Denuncia
Operación judicial para tapar el escándalo por las coimas y censurar los audios de Karina
El juez Ercolini derivó al tristemente célebre fiscal Stornelli la denuncia de «espionaje ilegal» de Bullrich, mientras otro magistrado con denuncias por acoso sexual prohibió nuevas difusiones de las grabaciones que comprometen a la hermana del jefe de Estado.
⬛ La maquinaria judicial libertaria se puso en marcha para frenar el escándalo que salpica directamente a la secretaria General de la Presidencia. El juez federal Julián Ercolini corrió vista al fiscal Carlos Stornelli para que determine si corresponde abrir investigación por la denuncia del Ministerio de Seguridad sobre supuesto espionaje ilegal a Karina Milei, mientras que en una maniobra paralela, el juez civil y comercial federal Alejandro Patricio Maraniello dictó una medida cautelar prohibiendo la difusión de nuevos audios.
El arsenal represivo de Bullrich: allanamientos a periodistas
Patricia Bullrich presentó la denuncia sosteniendo que se trató de una «operación de inteligencia no institucional» prohibida por la Ley 25.520, describiendo los hechos como «un ataque ilegal, planificado y dirigido» contra el Poder Ejecutivo.
Pero lo más grave del planteo de la ministra de Seguridad fueron los pedidos concretos que incluyó en su presentación. Según fuentes judiciales consultadas por este medio, Bullrich solicitó el allanamiento del canal de streaming «Carnaval» que difundió los audios, así como allanamientos en los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico. La medida incluye el secuestro de equipos técnicos, servidores y documentación.
La competencia cuestionable de un juez denunciado
En paralelo a la causa penal, el Gobierno acudió al juez Maraniello para conseguir una medida cautelar en el fuero Civil y Comercial Federal, una elección que genera interrogantes sobre la competencia judicial.
Maraniello enfrenta actualmente nueve denuncias en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado. El 14 de agosto pasado, la Comisión de Disciplina del Consejo lo intimó a presentar descargo en un plazo de 20 días por múltiples acusaciones que van desde abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato y manejo inadecuado de recursos públicos.
Stornelli, el fiscal de las persecuciones mediáticas
Ahora la pelota está en la cancha de Carlos Stornelli, el fiscal que se hizo tristemente célebre por sus vínculos con operaciones de inteligencia ilegal y persecuciones a periodistas críticos. Fuentes judiciales consultadas consideraron que los pedidos de allanamientos a periodistas y medios de comunicación son inviables y contrarios a principios constitucionales.
El caso llegó a Stornelli después de que Ercolini evaluara la presentación de Bullrich, que busca criminalizar la labor periodística bajo la figura del espionaje ilegal. La denuncia apunta no solo a los comunicadores sino también al esposo de la diputada nacional Marcela Pagano, señalado por el Gobierno como el principal responsable de la supuesta operatoria de inteligencia.
El objetivo: correr el foco de la corrupción
La estrategia gubernamental busca trasladar el debate desde el contenido comprometedor de los audios hacia una supuesta operación de espionaje. El vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo que «se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo».
Sin embargo, juristas y constitucionalistas consultados por diversos medios han calificado las medidas solicitadas como un acto de censura previa contrario a la libertad de prensa y expresión garantizada por la Constitución Nacional.
La causa ahora depende de la decisión de Stornelli sobre si impulsa la investigación que criminaliza el ejercicio del periodismo, mientras el escándalo de fondo -el contenido de los audios que comprometen a la hermana del Presidente- queda momentáneamente silenciado por la Justicia.
Puntos clave:
- El juez Ercolini derivó al fiscal Stornelli la denuncia por «espionaje ilegal» presentada por Patricia Bullrich
- Se solicitaron allanamientos contra periodistas Jorge Rial, Mauro Federico y el canal «Carnaval Stream»
- El juez Maraniello prohibió nuevas difusiones pese a enfrentar 9 denuncias, 5 por acoso sexual
- Constitucionalistas califican las medidas como censura previa contraria a la libertad de prensa
- La estrategia busca desviar la atención del contenido comprometedor de los audios de Karina Milei
Denuncia
Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad
El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.
La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.
El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.
Lo que dijo el fiscal
Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.
Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.
La oposición: “ES JODA”
El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.
La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.
En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.
El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.
El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.
Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero
La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.
Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.
Qué viene
Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.
Lo que tenés que saber:
- El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
- No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
- El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
- Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
- Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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