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Denuncia

El juez macrista Bruglia dijo que demandará a Alberto

Por considerar que los cuestionamientos esgrimidos por el jefe de Estado a través de Twitter fueron «ofensivos», «falaces» e «inaceptables»

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El juez Leopoldo Bruglia, quien integra la sala primera de la Cámara Federal porteña, renunció hoy a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional luego de que esa entidad no respondiera a las críticas que le efectuaran al camarista el presidente Alberto Fernández y el ministro de Justicia, Martín Soria.

Además, el camarista federal le dijo al portal Infobae que demandará por daños y perjuicios al Presidente por considerar que los cuestionamientos esgrimidos por el jefe de Estado a través de Twitter fueron «ofensivos», «falaces» e «inaceptables», según se publicó esta tarde.

El primer mandatario había publicado ayer en esa red social que «una vez más, la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por dos magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional»

De ese modo, Fernández cuestionó que ese tribunal ordenara la excarcelación de los cuatro miembros de Revolución Federal detenidos el 20 de octubre en el marco de una causa en la que hoy fueron procesados por incitar a la violencia.

La renuncia de Bruglia a la Asociación de Magistrados que encabeza el juez Marcelo Gallo Tagle se concretó hoy a través de una carta dirigida a la entidad en la que les achacó a sus colegas la falta de respuesta ante las menciones críticas de distintos integrantes del Ejecutivo.

«Que ustedes no adviertan la gravedad institucional de los dichos del Presidente de la Nación -en sus tuits del día de ayer- y de las expresiones del Ministro de Justicia, claramente ofensivos hacia mi investidura y sobre todo falaces -generando una deslegitimación en mis funciones que resultan inaceptables- es motivo eficiente para que, sin dejar pasar más tiempo, renuncie a mi vocación asociativa con la dirigencia de esa Asociación», señaló Bruglia.

Y continuó: «Saben ustedes muy bien que por un decreto presidencial (asentado en una compleja maniobra anterior), publicado en una especial edición del Boletín Oficial de la Nación, fui apartado del cargo que actualmente estoy ocupando y al que, meses después, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó restituirme».

«Allí señaló el Supremo que debía permanecer en el sitio que actualmente ocupo, hasta tanto fuera designado un juez reemplazante. Así concretamente lo dice el fallo. No soy ilegítimo, como falazmente lo afirman los funcionarios; la Corte expresamente así lo dijo y sólo consideró que el cargo que legalmente ocupo lo es en forma transitoria», afirmó el juez.

Tras ese planteo, Bruglia agregó que «el Presidente de la Nación y el Ministro de Justicia han sido claramente ofensivos con sus dichos hacia un juez integrante de esa institución, y constituye además un hecho que trasciende una simple ofensa a la investidura individual para traslucir una clara injerencia sobre otro poder del Estado, lo cual debería -cuanto menos- haber generado en Uds. algún tipo de alarma, …aunque parece que no».

«No creo que deba extenderme más, sin duda concebimos y sentimos la Justicia de una forma distinta, motivo por el cual no tiene ningún sentido permanecer en esa institución. Mis saludos protocolares», concluyó el magistrado.

En un hilo de tuits publicado ayer, el Presidente subrayó que «los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi deberían estar solo en los tribunales para los cuales concursaron» y que «solo una maniobra ilegal (que es un secreto a voces) del ex presidente Mauricio Macri, que ordena a los Consejeros de la Magistratura que le responden bloquear el concurso para designar a quienes deberán ocupar legítimamente las vacantes que hoy usurpan los jueces citados, hace posible esta arbitrariedad».

La supuesta maniobra había sido denunciada el día anterior por el ministro Soria a través de un escrito que envió al Consejo de la Magistratura, donde reclamó que se avanzara con la selección de las ternas de jueces para ocupar las vacantes existentes en la Cámara Federal porteña.

«Durante el plenario del 17 marzo del corriente año, cuando, a fin de avanzar con las vacantes aquí mencionadas, tras fracasar la votación del dictamen de mayoría por no alcanzar las mayorías exigidas por la ley, se dispuso someter a votación el dictamen de minoría suscripto por los consejeros (Juan Manuel) Culotta y (Ricardo) Recondo, ambos representantes del estamento de magistrados», relató Soria en el escrito enviado al organismo encargado de seleccionar a los jueces y de revisar su conducta.

«En dicha oportunidad, a pesar de que quienes apoyaron el dictamen de mayoría decidieron acompañar con su voto el de minoría, tampoco lograron conseguirse las mayorías de ley, puesto que inéditamente los magistrados impulsores -Recondo y Culotta- votaron negativamente su propio dictamen. Escenificando, con ello, la muestra más elocuente respecto de la clara intención de mantener los traslados ilegales», advirtió en esa presentación el titular de la cartera de Justicia.

Buenos Aires

Provincia rechazó la desregulación de la VTV: “El Estado nacional pone en juego la seguridad de millones”

El gobierno de Axel Kicillof marcó distancia de la reglamentación nacional que habilita a talleres privados a realizar la Verificación Técnica Vehicular y libera los precios del servicio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió que la provincia sostendrá los estándares vigentes y cuestionó la coherencia de desregular controles vehiculares mientras las rutas nacionales se deterioran.

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La provincia de Buenos Aires rechazó la desregulación de la VTV y mantendrá sus propios controles.

