Denuncia
Dalbón denunció a Bullrich por abuso de autoridad, censura y persecución a periodistas
El abogado contestó la acción judicial de la ministra contra Jorge Rial y Mauro Federico por los audios de Karina Milei y pidió citar a su letrado, Fernando Soto, quien instruyó avanzar con la causa en nombre del Ministerio de Seguridad.
⬛ El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich por abuso de autoridad, tras la presentación que la funcionaria realizó contra periodistas por la difusión de audios que involucraron a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La acción judicial es por el «delito de abuso de autoridad», en medio del escándalo por las grabaciones filtradas que golpean a la Casa Rosada.
La denuncia llegó después de que Bullrich pidiera a la Justicia Federal que se allanen los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico por haber difundido las grabaciones que comprometen a la hermana del presidente Javier Milei. La presentación judicial fue realizada por el abogado Fernando Soto en representación del Ministerio de Seguridad y «por indicación expresa» de Bullrich.
En su denuncia, Dalbón también pidió que se cite a Fernando Soto, el letrado de la cartera de Seguridad que instruyó avanzar con la causa judicial. El abogado cuestionó duramente la figura del representante legal del Ministerio, recordando su participación en otros casos polémicos.
Dalbón apuntó contra el abogado de Bullrich
«Soto, el abogado que defendió a los asesinos de Lucas González, que verdugueaba a los chicos que habían estado en el auto, es el denunciante de los periodistas y de mi persona. Que me denuncie Bullrich a través de este abogado lo único que hace es confirmar la carencia de fundamentos y la gravedad institucional por la que está pasando nuestro país», planteó Dalbón en diálogo con C5N.
El letrado, quien también aparece mencionado en la acusación difundida por la ministra junto a los periodistas Rial y Federico, calificó la situación como «de una gravedad institucional nunca vista desde el advenimiento de la democracia».
«La democracia no puede contar con un Gobierno que, ante una acto de corrupción, denuncie a periodistas, es de una gravedad institucional nunca vista desde el advenimiento de la democracia, ya lo vengo diciendo», sostuvo Dalbón.
«Desesperación de un gobierno liquidado»
El abogado vinculó la acción de Bullrich con el escándalo por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad que involucra al entorno presidencial. «Creo que el hecho de corrupción y de coimas que estamos viendo, más la represión y los aprietes de Bullrich para con los periodistas y un abogado que es simplemente un denunciante, solo marcan la desesperación de un gobierno que está liquidado», afirmó.
Dalbón apuntó específicamente contra la ministra de Seguridad, de quien dijo que «siempre miente: mintió con Santiago Maldonado, con Fernando Molares, con la niña gaseada, cada vez que tuvo que dar una explicación a la sociedad sobre los hechos de represión».
«En este caso, ante una desesperación del Gobierno nacional, en virtud de que se le ha descubierto un manejo de coimas ante la Agencia Nacional de Discapacidad, lo único que puede hacer ella es lo que sabe: amenazar, reprimir y tratar de intimidar a los periodistas y a este abogado», subrayó.
El pedido de allanamientos de Bullrich
En el escrito judicial, la ministra califica la difusión de los audios como un hecho de «gravedad inusitada» y remarca que las grabaciones, pese a su repercusión política, son «jurídicamente inocuos y carentes de relevancia penal».
Paralelamente, un fallo del juez Patricio Maraniello prohibió que se difundan las grabaciones que involucran a la hermana del presidente Javier Milei. La decisión se produjo luego de que el Gobierno denunciara una «operación de inteligencia ilegal».
El magistrado ordenó que se detenga la divulgación de los audios de la Secretaria General de la Presidencia mediante «cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web».
La versión del Gobierno
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, atribuyó la difusión de los audios a «una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral». «Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido», afirmó.
Con 37 años de trayectoria, Dalbón desafió las presiones del oficialismo: «Con 37 años de profesión, esta mujer no me puede mover un pelo, al contrario: me da mucha más energía, entidad y fuerza para defender la democracia».
Puntos clave:
- Gregorio Dalbón denunció a Patricia Bullrich por abuso de autoridad tras la censura del Gobierno a periodistas
- La acción surge después de que Bullrich pidiera allanar a Jorge Rial y Mauro Federico por difundir audios de Karina Milei
- Dalbón pidió citar a Fernando Soto, el abogado del Ministerio de Seguridad que instruyó la causa
- El letrado vinculó la acción con el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad
- Un juez prohibió la difusión de los audios tras una denuncia del Gobierno por «inteligencia ilegal»
Denuncia
Inversores excluidos de la causa $LIBRA piden volver a ser querellantes
Cinco inversores apartados de la investigación por la presunta estafa cripto presentaron un recurso ante la Cámara Federal de Casación para recuperar el rol de querellantes. Mientras tanto, el fiscal Eduardo Taiano aguarda los resultados de pericias sobre trazabilidad de fondos y comunicaciones, piezas claves para determinar si hubo fraude en el lanzamiento del memecoin que Javier Milei promocionó en febrero de 2025.
