Argentina», en referencia a los gobiernos de Alfonsín, Menem/De la Rúa, Macri y ahora Milei.
El contexto de un juicio cuestionado
La indagatoria presencial de Cristina Kirchner se produce en un contexto de serios cuestionamientos procesales y probatorios. El procesamiento del sargento retirado Jorge Bacigalupo por parte del juez federal Martínez de Giorgi por adulteración y reescritura de los cuadernos pone en tela de juicio la validez de las pruebas fundamentales de la causa.
Los cuadernos originales supuestamente escritos por el remisero Oscar Centeno fueron quemados por el propio Centeno, según admitió. La causa avanzó solo con fotocopias sin cadena de custodia verificable.
Además, la defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Carlos Beraldi, argumentó que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión, argumento que la ex presidenta reforzó al denunciar públicamente condiciones de «tortura blanca» en algunos detenidos.
El juicio investiga una presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre 2003 y 2015, con 86 imputados en total, la mayoría empresarios acusados de cohecho activo.
Puntos clave:
- Cristina Kirchner cuestionó la exigencia de presencialidad para su indagatoria del 17 de marzo, señalando que busca construcción mediática
- Denunció que el fiscal Taiano mantiene cajoneadas las pruebas de la estafa $Libra que involucraría a Milei por 5 millones de dólares
- Describió la situación económica como «catástrofe social» con fábricas cerradas, inflación superior al 2% mensual y salarios en caída libre
- El juicio avanza pese a que Bacigalupo fue procesado por adulteración de los cuadernos que son la prueba central de la causa
- La ex presidenta vinculó nuevamente el circo judicial con una estrategia de distracción ante la crisis económica del gobierno
Consumo
Más de 7 millones de argentinos podrían recuperar plata que Mercado Pago cobró de más con tasas excesivas
Una demanda colectiva que tramita en el Juzgado N° 24 de Buenos Aires apunta al gigante fintech por el cobro de intereses que superarían el 1300% anual. Si la justicia falla a favor de los consumidores, la restitución podría alcanzar a unos siete millones de usuarios en todo el país.
Tasas de interés que superan el 1300% anual, pagadas por millones de argentinos que recurrieron a la plataforma para financiar gastos cotidianos. Eso es lo que denuncia la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA) en una demanda colectiva contra Mercado Pago que ya tiene expediente abierto en la justicia porteña y que podría derivar en la mayor restitución de fondos en la historia del sistema fintech local.
La acción judicial fue impulsada por el abogado Diego Espasandín, fundador de ACFRA, y tramita ante el Juzgado N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires. La entidad midió las tasas aplicadas por la empresa en sus productos de financiamiento y concluyó que los porcentajes cobrados exceden ampliamente cualquier parámetro razonable, alcanzando niveles que la organización califica como desproporcionados y contrarios a los derechos del consumidor.
Del préstamo individual a la acción colectiva
Aunque el expediente se originó a partir de dos presentaciones individuales, la estrategia jurídica de ACFRA apunta a convertir la causa en un proceso de alcance colectivo. La pretensión central es que el tribunal analice los montos cobrados durante los últimos tres años y ordene la devolución de las sumas que hubieran sido percibidas de forma indebida. Si la justicia hace lugar al planteo, la resolución podría beneficiar a aproximadamente siete millones de usuarios que se encuentran en idéntica situación.
Espasandín explicó en el streaming Contra Ataque que muchos de esos clientes recurrieron al financiamiento de la plataforma para resolver urgencias económicas concretas, necesidades puntuales para llegar a fin de mes, y terminaron atrapados en una espiral de costos financieros que los alejó aún más de cualquier posibilidad de recuperación. El modelo de negocio que se cuestiona no es una anomalía técnica, sino una práctica sistemática dirigida precisamente a los sectores con menor capacidad de negociación y mayor vulnerabilidad económica.
El contexto: desregulación y fintech sin techo
La denuncia no surge en el vacío. Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, el gobierno nacional avanzó en la desregulación del sistema financiero bajo el argumento de la «libertad de mercado», eliminando o flexibilizando topes a las tasas de interés que operaban como límite para los prestadores no bancarios. En ese marco, las plataformas fintech expandieron su oferta de crédito hacia sectores de la población que no acceden al sistema bancario tradicional, muchas veces cobrando tasas que ningún banco habilitado podría aplicar sin enfrentar una sanción del Banco Central.
La paradoja es elocuente: la desregulación que se presentó como una herramienta de inclusión financiera terminó generando las condiciones para que los sectores más excluidos paguen los intereses más altos. Lo que en la Argentina de la economía popular se llama «préstamo de agiotista» ahora tiene aplicación, billetera virtual y cuotas automáticas.
El peso de la prueba y lo que viene
La demanda de ACFRA plantea un desafío técnico y político de envergadura. Por un lado, deberá demostrar ante el juzgado que las tasas cobradas configuran una práctica abusiva en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor y del Código Civil y Comercial, que prohíben las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones y las que implican una ventaja desproporcionada para una de las partes. Por otro, cualquier fallo favorable implicará que el tribunal determine la forma en que se liquidará la deuda hacia millones de usuarios, un proceso de enorme complejidad operativa y financiera para la empresa.
Hasta el momento, Mercado Pago no realizó declaraciones públicas sobre el expediente. La causa continúa en etapa de sustanciación.
Puntos clave
- La demanda colectiva contra Mercado Pago tramita en el Juzgado N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires.
- ACFRA denuncia tasas de interés que superan el 1300% anual en productos de financiamiento de la plataforma.
- La acción apunta a la revisión de los cobros de los últimos tres años y la devolución de sumas percibidas de forma indebida.
- Un fallo favorable podría beneficiar a unos siete millones de usuarios en todo el país.
- La causa se enmarca en el proceso de desregulación financiera impulsado por el gobierno de Milei desde diciembre de 2023.
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