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Judiciales ⚖️

Caso María Cash: una llamada anónima en 2013 ya complicaba al camionero Romero

Se ampliarán los rastrillajes en la Ruta 34 y zonas mencionadas en la llamada anónima.

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La investigación por la desaparición de María Cash, ocurrida en julio de 2011, dio un giro significativo tras revelarse detalles de una llamada anónima recibida por su familia en 2013. La información apuntó al camionero Héctor Romero, quien fue detenido recientemente y se encuentra imputado por homicidio calificado por alevosía.

La llamada que señaló al principal sospechoso

En 2013, los familiares de la diseñadora notificaron a los investigadores sobre una llamada en la que una persona anónima advirtió:

«Investiguen mejor al camionero, no lo investigaron lo suficiente. Romero la mató y tiró su cuerpo al dique El Tunal».

Aunque en ese momento se realizaron rastrillajes en la zona mencionada, no se obtuvieron resultados concluyentes. Sin embargo, un reciente análisis de pruebas llevó a la detención de Romero, quien fue la última persona que vio con vida a María Cash.

Contradicciones en el relato de Romero

El caso también sumó el testimonio de David Romero, hermano del acusado, quien confesó que Héctor «se mandó una cagada». Esta declaración, junto con las incongruencias en las versiones del camionero durante su participación en la causa, reforzó las sospechas en su contra.

El periodista Diego Gabriele, en diálogot televisivo destacó:

«En la medida que hacen un nuevo análisis de todas las pruebas de la investigación, llegan a la detención de Romero».

Con Romero bajo custodia, se esperan nuevos allanamientos y rastrillajes en áreas claves de la Ruta 34 y zonas aledañas. Las autoridades buscan corroborar la información brindada por testigos y determinar el paradero de María Cash, cuyo caso conmociona al país desde hace más de una década.

Policiales 🚨

Rosario sin frenos: el menor que mató al playero Bussanich, detenido por tercera vez

M.D.G., el adolescente declarado no punible por el asesinato de Bruno Bussanich en marzo de 2024, fue arrestado por segunda vez en menos de un año. Ahora tiene 17 años y fue interceptado junto a un mayor armado en el barrio donde opera el crimen organizado.

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El menor que mató al playero Bussanich en Rosario volvió a ser detenido

★ El adolescente identificado como M.D.G., quien en marzo de 2024 asesinó al playero Bruno Bussanich en una estación de servicio de la ciudad de Rosario, fue detenido por segunda vez en lo que va de su corta historia delictiva. Esta vez, las autoridades lo interceptaron en el cruce de las calles Colastiné y Blomberg junto a un joven mayor que portaba un arma de fuego ilegal.

Un menor con prontuario en construcción

La detención se produjo durante la madrugada del domingo, luego de que vecinos alertaran sobre detonaciones en la zona. La Policía desplegó un operativo que culminó con la aprehensión de tres personas: S.L.F., de 17 años; L.A.R., de 20; y D.M.G. (el mismo M.D.G. referenciado en la causa Bussanich), también de 17. Durante el procedimiento se secuestró una pistola marca Bersa calibre 380, número p06725, con el cargador colocado y municionado con ocho cartuchos, uno en recámara, y un cargador adicional con doce cartuchos más. El rastrillaje posterior en la zona no arrojó material balístico ni daños visibles por las detonaciones denunciadas.

Según informó el periodista Hernán Funes, este lunes la jueza Dolores Aguirre Guarrochena definirá el futuro procesal del menor por los delitos de abuso de arma de fuego, tenencia y portación ilegítima de arma de fuego.

El historial que la Justicia no pudo contener

La trayectoria del adolescente representa una de las evidencias más crudas del fracaso institucional frente al crimen organizado en Rosario. En marzo de 2024, siendo menor de 16 años, mató a Bruno Bussanich en una estación de servicio. La Justicia lo declaró no punible por su edad y ordenó su traslado fuera de la provincia de Santa Fe, medida que nunca se cumplió. El propio adolescente confesó haber cometido el asesinato por encargo del narco conocido como «Chuky Monedita», recibiendo un pago de $400.000 pesos. Declaró además que tenía la orden de disparar «a cualquiera» y que eligió a Bussanich por ser simplemente la primera persona con la que se cruzó.

En noviembre de 2025, el menor fue detenido por primera vez por una causa autónoma: un operativo le encontró 16 bochas de droga empaquetada lista para su comercialización. Ahora, a menos de seis meses de ese arresto, vuelve a quedar bajo custodia judicial.

El contexto: Rosario, laboratorio del narcocrimen y la impunidad estructural

El caso de M.D.G. no es una excepción sino una expresión concentrada de la crisis de seguridad que atraviesa Rosario desde hace años. El asesinato de Bussanich ocurrió en un período de recrudecimiento de la violencia narcocriminal que convirtió a la ciudad en símbolo nacional del colapso del Estado ante el crimen organizado. La declaración de no punibilidad, el traslado que nunca se ejecutó y las detenciones reiteradas sin consecuencias efectivas configuran un ciclo que las autoridades provinciales y nacionales no han logrado interrumpir.

El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad resurge con cada caso así, aunque los especialistas en derecho penal y en derechos de la infancia advierten que criminalizar más temprano no resuelve las condiciones estructurales que empujan a adolescentes hacia el crimen organizado. Lo que el caso de M.D.G. expone, más que cualquier debate legislativo, es la ausencia de una política de contención real para menores que ya operan como instrumentos de redes narco.

Puntos clave

  • M.D.G., el adolescente que mató al playero Bussanich en 2024, fue detenido por segunda vez en Rosario.
  • Fue interceptado junto a un mayor armado; se secuestró una pistola Bersa calibre 380 con munición.
  • La jueza Aguirre Guarrochena definirá este lunes su situación procesal por portación y tenencia ilegal de armas.
  • En noviembre de 2025 ya había sido detenido por posesión de droga fraccionada para la venta.
  • Confesó haber matado a Bussanich por encargo del narco «Chuky Monedita» por $400.000 pesos; la medida de traslado provincial ordenada por la Justicia nunca se cumplió.

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