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Intento de femicidio en Saavedra: preventiva para el criminal

Julián Alberto Reina fue el autor de la tentativa de femicidio de su ex pareja Dana Pontoriero el 6 de julio pasado. La mujer se salvó de milagro.

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El personal trainer que hace dos semanas intentó asesinar a balazos a su exnovia en el barrio porteño de Saavedra, pero falló por el mal estado del arma y por la intervención de dos policías que lo balearon y detuvieron en pleno intento de femicidio, fue procesado hoy con prisión preventiva en una resolución donde la jueza resaltó que el imputado acechaba a la víctima y que tenía con ella una “obsesión”, informaron hoy fuentes judiciales.

El auto de procesamiento -al que tuvo acceso Télam-, fue dictado ayer por la jueza en lo Criminal y Correccional 62 Patricia Guichandut, quien consideró Julián Alberto Reina (39) autor de la tentativa de femicidio de su expareja, Dana Pontoriero (29), ocurrida el 6 de julio pasado en la calle Superí al 4200, y donde en un hecho que además quedó filmado por cámaras de seguridad, dos efectivos de la Policía de la Ciudad le salvaron la vida a la joven y lograron reducir a tiros al agresor.

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Reina -quien aún permanece internado bajo con custodia policial en el Hospital Pirovano por los balazos recibidos- fue procesado por los delitos de “tentativa de homicidio agravado por su comisión mediante el empleo de un arma de fuego, calificado por tratarse la víctima de su ex pareja, cometido con alevosía y mediando violencia de género” (tiene una pena de 10 a 15 años de cárcel), en concurso ideal con “tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil”.

A su vez, el imputado quedó embargado por la suma de 2.294.770 pesos.

En la misma resolución y tras una investigación dirigida por la Fiscalía del Distrito Saavedra-Núñez, la jueza sobreseyó a Cristian Adrián Dobrinsky Roa, el oficial de la División Intervenciones Rápidas de la Policía de la Ciudad que baleó a Reina, al entender que actuó “en cumplimento del deber” y ante “la inminente amenaza contra la vida de la damnificada”.

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“Reina delineó un elaborado plan actuando en todo momento para conseguir el fin que buscaba, la muerte de Pontoriero, más si tenemos en cuenta que gatilló el arma insistentemente y siempre apuntó a una zona vital del cuerpo de la víctima -cabeza-, por lo que no podía ignorar que de haber logrado accionar el arma (…) esos disparos habrían ocasionado ciertamente el deceso de la damnificada”, afirmó Guichandut.

Al fundamentar la calificación y sus agravantes, la jueza señaló, en primer término, que quedó acreditado que la víctima y el imputado habían sido pareja entre abril de 2022 y mayo de este año.

La propia Pontoriero dijo en su declaración en la causa que le había puesto fin a su relación con Reina “por las escenas de celos y actitudes tóxicas que él tenía”.

La jueza también sostuvo que la tentativa de femicidio se dio “en un contexto de violencia de género” al recordar que “apenas días atrás” Reina “había intimidado a través de mensajes de texto y acechado en la puerta de la vivienda de su tía, tornándose violento e insistiéndole al grupo familiar que le pidieran que se presentara para poder hablar con ella y pedirle explicaciones sobre el fin de su relación”.

“La obsesión de Reina sobre la búsqueda de explicaciones sobre el fin de la relación de pareja, como fueron: los insistentes llamados y mortificación de la víctima, involucrando incluso a familiares, la injerencia en la vida privada aún luego de concluido el vínculo, las averiguaciones que procuraba realizar sobre la existencia de una nueva posible pareja, así como el acecho de la mujer en la vivienda de su tía, ocasión en la que ejerció decididos actos de violencia física, dejan al descubierto una relación desigual de poder”, remarcó la magistrada.

Al justificar la alevosía -el estado de indefensión de la víctima-, la jueza le dio una gran relevancia a los videos de las cámaras de seguridad que captaron la secuencia que, según Guichandut, “permiten sostener lo desprevenida e indefensa que se hallaba la damnificada frente al ataque inminente y sorpresivo de Reina al emboscarla y aproximarse sigilosamente por detrás mientras Pontoriero iba caminando despreocupadamente con los auriculares colocados”.

Incluso remarcó que Reina “para asegurar su cometido, enmascaró su identidad al colocarse buzo con capucha, anteojos oscuros, llevando el arma de fuego escondida en el interior del casco que portaba en sus manos”. El procesamiento reveló un dato hasta ahora desconocido: que Reina le dejó a sus padres sus ahorros y una nota con una suerte de mensaje de despedida o pedido de disculpas, en su departamento de la calle Washington al 4100.

Dentro de una hoja de cuaderno rayada doblada a la mitad que decía “mamá y papá”, la Policía Federal encontró 500 dólares y 27.000 pesos, la documentación y una copia de la llave de su moto Honda Twister y cerca de ello otra hoja con la frase: “Perdón, los amo, no estén tristes”.

El psiquiatra del Cuerpo Médico Forense (CMF) que evaluó a Reina, le informó a la jueza que el imputado “presentaba ideas de muerte sin planificación suicida en el contexto de una personalidad con rasgos narcisistas”, y concluyó que presentaba “la autonomía psíquica suficiente como para comprender y/o dirigir su accionar en los hechos”.

