Lawfare
El juez Gorini se toma licencia justo antes de decidir la prisión domiciliaria de Cristina
El magistrado del Tribunal Oral Federal 2 debe definir si concede arresto domiciliario a la ex presidenta, condenada a seis años de prisión. La decisión enlentece el proceso y tensa aún más el clima político argentino.
Un stand-by en los tiempos judiciales
El juez Jorge Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal 2, entra en licencia por una semana justo cuando debe resolver si la ex presidenta cumple su condena en prisión domiciliaria. Su reemplazante, Rodrigo Giménez Uriburu, definirá ahora el lugar de detención de la líder del justicialismo.
Una decisión que marca el compás de espera en Comodoro Py
Gorini, entra en licencia a partir de este lunes por una semana y será reemplazado por Rodrigo Giménez Uriburu. La medida se produce en el momento más delicado del proceso judicial contra Cristina Kirchner, después de que la Corte Suprema confirmara su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad.
Gorini había solicitado la licencia antes del fallo de la Corte Suprema, según confirmaron fuentes judiciales. Sin embargo, el timing de su ausencia genera tensiones adicionales en un contexto político ya de por sí complejo. El magistrado había ordenado la realización de un informe socioambiental antes de decidir si Cristina Fernández de Kirchner puede cumplir la pena en prisión domiciliaria, tal como solicitó la defensa de la ex presidenta.
Cristina tiene 72 años, lo que en principio favorecería su pedido de arresto domiciliario según la legislación vigente. Es muy probable que en el caso el TOF 2 resuelva concederle el beneficio del arresto domiciliario por contar con más de 70 años.
Giménez Uriburu, el juez de Los Abrojos que ahora define el futuro de CFK
Rodrigo Giménez Uriburu, el magistrado que iba a jugar al fútbol a Los Abrojos, la quinta de Mauricio Macri, asumirá la presidencia del TOF 2 durante la ausencia de Gorini. Esta referencia no es menor: Giménez Uriburu mantiene vínculos con el expresidente que han sido cuestionados públicamente por el kirchnerismo.
La ex presidenta ya había recusado al magistrado durante el juicio, señalando su relación familiar con la dictadura militar. Cristina volvió a apuntar contra el magistrado -hijo del coronel Héctor Giménez Uriburu- a quien ya había recusado junto al fiscal Diego Luciani. Estas tensiones previas agregan un componente político adicional a una decisión que ya de por sí trasciende lo estrictamente judicial.
El nuevo magistrado a cargo deberá resolver junto a Andrés Basso no solo el pedido de prisión domiciliaria de Kirchner, sino también el de otros condenados en la causa, incluido el empresario Lázaro Báez, sentenciado a seis años de prisión.
El departamento de Constitución como opción principal
Mientras la Justicia define, la presidenta del PJ se instaló en un departamento en Constitución que hoy aparece como la principal opción, ubicado en la Avenida San Juan y la calle San José. Este inmueble reúne las condiciones de seguridad y accesibilidad que requiere el Servicio Penitenciario Federal para el arresto domiciliario.
La decisión fue tomada por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, ante un pedido contra el fallo que ya había rechazado la detención inmediata de Cristina Kirchner. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola insistieron con el pedido de detención inmediata, pero el tribunal mantuvo el plazo de cinco días hábiles para que la expresidenta se presente en Comodoro Py.
Un caso con particularidades llamativas
La causa Vialidad presenta una singularidad que no pasa inadvertida en el análisis político: tanto el fiscal como los tres jueces del tribunal fueron designados por CFK. Se trata de los nombres Diego Luciani -fiscal- Jorge Gorini, Giménez Uriburu y Basso. Esta circunstancia, lejos de beneficiar a la expresidenta, parece haber jugado en su contra, ya que fueron precisamente estos magistrados quienes la condenaron en primera instancia en diciembre de 2022.
El gobierno nacional, por su parte, ya designó un lugar específico para la eventual detención de Kirchner en caso de que no se le conceda la prisión domiciliaria, aunque los detalles no trascendieron oficialmente.
