CABA
Con cruces, mariposas y globos violetas, familiares pidieron justicia por víctimas de femicidios
Unas cuarenta personas llegaron esta mañana desde distintas localidades, principalmente del conurbano bonaerense, a la plaza que se encuentra frente al Congreso de la Nación.
Familiares de víctimas de femicidios dijeron presente este sábado en la Plaza de los Dos Congresos con 170 cruces acompañadas de mariposas violetas y fotos de cada una de las mujeres asesinadas por la violencia machista que son hijas, madres o sobrinas de las y los presentes, con el objetivo de reclamar justicia por las que ya no están, pedir políticas de prevención y acompañamiento, y asegurar que «no están solas».
«Vinimos a reclamar por nuestras chicas que ya no están, por las que no tienen voz, para que haya justicia en todos estos juicios que todavía faltan concretarse y para que se revean los que tienen un resultado que no es el esperado. También para reclamar por todas las mujeres que padecen violencia. No queremos seguir sumando más mujeres a nuestra bandera», expresó a Télam Marcela Morera, mamá de Julieta Mena, asesinada por Marcos Mansilla.
A estos pedidos, Eva Domínguez, cuñada de Vanesa Celma asesinada hace 13 años en la ciudad de Rosario en un caso que continúa impune, agregó la necesidad de que hayan políticas de «prevención en cuanto a las distintas violencias que sufren las mujeres -física, simbólica, económica-, con cursos, capacitaciones, educación sexual integral».
Unas cuarenta personas llegaron esta mañana desde distintas localidades, principalmente del conurbano bonaerense, a la plaza que se encuentra frente al Congreso de la Nación, con globos, mariposas de goma eva, fotos, carteles y una bandera tejida a mano con los nombres de las víctimas, todo con diferentes tonalidades de violeta.
De todos los presentes, Soledad Serrano fue la última que se sumó a la organización que impulsó esta actividad, Atravesadxs por el Femicidio, debido al asesinato de su sobrina, Zulema Serrano, una joven de 28 años de la localidad bonaerense de Morón, el 21 de julio pasado a manos de Juan Carlos Bertini, quien luego se suicidó.
«Mi sobrina era policía de la Ciudad. Estaba en pareja con un policía de la Provincia. Estaba pasando por el fin de su relación, convencida de que no quería seguir con él. La estaba perjudicando a nivel personal y laboral. Él la venía amenazando de que eso iba a pasar. También la amenazaba con la familia», contó a Télam Soledad.
Esta es la primera vez que participa de actividades por el 25 de noviembre, Día de Lucha contra la Violencia de Género, y en este marco quiso dejar un mensaje: «Que sean libres. Nadie tiene que ser capaz de atarte, hostigarte o hacerte sentir que sos una porquería cuando no es así».
Hasta el 15 de noviembre de este año se registraron 282 femicidios que incluyen 4 personas trans, 7 suicidios feminicidas y 24 casos de muertes violentas de mujeres en contexto de narcotráfico y crimen organizado, según un informe del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Este observatorio fue el primer registro de femicidios de Argentina en incluir y desarrollar el concepto de suicidios feminicidas e insiste en visibilizarlos al señalar que se producen cuando se comprueba que las mujeres se quitan la vida como consecuencia de los abusos sistemáticos y la violencia de género que sufrieron.
Patricia Ortiz es madre de Micaela Rascovsky, asesinada el 13 de abril de 2021. Por el crimen, Guido Pascuccio, quien era entonces su pareja, se encuentra acusado de «abandono de persona agravado por lesiones y por el vínculo», aunque los familiares de la víctima piden que se lo juzgue como femicidio.
«Micaela tenía ADN de dos masculinos, golpes, signos de defensa. A este hombre, el juez Manuel Gorostiaga le otorgó su libertad a la espera del juicio y ahora se encuentra sin tobillera ni ninguna prevención que a nosotros nos diga que esa persona va a seguir estando a derecho», advirtió Ortiz, quien además informó que «la justicia no se ha encargado de averiguar quién es el segundo masculino».
Una vez más se encuentra frente al Congreso para reclamar justicia, para decirle a «las mujeres que estén pasando por algo similar que pidan ayuda, que se acerquen a una red de contención» y pedir que el Poder Judicial no sea un entorno hostil para las y los familiares de víctimas.
«No puede ser que los familiares no puedan hacer un duelo porque tienen que estar pateando puertas para ser escuchados. No puede ser que una denuncia se tome a los 40 días desde que fue asesinada una mujer», compartió la mujer, quien espera que en los próximos años «no haya un retroceso en lo que se logró, sino un avance».
«Sé que el poder que tenemos las mujeres no lo van a poder frenar. Vamos a salir a las calles en las condiciones que sea: nadie puede parar a una madre cuando sabe que su hija fue asesinada», sostuvo.
Entre las personas presentes se encontraban dos niños que jugaban con una niña unos años más grande a las cartas y llevaban remeras que en la espalda ilustraban la frase «Somos el grito de las que ya no están», con el dibujo de un puño en alto y el pedido «NiUnaMenos».
