Investigación 🔎
Violencia sexual en las fuerzas de seguridad: el 96% de los agresores son superiores jerárquicos
Un informe de la UFEM expone la persistencia de abusos de poder y violencia sexual en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, con consecuencias laborales para las víctimas y escasas sanciones para los agresores.
Un patrón de abuso sostenido por jerarquías
La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) reveló que el 96% de los agresores en casos de violencia sexual dentro de las Fuerzas Armadas y de Seguridad ocupaban cargos jerárquicos superiores a los de las víctimas. El informe, basado en 23 causas judiciales tramitadas entre 2011 y 2023 en 14 jurisdicciones federales, identificó a 24 mujeres cisgénero como víctimas, con una edad promedio de 27 años, mientras que los 26 agresores tenían en promedio 43 años, evidenciando una asimetría etaria significativa.
El 70% de los agresores eran entre 10 y más de 30 años mayores que las víctimas, lo que refuerza la existencia de una triple desigualdad: jerárquica, de género y generacional.
Consecuencias laborales para las víctimas
El 88% de las mujeres que denunciaron enfrentaron consecuencias laborales tras el hecho. El 62% tuvo licencia temporal, el 48% fue reubicada en otra área o sede y un 19% fue despedida, desvinculada o retirada obligatoriamente. Estas cifras reflejan una tendencia preocupante de revictimización institucional.
En contraste, solo el 41% de los denunciados enfrentó alguna sanción laboral, incluyendo seis arrestos, un pase a disponibilidad y una desvinculación.
Procesos judiciales lentos y escasas condenas
El 78% de las causas analizadas aún se encuentra en trámite, y solo el 22% ha finalizado. Entre estas últimas, se registraron tres condenas y dos sobreseimientos. El tiempo promedio hasta la sentencia de primera instancia fue de 5,3 años, lo que evidencia la lentitud del sistema judicial en estos casos.
Implementación de un protocolo con perspectiva de género
En respuesta a estas problemáticas, la UFEM elaboró un «Protocolo de investigación y litigio de casos de violencia sexual», aprobado en abril de 2023 por el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal. Este protocolo busca guiar la actuación de las fiscalías en la investigación y litigio de estos casos, incorporando la perspectiva de género y alineándose con los estándares internacionales de debida diligencia reforzada exigibles al Estado argentino .
Provincias como Chaco y Córdoba ya han adoptado este protocolo, evidenciando un avance en la implementación de políticas públicas orientadas a abordar la violencia sexual con un enfoque de género.
Puntos clave del informe:
El 96% de los agresores ocupaban cargos superiores a las víctimas.
Las víctimas tenían en promedio 27 años; los agresores, 43.
El 88% de las denunciantes sufrieron consecuencias laborales.
Solo el 41% de los agresores enfrentó sanciones laborales.
El 78% de las causas aún está en trámite; solo tres condenas registradas.
Investigación 🔎
Propofol: Casación anuló el pase a juicio y la causa vuelve a instrucción
La Cámara hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal: la investigación se cerró sin peritar los teléfonos de los imputados. El expediente contra el anestesista Hernán Boveri y la residente Delfina Lanusse regresa al juzgado 47.
La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional anuló el pase a juicio de la causa por el desvío de propofol en el Hospital Italiano y ordenó volver a la etapa de investigación. El tribunal consideró que el expediente se cerró sin producir pruebas fundamentales: faltaba abrir y analizar los teléfonos de los imputados. Los procesados son el anestesista Hernán Boveri y la médica residente Delfina «Fini» Lanusse.
La resolución de la Sala de Turno acompañó el planteo del Ministerio Público Fiscal, que había cuestionado la elevación a juicio. El expediente se inició en febrero de este año y apunta a una presunta administración fraudulenta en perjuicio del hospital mediante el desvío de ampollas de propofol para uso personal. El procesamiento confirmado en junio por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional según el procesamiento. Boveri habría sido el autor de la maniobra y Lanusse habría participado de forma secundaria.
Una pericia que podía cambiar la causa
El fiscal Lucio Herrera (h), a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°29, había pedido que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal peritara los dispositivos secuestrados. También solicitó registros para determinar en cuántas intervenciones médicas participaron los imputados entre enero de 2025 y febrero de 2026 en las que se hubiera usado propofol. El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 consideró que la medida podía hacerse durante el debate oral y cerró la instrucción.
La fiscal de juicio María Luz Castany sostuvo que el expediente debía volver a instrucción porque el análisis de los teléfonos podía ampliar los hechos, delimitar la intervención de cada acusado y establecer responsabilidades. El juez Pablo Vega coincidió y devolvió las actuaciones, aunque el juzgado de origen remitió otra vez a juicio el tramo de uno de los imputados. El fiscal general Juan Manuel Fernández Buzzi respaldó el planteo ante Casación y el camarista Nicolás Grappasonno concluyó que la pericia era útil y pertinente.
Lo que tenés que saber:
- La Cámara de Casación anuló la elevación a juicio y ordenó completar la investigación por el desvío de propofol del Hospital Italiano.
- Los procesados son el anestesista Hernán Boveri y la residente Delfina Lanusse.
- El tribunal consideró que la investigación se cerró sin producir pruebas fundamentales, como el análisis de los teléfonos de los imputados.
- La causa se inició en febrero de este año por presunta administración fraudulenta contra el hospital.
- El fallo acompañó el planteo del Ministerio Público Fiscal y de la fiscalía de juicio.
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