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Alberto Fernández enfrentará indagatoria por denuncia de violencia de género

Se lo acusa de lesiones leves, graves y coacciones coactivas, con penas posibles de 3 a 18 años.

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El juez federal Julián Ercolini citó al expresidente Alberto Fernández a declarar el próximo 11 de diciembre en los Tribunales de Retiro. La citación responde a una denuncia de violencia de género presentada por la ex primera dama, Fabiola Yañez. Según el magistrado, existen «elementos de convicción» que justifican la indagatoria para que Fernández ejerza su derecho a defensa.

Acusaciones contra Fernández

La denuncia detalla agresiones físicas y psicológicas continuas desde 2016 hasta 2024, en el marco de su relación de pareja. El fiscal Ramiro González, encargado de la investigación, inclusión de lesiones leves y graves, ambas agravadas por el vínculo y el contexto de violencia de género. También imputó coacciones coactivas hacia Yañez, quien habría sido presionada por Fernández para no presentar la denuncia. Según la fiscalía, estos delitos podrían implicar penas de 3 a 18 años de prisión.

La causa incluye testimonios de testigos, una fotografía de Yañez con un golpe en el rostro y mensajes obtenidos del celular de la exsecretaria de Fernández, María Cantero, que forman parte de otra investigación. Los informes médicos señalan que las agresiones psicológicas dejaron daños permanentes en la salud de la víctima.

Contexto de la denuncia

En agosto de 2024, Yañez formalizó su acusación después de que las imágenes se hicieran públicas. Previamente, había optado por no avanzar debido a presiones y al temor por su seguridad, según declaró. Este contexto de violencia incluye hostigamientos, insultos, indiferencia y control, según se enumera en la imputación.

Además de esta causa, Fernández se enfrentará a otra indagatoria el 27 de noviembre, relacionada con presuntas irregularidades en la contratación de pólizas de seguros durante su gobierno.

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Concejal libertario pagará $12 millones a una trabajadora por abuso sexual

El concejal Alberto Montes alcanzó un acuerdo económico con una trabajadora municipal que lo denunció por un hecho ocurrido en una dependencia pública. Aunque pactó una indemnización de $12 millones en el fuero civil, la investigación penal continúa y podría llegar a juicio oral.

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Lo que tenés que saber

  • Un concejal de La Libertad Avanza alcanzó un acuerdo económico con una denunciante.
  • La compensación fue establecida en el marco de una causa civil.
  • La investigación penal continúa abierta y sigue su curso judicial.
  • La Justicia rechazó un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa.
  • El expediente podría avanzar hacia una instancia de juicio oral.

Un acuerdo económico en paralelo a la investigación judicial

El concejal de San Isidro Alberto Montes alcanzó un acuerdo económico con una trabajadora municipal que lo denunció por un hecho ocurrido dentro de una dependencia pública cuando ambos se desempeñaban en el área de Tránsito del municipio.

Según trascendió, el entendimiento fue formalizado en el ámbito civil y contempla el pago de una indemnización de $12 millones a la denunciante. El acuerdo fue establecido de manera paralela a la causa penal que continúa en trámite.

La denuncia y las imágenes incorporadas al expediente

La denuncia fue presentada a fines de 2023 y está vinculada a un episodio registrado por cámaras de seguridad de una dependencia municipal.

De acuerdo con la acusación, las imágenes muestran el momento en que Montes ingresa a una oficina y mantiene un contacto físico con una trabajadora sin su consentimiento.

Tras el episodio, la mujer decidió acudir a la Justicia y promover las acciones correspondientes.

La causa penal continúa abierta

Más allá del acuerdo alcanzado en el fuero civil, especialistas recuerdan que este tipo de convenios no implica el cierre automático de una investigación penal.

En este caso, la causa continúa bajo la figura de abuso sexual y ya superó una instancia relevante luego de que la Justicia rechazara un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa del edil.

La decisión permitió que el expediente siga avanzando dentro del proceso judicial.

Posible juicio oral durante este año

Según información vinculada al caso, la investigación se encuentra en una etapa avanzada y podría llegar a juicio oral durante el segundo semestre.

En esa instancia se analizarán las pruebas reunidas por la fiscalía y los argumentos de las partes para determinar la eventual responsabilidad penal del acusado.

Mientras tanto, la imputación permanece vigente y el proceso continúa bajo supervisión judicial.

Repercusiones políticas en San Isidro

El caso también generó repercusiones dentro del ámbito político local. Distintos sectores expresaron cuestionamientos respecto de la continuidad de Montes en el Concejo Deliberante mientras se desarrolla la investigación.

El edil sigue ejerciendo su banca y aguarda la evolución del expediente judicial, que podría convertirse en uno de los procesos de mayor impacto institucional en el distrito durante este año.

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