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Denuncia

Arco social, político y sindical pide avanzar con el juicio político a la Corte Suprema

Referentes del sector reivindicaron la «cultura de la legalidad, de la vida en libertad y con justicia» ante un contexto donde, consideraron, Argentina se encuentra ante la «antinomia de la democracia o la mafia».

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El-Argentino-Corte Suprema

Un grupo de activistas, intelectuales, dirigentes y sindicalistas publicaron hoy una solicitada en apoyo al juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema y denunciaron que el «vínculo directo» entre el ministro de Seguridad y Justicia porteño en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro, y un funcionario del máximo tribunal permitió la «entrega de la coparticipación» al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Los firmantes reivindicaron la «cultura de la legalidad, de la vida en libertad y con justicia» ante un contexto donde, consideraron, Argentina se encuentra ante la «antinomia de la democracia o la mafia».

El documento denunció el «vínculo directo» entre D’Alessandro y Silvio Robles, el vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y consideró que, de esa manera, se favoreció «la entrega de la coparticipación -que corresponde a las provincias- a la ciudad puerto, corazón del capitalismo y el despojo», al hacer referencia a los supuestos chats de conversaciones entre ambos funcionarios sobre ese fallo.

Con esos argumentos, los dirigentes de distintos sectores manifestaron su apoyo al juicio político a la Corte para iniciar «un camino emancipatorio» y denunciaron «el uso espurio de la coparticipación en favor de la campaña política» del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

«El aporte que la Corte Suprema pretende entregar al PRO es una operación comparable a la que Mauricio Macri implementó con el FMI al recibir para su campaña política de 2019», señalaron.

En esa línea, recordaron que el préstamo de 45 mil millones de dólares lo «deberán pagar generaciones de argentinos, en un acto de saqueo de ese Gobierno y sus funcionarios, que aún no tiene castigo».

Además, apuntaron a «la negociación abierta de licitaciones y coimas en el sistema de grúas, con adjudicaciones directas del jefe de Gobierno local (de Rodríguez Larreta)», en relación a los mensajes que circularon entre D’Alessandro, hoy en uso de licencia, y el empresario Marcelo Violante, que operaba ese servicio en la Ciudad.

De esa manera, señalaron que «los casos de connivencia» entre funcionarios del Poder Judicial con el Gobierno porteño «son una muestra de la injusticia a la que se somete diariamente a nuestro pueblo».

También destacaron que «la peor emergencia del poder se manifestó con la condena sin pruebas y la proscripción a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner», y afirmaron que la sentencia en su contra fue una «prolongación del intento de magnifemicidio» del que fuera víctima la exmandataria.

«Es imperioso dar por tierra con esta connivencia que afecta profundamente a la democracia, al Estado de Derecho y a la vida en común», exhortaron.

Abogaron por la necesidad de «lograr equilibrios renovados dentro del Poder Judicial» para así «terminar con un proceso de manipulación iniciado el 24 de marzo de 1976, nunca desarticulado en los años de democracia, y un régimen de justicia corporativa que responde a intereses ideológicos y de clase».

«Sólo eso permitirá reformar una legislación que hoy favorece, en sus términos y su operatividad, a la mafia que se beneficia del régimen, cuya máxima expresión anida en el atrincheramiento de Juntos por el Cambio (JxC) y en sus aliados libertarios, y en su resistencia a terminar con el Estado paralelo, mafioso y delincuencial que montó en sus años de gobierno», continuaron.

La solicitada, publicada en los medios Página 12 y Tiempo Argentino, lleva las firmas de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida y Nora Cortiñas; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la dirigente de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano.

También suscribieron el escritor y periodista Mempo Giardinelli; el sociólogo y politólogo Atilio Borón; la socióloga feminista Dora Barrancos; el secretario general de la CTA, Hugo Yasky; la secretaria general de la Ctera, Sonia Alesso, y el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, entre otros.

Denuncia

Nadia Beller anunció nuevas pruebas contra Cerimedo y se ofreció a declarar en Argentina

La abogada boliviana afirmó que conserva grabaciones y otros elementos que comprometerían a su expareja, y aseguró que puede identificar al destinatario de una nota en la que se hablaba de «eliminarla». Sus dichos también apuntan al corazón de la causa ANDIS, donde señaló a Natalia Basil como la ejecutora de la filtración de los audios de Diego Spagnuolo.

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Las grabaciones de Beller podrían revelar quién decidió filtrar los audios de Spagnuolo y por qué: Basil en el centro de la escena.

