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Juicio a una mujer por el homicidio de su ex pareja: alegan legítima defensa

El juicio por el crimen de Alejandro Ramón Báez (26) estará a cargo del Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia, y la acusada, Gina Eliana Cárdenas (25), llegará al debate oral bajo prisión domiciliaria y afrontará una acusación de «homicidio agravado por el vínculo», que estipula una pena de prisión perpetua.

Publicado hace

4 años

14.09.2022

Maria P. Amoure

Una mujer comenzará a ser juzgada mañana por el crimen de su expareja, quien fue asesinado a puñaladas en noviembre del 2021 en la ciudad de Ushuaia, y si bien llega acusada de un delito que prevé una pena de prisión perpetua, su defensa advirtió que se trató de un caso de «legítima defensa» ya que atravesaba una situación de violencia de género.

«Gina se defendió de su agresor, que la agredía no sólo ese día sino días anteriores. Hay testigos que dan cuenta de ello», aseguró a Télam la abogada Indiana Guereño, presidenta de la Asociación Pensamiento Penal, entidad que acompañará en el juicio a Cárdenas.

«Se está pasando por alto que Gina se defendió legítimamente, que era su vida y la de su beba o la vida de él», aseguró Guereño respecto al hecho que ocurrió el 13 de noviembre de 2021 en una casa de la ciudad de Ushuaia.

Según Guereño, Cárdenas se encontraba «encerrada en la habitación y él (su ex pareja) no la dejaba salir», hasta que «en un momento él se va a buscar el cuchillo, le insiste que le abra la puerta y ella abre por pedido de la dueña del lugar (donde residían). Él ingresa con el cuchillo y ahí es donde se produce el hecho».

«Lo que hay que entender acá es que un hecho así, de un hombre y una mujer en ese estado, es decir, un hombre que había ejercido violencia durante toda la relación, que la tenía encerrada y amenazada y ella embarazada, ese hecho está contemplado en la ley y es la legítima defensa», aseveró la letrada.

«La perspectiva de género es una obligación constitucional y cuando decimos que tiene que ser juzgada con esta perspectiva es para que le pongan a este hecho el único título que le cabe, que es legítima defensa», dijo Guereño, quien reclamó «que se cumpla la ley».

En el juicio, Cárdenas estará representada por los defensores oficiales Gustavo Ariznabarreta y José María Fernández López, y el fiscal será Eduardo Urquiza, quien ya planteó «la posibilidad que exista un cambio en la calificación del delito, ante la eventualidad que se exponga que la homicida era víctima de violencia de género y que actuó en legítima defensa».

«Cuando se habla de la violencia contra las mujeres, necesariamente tenés que extralimitarte al hecho y agregar elementos que están lejos de ello. En la fiscalía no hace mucho hemos desincriminado varios hechos en los que hay mujeres imputadas», expresó Urquiza al medio local Reporte Austral.

Y agregó: «La Fiscalía no quiere promover el castigo a una mujer porque sí. Hay elementos para hacer un juicio por eso pedí la elevación. Qué es lo que va a suceder eso se verá».

Por su parte, Lucía de la Vega, coordinadora de la clínica jurídica del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cuestionó que «desde la fiscalía se dijo que (Gina) no hizo la denuncia (por violencia de género)».

«La verdad es que tenía pocas alternativas. Estaba en un contexto de mucha dificultad y tanto ella como su pareja tenían situaciones de mucho conflicto con la ley penal. Ir a acudir a la policía en ese contexto es muy difícil», explico.

«Sabemos que es difícil hacer la denuncia y más en estos contextos, donde si no hay otros dispositivos para acompañar a veces genera más riesgos. Exigir la denuncia en estos casos es exigir actos heroicos, es no entender los contextos de fondo», sostuvo De la Vega, y apuntó que el proceso judicial está «cargado de estereotipos de género».

Cárdenas fue detenida el mismo día del hecho, en noviembre pasado, y llevada a la cárcel con un embarazo en curso, aún cuando la ley contempla la posibilidad de beneficiarla con un arresto domiciliario, al que recién accedió cuando cumplía la semana 39 de gestación.

El CELS y la Asociación Pensamiento Penal se presentarán como amicus curiae en el juicio, con la intención de «acompañar estándares de derechos internacional para dar un tratamiento igualitario de poder judicial».

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Denuncia

Hackean el celular de Tomás Méndez en vivo: desde Crónica TV acusan a la SIDE y a la Federal

El conductor de «Duro de Callar» de Crónica TV denunció en pantalla que su teléfono fue intervenido y bloqueado remotamente mientras el programa estaba al aire. Apuntó directamente a organismos de inteligencia del Estado y advirtió: «Están censurando a Crónica».

