Lawfare
Quién es Rodrigo Giménez Uriburu: el juez del fútbol con Macri en Los Abrojos que debe definir la detención de Cristina
El magistrado del TOF 2 que deberá ejecutar la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua tras el periodo de licencia del juez Jorge Gorini, es conocido por su participación en partidos en la quinta de Mauricio Macri.
La confirmación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por la Corte Suprema pone en el centro de la escena a Rodrigo Giménez Uriburu, el magistrado del Tribunal Oral Federal 2 que deberá ejecutar la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua, y cuya participación en partidos de fútbol en la quinta de Mauricio Macri generó una intensa polémica judicial y política.
El presidente de Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, se tomará licencia una semana desde el lunes próximo y será reemplazado por otro miembro de ese tribunal Rodrigo Giménez Uriburu, según confirmó la Agencia de Noticias Argentinas. Esta decisión coloca al magistrado en el epicentro de una de las decisiones más trascendentes de la historia judicial argentina reciente.
El escándalo de Los Abrojos que marcó el juicio
La figura de Giménez Uriburu cobró notoriedad nacional en agosto de 2022, cuando el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu jugaron en la quinta de Mauricio Macri, Los Abrojos, cuando era el Presidente de la Nación. Las fotografías reveladas por Página/12 mostraron a ambos funcionarios judiciales participando de torneos de fútbol en la propiedad del expresidente, lo que desató cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso.
Se llama Liverpool y compitió en Los Abrojos hasta 2019, aunque el juez dejó de asistir dos años antes, en 2017, cuando le fue sorteado el expediente, según explicó La Nación. Sin embargo, las imágenes correspondían al período en que Macri ejercía la presidencia, lo que alimentó las críticas sobre posibles vínculos entre el poder ejecutivo y judicial.
La provocación del mate y la escalada de tensiones
La controversia se intensificó cuando el juez Giménez Uriburu apareció en el juicio con un mate del equipo de fútbol de Los Abrojos, en lo que la senadora Juliana Di Tullio calificó como «provocación e impunidad». El episodio del mate del Liverpool -nombre del equipo de fútbol- se convirtió en un símbolo de las tensiones que atravesaron todo el proceso judicial.
Cristina Kirchner no tardó en reaccionar a estas revelaciones. «Del Liverpool de Los Abrojos salió la banda de Macri», escribió la expresidenta en Twitter, cuestionando directamente los vínculos entre el expresidente, el fiscal y el juez que la juzgaban.
Un tribunal con historia particular
Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso son los jueces que condenaron a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua especial para ejercer cargos públicos. Una particularidad del caso es que tanto el fiscal como los tres jueces del tribunal fueron designados por CFK, lo que agrega una dimensión irónica al desenlace judicial.
Durante el juicio, la defensa de Cristina Kirchner también cuestionó los antecedentes familiares de Giménez Uriburu. La Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra el juez Rodrigo Giménez Uriburu, uno de los miembros del Tribunal Oral Federal N°2, al vincularlo como hijo de un coronel que fue funcionario de los dictadores Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Bignone.
El momento decisivo: la ejecución de la pena
Con la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema, el TOF N°2 ordenó la ejecución de la pena de seis años de prisión y estableció un plazo de cinco días para que la exmandataria -al igual que los otros ocho condenados- se presente ante la Justicia. La licencia de Gorini convierte a Giménez Uriburu en el responsable directo de ejecutar esta histórica decisión.
En medio de los rumores de una inminente decisión de la Corte, se filtró la visita de Gorini a la dependencia policial de Palermo, según reportó Ámbito, lo que evidencia la preparación logística para la eventual detención de la expresidenta.
El contexto político y las consecuencias
La Corte Suprema confirmó este martes la condena de la expresidenta a seis años de cárcel e inhabilitación política de por vida por «administración fraudulenta» en la adjudicación de obras viales durante su gobierno. Esta decisión no solo implica una condena penal, sino que también inhabilita a Cristina Kirchner para ejercer cargos públicos de por vida.
