El fiscal que lleva adelante la investigación por el presunto homicidio de Alejandro Martínez en una comisaría de la localidad balnearia de San Clemente del Tuyú solicitó la prisión preventiva para los nueve efectivos de la Policía bonaerense que están detenidos por el hecho, ocurrido el último 18 de noviembre, informaron este miércoles fuentes judiciales.

El pedido fue realizado por Martín Prieto, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 2 del partido de La Costa, y alcanza a los cinco hombres y las cuatro mujeres de la fuerza acusados por el crimen.

Se trata de los efectivos Paola Mansilla, Christian Rohr, Carla Abigail Cantarella, Evelyn Aldana Garófalo, Maximiliano Munche, José Carlos Pereyra, Miguel Boulos, Sandro Wilfredo Mujica y Laura Chiarullo, quienes están imputados por el delito de «homicidio agravado por ser cometido por un miembro integrante de la fuerza policial abusando de su función».

Todos ellos están acusados en distinto grado por la muerte de Martínez (35), ocurrida en la Comisaría 3ra de San Clemente, en la que estaba alojado tras haber sido aprehendido horas antes. A partir de este pedido de la fiscalía, el juez de Garantías Diego Olivera Zapiola deberá definir en el transcurso de la semana si confirma o rechaza la prisión preventiva en cada caso.

El requerimiento se presentó a partir de las medidas de prueba incorporadas a la causa, especialmente las autopsias realizadas al cuerpo de Martínez, que indicaron que el hombre falleció como consecuencia de una «asfixia mecánica» y también que sufrió numerosos golpes en distintas partes del cuerpo.

La fiscalía tuvo en cuenta además que según registraron imágenes de cámaras de seguridad, al ser detenido y subido a un móvil policial el hombre no presentaba ninguna de las lesiones constatadas tras su muerte, en el interior de la seccional. En ese sentido, el requerimiento indicó que algunos de los efectivos detenidos cumplieron un rol activo en el hecho, mientras que otros, por omisión, crearon las condiciones para que eso fuera posible.

Por otra parte, en el marco de la investigación, brindó declaración testimonial la expareja de la víctima y madre de un hijo suyo, Laura Lagana, quien aseguró que el día del hecho fue contactada por personal policial de San Clemente a través de Facebook, y que le informó que Martínez «había muerto en la vía pública de un infarto por sobredosis».

Lagana declaró a través de la plataforma Zoom ante la auxiliar letrada de la fiscalía Zehia Yael Nicastro, y señaló también que el hermano de la víctima recibió «la misma versión», y que después «apareció la hipótesis de la sobredosis en el calabozo, hasta que intervino la fiscalía y ordenó distintas medidas y quedó claro que no había sido así», según explicó la mujer.

«Lo mataron a golpes. La policía lo tendría que haber cuidado y no lo hizo. Si él tuvo una crisis, lo tendrían que haber llevado a un hospital, y en lugar de eso salió muerto de la comisaría», expresó. Pidió además que «se haga justicia y que la causa no quede en la nada», y exigió «que no se encubra a los policías acusados».

Fuentes judiciales indicaron que en los próximos días están previstas declaraciones testimoniales de otros allegados de la víctima. La muerte de Martínez se produjo en la madrugada del jueves 18 de noviembre, luego de que el hombre fuera detenido por provocar daños en el Gran Hotel Fontainebleau de San Clemente, donde se hospedaba.

A partir de la intervención inicial del fiscal Pablo Gamaleri, de la Unidad Funcional de Instrucción 11 descentralizada de La Costa, se practicó la autopsia del cadáver, que reveló que había fallecido a causa de una «asfixia mecánica» y que además había sufrido golpes y lesiones.

A raíz de las pruebas recolectadas, dos días más tarde fueron detenidos los nueve policías, que desde entonces se encuentran alojados en distintas dependencias penitenciarias provinciales. Tras estas medidas, el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, y las defensas de los efectivos cuestionaron los resultados de la autopsia, por lo que se dispuso una nueva.

La segunda, realizada nuevamente en el Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora, confirmó los resultados de la primera e, incluso, estableció que el cuerpo presentaba lesiones que no habían sido notificadas en el análisis inicial.

Tras la nueva autopsia, Virginia Creimer, médica legista, forense y perito del particular damnificado, dijo que se «confirmó la abrumadora existencia de lesiones» que no solo fue constatada por ella y su equipo, sino que además por los peritos de la Policía bonaerense.

«Dijeron literalmente ´está recagado a palos´, en varias oportunidades», aseguró la especialista, y señaló además que las lesiones encontradas en el cuerpo de Martínez son «características propias del modus operandi de la Policía bonaerense», ya que en el dorso y en los miembros superiores «marcaban el borde de la suela de un borceguí».

Fuentes cercanas a la causa indicaron por otra parte que desde el inicio de la instrucción, ocho de los policías brindaron declaración indagatoria, y en todos los casos rechazaron las acusaciones, mientras que el único que prefirió no declarar fue Pereyra.