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Espionaje ARA San Juan: admiten al CELS como «amicus curiae»

La decisión fue adoptada por la sala segunda del máximo tribunal penal del país, que es la misma que debe revisar los sobreseimientos con los que fueron beneficiados Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

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La Cámara Federal de Casación Penal aceptó hoy al Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) como «amicus curiae» (amigo del tribunal) en la causa en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan durante el gobierno de Mauricio Macri, informaron fuentes judiciales.

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La decisión fue adoptada por la sala segunda del máximo tribunal penal del país, que es la misma que debe revisar los sobreseimientos con los que fueron beneficiados el ex presidente y quienes encabezaron la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

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Con los votos de los jueces Ángela Ledesma y Mariano Borinsky, y la disidencia de Guillermo Yacobucci, la Casación resolvió «tener por presentados a los Dres. Paula Litvachky -en su doble carácter, por derecho propio y como Directora Ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales- y a Alberto Binder, como amicus curiae», según surge del fallo al que accedió Télam.

Una primera presentación del CELS en este sentido había sido rechazada por la Casación en noviembre pasado, cuando el tribunal tenía otra conformación (estaba integrado por el recusado juez Carlos Mahiques en lugar de Borinsky): el tema volvió a analizarse a partir de una nueva presentación que incluyó una impugnación de lo actuado anteriormente.

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«Toda vez que los presentantes han aportado argumentos jurídicos acerca de la cuestión que se examina en las presentes actuaciones, expresando su competencia en la materia que es objeto del recurso de casación que viene a estudio en esta instancia, corresponde tenerlos por presentados en el carácter de amicus curiae», sostuvo el juez Borinsky.

La Cámara Federal de Casación Penal deberá revisar los sobreseimientos de Macri, Arribas y Majdalani dictados en julio pasado por la Cámara Federal porteña cuando sostuvo que las maniobras investigadas -supuesto espionaje a familiares que reclamaban saber la verdad sobre el hundimiento del San Juan- correspondían a tareas realizadas para garantizar la seguridad presidencial.

En su primera presentación para ser tenido por «amicus curiae», el CELS remarcó la resolución de este caso «trasciende el mero interés de las partes porque se vincula a los estándares internacionales en materia de derechos humanos que los estados nacionales deben aplicar en función de resguardar el derecho a la protesta, la privacidad y a la libertad de expresión en el marco de la producción de inteligencia por parte de los organismos competentes».

Aquel fallo de la Cámara Federal porteña que benefició al expresidente Macri fue apelado por las distintas querellas que intervienen en la causa y por la fiscalía.

En su momento, el fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, reclamó que se declare la nulidad del fallo y remarcó: «Se trataba de personas que lo único que pedían era el esclarecimiento de los acontecimientos que rodearon los hechos concernientes a la pérdida de sus seres queridos. Considerar lo contrario no es más que revictimizar a las víctimas en contra de la normativa nacional».

Conocida la noticia de la designación de la aceptación del CELS y de Binder como amigos del tribunal, la abogada Valeria Carreras, representante de una de las querellas le dijo a Télam: «No estamos frente a un caso de persecución política, sino qué estamos frente a un caso de protección política a través de la justicia. Estamos frente a la otra cara del ´lawfare´. Por eso la intervención de organismos nacionales como el CELS son los únicos garantes de mis representadas, quienes están huérfanas frente a la embestida de poder que soportan desde 2017 a la fecha».

Denuncia

Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad

El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni da la cara en el Congreso.
De “enriquecimiento ilícito” a “tema de impuestos”: el giro en la causa Adorni que indignó a la oposición.

La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.

El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.

Lo que dijo el fiscal

Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.

Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.

La oposición: “ES JODA”

El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.

En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.

El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.

El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.

Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero

La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.

Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.

Qué viene

Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.

Lo que tenés que saber:

  • El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
  • No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
  • El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
  • Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
  • Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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