Publicado hace

12 horas

21.04.2026

ElArgentino.ar

¿Milei espía periodistas? Hackearon el celular de Tomás Méndez en vivo en Crónica TV

★ El periodista Tomás Méndez, conductor del ciclo Duro de Callar por Crónica TV, realizó una grave denuncia pública durante una emisión reciente del programa: su teléfono celular fue hackeado e inutilizado en tiempo real mientras transmitía en vivo, en lo que calificó como un ataque deliberado de inteligencia estatal para silenciar el programa.

«Es la primera vez que me pasa. No puedo usar más el teléfono», afirmó Méndez frente a las cámaras, mostrando el dispositivo bloqueado a la audiencia. Según describió, la intrusión comenzó el fin de semana previo a la emisión, cuando agentes no identificados habrían extraído información de su equipo. El punto crítico ocurrió durante la transmisión en vivo, cuando el sistema operativo y aplicaciones como WhatsApp se cerraron o bloquearon de forma remota, dejando el celular totalmente inutilizable.

Señalamientos directos a la SIDE y la Policía Federal

Méndez no dudó en identificar a los responsables. «Creo que hay gente capacitada en el Estado que está manipulando los teléfonos celulares», sostuvo, y señaló específicamente a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y a la Policía Federal Argentina como posibles autores de la maniobra. Para el conductor, se trata de un desvío inadmisible de funciones institucionales: «No hay narcotraficantes que tengan que ir a seguir que nos están censurando a nosotros, un programa de tele».

La denuncia tomó una dimensión más amplia cuando Méndez extendió los alcances del ataque más allá de su persona: «Están censurando el programa, están censurando a Crónica y nos están censurando a nosotros». El periodista cuestionó además qué horizonte pretende el oficialismo para la prensa argentina: «¿Qué pretenden que se transforme la televisión en repetidores de lo que el Estado quiere que se diga?».

Una SIDE que puso la mira en la prensa crítica

La denuncia de Méndez no emerge en el vacío. En mayo de 2025, La Nación reveló el contenido del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), un documento secreto de 170 páginas elaborado por la cúpula de la SIDE bajo la conducción de Sergio Neiffert, que abre la puerta al espionaje sobre periodistas, economistas, académicos y cualquier ciudadano que cuestione las políticas del gobierno de Javier Milei. Según ese documento, la SIDE tiene facultades para recabar información sobre quienes «erosionen la confianza» en los funcionarios o generen «pérdida de confianza» en las políticas económicas oficiales.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que ese plan incorpora hipótesis de conflicto que incluyen a quienes «cuestionen la política económica en la opinión pública», e incluso a quienes «organicen protestas», quienes podrían ser catalogados como una amenaza a la gobernabilidad. La reforma del sistema de inteligencia impulsada por el gobierno mediante el DNU 614, señaló el CELS, «debilita cualquier tipo de control sobre las actividades de inteligencia» y habilita «el uso de fondos reservados para financiar grupos de propaganda oficial en redes».

El antecedente no es menor: en mayo de 2025, el periodista Hugo Alconada Mon denunció haber sufrido diez intentos de hackeo a su cuenta de WhatsApp en pocas horas, justo después de revelar en La Nación los contenidos del Plan de Inteligencia. El patrón que describe Méndez guarda una llamativa similitud con aquel episodio.

Un patrón de acoso que escala

La denuncia de Méndez se inscribe en una escalada sostenida de hostigamiento oficial contra la prensa crítica. A principios de abril de 2026, el gobierno bloqueó las acreditaciones de periodistas de al menos cinco medios, entre ellos El Destape, A24, Ámbito Financiero, Tiempo Argentino y La Patriada, impidiéndoles el ingreso a la Casa Rosada mediante la inhabilitación de sus registros biométricos. La medida fue calificada como «preventiva» por voceros oficiales, que la justificaron en una supuesta vinculación de esos medios con una red de desinformación financiada por el espionaje ruso.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y legisladores de la oposición repudiaron la medida. El periodista Santiago O’Donnell definió la quita de acreditaciones como «un acto cínico y peligroso de censura que el periodismo debería repudiar y combatir sin grieta».

Democracia y vigilancia tecnológica

Con visible indignación pero sin amedrentarse, Méndez trazó una distinción que considera fundamental: aunque el presidente Milei ha atacado verbalmente al programa en reiteradas oportunidades, eso forma parte del «debate democrático». El hackeo, en cambio, constituye para el conductor una «enfermedad» y una forma de violencia que supera cualquier crítica política legítima.

«Tanto miedo le tienen a la información, a los datos, a los periodistas», sentenció Méndez, quien defendió la pluralidad de voces de su espacio y cerró su descargo con una declaración de principios: «Vamos a seguir. ¿Qué se creen, que no vamos a seguir?».

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) advirtió que el decreto de reforma de inteligencia impulsado por el gobierno «habilita prácticas que remiten a los períodos más oscuros de la historia argentina», entre ellas el «espionaje político» y la «ausencia de controles efectivos sobre los organismos de inteligencia». Organismos que, según la denuncia de Méndez, ya habrían actuado contra su programa en horario de máxima audiencia.