El Tribunal Oral Federal 2 definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad. Mientras tanto, las autoridades migratorias fueron alertadas para evitar que la expresidenta abandone el país.
Los tiempos de la política y la Justicia
La licencia de Gorini pospone una decisión que trasciende lo judicial para ingresar de lleno en el terreno político. Cristina Kirchner no solo enfrenta la posibilidad de prisión efectiva, sino que no podrá participar de las elecciones legislativas donde planeaba competir por una banca provincial, debido a la inhabilitación que acompaña la condena.
El Partido Justicialista y el kirchnerismo observan con atención cada movimiento judicial, en un contexto donde las tensiones entre el oficialismo y la oposición se agudizan. La decisión que tome Giménez Uriburu en los próximos días marcará no solo el destino inmediato de la expresidenta, sino también el clima político del país en los meses venideros.
La paradoja del caso es evidente: una licencia solicitada antes del fallo de la Corte termina condicionando el timing de una de las resoluciones judiciales más trascendentes de los últimos años en Argentina.
Puntos clave:
- Jorge Gorini solicitó licencia por una semana antes del fallo de la Corte Suprema, pero su ausencia coincide con el momento más crítico para definir el futuro de Cristina Kirchner
- Rodrigo Giménez Uriburu, cuestionado previamente por el kirchnerismo por sus vínculos familiares y políticos, asumirá la presidencia del TOF 2
- El departamento de Constitución donde reside Kirchner aparece como la opción más viable para el arresto domiciliario
- Los tres jueces del tribunal y el fiscal de la causa fueron designados durante la presidencia de Cristina Kirchner
- La resolución judicial trasciende lo legal para impactar directamente en el escenario político argentino
Judiciales ⚖️
Lago Escondido: Casación castiga a Nissen por enfrentar a Joe Lewis
Con los votos de Petrone y Carbajo, la máxima instancia penal convalidó el procesamiento del ex titular de la IGJ, sobreseído cuatro veces por dos jueces distintos, en una causa impulsada por la empresa del magnate británico.
Cuatro sobreseimientos, firmados por dos jueces distintos, no alcanzaron. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la revocación del último de ellos y avaló el procesamiento de Ricardo Nissen, ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), en una causa promovida por la empresa con la que el magnate británico Joe Lewis controla Lago Escondido. El funcionario que intentó desarmar la estructura societaria de Lewis quedó procesado, mientras el acceso público al lago sigue cerrado.
La decisión fue tomada este martes por la máxima instancia penal del país, que rechazó el recurso presentado por la defensa de Nissen. El voto que inclinó la balanza fue el del camarista Daniel Petrone, al que adhirió Javier Carbajo; Alejandro Slokar votó en disidencia. La causa se originó en una denuncia de Hidden Lake S.A., propietaria del predio de más de 12.000 hectáreas que Lewis posee en Río Negro, con una mansión frente al lago y un acceso público vedado que viene siendo motivo de conflictos judiciales y políticos desde hace casi dos décadas. La firma acusó por abuso de autoridad a Nissen y a quien era su segundo en el organismo, Manuel Cuiñas Rodríguez, por la firma de las resoluciones 393/22 y 112/23.
El pecado de enfrentar al magnate
A través de la Resolución Particular 393/2022, la IGJ dispuso requerir la intervención judicial de Hidden Lake, solicitar la declaración de nulidad de la sociedad y la posterior liquidación de su patrimonio, que según el organismo podría incorporarse a los bienes estatales destinados al fomento de la educación pública, en los términos de la Ley General de Sociedades. El expediente administrativo se había abierto en marzo de 2022, después de que a comienzos de febrero de ese año un grupo de unas 20 personas que reclamaba la apertura de un acceso al lago fuera interceptado y retenido por guardias privados que respondían a Lewis.
Los fundamentos del organismo fueron dos. El primero, el incumplimiento por parte de la empresa de sentencias judiciales firmes que ordenaban garantizar el libre acceso al lago. El segundo, que Hidden Lake funcionaba como una «pantalla jurídica» utilizada «para disfrazar un cuantioso patrimonio» del empresario británico, quien según la IGJ ocultaba mediante sociedades offshore radicadas en Bahamas que era el único dueño de las tierras. Fue esa decisión administrativa, tomada en defensa de un derecho reconocido por la Justicia, la que la empresa de Lewis convirtió en una causa penal contra el funcionario.