Uno de ellos, Benjamín, de cuatro años, quien no llegó a conocer a su abuela Sabrina González porque fue asesinada el 3 de noviembre de 2014, se encontraba acompañando a su madre, Daira Sayavedra, de 27 años, hija de Sabrina.
«Mi mamá fue asesinada por su pareja, José Antonio Castellano, que está prófugo hace 10 años con un pedido de captura del Ministerio de Seguridad de 5 millones de pesos», dijo a esta agencia la joven, quien se conformó como querellante cuando obtuvo la mayoría de edad y contó que todo lo que se averiguó en la causa fue por la investigación que llevó adelante ella.
«Estuvieron en una relación de 8 meses -continuó contando-. Lo conoció en el barrio. Vivíamos en Virrey del Pino en el kilómetro 41, en La Matanza. Empezó a ser violento, no la dejaba salir, la quería controlar, la seguía. Ella le dijo ya está, hasta acá llegué: era una mina que se plantaba. Pero la citó en la casa de su padre con el pretexto de hablar y finalmente la mató», contó.
A aquellas personas que estén atravesando situaciones de violencia, Daira quiso decirles que «no se queden calladas».
«Se pueden acercar por Facebook o donde sea a Atravesados. A nosotros nos queda luchar. A la gente le digo que no se olvide, que no quede esto como un caso más. Esto tiene que cambiar. La violencia contra las mujeres se tiene que erradicar», concluyó.
CABA
Amenazas en escuelas: la Ciudad responde con mano dura y esquiva el debate de fondo
La ministra Mercedes Miguel reconoció que los chicos “no tienen dimensión”, pero el Gobierno refuerza medidas punitivas en lugar de invertir en prevención y acompañamiento.
Entre el pánico y la respuesta punitiva: la Ciudad endurece el discurso ante amenazas escolares
La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, buscó instalar una definición tajante frente a la ola de amenazas de tiroteos en escuelas: “no es una broma, es un delito”. La frase, repetida como mantra, marca el tono de un Gobierno que, ante un fenómeno complejo y multicausal, parece inclinarse más por la lógica punitiva que por una lectura integral del problema.
En paralelo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció el refuerzo de protocolos que activan la intervención policial, judicial y de organismos de niñez ante cada episodio. El despliegue incluye incluso la incautación de celulares y el rastreo de conversaciones privadas de menores. La escena: chicos de 11 o 12 años bajo la lupa del sistema penal.
Criminalizar la infancia, una respuesta ligera
Miguel insistió en que los niños “no tienen dimensión” de lo que hacen. Sin embargo, esa misma afirmación entra en tensión con la decisión oficial de encuadrar sus conductas como delito. La contradicción no es menor: si no hay comprensión plena, ¿qué sentido tiene la amenaza penal como eje de la política pública?
- Se instala la idea de “límite” desde la sanción antes que desde la pedagogía.
- Se desplaza la responsabilidad hacia las familias y las redes sociales.
- Se invisibiliza el rol del Estado en la prevención y el acompañamiento.
El resultado es una respuesta que corre el eje: del cuidado al castigo.
El fantasma de las redes y la coartada perfecta
La ministra apuntó contra TikTok y la viralización de desafíos como motor del fenómeno. La explicación, aunque atendible, aparece incompleta y funcional: pone el foco en plataformas globales mientras evita discutir el deterioro local del sistema educativo.
En la Ciudad, docentes vienen denunciando:
- Falta de equipos interdisciplinarios suficientes (psicólogos, trabajadores sociales).
- Escasa capacitación para abordar conflictos digitales y violencias emergentes.
- Recortes presupuestarios que impactan en programas socioeducativos.
Sin esas herramientas, la escuela queda sola frente a problemáticas cada vez más complejas.
Protocolos sin comunidad
El Gobierno porteño difundió un instructivo para familias que incluye revisar mochilas, controlar celulares y denunciar al 911. La prevención queda así reducida a la vigilancia doméstica y al reflejo policial.
Pero en esa lógica se diluye algo central: la construcción de comunidad educativa. No hay mención concreta a espacios de escucha, trabajo con estudiantes, ni estrategias sostenidas de educación digital crítica.
Lo que no se dice
Mientras se multiplican las amenazas, también crece el miedo. Familias que dudan en enviar a sus hijos a la escuela y docentes que enfrentan situaciones para las que no fueron preparados. Sin embargo, el discurso oficial evita una autocrítica de fondo:
- ¿Qué pasa con el presupuesto educativo en la Ciudad?
- ¿Dónde están los equipos de acompañamiento permanentes?
- ¿Qué políticas integrales se implementan más allá del protocolo reactivo?
La apelación al delito ordena el relato, pero no resuelve el problema.
Entre el control y el abandono
El mensaje final del Gobierno parece oscilar entre dos extremos: más control y menos Estado presente en lo cotidiano. Se endurecen las respuestas cuando el conflicto estalla, pero se debilitan las políticas que podrían prevenirlo.
En ese terreno, la escuela queda atrapada: exigida para contener, pero sin recursos; señalada como espacio de riesgo, pero sin respaldo suficiente.
La pregunta de fondo sigue abierta: si los chicos no dimensionan, como admite la propia ministra, ¿no debería el Estado dimensionar mejor su respuesta?
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