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Judiciales ⚖️

Jueces macristas ordenaron que el caso D’Alessio pase a Comodoro Py

La Cámara de Casación decidió que la controvertida causa deje de tramitarse en Dolores. Los jueces Carbajo, Yacobucci y Riggi dieron lugar a un planteo del fiscal imputado, Carlos Stornelli.

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El-Argentino-caso D'Alessio


La Cámara Federal de Casación Penal dispuso este miércoles que la causa por espionaje y extorsión que tiene como principal acusado al falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio pase a los tribunales federales de Comodoro Py y deje de tramitar ante la justicia de Dolores, informaron fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada por la sala segunda del máximo tribunal de apelaciones, integrada para este caso por los jueces Javier Carbajo, Guillermo Yacobucci y Eduardo Riggi, ante un planteo del fiscal procesado Carlos Stornelli y del fiscal que interviene en la causa, Juan Pablo Curi.

Los magistrados aseveraron que el expediente debe tramitar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque es el distrito en el cual se habrían cometido buena parte de los delitos investigados, como aquellos que citó la defensa del fiscal Stornelli para llegar a Casación con su planteo (la supuesta extorsión al empresario Pedro Etchebest).

“A esta altura del proceso, no hay mayores dudas en punto a que (la asociación ilícita investigada) tendría su principio de operatividad en el ámbito jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, sostuvo el juez Yacobucci en la resolución.

Carlos Stornelli.

“La operatividad originaria de la investigación de esa hipótesis sobre la existencia de una asociación ilícita ha mostrado en la comprensión general de este proceso que, más allá de los posibles delitos en distintos ámbitos territoriales, su núcleo organizativo es ajeno al espacio de competencia del Juzgado Federal de Dolores”, aseguraron los jueces de Casación.

El caso D´Alessio, que se inició con la denuncia de un empresario víctima de las extorsiones del falso abogado, fue tramitado en sus comienzos por el entonces juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla y, ante su paso a la justicia de La Plata, le quedó al juez Martín Bava.

Cuando la Cámara Federal de Mar del Plata tuvo que resolver sobre la competencia territorial de esta causa había confirmado, provisoriamente, la intervención en el expediente de la justicia federal de Dolores, pero ahora, a casi tres años del inicio de la investigación, la Casación revirtió aquella decisión.

El fallo de Casación se produjo un día después de que la Cámara Federal porteña emitiera uno que también fue recibido por los imputados de mayor jerarquía en las causas de espionaje ilegal.

“Cumplido ya un lapso prolongado, cabe ordenar el progreso de esta causa, definiendo la competencia con el fin de impedir el fracaso de una investigación sobre hechos de especial gravedad y donde aparecen implicados sujetos con roles en estructuras de poder estatal o a estas vinculadas”, sostuvo el juez Yacobucci en el voto principal.

“El peso que corresponde otorgar a la investigación de una probable asociación delictiva en relación con los objetivos ilícitos –en diferentes ámbitos- que dan fundamento a su configuración, debe ser atendido a partir del núcleo de irradiación de su actividad sospechada”, afirmó.

A partir de este fallo, es probable que las defensas de los imputados de las causas en las que se investigan específicamente las maniobras de espionaje ilegal desplegadas desde las bases AMBA de la Agencia Federal de Inteligencia y las realizadas en contra de familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan busquen que esos expedientes -ligados a este- también viajen a la Capital Federal.

El fallo de Casación se produjo un día después de que la Cámara Federal porteña emitiera uno que también fue recibido por los imputados de mayor jerarquía en las causas de espionaje ilegal: ayer ese tribunal determinó que, si bien hubo espionaje ilegal en la Argentina, hasta el momento no hay elementos que permitan probar que fue desplegado desde la AFI u otros órganos del Estado.

El caso D´Alessio tuvo su inicio en una denuncia del empresario Etchebest, quien denunció al falso abogado por espionaje y extorsión luego que aquel le pidiera dinero a cambio de usar sus influencias –se jactaba de un supuesto vínculo con Stornelli y el difunto juez Claudio Bonadio- para evitarle quedar involucrado en el conocido caso de los cuadernos.