El caso pone de manifiesto las tensiones entre lawfare y justicia que han marcado la vida política argentina en los últimos años. «El lawfare tiene un escalón superior, una farsa», había dicho la expresidenta durante el juicio, anticipando el tipo de cuestionamientos que ahora resurgen con fuerza.
Puntos clave:
- Rodrigo Giménez Uriburu asumirá temporalmente la presidencia del TOF 2 tras la licencia de Jorge Gorini, convirtiéndose en el responsable de ejecutar la condena contra Cristina Kirchner
- El juez participó de partidos de fútbol en Los Abrojos, la quinta de Mauricio Macri, durante la presidencia de este último, lo que generó cuestionamientos sobre imparcialidad
- La polémica se intensificó cuando apareció en el juicio virtual con un mate del equipo Liverpool, que jugaba en la propiedad de Macri
- Los tres jueces del tribunal que condenaron a Cristina Kirchner fueron designados por ella misma cuando era presidenta
- La Corte Suprema confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos
- El TOF 2 estableció un plazo de cinco días para que la expresidenta se presente ante la Justicia
Judiciales ⚖️
Lago Escondido: Casación castiga a Nissen por enfrentar a Joe Lewis
Con los votos de Petrone y Carbajo, la máxima instancia penal convalidó el procesamiento del ex titular de la IGJ, sobreseído cuatro veces por dos jueces distintos, en una causa impulsada por la empresa del magnate británico.
Cuatro sobreseimientos, firmados por dos jueces distintos, no alcanzaron. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la revocación del último de ellos y avaló el procesamiento de Ricardo Nissen, ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), en una causa promovida por la empresa con la que el magnate británico Joe Lewis controla Lago Escondido. El funcionario que intentó desarmar la estructura societaria de Lewis quedó procesado, mientras el acceso público al lago sigue cerrado.
La decisión fue tomada este martes por la máxima instancia penal del país, que rechazó el recurso presentado por la defensa de Nissen. El voto que inclinó la balanza fue el del camarista Daniel Petrone, al que adhirió Javier Carbajo; Alejandro Slokar votó en disidencia. La causa se originó en una denuncia de Hidden Lake S.A., propietaria del predio de más de 12.000 hectáreas que Lewis posee en Río Negro, con una mansión frente al lago y un acceso público vedado que viene siendo motivo de conflictos judiciales y políticos desde hace casi dos décadas. La firma acusó por abuso de autoridad a Nissen y a quien era su segundo en el organismo, Manuel Cuiñas Rodríguez, por la firma de las resoluciones 393/22 y 112/23.
El pecado de enfrentar al magnate
A través de la Resolución Particular 393/2022, la IGJ dispuso requerir la intervención judicial de Hidden Lake, solicitar la declaración de nulidad de la sociedad y la posterior liquidación de su patrimonio, que según el organismo podría incorporarse a los bienes estatales destinados al fomento de la educación pública, en los términos de la Ley General de Sociedades. El expediente administrativo se había abierto en marzo de 2022, después de que a comienzos de febrero de ese año un grupo de unas 20 personas que reclamaba la apertura de un acceso al lago fuera interceptado y retenido por guardias privados que respondían a Lewis.
Los fundamentos del organismo fueron dos. El primero, el incumplimiento por parte de la empresa de sentencias judiciales firmes que ordenaban garantizar el libre acceso al lago. El segundo, que Hidden Lake funcionaba como una «pantalla jurídica» utilizada «para disfrazar un cuantioso patrimonio» del empresario británico, quien según la IGJ ocultaba mediante sociedades offshore radicadas en Bahamas que era el único dueño de las tierras. Fue esa decisión administrativa, tomada en defensa de un derecho reconocido por la Justicia, la que la empresa de Lewis convirtió en una causa penal contra el funcionario.