Más de 27.000 dólares invertidos por particulares que se evaporaron en minutos: ese es el daño concreto que cinco afectados intentan probar desde adentro de la causa $LIBRA, la investigación por la presunta estafa cripto que involucra al presidente Javier Milei. Pero la justicia los dejó afuera. Y ahora pelean para volver.
Los abogados Juan Grabois y Nicolás Oszust, que representan a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, presentaron este miércoles un recurso ante la Cámara Federal de Casación para revertir la resolución que los excluyó como querellantes en el expediente que tramita ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
El fallo que los dejó afuera
El 4 de septiembre pasado, los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones confirmaron la decisión de Martínez De Giorgi de apartar a los cinco inversores de la causa, luego de un pedido formulado por el lobbista Mauricio Novelli. En su resolución, los magistrados sostuvieron que los afectados «asumieron voluntariamente los riesgos inherentes» a la compra del memecoin y que la pérdida de dinero «fue una consecuencia de ese riesgo asumido». Agregaron, además, que la hipótesis de una presunta estafa se encontraba «diluida».
Para las defensas de los damnificados, ese razonamiento equivale a un prejuzgamiento anticipado del fondo del asunto. En los escritos presentados ante Casación, los letrados también señalaron que no existieron nuevas pruebas ni elementos supervinientes que justificaran un cambio en la situación procesal de sus representados. La exclusión, argumentaron, los deja sin herramientas para impulsar medidas de prueba propias en una causa que avanza con lentitud.
Taiano y las pericias que no llegan
Con los querellantes afuera, el peso de la investigación recae por completo sobre el fiscal Eduardo Taiano, quien arrastra cuestionamientos por la demora en el avance de la causa. Según informaron fuentes judiciales, la instrucción se encuentra a la espera de los resultados de pericias técnicas que el propio Taiano solicitó: una sobre la trazabilidad de las inversiones y otra sobre las comunicaciones de los involucrados.
Una de las piezas más esperadas es la pericia sobre el recorrido de transferencias de Hayden Davis, el creador de la criptomoneda, que alcanzarían casi 5 millones de dólares. La tarea estaba a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), pero el organismo no contaba con las licencias necesarias para completarla. La otra pericia pendiente apunta al celular del lobbista Mauricio Novelli y busca reconstruir el posible acuerdo para la promoción de $LIBRA.
A esas esperas se suma la perspectiva de posibles indagatorias que aún no tienen fecha, entre ellas las de Javier Milei y su hermana Karina Milei.
El contexto: un lanzamiento con sello presidencial
La causa tiene su origen en febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei promocionó en sus redes sociales el lanzamiento del memecoin $LIBRA, cuyo valor se disparó en minutos para luego desplomarse de manera abrupta, dejando a miles de pequeños inversores con pérdidas cuantiosas. La difusión presidencial le dio al proyecto una legitimidad que derivó en una avalancha de compras que, según los denunciantes, fue aprovechada por los creadores del token para liquidar sus posiciones y salir del mercado antes del colapso, en lo que se conoce como un esquema de «pump and dump».
La causa ya acumula múltiples frentes: la participación del propio Milei en la difusión del activo, el rol de Hayden Davis como articulador del proyecto, el vínculo con el lobbista Novelli, y las conexiones con estructuras financieras off-shore que, según investigaciones publicadas en informes judiciales, podrían haber servido para canalizar los fondos obtenidos. En ese marco, la incorporación de querellantes no es un detalle procesal menor: es la diferencia entre una causa que avanza por impulso propio de los afectados y una que depende exclusivamente de la voluntad de un fiscal cuestionado.
Lo que tenés que saber
- Cinco inversores apartados de la causa $LIBRA presentaron un recurso ante la Cámara Federal de Casación para recuperar el rol de querellantes.
- La Cámara Federal de Apelaciones confirmó su exclusión el 4 de septiembre, al sostener que «asumieron voluntariamente los riesgos» del memecoin.
- Las defensas calificaron ese argumento como un prejuzgamiento y señalaron que no hubo nuevas pruebas que justificaran el cambio procesal.
- El fiscal Eduardo Taiano aguarda pericias técnicas sobre la trazabilidad de fondos de Hayden Davis y las comunicaciones del lobbista Mauricio Novelli.
- La causa podría avanzar hacia indagatorias del presidente Javier Milei y de Karina Milei, aunque sin fecha definida.
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