Denuncia
Operación judicial para tapar el escándalo por las coimas y censurar los audios de Karina
El juez Ercolini derivó al tristemente célebre fiscal Stornelli la denuncia de «espionaje ilegal» de Bullrich, mientras otro magistrado con denuncias por acoso sexual prohibió nuevas difusiones de las grabaciones que comprometen a la hermana del jefe de Estado.
⬛ La maquinaria judicial libertaria se puso en marcha para frenar el escándalo que salpica directamente a la secretaria General de la Presidencia. El juez federal Julián Ercolini corrió vista al fiscal Carlos Stornelli para que determine si corresponde abrir investigación por la denuncia del Ministerio de Seguridad sobre supuesto espionaje ilegal a Karina Milei, mientras que en una maniobra paralela, el juez civil y comercial federal Alejandro Patricio Maraniello dictó una medida cautelar prohibiendo la difusión de nuevos audios.
El arsenal represivo de Bullrich: allanamientos a periodistas
Patricia Bullrich presentó la denuncia sosteniendo que se trató de una «operación de inteligencia no institucional» prohibida por la Ley 25.520, describiendo los hechos como «un ataque ilegal, planificado y dirigido» contra el Poder Ejecutivo.
Pero lo más grave del planteo de la ministra de Seguridad fueron los pedidos concretos que incluyó en su presentación. Según fuentes judiciales consultadas por este medio, Bullrich solicitó el allanamiento del canal de streaming «Carnaval» que difundió los audios, así como allanamientos en los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico. La medida incluye el secuestro de equipos técnicos, servidores y documentación.
La competencia cuestionable de un juez denunciado
En paralelo a la causa penal, el Gobierno acudió al juez Maraniello para conseguir una medida cautelar en el fuero Civil y Comercial Federal, una elección que genera interrogantes sobre la competencia judicial.
Maraniello enfrenta actualmente nueve denuncias en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado. El 14 de agosto pasado, la Comisión de Disciplina del Consejo lo intimó a presentar descargo en un plazo de 20 días por múltiples acusaciones que van desde abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato y manejo inadecuado de recursos públicos.
Stornelli, el fiscal de las persecuciones mediáticas
Ahora la pelota está en la cancha de Carlos Stornelli, el fiscal que se hizo tristemente célebre por sus vínculos con operaciones de inteligencia ilegal y persecuciones a periodistas críticos. Fuentes judiciales consultadas consideraron que los pedidos de allanamientos a periodistas y medios de comunicación son inviables y contrarios a principios constitucionales.
El caso llegó a Stornelli después de que Ercolini evaluara la presentación de Bullrich, que busca criminalizar la labor periodística bajo la figura del espionaje ilegal. La denuncia apunta no solo a los comunicadores sino también al esposo de la diputada nacional Marcela Pagano, señalado por el Gobierno como el principal responsable de la supuesta operatoria de inteligencia.
El objetivo: correr el foco de la corrupción
La estrategia gubernamental busca trasladar el debate desde el contenido comprometedor de los audios hacia una supuesta operación de espionaje. El vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo que «se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo».
Sin embargo, juristas y constitucionalistas consultados por diversos medios han calificado las medidas solicitadas como un acto de censura previa contrario a la libertad de prensa y expresión garantizada por la Constitución Nacional.
La causa ahora depende de la decisión de Stornelli sobre si impulsa la investigación que criminaliza el ejercicio del periodismo, mientras el escándalo de fondo -el contenido de los audios que comprometen a la hermana del Presidente- queda momentáneamente silenciado por la Justicia.
