Judiciales ⚖️
Comenzará el lunes juicio contra el exsenador Alperovich acusado de abusar sexualmente de su sobrina
Alperovich deberá responder por tres casos de abuso sexual, dos de ellos en grado de tentativa, y seis casos de violencia sexual agravada por acceso carnal, de acuerdo con lo establecido por la investigación judicial.
El juicio contra José Alperovich, el empresario, exsenador y tres veces gobernador de Tucumán que fue acusado de distintos hechos de abuso sexual por su sobrina y empleada, comenzará el lunes 5 de febrero en los Tribunales de la ciudad de Buenos Aires, donde se espera la declaración de más de ochenta testigos, indicaron hoy fuentes judiciales.
Alperovich deberá responder por tres casos de abuso sexual, dos de ellos en grado de tentativa, y seis casos de violencia sexual agravada por acceso carnal, de acuerdo con lo establecido por la investigación judicial en base a las denuncias por los ataques ocurridos entre 2017 y 2018, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Tucumán.
En septiembre de 2023, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 35 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elevó a juicio oral la causa contra el exgobernador de Tucumán y estableció el 5 de febrero como fecha de inicio del debate que será público.
El expediente se inició cuando la joven denunció los hechos a fines de 2019, mientras se desempeñaba como asistente de Alperovich en el Senado de la Nación, de donde el tucumano fue apartado tiempo después.
La denunciante indicó que los abusos y ataques se produjeron en Tucumán y en un departamento del barrio porteño de Puerto Madero.
El juicio se llevará adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal 29, a cargo del juez José María Ramos Padilla, y se espera que presten declaración más de 80 testigos.
En la investigación intervinieron la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 10 de la Capital Federal, interinamente a cargo del fiscal Santiago Vismara, y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), que dirige Mariela Labozzetta.
En mayo de 2022 la fiscalía había considerado que «en todos los casos, mediando para su comisión intimidación», el exsenador «abusó de una relación de dependencia, de poder y de autoridad».
«Quedó comprobado cómo el imputado utilizando su fuerza física, ejerciendo abuso intimidatorio de poder y violencia de género, reducía bajo su dominio a la víctima, y la ponía como un mero objeto de satisfacción sexual, de cosificación, sometiéndola de forma violenta, ultrajante y degradante, haciéndolo por el transcurso de un poco más de tres meses», señaló la acusación fiscal.
En tanto, días después el juez Osvaldo Rappa procesó a Alperovich por los delitos denunciados y consideró que se cometieron «mediando abuso de poder y autoridad».
Rappa remarcó en su procesamiento que la víctima sufrió un «sometimiento sexual ultrajante».
«Basta decir simplemente que la persona para la cual trabajaba no se trataba de un desconocido para la víctima, sino una persona pública con poder político que ostentaba en la provincia de Tucumán luego de haber sido gobernador durante tres periodos consecutivos e integrante de su familia, aunque fuese lejano», agregó el juez.
En su indagatoria ante el magistrado, Alperovich negó haber abusado de su sobrina y no aceptó preguntas, según fuentes judiciales.
Por su parte, organizaciones feministas manifestaron hoy su apoyo a la «denunciante que logró llegar a esta instancia después de haber esperado durante 5 años respuestas por parte del Poder Judicial».
«Nos mantenemos alertas ante los posibles ataques y revictimización por parte del acusado a través de su defensa o del uso de los medios de comunicación para avanzar sobre la integridad física y psíquica de la denunciante», agregó el comunicado difundido a través de redes sociales.
Entre otras cosas, exigieron al Poder Judicial «que actúe con la debida diligencia en casos de violencia de género, evitando así la revictimización constante de esta valiente joven».
Y, se declararon «en alerta y movilización por cualquier maniobra de impunidad en tanto el actual ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, hasta hace unos meses era su abogado y hoy la defensa (de Alperovich) continúa a cargo de su estudio jurídico».
En principio, la causa se tramitó en dos jurisdicciones: en el fuero criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires y en la justicia tucumana.
Pero tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de mayo del año pasado, se resolvió que todos los hechos debían investigarse en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 35 de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo planteado en su dictamen por el procurador General interino, Eduardo Casal.
De este modo, el juez Rappa continuó investigando con el aporte de los fiscales Santiago Vismara y Mariela Labozzetta a cargo de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres.
DDHH
Abstenerse frente a la violencia machista no es neutralidad: el Colegio Público de la Abogacía advierte al Gobierno de Milei
El Colegio Público de la Abogacía advirtió que la abstención en una resolución respaldada por 175 países es un retroceso y que la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó. Los tratados sobre derechos de las mujeres, recordó, obligan al Estado más allá del gobierno de turno.
175 países respaldaron en Naciones Unidas una resolución para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y la Argentina decidió abstenerse. Esa decisión del Gobierno nacional abrió un nuevo cuestionamiento desde el mundo del derecho.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó este miércoles su preocupación por la decisión del Gobierno nacional, en un pronunciamiento institucional en el que remarcó que el país fue el único Estado latinoamericano que no acompañó la iniciativa.
Un consenso al que el país le dio la espalda
La entidad que reúne a las abogadas y los abogados de la Capital Federal sostuvo que «resulta inadmisible que nuestro país se aparte de un consenso internacional tan amplio» en una materia que compromete derechos humanos fundamentales. Para el Colegio, la posición argentina representa un retroceso que merece un claro cuestionamiento.
Además, la institución advirtió que las eventuales diferencias sobre la redacción o el alcance de una resolución no pueden servir de fundamento para desentenderse del compromiso internacional de combatir esta forma de violencia.
Obligaciones que no se renegocian con cada gobierno
Los compromisos en materia de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres obligan al Estado argentino y no pueden quedar sujetos a las posiciones ideológicas ni a las prioridades políticas de los gobiernos de turno.
El Colegio recordó que la Argentina asumió obligaciones expresas a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención de Belém do Pará.
Según el pronunciamiento, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos humanos que exige políticas públicas efectivas, instituciones comprometidas y una acción sostenida del Estado. No se trata de preferencias políticas, subrayó, sino de garantizar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Una deuda que el feminismo ya puso sobre la mesa
La advertencia llega a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en un país donde el movimiento feminista instaló la violencia machista como problema público desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015. La Argentina cuenta además con la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, vigente desde 2009.
Abstenerse, en ese marco, no es una posición neutral: es correrse de un acuerdo que el resto de la región sí sostuvo. Para quienes sobreviven a la violencia y para quienes sostienen redes de acompañamiento, el mensaje que llega desde el Estado importa tanto como el texto de cualquier resolución.
Un antecedente que pesa
No es la primera vez que la diplomacia argentina queda aislada en este terreno. En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno digital, que se aprobó con 170 votos a favor y 13 abstenciones. En aquel momento, el PRO, la UCR y Unión por la Patria cuestionaron la decisión.
El Colegio Público de la Abogacía reafirmó su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales. «No hay lugar para la indiferencia ni para la ambigüedad», sostuvo, y agregó que el Estado argentino tiene el deber de proteger esos derechos y de sostener ese compromiso ante la comunidad internacional.
Lo que tenés que saber
- El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por la abstención argentina en una resolución de la ONU contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
- La iniciativa tuvo el respaldo de 175 países y la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó.
- El Colegio recordó que la CEDAW, con jerarquía constitucional, y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado argentino.
- En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de otra resolución de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.
- El pronunciamiento se conoció a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
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