Junto con la denuncia, Etchebest presentó largas horas de grabaciones caseras con las que el mismo registró algunos de los diálogos con D´Alessio e incluso las imágenes que prueban que acompañó al falso abogado hasta Pinamar y pudo así ser testigo de un encuentro que este mantuvo con Stornelli.

Denuncia

El Gobierno denunció a Tailhade por presunto espionaje tras exponer el enriquecimiento de Adorni

El Ministerio de Seguridad formalizó una presentación por presunto espionaje ilegal contra el diputado nacional. Buscan silenciar las revelaciones sobre el uso de recursos públicos por parte de la esposa del jefe de Gabinete.

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Lawfare preventivo: el Gobierno busca procesar a Tailhade por denunciar los excéntricos gastos de Adorni

★ En una maniobra que busca desplazar el foco de las graves sospechas por enriquecimiento ilícito que pesan sobre Manuel Adorni, el Ministerio de Seguridad de la Nación formalizó este martes una denuncia penal contra el diputado Rodolfo Tailhade.

La presentación judicial, que recayó en el Juzgado Federal Nro. 8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, acusa al legislador de presunto espionaje ilegal y violación de la Ley de Inteligencia Nacional (Ley 25.520), luego de que este expusiera el uso discrecional de bienes del Estado por parte de la familia del jefe de ministros.

La estrategia de la Seguridad Nacional como escudo

La denuncia, firmada por el subsecretario Legal, Diego Goldman, y la directora de Asuntos Jurídicos, Mariana Venesio, sostiene que se efectuó la presentación por la «posible realización de acciones ilegales de inteligencia». El argumento oficial de la cartera que comanda Alejandra Monteoliva es que la información revelada por Tailhade presenta «severos riesgos para la Seguridad Nacional». No obstante, los datos aportados por el diputado en el Congreso el pasado 29 de abril se refieren estrictamente al presunto uso de la custodia oficial y vehículos del Estado para fines personales de Bettina Angeletti, esposa de Adorni.

El texto judicial cuestiona que un miembro del Congreso exponga públicamente los quehaceres privados del cónyuge de un alto funcionario. Sin embargo, omite que la fiscalización sobre el uso de recursos públicos (como la custodia y el transporte) es una facultad legislativa. “Resulta significativamente preocupante que un miembro del Congreso exponga públicamente, en el recinto y ante la ciudadanía, los quehaceres privados del cóyunge de uno de los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”, puntualiza el documento. La acusación tilda de «grave» que el legislador refiera conocer con precisión el desempeño y logística funcional de la seguridad del jefe de Gabinete.

Viajes a Madrid y privilegios bajo la lupa

Las revelaciones de Tailhade, que detonaron la reacción oficial, incluyeron detalles sobre un viaje de Angeletti a Madrid en septiembre de 2025. Según el diputado, la coach ontológica viajó en primera clase acompañada por cinco personas y se hizo cargo de los pasajes y la estadía. Estas precisiones se suman a la investigación que ya tramita el fiscal Gerardo Pollicita sobre el patrimonio de Adorni, que incluye la compra de inmuebles y refacciones de lujo por 245.000 dólares en efectivo, cifra que el funcionario no logra explicar con su salario.

La denuncia ministerial solicita que la Justicia investigue cómo obtuvo el legislador la información y si existió participación de estructuras estatales. Esta embestida judicial coincide con el endurecimiento de los controles en la Casa Rosada, donde el Gobierno instaló vidrios esmerilados y restringió el acceso a la prensa para evitar que se registren los movimientos de los funcionarios. En lugar de explicar cómo un jefe de ministros acumuló deudas y gastos por más de 800.000 dólares en dos años, el Poder Ejecutivo optó por la criminalización de quien denuncia el uso de privilegios estatales.

Puntos clave:

  • El Ministerio de Seguridad denunció a Rodolfo Tailhade por presunto espionaje ilegal.
  • La causa quedó radicada en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.
  • El diputado denunció que la esposa de Adorni usa la custodia oficial para salidas personales.
  • El Gobierno alega que conocer la logística de seguridad pone en riesgo la Seguridad Nacional.
  • La denuncia ocurre mientras Adorni es investigado por enriquecimiento ilícito.

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