También quedó demostrado que Reina falló en su plan homicida porque las pericias al deteriorado revólver calibre 32 largo marca D.V empleado por el acusado, determinaron que si bien era “apto para producir disparos” tenía un “funcionamiento anormal” por una serie de fallas en un seguro, el tambor y e percutor.

Guichandut dictó la prisión preventiva al entender que “la pena prevista para el delito en cuestión en caso de recaer condena no resulta pasible de ejecución condicional”, y a que en caso de estar en libertad “podría ejercer alguna suerte de actividad, amenaza o presión hacia la víctima y testigos”.

El hecho -que quedó grabado por cámaras de seguridad-, ocurrió a las 11.30 del 6 de julio pasado cuando la joven de 29 años, que es oriunda de Esquel pero estaba de visita en la ciudad de Buenos Aires, caminaba por la calle Superí al 4200 y detrás de ella se aproximó un hombre con capucha, anteojos y con un casco entre sus manos.

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El audio de esa cámara registró que el atacante comenzó a gatillar con un revólver contra la mujer en reiteradas oportunidades, y la mayoría de los disparos no salieron pero sí consiguió hacerlo en dos oportunidades, aunque sin lesionar a la chica.

En ese instante llegó un móvil de la Comisaría Vecinal 12 A, cuyos ocupantes descendieron con sus armas 9 milímetros y uno de ellos le efectuó al agresor tres disparos que lo hirieron en un glúteo, en el muslo izquierdo y en el brazo derecho (allí sufrió una fractura expuesta del radio), y pusieron a resguardo a la víctima.

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463).

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Amenazas en escuelas: la Ciudad responde con mano dura y esquiva el debate de fondo

La ministra Mercedes Miguel reconoció que los chicos “no tienen dimensión”, pero el Gobierno refuerza medidas punitivas en lugar de invertir en prevención y acompañamiento.

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Entre el pánico y la respuesta punitiva: la Ciudad endurece el discurso ante amenazas escolares

La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, buscó instalar una definición tajante frente a la ola de amenazas de tiroteos en escuelas: “no es una broma, es un delito”. La frase, repetida como mantra, marca el tono de un Gobierno que, ante un fenómeno complejo y multicausal, parece inclinarse más por la lógica punitiva que por una lectura integral del problema.

En paralelo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció el refuerzo de protocolos que activan la intervención policial, judicial y de organismos de niñez ante cada episodio. El despliegue incluye incluso la incautación de celulares y el rastreo de conversaciones privadas de menores. La escena: chicos de 11 o 12 años bajo la lupa del sistema penal.

Criminalizar la infancia, una respuesta ligera

Miguel insistió en que los niños “no tienen dimensión” de lo que hacen. Sin embargo, esa misma afirmación entra en tensión con la decisión oficial de encuadrar sus conductas como delito. La contradicción no es menor: si no hay comprensión plena, ¿qué sentido tiene la amenaza penal como eje de la política pública?

  • Se instala la idea de “límite” desde la sanción antes que desde la pedagogía.
  • Se desplaza la responsabilidad hacia las familias y las redes sociales.
  • Se invisibiliza el rol del Estado en la prevención y el acompañamiento.

El resultado es una respuesta que corre el eje: del cuidado al castigo.

El fantasma de las redes y la coartada perfecta

La ministra apuntó contra TikTok y la viralización de desafíos como motor del fenómeno. La explicación, aunque atendible, aparece incompleta y funcional: pone el foco en plataformas globales mientras evita discutir el deterioro local del sistema educativo.

En la Ciudad, docentes vienen denunciando:

  • Falta de equipos interdisciplinarios suficientes (psicólogos, trabajadores sociales).
  • Escasa capacitación para abordar conflictos digitales y violencias emergentes.
  • Recortes presupuestarios que impactan en programas socioeducativos.

Sin esas herramientas, la escuela queda sola frente a problemáticas cada vez más complejas.

Protocolos sin comunidad

El Gobierno porteño difundió un instructivo para familias que incluye revisar mochilas, controlar celulares y denunciar al 911. La prevención queda así reducida a la vigilancia doméstica y al reflejo policial.

Pero en esa lógica se diluye algo central: la construcción de comunidad educativa. No hay mención concreta a espacios de escucha, trabajo con estudiantes, ni estrategias sostenidas de educación digital crítica.

Lo que no se dice

Mientras se multiplican las amenazas, también crece el miedo. Familias que dudan en enviar a sus hijos a la escuela y docentes que enfrentan situaciones para las que no fueron preparados. Sin embargo, el discurso oficial evita una autocrítica de fondo:

  • ¿Qué pasa con el presupuesto educativo en la Ciudad?
  • ¿Dónde están los equipos de acompañamiento permanentes?
  • ¿Qué políticas integrales se implementan más allá del protocolo reactivo?

La apelación al delito ordena el relato, pero no resuelve el problema.

Entre el control y el abandono

El mensaje final del Gobierno parece oscilar entre dos extremos: más control y menos Estado presente en lo cotidiano. Se endurecen las respuestas cuando el conflicto estalla, pero se debilitan las políticas que podrían prevenirlo.

En ese terreno, la escuela queda atrapada: exigida para contener, pero sin recursos; señalada como espacio de riesgo, pero sin respaldo suficiente.

La pregunta de fondo sigue abierta: si los chicos no dimensionan, como admite la propia ministra, ¿no debería el Estado dimensionar mejor su respuesta?

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