Denuncia
Burlando pone contra las cuerdas a Quilmes por fraude contra distribuidor histórico
La Justicia investiga presuntos delitos de asociación ilícita y fraude comercial en una operatoria para desplazar por la fuerza a QUIBEC SUR SA, distribuidor con 15 años de relación comercial con la cervecera.
⬛ Las investigaciones contra las autoridades de Cervecería y Maltería Quilmes (CMQ) se profundizan por presuntas maniobras dolosas para desplazar por la fuerza a uno de sus más grandes distribuidores de la Argentina, QUIBEC SUR SA, con quien la multinacional mantenía relaciones comerciales desde hacía más de 15 años.
Según fuentes judiciales consultadas por este medio, la Justicia Criminal y Correccional del Departamento Judicial de La Plata se declaró incompetente para intervenir en los pedidos de allanamientos, interceptación de correspondencia y mensajería electrónica, así como en el posible secuestro de documentación sensible, requerido por el equipo de abogados que lidera el Dr. Fernando Burlando.
Tres expedientes en curso
La causa sustanciada en el marco de la IPP 06-0029680-25 investiga la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, desbaratamiento de los derechos acordados y fraudes al comercio y a la industria. El fiscal de La Plata Álvaro Garganta derivó el caso a su par de la Unidad Funcional de Investigación de Quilmes a través del Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo de la magistrada Natalia Noemí Bavaro, que motivó la apertura de un tercer expediente bajo el número de Investigación Preliminar 13-0027192-25.
Paralelamente, se discute la competencia para intervenir en el posible delito de desobediencia judicial en el que habrían incurrido los directivos de CMQ frente a la medida cautelar dispuesta por la juez titular del Juzgado Civil Comercial nro. 11 de La Plata en el marco del proceso «QUILBEB SUR SA s/ Concurso Preventivo» del año 2025.
Avanza investigación contra la nueva distribuidora
En paralelo, avanzan las investigaciones contra Beneroni SA, nueva distribuidora y actual socia de CMQ, cuyas autoridades fueron denunciadas por posibles hechos de usurpación de propiedad, defraudación, robo y privación ilegal de la libertad de un chofer de la firma QUILBEB SUR.
La fiscal Silvia Noemí Borrone, de la Unidad Funcional de Investigación nro. 4 de Berazategui, ordenó recibir declaraciones indagatorias a dos de los imputados para los días 7 y 9 de octubre a partir de las 10 horas.
Múltiples figuras delictivas investigadas
Desde el entorno del Dr. Fernando Burlando insisten con la potencial responsabilidad de las máximas autoridades de CMQ y de la brasilera AB InBev en una operatoria que habría consistido en desplazar de forma ilegal y por la fuerza a uno de sus principales distribuidores. Los delitos investigados incluyen asociación ilícita (art. 210 CP), coacción agravada (arts. 149 bis y ter CP), fraude comercial (art. 301 CP), desbaratamiento de derechos acordados (art. 173 inc. 11 CP), desbaratamiento de empresa (art. 174 inc. 6 CP) e infracción al art. 159 CP.
Directivos mencionados en la investigación
Fuentes cercanas a la investigación no descartan la acumulación de ambos procesos, en los que se encuentran mencionados múltiples autoridades de CMQ: Martín Ticinese (Presidente), Tomás Eloy Fracchia (Vicepresidente), los responsables de comercialización Fabio Baracho Martinelli, Javier Montes, Marcelo Pablo Carranza, Matías José Tabilla y Agustina Ivón Villalba.
También figuran los directivos Paula Soledad Marconi, Analía Toranzo, Ariel Sandler, Ignacio Suárez, Owen Dempsey, María Eugenia Botta y Jimena Pérez (Gerenta General de Uruguay). Además, aparecen mencionados Eugenio Raffo (VP de Marketing), Gonzalo Fagioli (VP de Asuntos Corporativos, Legales y Compliance), Erica Zamora (VP de Gente), Rodrigo Catalá y Mariano Toledo.
Posible citación de ejecutivos de AB InBev
No se descarta las eventuales citaciones de altos ejecutivos de AB InBev Brasil, mencionados en la investigación como Michel Doukeris (Director Ejecutivo y responsable de las acciones comerciales en Argentina), Fernando Tennenbaum (Director financiero) y Carlos Lisboa (CEO Zona Sudamérica).
El estudio Burlando solicitó que se libren exhortos diplomáticos a la República Federativa de Brasil para citar a los máximos directivos de AB InBev, quienes según la denuncia formulada por QUILBEB SUR SA podrían tener responsabilidades activas u omisivas en las figuras delictivas investigadas.
Audiencias programadas y silencio de CMQ
Para el 30 de septiembre de 2025 fueron designadas audiencias entre las partes en el Departamento Judicial de Quilmes. Los abogados han sido citados en el marco de la ley 13.433 por la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos Penales.
Este medio intentó comunicarse con Cervecería y Maltería Quilmes (CMQ) sin obtener respuesta de sus autoridades. Uno de los aspectos centrales que preocupan a los letrados, y en los que podrían hacer foco los investigadores, son los audios en los que se mencionan irregularidades relacionadas al mecanismo de cobro del denominado impuesto interno.
Puntos clave:
- Se investigan presuntos delitos de asociación ilícita y fraude comercial contra CMQ
- Tres expedientes judiciales en curso por maniobras contra distribuidor histórico
- Múltiples directivos de CMQ y AB InBev mencionados en las investigaciones
- Audiencias programadas para el 30 de septiembre en Quilmes
- CMQ no respondió a consultas de este medio sobre las acusaciones
Denuncia
Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad
El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.
La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.
El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.
Lo que dijo el fiscal
Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.
Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.
La oposición: “ES JODA”
El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.
La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.
En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.
El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.
El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.
Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero
La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.
Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.
Qué viene
Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.
Lo que tenés que saber:
- El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
- No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
- El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
- Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
- Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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