Nadia Beller ya tiene el alta médica. Y, con ella, una determinación que incomoda a más de uno en Argentina: entregar nuevas pruebas contra Fernando Cerimedo y declarar ante la justicia argentina si es convocada. La abogada boliviana, que sobrevivió a un ataque a balazos el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, afirmó que conserva mensajes, grabaciones y otros elementos que, según sostuvo, podrían comprometer aún más a su expareja, hoy bajo prisión preventiva en Bolivia por ser señalado como presunto instigador del atentado.

La causa boliviana avanza sobre los autores materiales

La Policía boliviana identificó a dos hombres señalados como posibles autores materiales del atentado y mantiene operativos activos para localizarlos. En paralelo, una pareja de sospechosos fue enviada al penal de Palmasola por 120 días preventivos: el hombre está acusado de haber vendido o proporcionado el arma presuntamente utilizada en el ataque; su pareja quedó imputada como cómplice.

Cerimedo, consultor político que trabajó para el entorno de La Libertad Avanza, permanece detenido en Bolivia mientras la Fiscalía de ese país avanza en la investigación. Según trascendió, el expediente boliviano y la causa ANDIS que tramita en Argentina ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi están comenzando a retroalimentarse a través de las declaraciones de Beller.

El hilo que lleva a ANDIS: grabaciones, audios y Natalia Basil

El aspecto más sensible de las nuevas declaraciones de Beller no es el relato del atentado, ya ampliamente documentado, sino lo que apunta directamente a la causa ANDIS en Argentina. La abogada afirmó que posee grabaciones de conversaciones con Cerimedo en las que el consultor habría hablado sobre el origen de los audios atribuidos al extitular del organismo, Diego Spagnuolo; audios que desencadenaron el escándalo de las presuntas coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Beller fue más lejos y señaló que Cerimedo y su exesposa, Natalia Basil, habrían sido los artífices de la filtración de esos audios. Según su versión, fue Basil quien «ejecutó» esa maniobra. El dato no es menor: Basil se desempeñó como directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas en ANDIS entre abril y diciembre de 2024, período que coincide con las irregularidades investigadas, y renunció semanas antes de que la causa judicial adquiriera estado público.

Si las grabaciones que Beller dice conservar son incorporadas como prueba al expediente, la investigación podría abrir una nueva línea sobre el origen y el propósito político de esa filtración: quién decidió que esos audios salieran a la luz, cuándo y con qué objetivo.

Pagano pide videoconferencia y protección de testigos

La diputada Marcela Pagano solicitó al juez Lijo y al fiscal Picardi que convoquen a Beller a declarar mediante videoconferencia desde Bolivia y que sea incorporada al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados. El pedido fue presentado con el argumento de que el testimonio de Beller podría resultar determinante para establecer el contexto en que se produjeron sus conversaciones con Cerimedo, si las grabaciones son auténticas y pueden incorporarse legalmente al expediente, y cuál es la cadena de decisiones detrás de la filtración de los audios de Spagnuolo.

Cabe recordar que Cerimedo ya había declarado en Argentina en septiembre de 2025 sobre sus conversaciones con el entonces titular de ANDIS. En aquella oportunidad afirmó que Spagnuolo le habló de presuntas coimas y de supuestos retornos vinculados con funcionarios nacionales. La versión que ahora aporta Beller no contradice necesariamente ese relato, pero agrega una capa sobre quién controló el flujo de esa información y hacia dónde fue dirigida.

Mientras la investigación avanza simultáneamente en dos países, Beller reiteró su disposición a colaborar con la justicia argentina. La pregunta que orbita en los pasillos de Comodoro Py es cuánto de lo que dice conservar puede transformarse en prueba jurídicamente válida, y cuánto de esa verdad el expediente estará en condiciones de sostener.

Puntos clave

  • Nadia Beller recibió el alta médica tras el ataque del 17 de agosto y anunció que entregará grabaciones a la justicia.
  • Afirmó que puede identificar al destinatario de una nota en la que se planeaba «eliminarla».
  • Señaló a Natalia Basil, exdirectora de ANDIS y exesposa de Cerimedo, como la ejecutora de la filtración de los audios de Spagnuolo.
  • La diputada Marcela Pagano pidió al juez Lijo que cite a Beller por videoconferencia e ingresarla al Programa de Protección de Testigos.
  • Cerimedo permanece en prisión preventiva en Bolivia; la causa ANDIS en Argentina suma potencial nueva evidencia.
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