Denuncia
Dalbón denunció a Bullrich por abuso de autoridad, censura y persecución a periodistas
El abogado contestó la acción judicial de la ministra contra Jorge Rial y Mauro Federico por los audios de Karina Milei y pidió citar a su letrado, Fernando Soto, quien instruyó avanzar con la causa en nombre del Ministerio de Seguridad.
⬛ El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich por abuso de autoridad, tras la presentación que la funcionaria realizó contra periodistas por la difusión de audios que involucraron a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La acción judicial es por el «delito de abuso de autoridad», en medio del escándalo por las grabaciones filtradas que golpean a la Casa Rosada.
La denuncia llegó después de que Bullrich pidiera a la Justicia Federal que se allanen los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico por haber difundido las grabaciones que comprometen a la hermana del presidente Javier Milei. La presentación judicial fue realizada por el abogado Fernando Soto en representación del Ministerio de Seguridad y «por indicación expresa» de Bullrich.
En su denuncia, Dalbón también pidió que se cite a Fernando Soto, el letrado de la cartera de Seguridad que instruyó avanzar con la causa judicial. El abogado cuestionó duramente la figura del representante legal del Ministerio, recordando su participación en otros casos polémicos.
Dalbón apuntó contra el abogado de Bullrich
«Soto, el abogado que defendió a los asesinos de Lucas González, que verdugueaba a los chicos que habían estado en el auto, es el denunciante de los periodistas y de mi persona. Que me denuncie Bullrich a través de este abogado lo único que hace es confirmar la carencia de fundamentos y la gravedad institucional por la que está pasando nuestro país», planteó Dalbón en diálogo con C5N.
El letrado, quien también aparece mencionado en la acusación difundida por la ministra junto a los periodistas Rial y Federico, calificó la situación como «de una gravedad institucional nunca vista desde el advenimiento de la democracia».
«La democracia no puede contar con un Gobierno que, ante una acto de corrupción, denuncie a periodistas, es de una gravedad institucional nunca vista desde el advenimiento de la democracia, ya lo vengo diciendo», sostuvo Dalbón.
«Desesperación de un gobierno liquidado»
El abogado vinculó la acción de Bullrich con el escándalo por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad que involucra al entorno presidencial. «Creo que el hecho de corrupción y de coimas que estamos viendo, más la represión y los aprietes de Bullrich para con los periodistas y un abogado que es simplemente un denunciante, solo marcan la desesperación de un gobierno que está liquidado», afirmó.
Dalbón apuntó específicamente contra la ministra de Seguridad, de quien dijo que «siempre miente: mintió con Santiago Maldonado, con Fernando Molares, con la niña gaseada, cada vez que tuvo que dar una explicación a la sociedad sobre los hechos de represión».
«En este caso, ante una desesperación del Gobierno nacional, en virtud de que se le ha descubierto un manejo de coimas ante la Agencia Nacional de Discapacidad, lo único que puede hacer ella es lo que sabe: amenazar, reprimir y tratar de intimidar a los periodistas y a este abogado», subrayó.
El pedido de allanamientos de Bullrich
En el escrito judicial, la ministra califica la difusión de los audios como un hecho de «gravedad inusitada» y remarca que las grabaciones, pese a su repercusión política, son «jurídicamente inocuos y carentes de relevancia penal».
Paralelamente, un fallo del juez Patricio Maraniello prohibió que se difundan las grabaciones que involucran a la hermana del presidente Javier Milei. La decisión se produjo luego de que el Gobierno denunciara una «operación de inteligencia ilegal».
El magistrado ordenó que se detenga la divulgación de los audios de la Secretaria General de la Presidencia mediante «cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web».
La versión del Gobierno
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, atribuyó la difusión de los audios a «una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral». «Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido», afirmó.
Con 37 años de trayectoria, Dalbón desafió las presiones del oficialismo: «Con 37 años de profesión, esta mujer no me puede mover un pelo, al contrario: me da mucha más energía, entidad y fuerza para defender la democracia».
