DDHH
Revocaron sobreseimientos a gendarmes acusados por Santiago Maldonado
El fallo advirtió que el juez Lleral repitió casi calcados en su resolución de 2023 -que es la que revisó la Cámara- los argumentos que había utilizado en 2018, cuando sobreseyó por primera vez a los gendarmes.
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ha tomado la decisión de anular los sobreseimientos de los gendarmes implicados en el caso de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en 2017. Además, ha decidido apartar al juez que había considerado en dos ocasiones que no se habían cometido delitos.
El juez en cuestión es Gustavo Lleral, quien ha sido apartado por los camaristas Javier Leal de Ibarra y Aldo Suarez del tribunal patagónico. El juez que tomará el relevo en el caso, siendo el tercero desde que comenzó la investigación, será Federico Calvete, titular del juzgado federal de Ushuaia.
Además, la Cámara de Comodoro Rivadavia ha ordenado la realización de las pruebas pendientes solicitadas por las querellas, incluyendo la de Sergio Maldonado, hermano de la víctima. El tribunal también ha aceptado las propuestas de la Comisión Provincial por la Memoria y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que también son querellantes.
El fallo señala que el juez Lleral repitió casi textualmente en su resolución de 2023 -la que revisó la Cámara- los argumentos que había utilizado en 2018, cuando sobreseyó por primera vez a los gendarmes. Por lo tanto, los gendarmes Emmanuel Echazú, Juan Pablo María Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Iván Ferreyra volverán a estar bajo investigación.
Mientras tanto, la Cámara ya había anulado los sobreseimientos y ordenado la profundización de las líneas de investigación, algo que -según el criterio expresado en la resolución de hoy- no ocurrió. La Cámara recordó que la hipótesis inicial de la investigación, la desaparición forzada de Santiago Maldonado, “ya había quedado desprovista de todo respaldo puesto que encontraba, como principal sustento, un testimonio que no había podido ser refrendado por medio alguno”.
No obstante, los camaristas destacaron que “ello no autorizaba a dar por concluida la causa, puesto que existían otros interrogantes que restaba despejar antes de poder afirmar -como proponía el magistrado de la anterior instancia- que el deceso de Santiago Maldonado no podría haber sido el fruto de otras maniobras eventualmente aptas para merecer reproche penal”. El tribunal ordenó profundizar en líneas de investigación inexploradas hasta ahora “para terminar de despejar los interrogantes que se habían suscitado luego de la autopsia, y así dar por concluida la investigación”.
La Cámara recomendó al nuevo juez del caso “que adopte máxima diligencia y premura en la producción de las medidas prueba aquí propuestas, así como todas aquellas que estime pertinentes, a los fines de procurar un significativo avance procesal en tiempo breve”. Para ello, deberá “arbitrar todos aquellos medios y recursos que a tales fines resulten necesarios”.
DDHH
«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump
Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.
Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump
El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.
El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse
Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.
La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.
El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».
Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»
El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.
La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.
El caso argentino que expuso la crisis humanitaria
Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.
La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.
El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.
La lógica del miedo y sus límites
El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.
Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.
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