Rutas rotas y controles sueltos: la peligrosa coherencia del modelo Milei en seguridad vial.

★ El mismo día en que el Gobierno nacional reglamentó los cambios en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la administración bonaerense salió a marcar diferencias con claridad. A través del ministro de Transporte, Martín Marinucci, la provincia de Buenos Aires anticipó que no seguirá el criterio nacional y que mantendrá los estándares de control vigentes en su territorio para garantizar la seguridad vial.

La medida impulsada por la gestión de Javier Milei establece que los talleres particulares que cumplan condiciones técnicas podrán inscribirse para prestar el servicio de VTV, en una apertura que el Gobierno enmarcó en su política de desregulación y eliminación de «monopolios». La nueva normativa incluye además la liberación de precios del servicio, hasta ahora regulados.

«Una herramienta de prevención que evita tragedias»

El funcionario bonaerense salió a cuestionar el fondo y la forma de la medida. Marinucci subrayó que el debate público giró en torno a quién presta el servicio, pero omitió la pregunta central: cómo se garantiza que los controles mantengan rigor y confiabilidad.

«La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos», sostuvo Marinucci.

La postura de la Provincia no es nueva ni improvisada. Desde el inicio de la gestión libertaria, el kirchnerismo bonaerense viene resistiendo el avance desregulatorio en materia de servicios públicos, en particular cuando la apertura al sector privado se produce sin mecanismos claros de fiscalización posterior.

La contradicción vial: rutas abandonadas y controles flexibilizados

Marinucci apuntó además a una contradicción que, en términos políticos, resulta difícil de sostener: el mismo gobierno que paralizó obras de infraestructura vial y abandonó el mantenimiento de rutas nacionales pretende al mismo tiempo relajar los controles sobre el estado de los vehículos que circulan por esas vías.

«No deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos. Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial», afirmó.

El señalamiento tiene respaldo en datos concretos. Según el análisis del Foro Economía y Trabajo, el gasto de capital acumuló una caída real del 86% desde diciembre de 2023, y las transferencias destinadas a obra pública registraron un derrumbe histórico bajo la gestión libertaria. En ese marco, extender los plazos de verificación técnica y privatizar el control vehicular aparece como una combinación de alto riesgo para la seguridad de los usuarios de la red vial.

El ministro fue explícito al respecto: «Desde hace más de dos años vemos rutas con baches, banquinas deterioradas, falta de mantenimiento y obras paralizadas. Los conductores saben perfectamente lo que significa circular por gran parte de la red vial nacional. Cuando las rutas están abandonadas, los vehículos sufren mucho más desgaste. En ese contexto, extender los plazos de las verificaciones técnicas parece ir exactamente en sentido contrario a lo que debería hacerse».

Más de 1.000 sitios fraudulentos dados de baja

Más allá del rechazo a la política nacional, Marinucci aprovechó para destacar la acción provincial en materia de fiscalización. A través de un trabajo articulado con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) correspondiente, la provincia de Buenos Aires logró dar de baja más de 1.000 páginas web y perfiles que ofrecían de manera fraudulenta la obtención de obleas y certificados de VTV sin realizar los controles obligatorios.

La mención no es menor: si en el contexto actual, con controles centralizados, proliferó de esa manera la oferta ilegal, la pregunta sobre qué ocurrirá cuando el servicio se fragmente entre cientos de talleres privados con fiscalización incierta resulta pertinente y urgente.

«Mientras algunos quieren flexibilizar los controles, nosotros trabajamos para erradicar las estafas y garantizar que cada verificación se realice de manera transparente y bajo los estándares de seguridad que corresponden», remarcó Marinucci.

El cierre: una mención que excede lo técnico

El ministro bonaerense eligió cerrar su declaración con una frase que trasciende la discusión técnica sobre la VTV y que apunta directamente al modelo de gestión libertario. «La verdadera discusión no es quién hace la revisión. La verdadera discusión es quién se hace responsable cuando un vehículo en malas condiciones provoca una tragedia en una ruta argentina», expresó.

Y remató con una ironía que no pasó desapercibida: «Está bien que hablen de controles. Los controles son importantes. De hecho, tan importantes que los argentinos todavía estamos esperando algunas explicaciones sobre patrimonios y declaraciones juradas que no terminan de cerrar. La transparencia, como la VTV, debería ser obligatoria para todos».

La referencia a los patrimonios no declarados y las declaraciones juradas con inconsistencias alude directamente al contexto político en el que se inscribe la medida: el mismo Gobierno que desregula los controles vehiculares enfrenta investigaciones judiciales por enriquecimiento ilícito de sus propios funcionarios, entre ellos el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuyo patrimonio bajo sospecha ya supera los 840.000 dólares según la causa que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Puntos clave

  • La provincia de Buenos Aires rechazó la reglamentación nacional que habilita talleres privados para realizar la VTV y libera precios del servicio.
  • El ministro Marinucci anunció que la Provincia mantendrá sus estándares de control vehicular, amparada en una ley provincial vigente.
  • El funcionario cuestionó la contradicción de flexibilizar controles sobre vehículos mientras las rutas nacionales acumulan más de dos años de abandono y deterioro.
  • El gasto de capital cayó un 86% en términos reales desde diciembre de 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo.
  • La provincia dio de baja más de 1.000 sitios fraudulentos que ofrecían certificaciones de VTV falsas.
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