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Denuncia

Ordenan secuestrar teléfonos del asesor de Rosatti

Se trata de Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo de la Magistratura.

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El juez federal de Santiago del Estero Guillermo Molinari imputó y ordenó el secuestro del teléfono celular de Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, luego de una denuncia presentada por el gobernador de esa provincia, Gerardo Zamora, quien aseguró hoy que el imputado «no quiso entregar sus teléfonos».

Tras la presentación formulada por Zamora, el magistrado envió ayer un oficio a través de la Policía Federal para anoticiar a Robles sobre el celular que es de uso habitual y también «otro aparato de telefonía celular que tenga en uso (personal u oficial) «.

En el oficio el magistrado le hace saber, además, que «se han habilitado la feria judicial, y días y horas hábiles para el trámite presente».

También, en otro oficio enviado al secretario de turno en feria de la Corte Suprema, Molinari le solicita que «proceda a la recepción y resguardo» del teléfono de Robles y «todo aparato de telefonía celular que fuera entregado por Robles, debiendo asegurar y mantener la cadena de custodia de los mismos a los fines del resguardo del medio de posible prueba, todo labrándose la pertinente acta».

La denuncia del gobernador Zamora, presentada ayer, se originó tras las filtraciones de chats en los cuales Robles mantenía una conversación con el ministro porteño de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’ Alessandro, en las cuales se coordinaban estrategias frente al litigio por la coparticipación que la Nación mantiene con el Ejecutivo que encabeza Horacio Rodríguez Larreta.

El gobernador informó hoy en sus redes sociales que «el Dr. Silvio Robles, a quien denuncié en la Justicia Federal por estar involucrado en un escándalo de gravedad institucional sin antecedentes, no quiso entregar sus teléfonos».

«Sólo se habría limitado a hacer una presentación al Juzgado para pedir estudio del expediente por parte de su abogado, pero sin cumplir la orden judicial», afirmó Zamora.

En esa línea, sostuvo que «con esto, en vez de ayudar a aclarar -si es que no tuviera nada que ver con el delito endilgado- oscurece más aún la legitimidad de la presidencia de la CSJN», y «sigue resquebrajando cada vez más, al estado de derecho en el país…»

«Dr. Rosatti, vuelvo a preguntarle, que hará ud. ahora?… la Patria no se merece esto», manifestó el gobernador al finalizar su publicación.

Ayer, el gobernador de Santiago del Estero reportó, también en sus redes sociales, que hizo una denuncia penal ante el fiscal federal en turno de Santiago del Estero contra «el Dr. Silvio Federico Robles, vocero del presidente de la Corte, por los delitos tráfico de Influencia e incumpliendo de los deberes de funcionario público, atento a la publicaciones periodísticas que han generado gran conmoción pública, sobre filtraciones de chat donde se habría arreglado el fallo a favor de CABA por el índice de coparticipación federal».

Zamora solicitó en esa oportunidad que «como cautelar la inmediata entrega de sus teléfonos de uso oficial» y otros que usa habitualmente para someterlos a pericias y lograr «la pronta aclaración de esta situación que está generando una gravedad institucional sin precedentes».

«Hoy no solo vemos amenazado un pilar fundamental de la Nación, que es el federalismo, sino que, además frente a este hecho, se ve en crisis la institucionalidad misma del país y la vigencia del estado de derecho», alertó.

Zamora sostuvo en esa publicación que «se han difundido mensajes presuntamente emitidos desde el teléfono de Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( CABA), de diálogos con Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti; de los que surgen información, que de ser cierta, serían conductas prohibidas a un funcionario público de la Corte Suprema de Justicia de la Nación».

Denuncia

Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad

El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni da la cara en el Congreso.
De “enriquecimiento ilícito” a “tema de impuestos”: el giro en la causa Adorni que indignó a la oposición.

La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.

El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.

Lo que dijo el fiscal

Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.

Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.

La oposición: “ES JODA”

El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.

En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.

El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.

El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.

Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero

La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.

Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.

Qué viene

Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.

Lo que tenés que saber:

  • El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
  • No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
  • El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
  • Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
  • Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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