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Lo atacaron en el aula: Isaías tiene 15 años, está en estado vegetativo y su docente y el colegio fueron cómplices

Un adolescente de 15 años lleva más de 150 días en estado vegetativo tras una golpiza en su colegio. La institución educativa no lo trasladó al centro médico que tenía enfrente. La familia recolecta $33 millones para un tratamiento de células madre que podría recuperar el 70% de sus funciones neurológicas.

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★ Isaías Mendoza tenía un contrato con AFA y toda la vida por delante. Hoy no habla, no camina y solo puede mirar a su madre cuando ella le habla. Tiene 15 años y lleva más de 150 días en estado vegetativo persistente, consecuencia directa de una golpiza que sufrió dentro de un aula y de la negligencia criminal de los adultos que debían cuidarlo.

La historia de Isaías no es solo la de una pelea escolar que se fue de las manos. Es la historia de cómo un sistema que debía protegerlo, lo falló en cada paso: la docente que lo inmovilizó mientras lo golpeaban, las autoridades del colegio que ocultaron lo ocurrido, y la Justicia que, por ahora, tiene al principal acusado en prisión domiciliaria porque, según el propio relato de Evelyn Mendoza, la madre del adolescente, el juez de menores «no cree que el pibe haya ido a matar».

Lo que pasó dentro del aula

Según el testimonio de Evelyn Mendoza ante la Agencia NA, en septiembre de 2025 Isaías estaba en su salón de clases cuando un compañero de 16 años le reclamó su asiento. Lo que comenzó como un intercambio verbal escaló de manera brutal: la docente a cargo agarró a Isaías de los brazos, se los llevó hacia atrás e inmovilizó al adolescente, que quedó sin posibilidad de defenderse mientras recibía ocho golpes de puño en el abdomen.

Tras la agresión, Isaías sufrió un paro cardíaco. Cayó al suelo. «Largó espuma por la boca y sangró por la nariz», describió su madre. A metros del colegio había una salita médica. Nadie lo llevó.

La hipoxia cerebral aguda que derivó en el estado vegetativo no fue consecuencia solo de los golpes: fue consecuencia de la inacción deliberada de los adultos responsables de la institución educativa.

El encubrimiento

Lo que siguió a la agresión agrava el cuadro de manera sustancial. Según Evelyn Mendoza, las autoridades del colegio les quitaron los celulares a los hermanos de Isaías para impedir que avisaran a la familia, argumentando que se trataba de un simple desmayo.

La madre se enteró veinte minutos después. Cuando llegó al colegio, encontró a su hijo tirado en el suelo. «Lo arrastré por la escalera, apareció un patrullero en la calle», relató. En el hospital, los médicos reanimaron a Isaías durante veinte minutos.

Pasó 42 días en terapia intensiva. Cuando salió, fue derivado a un centro de rehabilitación donde, según su madre, «no le hacían nada». Hace más de 150 días la familia está en La Plata, buscando respuestas médicas y judiciales.

La justicia, cómplice por omisión

El panorama judicial es, cuanto menos, inquietante. Evelyn Mendoza describió ante la Agencia NA que el fiscal le indicó que concurriera ante un juez de menores, y que ese magistrado dispuso la prisión domiciliaria para el agresor de 16 años porque, en su criterio, el joven no tuvo intención de matar.

La madre señaló que el colegio «se lavó las manos» y que la institución no le presentó ningún seguro. No hay información pública disponible sobre el estado de avance de la causa penal por lesiones gravísimas, ni sobre eventuales acciones civiles por daños y perjuicios contra la docente, el alumno agresor, sus padres, y las autoridades del establecimiento.

La situación se enmarca en el debate legislativo por la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil (Ley 27.801), donde Evelyn Mendoza expuso el caso de su hijo. El relato de una madre que arrastra a su hijo inconsciente por una escalera mientras las autoridades escolares ocultan lo ocurrido se convirtió en uno de los testimonios más estremecedores de ese debate.

Células madre y $33 millones

La única esperanza que hoy sostiene a la familia es un tratamiento de células madre provenientes de México, que según le informaron a Evelyn podría restablecer hasta el 70% de las neuronas dañadas. El costo del tratamiento es de 33 millones de pesos.

«No sé a dónde acudir», dijo la madre. La familia lanzó una campaña de recaudación y distribuyó volantes con la imagen de Isaías. El alias para donaciones es rey.18.mp, a nombre de Evelyn Mendoza.

Cabe señalar que los porcentajes de recuperación citados por la familia corresponden a información brindada por los prestadores del tratamiento y no han sido verificados de manera independiente por este medio. Los tratamientos con células madre para daño cerebral severo se encuentran en distintas fases de investigación clínica a nivel internacional, con resultados variables según cada caso.

Lo que sí es verificable, concreto e indiscutible, es la negligencia institucional que dejó a Isaías Mendoza en el estado en que se encuentra hoy.

Puntos clave

• Isaías Mendoza, 15 años, lleva más de 150 días en estado vegetativo persistente tras una golpiza en su colegio en septiembre de 2025.
• Una docente inmovilizó al adolescente mientras un compañero le propinaba ocho golpes en el abdomen; Isaías sufrió un paro cardíaco.
• El colegio no lo trasladó al centro médico que tenía enfrente; la hipoxia cerebral aguda derivó en daño neurológico severo.
• Las autoridades escolares quitaron los celulares a los hermanos para impedir avisar a la familia, según el testimonio de la madre.
• La Justicia dispuso prisión domiciliaria para el agresor menor de edad; la causa penal por lesiones gravísimas no registra avances públicos conocidos. ★

Denuncia

El ARG-01, Adorni, su esposa y la causa Aviones: el decreto que él mismo celebró ahora se le volvió en contra

El viaje de Bettina Angeletti en el avión presidencial reavivó la «Causa de los Aviones» contra Cristina Kirchner, anulada en 2023 por falta de imparcialidad del juez Bonadío. El dato más incómodo para el oficialismo: fue el propio Gobierno de Milei el que en 2024 prohibió por decreto el uso de aeronaves oficiales para trasladar familiares de funcionarios, una medida que Adorni celebró públicamente.

