Legislativo
Ley Belén: “la lucha contra la violencia digital no debe abandonarse”
El proyecto que obtuvo media sanción en el Senado contempla «los delitos que violen la intimidad sexual de las personas» a través de medios digitales y busca sancionar la «difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo», incorporando este tipo de violencia a la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres.
La activista mexicana Olimpia Coral Melo dijo que el proyecto de ley contra los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, que obtuvo media sanción en el Senado nacional el jueves pasado es «una causa de lucha que no se puede abandonar, un problema público de alfabetismo digital».
Colar Melo participó del encuentro «Violencia de género digital, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento», que se realizó en la Facultad de Derecho de la UBA, tras haber estado el jueves pasado en el Senado, apoyando la norma contra la violencia machista en línea, que obtuvo media sanción el jueves.
La jornada tuvo lugar en el aula 372 de la alta casa de estudios, y fue moderada por la comunicadora y abogada Ana Correa, ante una numerosa concurrencia de estudiantes, invitados alumnos y periodistas.
«Esta es una causa de lucha que no se debe abandonar, hay que abrir las carpetas para esta reforma, en el Congreso, en el Senado, en las escuelas, es un problema público, un problema de alfabetismo digital». señaló la activista mexicana.
«No se procura meter en la cárcel a los agresores como el origen del proyecto, se busca que haya cada vez menos víctimas de estos abusos, no soy yo la única protagonista, son también mis compañeras que intentan visibilizar el tema, para que tengamos mayor seguridad», se explayó la activista mexicana de 33 años, declarada una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Times.
El proyecto ley Olimpia local, que en Argentina lleva el nombre de Ley Belén, contempla «los delitos que violen la intimidad sexual de las personas» a través de medios digitales y busca sancionar la «difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo», incorporando este tipo de violencia a la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres.
En 2020, Belén San Román se mató porque difundieron un video íntimo y ahora impulsan la ley con su nombre contra la violencia digital.
El proyecto de ley ya se votó en Diputados y el jueves se aprobó en el Senado, pero regresó a la cámara Baja por una modificación de carácter técnico.
Olimpia Coral Melo, que también resultó víctima de violencia digital, explicó en qué consiste la Ley Olimpia, «para copiar la experiencia de México en la Argentina».
«Ambas se complementan, prevén penas, multas y hasta prisión, buscamos un mayor resguardo en los portales».
«En muchos países no existen normas contra la violencia digital, en sus códigos penales no aluden directamente a ninguna norma, falta una legislación adecuada, hay que generar políticas públicas educativas, que sean prácticas previas para la sociedad», advirtió.
«No es algo que yo haya echo sola, es un trabajo colectivo de muchas sobrevivientes de violencia digital que de a poco nos unimos», agregó.
«Empecé con esta lucha hace diez años, y hoy me veo rodeada de muchas otras compañeras, de legisladoras que nos dieron eco, no es de un solo sector, esperemos que antes de la agenda lectoral llegue la justicia para todas nosotras», amplió la natural del estado de Puebla, también fundadora del «Movimiento Mundial Ley Olimpia» que dio lugar a las leyes que condenan la violencia digital en 32 estados mexicanos y es inspiración para proyectos legislativos que se debaten en Ecuador, Guatemala, Honduras, Bolivia, Estados Unidos y Argentina.
«Con esta ley modelo ya tenemos junto a México a la Argentina, como uno de los países más avanzados, lo que no significa que en otros países no interese, pero lo que diferencia aquí es que esto se logra no solo con las voces de los legisladores, sino también con las voces de las víctimas, que decidimos unirnos, decidimos organizarnos para cambiar y hacer diferente al mundo digital, para que un día nuestras hijas no tengan que vivir lo que nosotras vivimos», agregó Coral Melo a nuestra agencia.
La iniciativa que llegó desde la Cámara de Diputados incorpora la violencia digital como una modalidad de la violencia por motivos de género, aborda «los delitos que violen la intimidad sexual de las personas» a través de medios digitales y sanciona «la difusión sin consentimiento, de cualquier contenido íntimo».
Asimismo, plantea la obligación de promover programas de «alfabetización digital», buenas prácticas en el uso de tecnologías de información y comunicación e identificación de las violencias digitales en las clases de «educación sexual integral como en el resto de los contenidos educativo y en la formación docente».
«Existen otros delitos como el hostigamiento y el acoso, que pueden ser equiparables, pero al no haber un marco regulatorio específico para el abuso de imágenes de contenidos íntimos se quedan sin seguimiento las carpetas, se queda sin justicia por parte del estado, como ocurre por ejemplo en el caso muy conocido en Argentina del grupo «Los Magios», donde unos 11.000 varones agrupados en «Telegram» difundían fotos y videos de mujeres sin consentimiento».
