Un mapa colaborativo disponible en internet permite tomar magnitud de un fenómeno con el que los habitantes de Buenos Aires se topan a diario: la acelerada demolición de edificios antiguos para levantar torres que los multiplican varias veces en altura con la consiguiente pérdida del patrimonio arquitectónico y deterioro socioambiental.

Con el nombre «La destrucción no para», la ONG Basta de Demoler subió a la web un plano de Buenos Aires donde están identificados como puntos amarillos los inmuebles demolidos en los últimos 15 años, en rojo los que están en peligro de serlo, en azul los que fueron rescatados y en negro las pérdidas «históricas» anteriores a 2007.

El valor agregado de este proyecto está dado por las fotos que se despliegan al hacer click en cada uno de los puntos coloreados. Además, este relevamiento cartográfico se va actualizando constantemente y enriqueciendo con los aportes que pueden acercar otras organizaciones o ciudadanos de a pie a través de un formulario de denuncia.

«La idea es visibilizar que gran parte de la arquitectura del centenario, de 1880 a 1940, está siendo demolida muy rápidamente y corremos el riesgo que muchos barrios cambien de escala o su identidad, para siempre», dijo a Télam Mauro Sbarbati de Basta de Demoler.

El activista advirtió que «lo mismo que le sucede hoy a Caballito o Recoleta, es lo que le va a suceder al resto de los barrios» a partir del nuevo Código Urbanístico que favorece este fenómeno, y por eso «hoy los barrios más movilizados son Villa Crespo, Villa Urquiza, Colegiales, Núñez y Floresta».

Entre los más de 100 inmuebles que tienen su fin tan cercano que ya ostentan un cartel de cómo se verá el predio cuando un moderno edificio lo reemplace, se cuenta «Villa Virgillino», la casona de Avenida Córdoba y Dorrego construida en 1908 donde se filmó la película de Ariel Rotter «Solo por hoy» que musicalizó Gustavo Cerati.

Otro de las casas en peligro es la de Pacheco de Melo 2.141, que tiene inscrita en su pared la firma del arquitecto Alejandro Virasoro y donde funcionó 15 años la productora de cine «Gea Cinematográfica» creada en 1980 por María Luisa Bemberg («Camila», «Yo la peor de todas», entre otras) y Lita Stantic, la primera fundada por dos mujeres que se caracterizó por producir films con mirada feminista.

Para Sbarbati, los perjuicios de la demolición de edificios bajos con valor arquitectónico para construir otros más altos son muchos, desde «pérdida de la identidad barrial, de la «memoria colectiva y acervo cultural» hasta la desvalorización turística de un área, pasando por la «degradación ambiental».

«Primero que nada, el edificio más verde es el que ya está construido; pero además, varios de estos edificios son objetos culturales, diseños de las vanguardias arquitectónicas de la época y representan un momento de Buenos Aires que explica en algún aspecto quiénes somos. Por otra parte, contribuyen a un entorno urbano equilibrado porque implican formas alternativas de vivir la arquitectura», dijo.

Aunque aclaró que «nadie dice que no se tiene que construir», Sbarbati insistió en que esa decisión no puede tomarse prescindiendo de la opinión de los vecinos y aseguró que los propietarios de esos inmuebles deben contar con «herramientas previstas en la legislación» para fomentar su conservación, como el Fondo Estímulo para la Recuperación de Edificios Catalogados (Ferec) que no se pone en marcha desde 1991, incentivos impositivos o mecanismos de «transferencia de la capacidad constructiva».

En la ciudad de Buenos Aires los inmuebles anteriores al 31 de diciembre de 1941 están protegidos por la ley 2.548 de 2009 y su modificatoria 3.056 de 2009, cuya vigencia caducaba el último día de 2011 pero se mantiene por una medida precautelar ordenada por la titular del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N° 9 Andrea Danas, en el marco de un amparo de Basta de Demoler, el Observatorio del Derecho a la ciudad, SOS Caballito y Fundación Ciudad. Convertida en cautelar en 2015 por el juez Aurelio Ammirato, la medida fue confirmada por la Cámara un año después.

La ley en cuestión estableció la emergencia patrimonial y creó el Procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP) para todos los inmuebles de propiedad pública o privada catalogados como «Edificios Representativos» por la Subsecretaría de Patrimonio Cultural o que hayan sido construidos antes de 1942.

Cualquier proyecto de demolición o reforma sólo puede prosperar para estos casos si el inmueble es desestimado primero como patrimonio a conservar por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), conformado por funcionarios y representantes de distintas instituciones vinculadas a la temática.

Pero un relevamiento realizado por el suplemento de arquitectura de Página/12 en 2010 mostró que el filtro de la CAAP es bastante poroso: de 843 edificios evaluados, se autorizó la demolición de 708.

A pedido de la Ciudad de Buenos Aires, a comienzos de 2021 la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA (FADU) relevó 141.000 inmuebles alcanzados por la ley 3056, a partir de los cuales la CAAP recomendó proteger una nómina de 18.195 (13%) que ahora deben ser puestos a cubierto por leyes especiales por comuna; lo que -según Basta de Demoler- hasta ahora se concretó solo para las comunas 1 y 2.

«El problema es que el procedimiento de la CAAP para determinar si un inmueble tiene valor o no, es totalmente opaco y como la decisión de desprotegerlo no se considera un acto administrativo, no se publica en el Boletín Oficial y la ciudadanía se entera cuando ve el cartel de venta como terreno o cuando empieza la demolición», dijo a Télam Jonathan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

El abogado ambientalista destacó que la ola demoledora se vio favorecida por el nuevo Código Urbanístico aprobado en 2018 que incrementó la «capacidad constructiva» de algunas de las Áreas de Protección Histórica (APH) de la Ciudad, «generando un estímulo para la renovación urbana en barrios de casas bajas, donde se tiran abajo inmuebles para construir unos dos o tres veces más altos».

«En las parcelas protegidas es donde se puede hacer el mayor negocio (inmobiliario), porque compran la tierra barata porque no lo podés demoler o tenés una capacidad constructiva menor, pero luego se consiguen permisos ilegales o el cambio de norma, y las ganancias son exorbitantes. Estas políticas están pensadas para beneficiar algunos actores inmobiliarios, no para todo el sector que querría que haya reglas claras», concluyó.