La jueza federal Sandra Arroyo Salgado procesó a seis integrantes de la Armada Argentina por ejercer violencia de género e institucional contra una marinera voluntaria durante un entrenamiento en la Jefatura Militar de Vicente López. Uno de los acusados, ex pareja de la víctima, recibió prisión preventiva por lesiones graves triplemente agravadas.

Un entrenamiento que derivó en violencia extrema

El 4 de abril, durante un adiestramiento denominado «Antidisturbios dentro de Jurisdicción Naval», la marinera de 21 años sufrió una agresión física que le provocó un «status epiléptico con requerimiento de intubación orotraqueal», permaneciendo dos semanas en terapia intensiva en coma inducido.

Los fiscales federales Federico Iuspa y Mariela Labozzetta solicitaron incorporar pruebas de violencia de género al expediente, destacando la gravedad del ataque y la relación previa entre la víctima y uno de los imputados.

Procesamientos y medidas judiciales

El ex esposo de la víctima fue procesado con prisión preventiva por lesiones graves triplemente agravadas por haber sido cometidas contra quien mantuvo una relación de pareja, mediante alevosía y violencia de género, en concurso ideal con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario. Se constató que el hombre le aplicó una patada voladora a la marinera.

Los otros cinco miembros de la fuerza fueron procesados sin prisión preventiva por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En uno de los casos, se agregó la figura de lesiones culposas por ser la persona que ejercía la supervisión directa.

La jueza Arroyo Salgado prohibió a los involucrados mantener cualquier tipo de contacto con la víctima, ya sea telefónico, físico o virtual. Además, notificó al Ministerio de Defensa y al titular de la Comisión Unicameral de Defensa Nacional del Senado de la Nación sobre los graves hechos informados.

Contexto institucional y medidas preventivas

Este caso se suma a otros incidentes de violencia institucional dentro de las fuerzas armadas. En respuesta, el Ministerio de Defensa y el Ministerio Público Fiscal acordaron trabajar conjuntamente en la protección de víctimas en casos donde el agresor sea un miembro de las Fuerzas Armadas. Se proyecta la elaboración de un documento con recomendaciones y la apertura de canales de comunicación para notificar denuncias y medidas de protección.