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Violencia sexual en las fuerzas de seguridad: el 96% de los agresores son superiores jerárquicos

Un informe de la UFEM expone la persistencia de abusos de poder y violencia sexual en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, con consecuencias laborales para las víctimas y escasas sanciones para los agresores.

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El Argentino Diario-Policía-Rosario.

Un patrón de abuso sostenido por jerarquías

La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) reveló que el 96% de los agresores en casos de violencia sexual dentro de las Fuerzas Armadas y de Seguridad ocupaban cargos jerárquicos superiores a los de las víctimas. El informe, basado en 23 causas judiciales tramitadas entre 2011 y 2023 en 14 jurisdicciones federales, identificó a 24 mujeres cisgénero como víctimas, con una edad promedio de 27 años, mientras que los 26 agresores tenían en promedio 43 años, evidenciando una asimetría etaria significativa.

El 70% de los agresores eran entre 10 y más de 30 años mayores que las víctimas, lo que refuerza la existencia de una triple desigualdad: jerárquica, de género y generacional.

Consecuencias laborales para las víctimas

El 88% de las mujeres que denunciaron enfrentaron consecuencias laborales tras el hecho. El 62% tuvo licencia temporal, el 48% fue reubicada en otra área o sede y un 19% fue despedida, desvinculada o retirada obligatoriamente. Estas cifras reflejan una tendencia preocupante de revictimización institucional.

En contraste, solo el 41% de los denunciados enfrentó alguna sanción laboral, incluyendo seis arrestos, un pase a disponibilidad y una desvinculación.

Procesos judiciales lentos y escasas condenas

El 78% de las causas analizadas aún se encuentra en trámite, y solo el 22% ha finalizado. Entre estas últimas, se registraron tres condenas y dos sobreseimientos. El tiempo promedio hasta la sentencia de primera instancia fue de 5,3 años, lo que evidencia la lentitud del sistema judicial en estos casos.

Implementación de un protocolo con perspectiva de género

En respuesta a estas problemáticas, la UFEM elaboró un «Protocolo de investigación y litigio de casos de violencia sexual», aprobado en abril de 2023 por el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal. Este protocolo busca guiar la actuación de las fiscalías en la investigación y litigio de estos casos, incorporando la perspectiva de género y alineándose con los estándares internacionales de debida diligencia reforzada exigibles al Estado argentino .

Provincias como Chaco y Córdoba ya han adoptado este protocolo, evidenciando un avance en la implementación de políticas públicas orientadas a abordar la violencia sexual con un enfoque de género.

Puntos clave del informe:

El 96% de los agresores ocupaban cargos superiores a las víctimas.

Las víctimas tenían en promedio 27 años; los agresores, 43.

El 88% de las denunciantes sufrieron consecuencias laborales.

Solo el 41% de los agresores enfrentó sanciones laborales.

El 78% de las causas aún está en trámite; solo tres condenas registradas.

Investigación 🔎

La inmobiliaria confirmó que el depto de Adorni vale $110.000 más de lo declarado

Los dueños de la inmobiliaria que intervino en la operación declararon este lunes ante la Justicia y certificaron que el inmueble en Caballito se ofrecía a US$ 340.000, mientras que el jefe de Gabinete lo escrituró por US$ 230.000.

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Las causas de presunta corrupción del gobierno libertario están vinculadas a estos cuatro rostros.

Caso Adorni: la brecha de US$ 110.000 entre el precio real y el declarado complica al jefe de Gabinete

★ El caso Adorni sumó este lunes un nuevo capítulo de peso en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que instruye el fiscal federal Gerardo Pollicita y tiene a cargo el juez Ariel Lijo. La martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi, titulares de la inmobiliaria que participó en la operación del departamento de la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, declararon en Comodoro Py y ratificaron que el inmueble tenía un valor de mercado US$ 110.000 mayor al precio oficialmente escriturado por el jefe de Gabinete.

El precio que no cierra

Rucci y Trimarchi confirmaron ante el fiscal Pollicita que el departamento, ubicado en un edificio del barrio de Caballito, se ofrecía originalmente a US$ 340.000. Sin embargo, la operación por la cual Manuel Adorni adquirió el inmueble se escrituró por US$ 230.000, una diferencia de 110.000 dólares que la Justicia busca explicar.

Los declarantes también confirmaron que la propiedad había sido remodelada, circunstancia que elevaba su valor en el mercado y refuerza la hipótesis fiscal de que el precio declarado no refleja el valor real de la transacción.

La modalidad «inusual» que llamó la atención

Uno de los puntos que más peso adquirió en la declaración fue la calificación de Rucci sobre la forma de pago. La martillera describió como un hecho «poco frecuente» que Adorni adquiriera el departamento en 12 cuotas sin interés, dado que se trata de una modalidad inusual en el sector inmobiliario argentino.

Rucci también aclaró que no estuvo involucrada en la hipoteca vinculada a la transacción, aunque señaló que le ofreció la posibilidad de vender el inmueble al hijo de una de las mujeres relacionadas con la compra-venta, Pablo Feijoo. Según declaró, la respuesta de Feijoo fue que «ya tenía un interesado».

Feijoo, el nexo entre las partes

Según las actuaciones judiciales hasta el momento, Pablo Feijoo habría sido quien articuló los contactos entre todas las partes de la operación: su madre, otra jubilada y el propio Adorni. La transacción quedó escriturada en US$ 230.000, con la particularidad de que US$ 30.000 se pagaron en efectivo y US$ 200.000 en cuotas sin interés, con vencimiento en noviembre de este año.

Este miércoles 22 de abril, Feijoo deberá presentarse en Comodoro Py ante el fiscal Pollicita. La citación incluye la obligación de poner a disposición su celular y todos los comprobantes de gastos vinculados a la propiedad y a la transacción.

La agenda judicial que viene

La causa tiene marcados varios hitos en los próximos días. El viernes 25 será el turno de Matías Tabar, el contratista que refaccionó la casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, que compró la esposa de Adorni, Bettina Angeletti. La ronda de declaraciones cerrará el 27 de abril con Juan Cosentino, responsable de vender esa propiedad del barrio privado al matrimonio Adorni-Angeletti.

Como informó este medio en entregas anteriores, la causa también examina los vuelos privados al exterior financiados por terceros, el levantamiento del secreto bancario y fiscal del matrimonio, y los vínculos entre la compra-venta y figuras del entorno del Gobierno nacional.

Puntos clave

  • La inmobiliaria que intervino en la operación confirmó que el departamento de Caballito se ofrecía a US$ 340.000, unos US$ 110.000 más que el precio escriturado por Adorni.
  • La martillera Natalia Rucci calificó de «poco frecuente» la compra en 12 cuotas sin interés pactada por el jefe de Gabinete.
  • Pablo Feijoo, quien habría articulado la operación entre su madre, otra jubilada y Adorni, deberá declarar el miércoles 22 y entregar su celular y comprobantes.
  • El viernes 25 declara el contratista que refaccionó la casa del country Indio Cuá, propiedad de la esposa de Adorni.
  • El 27 de abril cierra la ronda de testimonios con el vendedor de la propiedad en el barrio privado.

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