Puntos clave:
- El juez Ercolini derivó al fiscal Stornelli la denuncia por «espionaje ilegal» presentada por Patricia Bullrich
- Se solicitaron allanamientos contra periodistas Jorge Rial, Mauro Federico y el canal «Carnaval Stream»
- El juez Maraniello prohibió nuevas difusiones pese a enfrentar 9 denuncias, 5 por acoso sexual
- Constitucionalistas califican las medidas como censura previa contraria a la libertad de prensa
- La estrategia busca desviar la atención del contenido comprometedor de los audios de Karina Milei
Buenos Aires
El video se hizo viral y agresor está identificado pero la Justicia no actúa, mientras una mujer espera protección
Un video que muestra una paliza brutal a una mujer se viralizó en las últimas horas, el agresor ya fue identificado y la asociación civil Madres que rompen el silencio exigió medidas urgentes al Departamento Judicial de Azul, denunciando una peligrosa demora institucional ante pruebas audiovisuales contundentes.
Las imágenes son inequívocas: un hombre revisa el teléfono de su pareja, la confronta y le propina una brutal paliza mientras ella ruega que se detenga. El video, filmado en la localidad bonaerense de Tapalqué, se viralizó en las últimas horas y permitió identificar al agresor, presuntamente Rodrigo Carrica. Pese a la existencia de pruebas audiovisuales contundentes, la respuesta judicial tardó en llegar; una demora que organizaciones de mujeres calificaron como violencia institucional.
La asociación civil Madres que rompen el silencio, con sede en Río Negro, tomó conocimiento directo del caso y se constituyó en interlocutora ante las autoridades del Departamento Judicial de Azul, el fuero con competencia sobre Tapalqué. La organización presentó el material probatorio disponible, que incluye los registros fílmicos y fotográficos de la agresión, y exigió una respuesta estatal inmediata.
El reclamo: medidas urgentes ante la demora judicial
La entidad formalizó un reclamo ante el Departamento Judicial de Azul con tres exigencias centrales: la intervención urgente para revisar y agilizar el accionar de las dependencias judiciales y policiales locales; el dictado inmediato de medidas de protección y restricción perimetral eficaces para resguardar la integridad psicofísica de la víctima; y el cese absoluto de las dilaciones burocráticas frente a la existencia de pruebas audiovisuales explícitas.
«No se puede seguir tolerando que la burocracia judicial desampare a quienes denuncian», advirtió la organización, que también alertó sobre el riesgo concreto que implica cada hora de demora en casos donde la víctima convive o tiene contacto con su agresor. Madres que rompen el silencio comunicó que se mantendrá en estado de alerta comunitaria hasta que las garantías constitucionales y de seguridad sean cumplidas de manera efectiva.
Violencia institucional por omisión
La denuncia pone sobre la mesa un problema estructural del sistema judicial argentino frente a la violencia de género: la brecha entre la disponibilidad de prueba y la velocidad de la respuesta institucional. La organización usó una categoría precisa para nombrarlo: «la violencia institucional por omisión o demora también es una forma de violencia que perpetúa el peligro». En ese encuadre, la inacción no es un vacío neutral sino un acto que habilita la continuidad de la agresión.
El caso de Tapalqué no es un hecho aislado. La Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres establece con claridad el deber del Estado de actuar con la debida diligencia frente a situaciones de riesgo. El incumplimiento de ese mandato en contextos donde existe material probatorio disponible no solo representa una falla procesal, sino una responsabilidad estatal en los términos de los estándares internacionales de derechos humanos.
Lo que tenés que saber:
- Un video viral muestra a un hombre, presuntamente Rodrigo Carrica, golpear brutalmente a su pareja en Tapalqué, provincia de Buenos Aires.
- La asociación civil Madres que rompen el silencio denunció una alarmante demora de la Justicia local a pesar de contar con pruebas audiovisuales contundentes.
- La organización exigió al Departamento Judicial de Azul medidas urgentes de protección, restricción perimetral y cese de dilaciones burocráticas.
- La entidad advirtió que la omisión y la demora judicial son en sí mismas una forma de violencia institucional que prolonga el peligro para la víctima.
- La organización anunció que se mantendrá en estado de alerta hasta que se garantice efectivamente la seguridad de la mujer agredida.
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