Cuatro sobreseimientos y una Cámara que no se resigna
El recorrido del expediente es, como mínimo, llamativo. El primer sobreseimiento llegó a principios de octubre de 2023, cuando el juez federal Daniel Rafecas sostuvo que Nissen había actuado en el marco de sus funciones como inspector general de justicia. Dos meses después, la Cámara Federal rechazó ese criterio y ordenó profundizar la investigación. El ida y vuelta se repitió en 2024 con un segundo sobreseimiento firmado por Rafecas y continuó en 2025 ya con el juez Sebastián Casanello, quien volvió a sobreseer a Nissen en febrero de 2026 tras tomarle indagatoria a pedido de los camaristas.
A mediados de abril, la Sala II de la Cámara Federal porteña revocó ese cuarto sobreseimiento y, en el mismo acto, dispuso el procesamiento por abuso de autoridad. La mayoría la formaron Eduardo Farah y Martín Irurzun, con la disidencia de Roberto Boico. La insistencia de la alzada por mantener abierta una causa que dos jueces de primera instancia consideraron cerrada en cuatro ocasiones expone la voluntad de Comodoro Py de que el expediente siga vivo.
Los argumentos de la mayoría y la disidencia de Slokar
En su voto, Petrone respaldó lo resuelto por la Sala II y sostuvo que en esa resolución «se han plasmado (…) los fundamentos que no se ven conmovidos por los cuestionamientos de la defensa». Agregó que el planteo carecía de la fundamentación necesaria para «desvirtuar» la decisión anterior y lo redujo a una mera discrepancia. Ante el reclamo de la defensa, que objetó que la Cámara Federal pudiera disponer por sí misma el procesamiento, el camarista respondió que no logró «identificar disposición legal alguna que prive a la Cámara de origen a resolver como lo hizo». Carbajo acompañó ese razonamiento «por compartir en lo sustancial».
Slokar, en cambio, planteó desde el inicio que correspondía hacer lugar al reclamo de la defensa. El camarista fue más allá y se inclinó por apartar a los integrantes de la Sala II que revocaron el sobreseimiento y procesaron al ex funcionario.
Lago Escondido, donde la Justicia se cruza con el poder
La causa contra Nissen no puede leerse por fuera de la historia de Lago Escondido. Según consignó la propia IGJ en su presentación, existen resoluciones firmes del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el acceso público al lago, la primera de ellas de 2005, que nunca se materializaron por los múltiples recursos dilatorios planteados por Hidden Lake.
La estancia de Lewis también quedó asociada a uno de los mayores escándalos judiciales de los últimos años. En octubre de 2022 se conoció que los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Cayssials y Pablo Yadarola, junto al entonces jefe de los fiscales porteños Juan Bautista Mahiques, el entonces ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y directivos del Grupo Clarín, viajaron en un avión privado a la estancia del magnate. La investigación por ese episodio quedó archivada en Comodoro Py. Los magistrados que disfrutaron de la hospitalidad de Lewis nunca rindieron cuentas, mientras el funcionario que pidió liquidar su empresa acumula un procesamiento.
Lo que tenés que saber:
- Casación rechazó el recurso de Ricardo Nissen con los votos de Daniel Petrone y Javier Carbajo; Alejandro Slokar votó en disidencia.
- La causa por abuso de autoridad fue promovida por Hidden Lake S.A., la empresa de Joe Lewis que controla Lago Escondido.
- Nissen había sido sobreseído cuatro veces, dos por Daniel Rafecas y dos por Sebastián Casanello.
- En abril, la Sala II de la Cámara Federal (Farah e Irurzun, con disidencia de Boico) revocó el último sobreseimiento y lo procesó.
- Las resoluciones cuestionadas buscaban la nulidad, intervención y liquidación de Hidden Lake por incumplir fallos sobre el acceso público al lago.
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