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El escándalo por el viaje del jefe de Gabinete Manuel Adorni junto a su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial ARG-01 hacia Nueva York instaló en el debate público una comparación que el oficialismo preferiría evitar: la «Causa de los Aviones», el expediente judicial que investigó el presunto uso irregular de aeronaves oficiales durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner entre 2007 y 2015, y que fue anulado de manera definitiva en 2023 por la Cámara Federal de Casación Penal por falta de imparcialidad del juez instructor.

La «Causa de los Aviones»: qué fue y cómo terminó

El expediente investigó si durante las presidencias de Cristina Kirchner se utilizaron aviones de la flota presidencial para transportar objetos personales y mobiliario hacia hoteles de la familia Kirchner en El Calafate, provincia de Santa Cruz. La causa fue impulsada originalmente por el juez federal Claudio Bonadío, fallecido en 2020, y generó procesamiento de la entonces expresidenta. Sin embargo, en junio de 2023, los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Alejandro Slokar y Ángela Ledesma declararon la nulidad de todo lo actuado desde el inicio del expediente, al verificar que Bonadío fue simultáneamente denunciante de las supuestas irregularidades y el juez que llevó adelante la investigación, una violación elemental al principio de imparcialidad judicial. En el mismo acto, se apartó a los camaristas que habían confirmado el procesamiento. Dos meses después, el mismo tribunal rechazó un recurso extraordinario presentado por el Ministerio Público Fiscal y dejó firme la nulidad de la causa. No obstante, en 2024 el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó la reapertura del expediente con fundamento en la aparición de supuestos «nuevos hechos» vinculados a un total de 194 vuelos realizados durante el período investigado, que a su criterio configurarían el delito de «peculado», tipificado en el artículo 261 del Código Penal como un ilícito contra la Administración Pública. Al cierre de esta edición, aún no se confirmó si esa solicitud de reapertura prosperó ni en qué estado procesal se encuentra.

El decreto que Adorni festejó y ahora lo persigue

El dato que encierra la mayor contradicción política de toda la semana es el siguiente: en agosto de 2024, el Gobierno de Javier Milei dictó un decreto que restringió y prohibió expresamente el uso de aviones oficiales para actividades privadas o el traslado de familiares de funcionarios. La medida fue presentada por el oficialismo como una señal de transparencia y diferenciación respecto de gestiones anteriores. El propio Adorni la celebró públicamente en su momento. Ese decreto es el que ahora le enrostraron desde la oposición y desde sectores del propio espacio libertario, a raíz del viaje de Angeletti en el ARG-01. La esposa del jefe de Gabinete no tenía funciones oficiales en la delegación que participó del «Argentina Week» en Nueva York, según surge del material de base de esta nota. Las explicaciones de Adorni, formuladas el martes en una entrevista en A24, sostuvieron que el viaje no tuvo costo adicional para el Estado; sin embargo, esas afirmaciones siguen sin contar con respaldo documental verificable independiente, tal como informó este medio desde el inicio de la cobertura.

Cinco días de escándalo y una interna que llegó a la Justicia

Como informó este medio en detalle a lo largo de la semana, la polémica acumula múltiples capas. La vicepresidenta Victoria Villarruel utilizó el episodio para marcar distancia del Ejecutivo al difundir publicaciones irónicas sobre el viaje. El diputado socialista Esteban Paulón y la bancada de Unión por la Patria (UxP) presentaron pedidos de informes e interpelación en el Congreso. El club Sacachispas, de la Primera C, viralizó un mensaje irónico que sintetizó el estado de la opinión pública. Y el propio presidente Milei salió a defender a Adorni en redes con un argumento de teoría económica, el concepto de «costo marginal», que no respondió a ninguna de las preguntas institucionales abiertas. En paralelo, la interna dentro de La Libertad Avanza escaló al terreno judicial: Villarruel presentó este jueves una denuncia penal contra el diputado Luis Petri en Comodoro Py (expediente CFP 985/2026), por calumnias e injurias y amenaza de rebelión, luego de que Petri la calificara de «golpista». El contraste entre la «Causa de los Aviones», construida durante años sobre la base de un expediente que la propia Justicia anuló por haber sido instruido por un juez parcial, y el episodio del ARG-01, que involucra una norma dictada por el propio Gobierno que lo protagoniza, no requiere inferencia: está en los hechos reconocidos por el propio gobierno.

Puntos clave:

  • El viaje de Angeletti en el ARG-01 reavivó comparaciones con la «Causa de los Aviones» contra Cristina Kirchner, anulada en 2023 por nulidad procesal debido a la falta de imparcialidad del juez Bonadío.
  • En junio de 2023, la Cámara Federal de Casación Penal declaró nula toda la causa; dos meses después rechazó el recurso del Ministerio Público Fiscal y dejó firme esa nulidad.
  • En 2024, el fiscal Pollicita solicitó la reapertura por 194 vuelos bajo el delito de peculado; el estado procesal de ese pedido aún no se confirmó.
  • El Gobierno de Milei dictó en agosto de 2024 un decreto que prohibió el uso de aviones oficiales para trasladar familiares de funcionarios; Adorni lo celebró públicamente en su momento.
  • Las afirmaciones de Adorni sobre el costo cero para el Estado por el viaje de su esposa siguen sin respaldo documental verificable independiente.

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