La Cámara Federal de Casación Penal aceptó hoy al Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) como «amicus curiae» (amigo del tribunal) en la causa en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan durante el gobierno de Mauricio Macri, informaron fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada por la sala segunda del máximo tribunal penal del país, que es la misma que debe revisar los sobreseimientos con los que fueron beneficiados el ex presidente y quienes encabezaron la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Con los votos de los jueces Ángela Ledesma y Mariano Borinsky, y la disidencia de Guillermo Yacobucci, la Casación resolvió «tener por presentados a los Dres. Paula Litvachky -en su doble carácter, por derecho propio y como Directora Ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales- y a Alberto Binder, como amicus curiae», según surge del fallo al que accedió Télam.

Una primera presentación del CELS en este sentido había sido rechazada por la Casación en noviembre pasado, cuando el tribunal tenía otra conformación (estaba integrado por el recusado juez Carlos Mahiques en lugar de Borinsky): el tema volvió a analizarse a partir de una nueva presentación que incluyó una impugnación de lo actuado anteriormente.

«Toda vez que los presentantes han aportado argumentos jurídicos acerca de la cuestión que se examina en las presentes actuaciones, expresando su competencia en la materia que es objeto del recurso de casación que viene a estudio en esta instancia, corresponde tenerlos por presentados en el carácter de amicus curiae», sostuvo el juez Borinsky.

La Cámara Federal de Casación Penal deberá revisar los sobreseimientos de Macri, Arribas y Majdalani dictados en julio pasado por la Cámara Federal porteña cuando sostuvo que las maniobras investigadas -supuesto espionaje a familiares que reclamaban saber la verdad sobre el hundimiento del San Juan- correspondían a tareas realizadas para garantizar la seguridad presidencial.

En su primera presentación para ser tenido por «amicus curiae», el CELS remarcó la resolución de este caso «trasciende el mero interés de las partes porque se vincula a los estándares internacionales en materia de derechos humanos que los estados nacionales deben aplicar en función de resguardar el derecho a la protesta, la privacidad y a la libertad de expresión en el marco de la producción de inteligencia por parte de los organismos competentes».

Aquel fallo de la Cámara Federal porteña que benefició al expresidente Macri fue apelado por las distintas querellas que intervienen en la causa y por la fiscalía.

En su momento, el fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, reclamó que se declare la nulidad del fallo y remarcó: «Se trataba de personas que lo único que pedían era el esclarecimiento de los acontecimientos que rodearon los hechos concernientes a la pérdida de sus seres queridos. Considerar lo contrario no es más que revictimizar a las víctimas en contra de la normativa nacional».

Conocida la noticia de la designación de la aceptación del CELS y de Binder como amigos del tribunal, la abogada Valeria Carreras, representante de una de las querellas le dijo a Télam: «No estamos frente a un caso de persecución política, sino qué estamos frente a un caso de protección política a través de la justicia. Estamos frente a la otra cara del ´lawfare´. Por eso la intervención de organismos nacionales como el CELS son los únicos garantes de mis representadas, quienes están huérfanas frente a la embestida de poder que soportan desde 2017 a la fecha».