Cuatro sobreseimientos y una Cámara que no se resigna
El recorrido del expediente es, como mínimo, llamativo. El primer sobreseimiento llegó a principios de octubre de 2023, cuando el juez federal Daniel Rafecas sostuvo que Nissen había actuado en el marco de sus funciones como inspector general de justicia. Dos meses después, la Cámara Federal rechazó ese criterio y ordenó profundizar la investigación. El ida y vuelta se repitió en 2024 con un segundo sobreseimiento firmado por Rafecas y continuó en 2025 ya con el juez Sebastián Casanello, quien volvió a sobreseer a Nissen en febrero de 2026 tras tomarle indagatoria a pedido de los camaristas.
A mediados de abril, la Sala II de la Cámara Federal porteña revocó ese cuarto sobreseimiento y, en el mismo acto, dispuso el procesamiento por abuso de autoridad. La mayoría la formaron Eduardo Farah y Martín Irurzun, con la disidencia de Roberto Boico. La insistencia de la alzada por mantener abierta una causa que dos jueces de primera instancia consideraron cerrada en cuatro ocasiones expone la voluntad de Comodoro Py de que el expediente siga vivo.
Los argumentos de la mayoría y la disidencia de Slokar
En su voto, Petrone respaldó lo resuelto por la Sala II y sostuvo que en esa resolución «se han plasmado (…) los fundamentos que no se ven conmovidos por los cuestionamientos de la defensa». Agregó que el planteo carecía de la fundamentación necesaria para «desvirtuar» la decisión anterior y lo redujo a una mera discrepancia. Ante el reclamo de la defensa, que objetó que la Cámara Federal pudiera disponer por sí misma el procesamiento, el camarista respondió que no logró «identificar disposición legal alguna que prive a la Cámara de origen a resolver como lo hizo». Carbajo acompañó ese razonamiento «por compartir en lo sustancial».
Slokar, en cambio, planteó desde el inicio que correspondía hacer lugar al reclamo de la defensa. El camarista fue más allá y se inclinó por apartar a los integrantes de la Sala II que revocaron el sobreseimiento y procesaron al ex funcionario.
Lago Escondido, donde la Justicia se cruza con el poder
La causa contra Nissen no puede leerse por fuera de la historia de Lago Escondido. Según consignó la propia IGJ en su presentación, existen resoluciones firmes del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el acceso público al lago, la primera de ellas de 2005, que nunca se materializaron por los múltiples recursos dilatorios planteados por Hidden Lake.
La estancia de Lewis también quedó asociada a uno de los mayores escándalos judiciales de los últimos años. En octubre de 2022 se conoció que los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Cayssials y Pablo Yadarola, junto al entonces jefe de los fiscales porteños Juan Bautista Mahiques, el entonces ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y directivos del Grupo Clarín, viajaron en un avión privado a la estancia del magnate. La investigación por ese episodio quedó archivada en Comodoro Py. Los magistrados que disfrutaron de la hospitalidad de Lewis nunca rindieron cuentas, mientras el funcionario que pidió liquidar su empresa acumula un procesamiento.
Lo que tenés que saber:
- Casación rechazó el recurso de Ricardo Nissen con los votos de Daniel Petrone y Javier Carbajo; Alejandro Slokar votó en disidencia.
- La causa por abuso de autoridad fue promovida por Hidden Lake S.A., la empresa de Joe Lewis que controla Lago Escondido.
- Nissen había sido sobreseído cuatro veces, dos por Daniel Rafecas y dos por Sebastián Casanello.
- En abril, la Sala II de la Cámara Federal (Farah e Irurzun, con disidencia de Boico) revocó el último sobreseimiento y lo procesó.
- Las resoluciones cuestionadas buscaban la nulidad, intervención y liquidación de Hidden Lake por incumplir fallos sobre el acceso público al lago.
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