Puntos clave:
- Gregorio Dalbón denunció a Patricia Bullrich por abuso de autoridad tras la censura del Gobierno a periodistas
- La acción surge después de que Bullrich pidiera allanar a Jorge Rial y Mauro Federico por difundir audios de Karina Milei
- Dalbón pidió citar a Fernando Soto, el abogado del Ministerio de Seguridad que instruyó la causa
- El letrado vinculó la acción con el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad
- Un juez prohibió la difusión de los audios tras una denuncia del Gobierno por «inteligencia ilegal»
Denuncia
La casta hipotecada: el Banco Nación y el festival de créditos a legisladores y militantes de LLA
Bajo la sombra de la banca pública, legisladores oficialistas accedieron a préstamos millonarios en momentos clave de su alineamiento político, mientras el Gobierno insiste con el ajuste y las privatizaciones.
★ El escándalo por el otorgamiento de créditos hipotecarios millonarios del Banco Nación (BNA) a legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y aliados forzó las primeras reacciones de los beneficiarios, quienes ensayaron defensas que, lejos de aclarar la situación, profundizaron las sospechas sobre un trato preferencial. Los diputados Alejandro Bongiovanni y Mariano Campero confirmaron haber accedido a los fondos de la entidad que el Ejecutivo intentó privatizar, justo en coincidencia con giros políticos determinantes en sus respectivas carreras legislativas.
El «salto» de Bongiovanni y los 255 millones
El diputado santafesino Alejandro Bongiovanni, quien abandonó la bancada del PRO para sumarse formalmente al oficialismo en noviembre pasado, confirmó que recibió un préstamo de 255 millones de pesos. A través de sus redes sociales, el legislador calificó como «insólito» que se vincule una deuda hipotecaria con un acto delictivo y aseguró que el trámite inició en junio, durante lo que denominó el «boom de los créditos hipotecarios».
Sin embargo, las dudas persisten sobre la celeridad del proceso y la elección de la banca pública nacional por sobre entidades privadas o de su propia provincia. El legislador Esteban Paulón presentó pedidos de informes ante el Banco Nación, el Banco Central y el Poder Ejecutivo para determinar si el directorio del banco, liderado en ese entonces por Daniel Tillard, dictó resoluciones excepcionales para aprobar carpetas que tenían dictámenes técnicos desfavorables en las áreas de riesgo.
Campero y la Comisión Libra
Por su parte, el tucumano Mariano Campero, uno de los radicales que garantizó con su voto el blindaje a los vetos presidenciales contra jubilados y universidades, también defendió su acceso al crédito. Campero desestimó que la adjudicación de los fondos en mayo de 2025 estuviera ligada a la creación de la Comisión Libra que integra. El diputado sostuvo que se trata de su primera vivienda y atribuyó las críticas a una supuesta persecución del peronismo, aunque no precisó por qué los tiempos administrativos del banco coincidieron con su distanciamiento de los principios históricos de la UCR para transformarse en un aliado incondicional de Javier Milei.
Una lista que se expande
El beneficio del Banco Nación no se limitó a estos dos nombres. La nómina de legisladores que accedieron a créditos UVA bajo condiciones que se investigan incluye al bonaerense Santiago Santurio, la rionegrina Lorena Villaverde (quien ya afronta complicaciones judiciales por otras causas) y diversos funcionarios de la estructura oficialista.
La paradoja política resulta evidente; mientras el discurso oficial promueve el desmantelamiento del Estado y la eficiencia del mercado, sus representantes utilizan la estructura de la banca pública para resolver sus necesidades habitacionales con montos inaccesibles para el grueso de la población trabajadora. La Central de Deudores del Banco Central refleja estas obligaciones financieras que, en el caso de los legisladores, se dan en un marco de confrontación constante del Gobierno contra los sectores que defienden el rol de las instituciones públicas.
Puntos clave
- Los diputados Alejandro Bongiovanni y Mariano Campero confirmaron la recepción de créditos UVA del Banco Nación.
- Se investiga si existieron dictámenes de riesgo negativos que fueron ignorados por el directorio del banco para favorecer a los legisladores.
- El diputado Esteban Paulón solicitó informes oficiales para transparentar el proceso de adjudicación de estos préstamos millonarios.
- Los beneficiarios aseguran que las condiciones fueron las mismas que para cualquier cliente, pese a la coincidencia con sus cambios de postura política.
- El Banco Nación continúa en el centro del debate tras los intentos de privatización impulsados por el Poder Ejecutivo. ★
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