«Es apenas uno de los tantos ejemplos de grupos organizados a partir del anonimato, que brinda la plataforma de mensajería Telegram para hacer circular fotos, videos e información personal de niñas, adolescentes y mujeres adultas sin consentimiento. Y, en muchos casos, hasta bajo amenaza», cerró Olimpia Coral Melo en sus declaraciones a Télam.
Además de la activista mexicana, expusieron el director de la carrera de «Especialización en Cibercrimen y Evidencia Digital UBA», Marcos Salt, junto a la abogada Florencia Zerda, autora del libro «Violencia de Género Digital» y la catedrática titular de Derecho Penal, en la Universidad de Valencia, España, Paz Lloria García, a través de tele-conferencia.
Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.
Desregulación
Sturzenegger irá al Senado a explicar porqué Milei quiere entregar tierras a extranjeros
El ministro de Desregulación expondrá este miércoles el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que elimina los topes a la compra de tierras por extranjeros, incorpora un mecanismo de desalojo «sumarísimo» y desmantela los artículos centrales de la Ley de Manejo del Fuego. El combo consolida una política territorial que ya tiene antecedentes: más de 13 millones de hectáreas argentinas están hoy en manos extranjeras, según un relevamiento del CONICET y la UBA.
Sturzenegger en el Senado: tierras sin límites, desalojos exprés y el fin de la protección contra incendios especulativos
★ El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se presentará este miércoles a las 16 ante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado para exponer el proyecto de ley denominado Inviolabilidad de la Propiedad Privada, informaron fuentes del oficialismo. El plenario estará presidido por los senadores de La Libertad Avanza Agustín Coto y Nadia Marquez.
La iniciativa fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y todos los ministros del gabinete, y concentra cuatro ejes: el refuerzo de garantías constitucionales en el régimen expropiatorio, la reforma del sistema de desalojo, la eliminación de los límites para que extranjeros puedan adquirir tierras rurales, y la modificación de la Ley de Manejo del Fuego.
No es un proyecto aislado. Es el paso legislativo de una política que el Gobierno de Milei viene ejecutando desde el primer día, y que este medio viene documentando en detalle desde diciembre de 2025.
El mecanismo «sumarísimo»: más velocidad, menos garantías
Sobre el régimen expropiatorio, el proyecto establece un procedimiento «sumarísimo» para la restitución de inmuebles, en el que la acreditación del título de propiedad es el único requisito para obtener la devolución del bien. El texto oficial asegura que se preservan «las garantías del debido proceso y control judicial en todas las etapas», aunque el objetivo declarado es acortar drásticamente los tiempos que actualmente permiten a los ocupantes de un inmueble defender su situación ante la justicia.
Los críticos de la iniciativa advierten que la celeridad del mecanismo puede convertirse en una herramienta de presión contra inquilinos, comunidades indígenas con posesión histórica de tierras o familias que residen en inmuebles cuya titulación está en disputa judicial.
Tierras: el mapa que el CONICET dibujó antes de que Milei avance
El eje más sensible del proyecto es la eliminación de los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La iniciativa busca derogar los topes establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que fijó que ninguna provincia puede superar el 15% de tierras bajo propiedad extranjera y que ninguna persona física o jurídica extranjera puede tener más del 30% de una misma zona.
El argumento oficial, reproducido en el texto firmado por Milei y todos sus ministros, sostiene que esos límites «implicaron una limitación irrazonable» que «condicionó y desincentivó la inversión internacional» en el sector agropecuario. El Gobierno propone reemplazarlos por controles focalizados exclusivamente en adquisiciones de Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos.
Los datos, sin embargo, cuentan otra historia. Un mapa interactivo elaborado por el Observatorio de Tierras de la UBA y el CONICET, construido a partir de pedidos de acceso a la información pública al Registro Nacional de Tierras Rurales, reveló en enero de 2026 que 13 millones de hectáreas —el equivalente a la superficie de Inglaterra, cerca del 5% del territorio nacional— ya están en manos de firmas o estados extranjeros.
Según ese relevamiento, 36 departamentos ya exceden el límite del 15% fijado por la ley que Milei quiere eliminar. Cuatro casos superan el 50% de extranjerización: Lácar en Neuquén, General Lamadrid en La Rioja, y Molinos y San Carlos en Salta. Estados Unidos encabeza el ranking con 2,7 millones de hectáreas, seguido de Italia y España; entre esos tres países concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada.
«No es un proceso de ahora, viene de lejos, pero la ley lo frena. En el momento en que levanten ese freno, se pinta de rojo el mapa», advirtió el historiador Matías Oberlin, becario del CONICET e integrante del Observatorio, en declaraciones a medios nacionales en enero pasado.
Los puntos rojos del mapa coinciden con zonas de alto valor estratégico: acuíferos, minerales críticos, litio, corredores logísticos sobre el río Paraná y áreas de frontera. El caso Joe Lewis en el Lago Escondido, Río Negro, con sus 11.000 hectáreas en zona de seguridad fronteriza, un aeropuerto privado sin radares y el bloqueo sistemático del acceso público a un lago de dominio constitucional, fue documentado por este medio como el paradigma de lo que ocurre cuando no hay controles efectivos.
El investigador del CONICET Facundo Martín sintetizó el argumento central contra la reforma: «La decisión tiene que ver más con una cuestión discursiva, de publicidad, de hacer gestos hacia las corporaciones internacionales. La ley no estaba obstaculizando las inversiones.»
Manejo del Fuego: el negocio que se habilita cuando los bosques arden
El proyecto también elimina los artículos centrales de la Ley 27.604, modificación a la Ley de Manejo del Fuego impulsada en 2020 por el diputado Máximo Kirchner. Esa norma prohibía, en caso de incendio, vender o modificar el uso de humedales, bosques nativos y áreas protegidas por 60 años, y el de zonas agrícolas incendiadas por 30 años.
El argumento oficial, reproducido por el jefe de Gabinete Adorni en conferencia de prensa, sostiene que esas restricciones «son irrazonables y afectan el ejercicio del derecho de propiedad» y que «se ha demostrado que no resultan eficientes para alcanzar la finalidad perseguida.»
El planteo enfrenta datos concretos. Según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 95% de los incendios en Argentina son producto de la actividad humana. La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, fue contundente cuando el Gobierno anunció la medida en diciembre de 2025: la única actividad que se «desincentiva» con la ley vigente «es la de prender fuego» como mecanismo para «expulsar productores de sus tierras y entregarlas al lobby inmobiliario.»
«Muchas veces, estas quemas son causadas de forma intencional por emprendimientos inmobiliarios para después hacerse de estas tierras a precios muy por debajo del valor de mercado», explicó Vilar en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas al momento del anuncio oficial.
Este medio alertó en diciembre pasado sobre el combo peligroso que representa la combinación de ambas reformas: sin restricciones post-incendio y sin límites a la compra por extranjeros, el circuito es casi perfecto. Se incendia, se compra barato, se cambia el uso del suelo, y el comprador puede ser cualquier corporación multinacional sin ningún tope legal.
El dato presupuestario completa el cuadro. Según la Oficina de Presupuesto Nacional, durante el primer trimestre de 2024 el Gobierno no ejecutó un solo peso de los fondos asignados al combate de incendios. El presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego tuvo una caída del 67% en términos reales respecto a los años anteriores.
El historial de Sturzenegger: desregulación como ideología
La presentación de este miércoles no es la primera incursión legislativa de Sturzenegger en el Congreso. La semana pasada, el ministro reingresó el proyecto denominado «Hojarasca», que propone derogar decenas de normas bajo el argumento de que son obsoletas o burocráticas, pero que mezcla leyes genuinamente anacrónicas con normativas de alto contenido político, como la que limita la extranjerización de medios de comunicación (Ley 25.750) o la que declara de interés nacional la producción pública de medicamentos (Ley 26.688). El proyecto había perdido estado parlamentario en 2024 sin llegar siquiera a tener dictamen de comisión.
El patrón se repite: presentaciones sucesivas de iniciativas que erosionan el rol regulador del Estado, el control sobre recursos estratégicos y las protecciones ambientales, enmarcadas siempre en el lenguaje de la libertad y la modernización.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General del Senado inician formalmente este miércoles el debate. El peronismo ya anticipó su rechazo. El PRO acompaña. Y el mapa del CONICET, con sus 13 millones de hectáreas ya en manos extranjeras y sus 36 departamentos en rojo, sigue disponible públicamente para quien quiera mirar los datos antes de votar.
Puntos clave
- El ministro Sturzenegger expondrá este miércoles en el Senado el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye desalojos exprés, eliminación de límites a la compra de tierras por extranjeros y reforma de la Ley de Manejo del Fuego.
- El proyecto elimina los topes de la Ley 26.737 de 2011, que establecía que no más del 15% del territorio nacional puede estar en manos extranjeras, conservando controles solo para compras de Estados soberanos.
- Un relevamiento del CONICET y la UBA publicado en enero de 2026 reveló que 13 millones de hectáreas ya están en manos extranjeras y que 36 departamentos exceden el límite legal vigente.
- La eliminación de las restricciones post-incendio de la Ley 27.604 habilita el cambio de uso de humedales y bosques nativos incendiados, una combinación que organizaciones ambientalistas advierten que favorece la especulación inmobiliaria mediante incendios intencionales.
- El Gobierno no ejecutó fondos para el combate de incendios en el primer trimestre de 2024 y recortó el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego un 67% en términos reales.
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